Pedro Santana promulgó la primera constitución de la República Dominicana, fue nombrado el primer presidente constitucional y lideró exitosamente la defensa contra las fuerzas haitianas en la Batalla de Las Carreras.

Como presidente, dictó un decreto de amnistía para los dominicanos exiliados, incluyendo a figuras clave de la independencia como Juan Pablo Duarte y Francisco del Rosario Sánchez. También enfrentó una invasión haitiana y declaró el estado de sitio en Santo Domingo. 

Llevó a cabo varias medidas importantes, incluyendo la reorganización de las fuerzas militares y la búsqueda de la anexión a Estados Unidos. Además, Báez se caracterizó por su dictatorial forma de gobernar, así como por la corrupción y el uso de la fuerza para su beneficio personal. 

Pedro Santana implementó una política dictatorial, se enfrentó a la invasión haitiana y, con el fin de evitar futuras invasiones, proclamó la reincorporación de la República Dominicana a la corona española. También se preocupó por la buena administración del país y recomendó al Congreso Nacional que leyes sabias y justas. 

Se destacó por la estafa a los productores de tabaco del Cibao en 1857, buscando apropiarse de las divisas generadas por la cosecha récord. Además, su administración intentó sin éxito la anexión del país a Estados Unidos. Su gobierno fue derrocado por un golpe de estado debido a la corrupción en las transacciones financieras. 

Que desempeñó un papel crucial en la historia del país. Fue designado presidente de la República Dominicana en 1858 y posteriormente lideró la resistencia contra la anexión española. Su mandato fue corto, pero se le atribuye la reorganización de la administración pública, el ejército y el sistema monetario.

Tomó la decisión de anexar la República Dominicana a España, buscando así proteger al país de posibles invasiones haitianas y manteniendo el poder. Esta decisión, aunque generó controversia, le permitió a Santana mantenerse en el poder y, a la vez, evitar la guerra civil que amenazaba al país. 

Continuó con su política de corrupción y uso de la fuerza para su propio beneficio. Su gobierno se caracterizó por la emisión de papel moneda sin respaldo, lo que generó una fuerte devaluación y arruinó a los productores tabacaleros. Además, vendió propiedades estatales y hasta hipotecó el Palacio de Gobierno.

defendio la soberanía nacional durante las discusiones con España, para lograr que reconociera la restauración de la Independencia de la República Dominicana, y sacara del país los militares del Gobierno de la Anexión que permanecían en algunos puntos del país.

Se enfocó en reorganizar el Estado y estabilizar la economía y sociedad dominicana. También jugó un papel importante en la redacción de una nueva constitución que, por primera vez, establecía el sufragio universal para hombres mayores de 18 años. Además, abolió la pena de muerte y la expulsión de dominicanos. 

En su cuarto gobierno, Buenaventura Báez continuó con su política de endeudamiento y corrupción. Se caracterizó por la venta de propiedades del Estado, incluyendo tierras, edificios, y hasta el Palacio de Gobierno, e hipotecando el Palacio de Gobierno. Tambien busco anexar el país a Estados Unidos. Se ha señalado que su gobierno fue dictatorial, con asesinatos políticos y malas administraciones de fondos públicos. 

Durante su gobierno incumplió compromisos políticos y ordenó el apresamiento de Luperón ante lo cual, los liberales se alzaron en armas y lo derrocaron en septiembre de 1878.

Buenaventura Báez se caracterizó por un estilo autoritario y una gestión marcada por la corrupción, la venta de propiedades estatales y el intento de anexión a España. También hubo esfuerzos por ceder o arrendar la Bahía de Samaná a Estados Unidos. 

Gregorio Luperón convocó una Convención Nacional para elaborar una nueva Constitución, que fue promulgada en mayo de 1880 y se basó en la Constitución Liberal de Moca. También incentivó el secularismo en el país y apoyó a Eugenio María de Hostos.

Durante su gobierno, implementó reformas liberales, incluyendo la abolición de la pena de muerte por razones políticas y la garantía de libertades públicas como la libertad de expresión, el libre tránsito y la libertad de reunión pacífica.