El capitán general Rafael Carrera fue el primer presidente de la República de Guatemala, la cual fue instituida por él mismo el 21 de marzo de 1847. Esto sucedió durante su gobierno vitalicio que duró desde 1839 hasta 1865.

El presidente Carrera era mestizo y con rasgos indígenas, lo que junto al apoyo que recibió del conservador Clan Aycinena ha sido la razón para que su figura haya sido polémica en la historia guatemalteca.

Aún así, persistía la desigualdad y falta de oportunidades en la población guatemalteca. El General Serapio Cruz, quien se había rebelado contra el gobierno de Carrera, siguió luchando hasta que en 1870 fue vencido por el Ejército de Guatemala.

Los hechos de la muerte de Serapio Cruz causaron que el ejército liberal luchara con más fuerzas. Vicente Cerna fue depuesto más tarde, en junio de 1871, al final de la Revolución Liberal liderada por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios.

Entrega nuevamente el poder al General Justo Rufino Barrios el 6 de enero de 1883.

En un mensaje sumamente breve informó a los ciudadanos de la muerte del general Barrios y solicitó el apoyo de todos para su presidencia interina; poco después, emitió un segundo decreto en el que dejaba al Ministro de la Guerra, general Juan Martín Barrundia, que actuara como mejor conviniese a los intereses del país, ante ola de pasiones que se desató tras conocerse la muerte de Barrios.

El 17 de octubre de 1888 fue fundado en su honor el municipio de Barillas, en Huehuetenango, el propósito de la maniobra, aparte de dar su nombre a un municipio, fue legalizar en favor de propietarios individuales ladinos, la adjudicación de doscientas caballerías expropiadas a los indígenas de Santa Eulalia.

Su gobierno se caracterizó por la excesiva corrupción, gracias a la cual Barillas acumuló una gran extensión de tierras en la zona de Costa Cuca donde se apropió de las Fincas El Porvenir, La Libertad, El Tambor y Dalmacia, en la Costa Sur. No obstante, dilapidó su inmensa fortuna y murió en la miseria en México.

Durante sus primeros años su gobierno se caracterizó por ser progresista y generoso, y por otorgar libertades en los organismos del estado que nunca habían existido en el país: hubo un congreso que no estaba supeditado al presidente y los jueces no eran venales. Trabajó por asegurar las menos controvertidas de las reformas del presidente Justo Rufino Barrios y también hubo libertad de Prensa.

La United Fruit Company —UFCO— era dueña de más del 50 % de las tierras cultivables del país, de las que únicamente cultivaba el 2.6 %; y los campesinos tenían sueldos miserables.

El gobierno de Arévalo intentó cambiar las estructuras judiciales arcaicas, consolidadas por el mantenimiento de las viejas prácticas de manipulación, sumisión y formalismo.

La rápida incorporación de nuevos derechos, la aparición de un Parlamento legítimo y la dinámica revolucionaria generaron tensión en un sistema judicial, el cual se encontraba atrapado en los vicios de su estructura colonial.

Durante su gestión, conocida como el Primer Gobierno de la Revolución, se produjeron cambios sociales de gran importancia en la vida de los guatemaltecos.

Su filosofía de un Socialismo Espiritual también conocida como Arevalismo fue contrario a esta estructura de una república bananera que había prevalecido en Guatemala. A pesar de todo, su gobierno tuvo dificultades internas y en el entorno internacional con los gobiernos de la época.

Al principio de su gobierno toleró la libertad de Prensa. Pero cuando esto fue aprovechado por la derecha guatemalteca y la United Fruit Company para hacer campaña de desprestigio incesante, tuvo serios altercados con el cuarto poder.

El gobierno de Arévalo compró el periódico Nuestro Diario, de Federico Hernández de León, para contrarrestar la prensa negativa que en este se le hacía. Pretendía que el periódico publicara editoriales de unos artículos partidistas escritos por altos funcionarios públicos.

Los fondos del Ministerio de Educación fueron congelados y se prohibieron todos los libros considerados “comunistas”; asimismo, se iniciaron las hostilidades hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual se constituyó como la principal fuerza opositora y vía de denuncia contra los abusos del gobierno y contra la invasión estadounidense.

Pero aún más importante, derogó la Constitución democrática de 1945 y la Ley de Reforma Agraria, contenida en el Decreto 900, con lo cual se dejaba sin efecto la distribución de la tierra a los campesinos y todas las tierras que ya habían sido repartidas, fueron devueltas a los terratenientes del país y a la United Fruit Company.

Por último, el nuevo gobierno acordó la fusión del Ejército Nacional de Guatemala con el invasor Ejército de Liberación, lo cual provocó la indignación dentro de la institución armada, quien fue acusada por la sociedad civil de ser “traidora” y “cobarde”.

El 14 de enero tomó posesión de la primera magistratura de la nación en sustitución de Ramiro de León Carpio.

Firma de la Paz

El más grande logro que tuvo el gobierno de Arzú fue la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala, el 29 de diciembre de 1996, con la URNG. Acuerdos que se venían negociando desde 1988.

En Guatemala, las corrientes fundamentalistas y conservadoras vinculadas a las empresas nacionales, intervienen en la toma de decisiones institucionales de los tres poderes del Estado. Esto ha implicado un significativo retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos, cómo ha sido la negativa a la aprobación de la iniciativa 5376 que pretendía la protección a niñas sobrevivientes de violación sexual hasta los 14 años, o el avance de la iniciativa 5272 (Ley de Protección a la Vida y la Familia) considerada inconstitucional y que por tanto violenta derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ.

En esa misma lógica se ha incrementado la criminalización de todo lo que el gobierno, las empresas y los fundamentalismos consideren una amenaza: mujeres organizadas, feministas y personas defensoras de derechos. Esta erosión de la institucionalidad se constata en la modificación de leyes, políticas públicas, planes y mecanismos para el avance de las mujeres. 

Candidato por cuarta vez a la Presidencia (siempre con organizaciones políticas diferentes y de escaso arraigo social), Giammattei fue postulado esta vez por el nuevo partido Vamos, una formación que en su programa electoral se declaró «de ideología demócrata progresista, al servicio de los intereses de Guatemala», pese a ser una fuerza de derecha. El nuevo presidente tiene, además, poca experiencia como funcionario público: solo tuvo efímeros pasos por cargos secundarios en la Municipalidad de Guatemala.

El único cargo gubernamental que ocupó fue el de director del Sistema Penitenciario (2006-2007), donde formó equipo con el grupo que, distanciado del ex-presidente Álvaro Arzú por disputas de poder, optó por aplicar una política de limpieza social contra la delincuencia, al grado de ajusticiar a siete reos dentro de un centro de detención bajo la responsabilidad del ahora presidente. Acusado de complicidad y responsabilidad administrativa con el crimen, Giammatei consiguió ser absuelto mediante argucias judiciales. Por ese mismo crimen fue condenado en abril de 2018, en Suiza, el para entonces director general de la Policía Nacional Civil Erwin Sperisen.

Crítico, como todo candidato, de la corrupción que corroe todas las instancias gubernamentales, una de sus primeras acciones ha sido crear una comisión gubernamental contra la corrupción que no tendrá capacidad ejecutiva y dejará en manos del presidente la persecución penal. Como ente burocrático, sin independencia ejecutiva ni experiencia profesional en investigación criminal, la comisión no podrá llenar el vacío que en la investigación y denuncia contra la corrupción tuvo la recién clausurada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). De hecho, no se vislumbra que este nuevo ente llegue para consolidar la independencia y las capacidades de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), constituida y fortalecida a propuesta y con recursos de la CICIG, pero debilitada por la actual fiscal general. Muchos integrantes de la FECI se encuentran amenazados y acosados judicialmente por diputados y funcionarios acusados de corrupción.