Superar la fragmentación entre niveles de gobierno: a raíz del asesinato de 13 trabajadores vinculados a minera La Poderosa se ha puesto en evidencia el enfrentamiento entre el gobierno local de Pataz y el gobierno central. El alcalde de la zona ha denunciado la inoperancia del estado y la ineficacia de sus medidas y el ejecutivo ha excluido de los debates y decisiones al antes mencionado.

Participación ciudadana: en ningún momento se ha establecido mesas de diálogo o mecanismos de consulta en las localidades afectadas, para conocer de cerca el problema y pedir su cooperación en la búsqueda de una solución. Por lo contrario se acusa directamente a los mineros informales y artesanales sin previa investigación y los policías y militares según denuncia el alcalde solo cuidan a la empresa minera.

Fortalecer los mecanismos de consulta y colaboración: no se ha hecho ni el intento de establecer algún mecanismo de consulta o cooperación. Por eso se ha generado la sensación de que no hay presencia del estado manifestada en inoperancia del mismo.

Cohesión intergubernamental: en vez de trabajar unidos entre los diferentes niveles de gobierno y demás actores involucrados se ha visto fragmentación.

Gestión por evidencias: desde hace un año se ha declarado a Pataz en estado de emergencia, recientemente se ha dispuesto toque de queda, suspensión de la actividad minera por 30 días y la instalación de una base militar pero hasta ahora no ha mejorado la situación. Siguen los crímenes, la corrupción y la impunidad. Es decir pareciera que no se ha hecho nada.

Participación: en el conflicto de Pataz las decisiones se han tomado arbitrariamente, no se ha considerado ni a la población ni a las autoridades locales.

Transparencia: desde que se instauró el estado de emergencia no se ha dado reporte alguno de los avances o resultados de la medida para combatir la criminalidad e ilegalidad de la actividad minera.

Valores democráticos: la exclusión de las autoridades locales y la no participación ciudadana pone en manifiesto que el mismo gobierno que pregona integración y la democracia no lo lleva a la práctica. Además no se ha podido garantizar la igualdad, justicia, la transparencia y menos la tolerancia.

Gobierno central: representado principalmente por el ejecutivo, el mismo que ha entregado la concesión de las minas y les otorga seguridad estatal a la empresa La Poderosa, según manifiesta la autoridad local. No ha mostrado un interés relevante en solucionar el problema en Pataz y las medidas adoptadas no han sido eficaces.

Gobierno local: representado por el alcalde distrital, señor Carlos Mariño. Ha defendido a los mineros artesanales, se muestra en contra de las medidas impuestas por el gobierno e incluso ha pedido investigar a todos los actores involucrados por los crímenes cometidos, incluso a la empresa concesionaria.

Minera La Poderosa: es la empresa que tiene la concesión del yacimiento minero más grande de Pataz y está interesada en combatir la minería artesanal e ilegal porque afecta sus intereses.

Mineros ilegales: algunos de los cuales se han formalizado a través del REINFO. Se muestran en contra de la empresa concesionaria y se les responsabiliza de ocasionar la violencia.

Ciudadanos: sin duda los más afectados porque en su mayoría son la mano de obra y quienes son usados como carne de cañón en la guerra del oro. Reclaman seguridad y que se garantice la paz y el orden público.

Consulta previa: para conocer más de cerca la realidad problemática de la localidad. Es este caso Pataz.

Cabildos abiertos o mesas de diálogo: en los que ciudadanos y autoridades se encuentran y compartan sus preocupaciones y necesidades. Que sea un espacio de escucha mutua, de tal forma que la población sienta que si son tomados en cuenta y que el gobierno tiene la intención de escucharlos y hacer algo al respecto.

Veedurías ciudadanas: para ejercer control social y verificar la gestión pública.