En la región del Catatumbo, la persistente violencia generada por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, la siembra de minas antipersonales y las amenazas a líderes sociales ha provocado altos niveles de desplazamiento forzado. Esta situación se agrava por la débil presencia estatal, lo que impide garantizar la seguridad, el acceso a derechos fundamentales y la atención integral a las víctimas, perpetuando el ciclo de pobreza, exclusión y vulnerabilidad en las comunidades afectadas.

El desplazamiento forzado en la región del Catatumbo, en Norte de Santander (Colombia), es un fenómeno complejo causado por múltiples factores, entre los que destacan:

• Presencia de grupos armados ilegales: ELN, disidencias de las FARC, EPL y grupos paramilitares han librado disputas territoriales por el control de economías ilegales como el narcotráfico.

• Cultivos ilícitos y narcotráfico: El Catatumbo es una de las principales zonas de producción de coca en Colombia, lo que genera una lucha violenta entre grupos armados y el Estado.

• Operaciones militares y erradicación forzada: Las acciones del Ejército y la erradicación de cultivos han provocado enfrentamientos y desplazamientos de comunidades campesinas.

• Extorsión y reclutamiento forzado: Los grupos armados ejercen control sobre la población mediante extorsiones, amenazas y el reclutamiento de jóvenes y menores de edad.

• Disputas por el territorio y recursos naturales: La riqueza en recursos naturales (petróleo, tierras fértiles) ha generado conflictos entre empresas extractivas, grupos armados y comunidades locales.

• Falta de presencia estatal: La ausencia de instituciones y servicios básicos como salud, educación y seguridad ha facilitado el dominio de actores ilegales.

• Estancamiento económico: La violencia y la falta de inversión han limitado el crecimiento económico y el desarrollo rural.

• Desplome de la producción agrícola: La expulsión de campesinos ha reducido la producción de alimentos y ha generado dependencia de los cultivos ilícitos.

• Pérdida de confianza en las instituciones: La corrupción y la falta de respuesta del Estado han profundizado la desconfianza en las autoridades.

• Crisis en el acceso a educación y salud: Las escuelas y hospitales en zonas de conflicto han sido cerrados o funcionan con grandes limitaciones.

• Persistencia del círculo de violencia: La falta de oportunidades para los jóvenes los hace vulnerables al reclutamiento forzado, perpetuando el conflicto.

Principalmente relacionamos que los derechos se consideran vulnerados a la población desplazada. Un derecho es vulnerado cuando es desconocido a su titular; Además, quien está en la obligación de garantizarlo se niega a hacerlo contradiciendo los mandatos constitucionales y legales.

 La primera aproximación a este tema lo encontramos en donde la Corte Constitucional define cuáles son los derechos vulnerados a una persona desplazada: el derecho a la vida en condiciones de dignidad dadas; los derechos de los grupos especialmente protegidos (niños, mujeres cabeza de hogar, discapacitados y ancianos); el derecho a escoger su lugar de domicilio; los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión y de asociación; los derechos económicos, sociales y culturales; el derecho a la unidad familiar; el derecho a la salud, en conexión con el derecho a la vida; el derecho a la integridad personal; el derecho a la seguridad social; derecho a la libertad de circulación por el territorio nacional; el derecho al trabajo; el derecho a una alimentación mínima; el derecho a la educación; el derecho a una vivienda digna; el derecho a la paz; el derecho a la personalidad jurídica; el derecho a la igualdad; y, el derecho a recibir en forma urgente un trato preferente Estado.

A pesar de lo anterior, el 63.71% de las víctimas del desplazamiento forzado interno de la Región del Catatumbo, desconocen los mecanismos para acceder a sus derechos. Solo el 32,64% ha utilizado un mecanismo de protección. Esto supone que no es suficiente con el diseño de políticas públicas de atención, sino que se hace necesaria la promoción y divulgación de los mismos a través de campañas de socialización aplicadas a la población objeto de atención.