Además, se pueden invocar derechos relacionados con la no discriminación, asegurando que las personas con problemas de drogadicción no sean estigmatizadas ni tratadas de manera desigual en comparación con otros problemas de salud. También es fundamental promover políticas públicas que enfoquen la drogadicción como un problema de salud y no como un delito, favoreciendo así un enfoque más humano y comprensivo.

Finalmente, la educación y la prevención son claves para empoderar a las personas sobre sus derechos y opciones disponibles. Esto puede incluir campañas informativas que sensibilicen sobre los efectos de las drogas y los recursos disponibles para quienes necesiten ayuda.