Los principales elementos que conforman esta base legal son:

• Principios Generales: Principios fundamentales que rigen la educación superior, como la autonomía universitaria, el carácter no lucrativo de las instituciones privadas, la libertad de cátedra y el servicio social.

• Tipos de Instituciones: Define claramente los diferentes tipos de instituciones de educación superior existentes en El Salvador, como universidades públicas, universidades privadas, institutos tecnológicos y otros.

• Organización y Funcionamiento: Órganos de gobierno de las instituciones, los procedimientos para la toma de decisiones y las responsabilidades de cada uno de los actores involucrados en el proceso educativo.

• Autonomía Universitaria: Garantiza la autonomía de las universidades estatales en lo docente, económico y administrativo, así como la libertad de las instituciones privadas en estos mismos aspectos.

• Requisitos para la Creación de Instituciones: Define los requisitos que deben cumplir las instituciones para su creación y funcionamiento, incluyendo aspectos como la infraestructura, el personal docente, los planes de estudio y la acreditación.

• Régimen Académico: Establece las normas que regulan los procesos académicos, como la admisión de estudiantes, los planes de estudio, la evaluación, la graduación y los títulos profesionales.

• Financiamiento: Regula las fuentes de financiamiento de las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, y establece los mecanismos para la asignación de recursos.

• Vinculación con la Sociedad: Promueve la vinculación de las instituciones de educación superior con el sector productivo y la sociedad en general, a través de la investigación, la extensión y la prestación de servicios.

Aspectos generales que se desarrollan en esta ley son:

• Los derechos de los estudiantes

• Los deberes de los docentes

• Los mecanismos de participación de los padres de familia

• Los criterios para la evaluación de los centros educativos

• Las políticas de inclusión educativa

• Ampliar el acceso: Se busca garantizar que un mayor número de salvadoreños tengan la oportunidad de acceder a estudios superiores, eliminando las barreras socioeconómicas y geográficas.

• Mejorar la calidad: Se prioriza la excelencia académica, la investigación y la innovación, con el fin de formar profesionales altamente capacitados y competitivos a nivel internacional.

• Incrementar la pertinencia: Los programas académicos se adaptarán a las necesidades del mercado laboral y a los desafíos del desarrollo sostenible, asegurando que los graduados puedan contribuir al crecimiento económico y social del país.

• Fortalecer la investigación: Se promoverá la investigación científica y la generación de conocimiento, fomentando la vinculación entre las universidades y el sector productivo.

• Promover la internacionalización: Se buscará fortalecer los vínculos con instituciones de educación superior en el extranjero, facilitando el intercambio académico y la movilidad estudiantil.

• Creación y funcionamiento de instituciones: Establecen los requisitos para la creación de nuevas instituciones, los procedimientos para su autorización y los criterios para evaluar su funcionamiento.

• Planes de estudio: Regulan la elaboración, aprobación y modificación de los planes de estudio, asegurando que sean pertinentes y de calidad.

• Admisión de estudiantes: Definen los criterios de admisión, los procesos de selección y los derechos de los estudiantes.

• Evaluación académica: Establecen los mecanismos de evaluación del aprendizaje de los estudiantes, así como los procedimientos para la calificación y la promoción.

• Títulos profesionales: Regulan la expedición de títulos profesionales y los requisitos para su obtención.

• Investigación: Establecen las normas para la promoción de la investigación científica y tecnológica en las instituciones de educación superior.

• Vinculación con el sector productivo: Definen los mecanismos para fortalecer la vinculación entre las universidades y las empresas.

• Régimen disciplinario: Establecen los procedimientos para la aplicación de sanciones disciplinarias a estudiantes y personal docente y administrativo.