Los desaparecidos en el valle del Santa

El 2 de mayo de 1992, nueve campesinos del distrito del Santa, en la provincia de Chimbote, fueron secuestrados por un grupo de hombres armados que se identificaron como miembros del Ejército. Los campesinos eran integrantes de una organización llamada “Campesinos sin Tierra”, que reclamaba la reforma agraria y el respeto a sus derechos. Los familiares de las víctimas denunciaron su desaparición ante las autoridades, pero no recibieron ninguna respuesta. Durante años, buscaron justicia y verdad, sin éxito. En el 2011, se encontraron los restos de siete de los desaparecidos en una fosa común en el departamento de La Libertad. Los restos fueron identificados por sus familiares y entregados para su sepultura. El caso fue atribuido al grupo paramilitar Colina, que operaba bajo las órdenes del gobierno de Alberto Fujimori, y que cometió numerosas violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.

Este caso constituye una violación del derecho a la vida, que es un derecho humano fundamental, reconocido por la Constitución peruana y por los tratados internacionales de derechos humanos. Según el artículo 2 de la Constitución, “toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar”. Asimismo, según el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. Por lo tanto, el asesinato de los campesinos del Santa por el grupo Colina, con el aval y la protección del Estado, constituye una violación flagrante y grave de este derecho, que debe ser investigada y sancionada.

Otro argumento es el siguiente:

Este caso constituye una violación del derecho a la verdad, que es un derecho humano derivado del derecho a la justicia, reconocido por la Constitución peruana y por los tratados internacionales de derechos humanos. Según el artículo 139 de la Constitución, “son principios y derechos de la función jurisdiccional: […] 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”. Asimismo, según el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Por lo tanto, la desaparición forzada de los campesinos del Santa por el grupo Colina, con el encubrimiento y la obstrucción del Estado, constituye una violación evidente y grave de este derecho, que debe ser garantizado y restablecido.

- Una recomendación es que el Estado peruano cumpla con sus obligaciones internacionales de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno, y de brindar una reparación integral a las víctimas y sus familiares. Para ello, se debe fortalecer el sistema de justicia, garantizando su independencia, imparcialidad y eficacia, y se debe dotar de recursos y capacidades a las instituciones encargadas de la defensa y promoción de los derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Consejo de Reparaciones. Asimismo, se debe implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que elaboró un informe exhaustivo y riguroso sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000, y que propuso medidas para la reconciliación nacional y la prevención de la violencia.

- Otra recomendación es que el Estado peruano reconozca y respete la identidad y la voz de los campesinos, y que garantice su inclusión y su desarrollo. Para ello, se debe impulsar una reforma agraria integral, que redistribuya la tierra de manera equitativa y sostenible, y que fomente la producción agroecológica y la seguridad alimentaria. Asimismo, se debe promover la participación y la organización de los campesinos, respetando sus formas de vida, sus saberes y sus demandas, y se debe proteger sus derechos colectivos, como el derecho a la consulta previa, el derecho al territorio y el derecho a la cultura. Además, se debe mejorar las condiciones de vida de los campesinos, garantizando su acceso a la educación, la salud, el agua, la energía y la comunicación.

Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Disponible en [13].

Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Final. Lima: CVR, 2003. Disponible en [14].

Jimena, R. “Las víctimas del Santa ya descansan en paz”. La Mula, 12 de noviembre de 2011. Disponible en [15].

Salazar, J. “Los desaparecidos del Santa: un caso emblemático de la violencia en el Perú”. Servindi, 2 de mayo de 2012. Disponible en [16].

Zegarra, E. “La reforma agraria en el Perú: balance y perspectivas”. Revista Argumentos, año 4, n.º 4, 2010, pp. 9-28. Disponible en [17].