Todo ello ocurre bajo un marco legal que, lejos de proteger el ejercicio de la libertad de expresión, brinda al Estado herramientas jurídicas para reprimirlo, sobre todo a través del derecho penal. También persiste el control estatal de los medios de comunicación y sobre el acceso a los medios digitales, en razón de la limitada conectividad de la población cubana y el bloqueo de medios de comunicación críticos en internet. 

Ello restringe la información, las manifestaciones culturales y el debate de ideas a las que pueden acceder los cubanos mediante prensa, radio, televisión e internet. Todas estas son restricciones ilegítimas y afectaciones a la libertad de expresión que la Relatoría Especial ha advertido desde hace varias décadas, especialmente a través de sus informes anuales.

En la actualidad, la intolerancia de las autoridades cubanas hacia toda forma de crítica u oposición continúa siendo la principal limitación al goce de los derechos a la libertad de expresión y asociación en Cuba. El cambio de gobierno de facto de la Presidencia del Consejo de Estado y de Ministros de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel, durante el 2018, había generado también expectativas de pasos positivos en materia de derechos humanos.´´ (OEA, 2019).

 

La República a modo de protesta decidió publicar, durante los siguientes dos días, páginas en blanco. Las F.F.A.A. controlaron tanto el local de redacción de este diario así como de otros medios.