"Los mecanismos de protección existen en diferentes niveles, los cuales se encargan de la protección y cumplimiento de los derechos humanos"

• Medidas cautelares: Otorgar medidas cautelares a líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades en riesgo, para garantizar su seguridad física e integridad personal en las comunidades.

• Reubicación: En casos extremos, considerar la reubicación de personas en riesgo, brindándoles las condiciones necesarias para su reinserción social y económica (LEY 387 DE 1997 (julio 18)).

• Coordinación interinstitucional: Mejorar la coordinación entre las diferentes instituciones del Estado (fuerzas militares, policía, Fiscalía, Defensoría del Pueblo) para una respuesta más efectiva ante las amenazas (ARTÍCULO 209).

• Asistencia humanitaria: Brindar asistencia humanitaria a las personas desplazadas y afectadas por la violencia, incluyendo atención médica, alimentaria y psicosocial.

• Reformas institucionales: Implementar reformas profundas a las instituciones del Estado para garantizar el acceso a la justicia, la lucha contra la corrupción y la prevención de la violencia.

• Programas de reconciliación: Promover programas de reconciliación y construcción de memoria histórica para superar las heridas del pasado y fomentar la convivencia pacífica (Ley 1950 de 2019).

• Desarme, desmovilización y reintegración: Implementar programas de desarme, desmovilización y reintegración para los miembros de los grupos armados ilegales que deseen abandonar la violencia, aunque es muy difícil que se los grupos den tales libertades, ya que a sus miembros los amenazan con acabar con sus familiares y personas muy cercanas (Ley 1448 de 2011).

• Establecer la estructura de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Este decreto sentó las bases para la creación de una entidad encargada de coordinar el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas y de implementar las políticas públicas destinadas a brindar asistencia y reparación a las personas afectadas por el conflicto armado (Decreto 4008 del 2011).