El Estado es uno e indivisible

Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes.

Este artículo se refiere a la descripción de los principios fundamentales sobre los cuales se organiza el Estado peruano, como se establece en la Constitución del Perú. Vamos a desglosarlo:

1. Democrática: Significa que el poder emana del pueblo y se ejerce en su nombre. En una democracia, los ciudadanos tienen el derecho de elegir a sus representantes y participar en la toma de decisiones políticas.

2. Social: Implica que el Estado peruano tiene un compromiso con la justicia social, buscando garantizar el bienestar y los derechos de todos sus ciudadanos. Esto puede incluir políticas públicas destinadas a combatir la pobreza, promover la igualdad de oportunidades y proteger los derechos laborales.

3. Independiente y soberana: Esto se refiere a la capacidad del Estado peruano para tomar decisiones y actuar de manera autónoma, sin interferencia externa. La independencia y la soberanía son principios fundamentales en el derecho internacional y aseguran que un país tenga el derecho de determinar su propio destino sin presiones externas indebidas.

4. Estado uno e indivisible: Esto significa que el territorio del Perú es una unidad única e indivisible. No se reconoce la posibilidad de secesión o división del país.

5. Gobierno unitario, representativo y descentralizado: El gobierno peruano se organiza de manera que haya una autoridad central (unitaria) que representa al conjunto del país, pero también se establece una descentralización que permite una mayor autonomía a las regiones y localidades. Esto busca asegurar una gestión más eficiente y cercana a las necesidades específicas de cada área geográfica y cultural.

6. Principio de la separación de poderes: Se refiere a la división del poder del Estado en tres ramas independientes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Esta separación busca evitar la concentración de poder en una sola entidad y garantizar el equilibrio y la supervisión mutua entre los diferentes órganos del Estado.

La importancia de estos principios radica en que establecen las bases fundamentales sobre las cuales se organiza y opera el Estado peruano. Proporcionan un marco legal y político que garantiza la estabilidad, la justicia y el funcionamiento democrático de la sociedad peruana. Además, reflejan los valores y las aspiraciones del pueblo peruano en cuanto a la forma en que desean ser gobernados y organizados como nación.

Es esencial porque define quiénes son ciudadanos peruanos, sus derechos y responsabilidades, y su pertenencia a la comunidad nacional, lo que influye en su acceso a servicios, beneficios y participación en la vida democrática del país.

La ley define cómo se puede obtener o recuperar la nacionalidad, y destaca que la nacionalidad peruana solo se pierde mediante renuncia expresa ante una autoridad peruana.

Este principio es crucial para preservar la identidad nacional y los derechos de los ciudadanos peruanos al definir claramente las reglas para adquirir, recuperar o perder la nacionalidad, lo que garantiza estabilidad y claridad en las políticas migratorias y ciudadanas del país.

La idea principal es que el territorio del Estado, que incluye su suelo, subsuelo, dominio marítimo y espacio aéreo, es inalienable e inviolable. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre su dominio marítimo y espacio aéreo, respetando las libertades de comunicación internacional según la ley y los tratados ratificados.

La importancia radica en establecer la soberanía y los límites del Estado sobre su territorio, asegurando la protección de sus recursos y derechos jurisdiccionales, así como facilitando la regulación de actividades dentro de estas áreas de acuerdo con las normas internacionales y los tratados ratificados.

Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior.

Este artículo se refiere a los deberes primordiales que el Estado peruano tiene hacia sus ciudadanos y su territorio, según lo establecido en la Constitución del país. Vamos a analizarlo:

1. Defender la soberanía nacional: Esto implica proteger la independencia política y territorial del país frente a cualquier amenaza externa. El Estado tiene la responsabilidad de salvaguardar la integridad y la autonomía del Perú como nación.

2. Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos: El Estado debe asegurar que todos los ciudadanos tengan sus derechos humanos protegidos y respetados. Esto incluye derechos fundamentales como la vida, la libertad, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y la participación política, entre otros.

3. Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad: El Estado tiene la responsabilidad de mantener la seguridad y el orden público dentro del país, protegiendo a los ciudadanos de amenazas como la delincuencia, el terrorismo, los desastres naturales y otras emergencias.

4. Promover el bienestar general basado en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la Nación: Esto implica que el Estado debe trabajar para garantizar condiciones de vida dignas y equitativas para todos los ciudadanos, asegurando el acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda y empleo, así como promover un desarrollo económico sostenible y equilibrado en todas las regiones del país.

5. Establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración latinoamericana: El Estado peruano debe gestionar sus fronteras de manera efectiva, estableciendo políticas que protejan los intereses nacionales y promuevan la integración con los países vecinos, especialmente en el contexto latinoamericano. Esto incluye fomentar la cooperación regional en áreas como el comercio, la seguridad y el desarrollo económico y social.

La importancia de estos deberes radica en que establecen las responsabilidades fundamentales del Estado hacia su población y su territorio. Garantizan la protección de los derechos y la seguridad de los ciudadanos, así como el fomento del bienestar y el desarrollo nacional. Además, promueven la integración regional y la cooperación internacional, contribuyendo así a la estabilidad y el progreso del país en el contexto global.

Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición.

Este artículo establece un principio fundamental en la organización política del Estado peruano: el poder emana del pueblo y es ejercido por sus representantes, pero dentro de los límites y responsabilidades establecidos por la Constitución y las leyes del país.

1. Poder emanado del pueblo: Este principio subraya que la autoridad del Estado no proviene de una fuente externa o divina, sino del propio pueblo. Es decir, los ciudadanos son los titulares del poder soberano y tienen la capacidad de elegir a sus representantes y participar en la toma de decisiones políticas a través de mecanismos democráticos.

2. Limitaciones y responsabilidades establecidas por la Constitución y las leyes: Aunque el pueblo es la fuente del poder estatal, este poder está sujeto a restricciones y obligaciones establecidas por la Constitución y las leyes del país. Esto implica que el ejercicio del poder debe realizarse dentro de un marco legal y respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos.

3. Prohibición de arrogarse el ejercicio del poder: El artículo también establece que ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede tomar el poder por la fuerza o sin el respaldo legítimo del pueblo. Hacerlo constituye rebelión o sedición, es decir, una acción ilegal que atenta contra el orden constitucional y la estabilidad del Estado.

La importancia de este artículo radica en que consolida los principios democráticos y el estado de derecho en el sistema político peruano. Afirma la soberanía popular como base del gobierno legítimo y establece límites claros al ejercicio del poder, evitando así la arbitrariedad y garantizando la estabilidad institucional. Además, protege contra posibles intentos de usurpación del poder por parte de grupos o individuos que no cuenten con el respaldo democrático del pueblo.

La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.

Este artículo establece dos puntos fundamentales en relación con la legitimidad del gobierno y la actuación de quienes ocupan funciones públicas en el marco del orden constitucional:

1. Desobediencia a un gobierno usurpador: Se refiere a que ningún ciudadano está obligado a obedecer a un gobierno que haya llegado al poder de manera ilegítima, es decir, mediante un golpe de estado o cualquier otro medio que viole la Constitución y las leyes del país. Esto significa que los ciudadanos tienen el derecho y la responsabilidad de rechazar y resistir activamente a cualquier gobierno que haya usurpado el poder de manera ilegal.

2. Derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional: Este punto establece que la población civil tiene el derecho de rebelarse y tomar medidas para defender el orden constitucional cuando este se ve amenazado por un gobierno usurpador o por cualquier individuo o grupo que actúe en violación de la Constitución y las leyes. La insurgencia puede manifestarse de diversas formas, como protestas pacíficas, desobediencia civil o incluso resistencia armada en situaciones extremas.

La importancia de este artículo radica en su contribución a la preservación de la democracia y el estado de derecho. Al afirmar que nadie está obligado a obedecer a un gobierno ilegítimo y al reconocer el derecho de la población a insurgir en defensa del orden constitucional, se establece un mecanismo de salvaguarda contra la tiranía y el abuso de poder. Además, al declarar nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas, se busca evitar que dichas acciones tengan validez legal y se protege la integridad de las instituciones democráticas. En resumen, este artículo fortalece los principios de legalidad, legitimidad y participación ciudadana en el sistema político.

Este artículo establece dos aspectos importantes relacionados con la representación legal del Estado y sus obligaciones financieras en el ámbito judicial:

1. Responsabilidad de los Procuradores Públicos en la defensa de los intereses del Estado: Los Procuradores Públicos son funcionarios encargados de representar legalmente al Estado en asuntos judiciales. Su función principal es defender los intereses y derechos del Estado en procesos legales, ya sea en demandas interpuestas contra el Estado o en acciones que el Estado decida emprender para proteger sus intereses. Este artículo afirma que la responsabilidad de representar al Estado en los tribunales recae en estos procuradores, quienes actúan conforme a lo que establece la ley.

2. Exoneración del pago de gastos judiciales por parte del Estado: Esta parte del artículo establece que el Estado está exento de pagar los gastos judiciales. Esto significa que, en los procesos legales en los que el Estado esté involucrado, no está obligado a cubrir los costos relacionados con el proceso, como tasas judiciales, honorarios de abogados, costos de peritaje, entre otros. Esta exoneración tiene como objetivo aliviar la carga financiera sobre el Estado y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente.

La importancia de este artículo radica en garantizar que el Estado pueda defender sus intereses de manera efectiva en los tribunales y que no se vea obstaculizado por cuestiones financieras. Al designar a los Procuradores Públicos como responsables de esta tarea y eximir al Estado del pago de gastos judiciales, se asegura que el Estado cuente con la representación legal adecuada y se promueve la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Esto contribuye a fortalecer el estado de derecho y a garantizar la protección de los intereses del Estado en el ámbito judicial.

Este artículo establece el reconocimiento oficial de varios idiomas en el Perú, así como el compromiso de proteger y promover la diversidad lingüística del país. Aquí está su explicación y su importancia:

1. Idiomas oficiales: El artículo menciona que el castellano es el idioma oficial de Perú. Esto significa que el castellano es el idioma utilizado en la administración pública, en los documentos oficiales, en la educación formal y en la comunicación oficial del gobierno.

2. Reconocimiento de otros idiomas: Además del castellano, el artículo reconoce que en las zonas donde predominen, también son oficiales el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes. Esto significa que estas lenguas también tienen un estatus oficial en esas áreas específicas, lo que implica que tienen el derecho de ser utilizadas en la administración pública, la educación y otros ámbitos oficiales en esas regiones donde son predominantes.

3. Importancia de la diversidad lingüística: Este artículo es importante porque reconoce y respeta la diversidad lingüística y cultural del Perú. La existencia de múltiples idiomas oficiales refleja la riqueza cultural del país y promueve la inclusión de todas las comunidades lingüísticas en la vida pública y en el acceso a servicios básicos como la educación y la atención médica.

4. Protección de los derechos lingüísticos: Al reconocer oficialmente otras lenguas además del castellano, se protegen los derechos lingüísticos de las comunidades que hablan estas lenguas. Esto incluye el derecho a recibir servicios públicos en su lengua materna, el derecho a la educación en su idioma y el derecho a preservar y promover su propia cultura y tradiciones lingüísticas.

En resumen, este artículo es importante porque afirma el compromiso del Estado peruano con la diversidad cultural y lingüística, y garantiza el respeto y la protección de los derechos lingüísticos de todas las comunidades en el país.

Son símbolos de la Patria la bandera de tres franjas verticales con los colores rojo, blanco y rojo, el escudo y el himno nacional establecidos por ley.

El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas.

Este artículo establece la relación entre el Estado peruano y la Iglesia Católica, así como el respeto y la colaboración con otras confesiones religiosas. Aquí se explica su significado y su importancia:

1. Reconocimiento de la importancia histórica, cultural y moral de la Iglesia Católica: El artículo reconoce el papel significativo que la Iglesia Católica ha desempeñado en la formación histórica, cultural y moral del Perú. Esto implica que el Estado reconoce la influencia y la contribución de la Iglesia Católica en la sociedad peruana a lo largo del tiempo, tanto en aspectos culturales como en la formación de valores morales y éticos.

2. Colaboración entre el Estado y la Iglesia Católica: El Estado peruano se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en áreas donde su intervención pueda beneficiar a la sociedad. Esta colaboración puede manifestarse en diversas formas, como en la promoción de programas sociales, la preservación del patrimonio cultural religioso o la participación en actividades de carácter educativo o asistencial.

3. Respeto a otras confesiones religiosas: Además de reconocer la importancia de la Iglesia Católica, el artículo también establece que el Estado respeta otras confesiones religiosas. Esto significa que el Estado reconoce la diversidad religiosa de la sociedad peruana y garantiza la libertad de culto y la igualdad de derechos para todas las confesiones religiosas presentes en el país.

4. Posibilidad de colaboración con otras confesiones religiosas: El artículo también abre la posibilidad de establecer formas de colaboración entre el Estado y otras confesiones religiosas diferentes a la Iglesia Católica. Esto implica que el Estado puede trabajar en conjunto con otras comunidades religiosas en áreas de interés común, siempre respetando los principios de laicidad y pluralismo religioso.

La importancia de este artículo radica en promover la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad religiosa en el Perú. Reconoce el papel histórico y cultural de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo garantiza la igualdad de derechos para todas las confesiones religiosas y fomenta la colaboración entre el Estado y las diferentes comunidades religiosas en beneficio de la sociedad.

Este artículo establece el principio de jerarquía normativa en el ordenamiento jurídico del Perú y enfatiza la importancia de la publicidad en la vigencia de las normas estatales. Aquí se explica su significado y su importancia:

1. Prevalencia de la Constitución: El artículo establece que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre todas las demás normas legales. Esto significa que cualquier ley, decreto u otra normativa debe estar en consonancia con lo dispuesto en la Constitución. La Constitución es la base sobre la cual se fundamenta todo el sistema jurídico del país y establece los principios fundamentales sobre los cuales se organiza el Estado y se garantizan los derechos de los ciudadanos.

2. Jerarquía de las leyes: Además de la Constitución, el artículo establece que las leyes ocupan una posición superior a las normas de inferior jerarquía, como los reglamentos o las resoluciones administrativas. Esto implica que las leyes son vinculantes y obligatorias para todos los ciudadanos y autoridades, y que cualquier norma de rango inferior que contradiga una ley es nula en la medida de esa contradicción.

3. Publicidad como esencia para la vigencia de las normas: El artículo destaca la importancia de la publicidad para la vigencia de las normas estatales. Esto significa que las normas deben ser conocidas por la población en general para que puedan ser cumplidas y respetadas. La publicidad garantiza la transparencia y la legalidad en la aplicación de las normas y permite que los ciudadanos conozcan sus derechos y obligaciones.

La importancia de este artículo radica en establecer un marco jurídico claro y coherente, donde la Constitución ocupa el lugar más alto en la jerarquía normativa y donde se reconoce la importancia de la publicidad para la validez y eficacia de las normas estatales. Esto asegura la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la legitimidad de las acciones del Estado, promoviendo así el estado de derecho y la democracia en el país.

Este artículo indica que el ejercicio de la Presidencia puede suspenderse en dos casos: cuando el Presidente está temporalmente incapacitado, según lo determine el Congreso, y cuando está siendo sometido a un proceso judicial según el artículo 117 de la Constitución. Estas medidas se toman para garantizar la estabilidad y legalidad en el gobierno en situaciones de incapacidad temporal o procesos legales pendientes

1. Impedimento temporal: El Primer Vicepresidente asume las funciones presidenciales, seguido por el Segundo Vicepresidente si el primero no está disponible.

2. Impedimento permanente: El Presidente del Congreso asume interinamente la presidencia y convoca a elecciones para elegir un nuevo Presidente.

Esta disposición es crucial para garantizar la continuidad y estabilidad del gobierno en situaciones de emergencia o vacancia presidencial.

• La descentralización es un proceso permanente que busca el desarrollo integral del país^.

• Su objetivo es distribuir el poder y las responsabilidades a nivel regional y local.

• La descentralización permite una mayor participación ciudadana y una gestión más eficiente de los recursos públicos.

Por ejemplo imaginemos un municipio que toma decisiones sobre la construcción de infraestructura local, como parques y escuelas, en lugar de depender exclusivamente del gobierno central.

Defensa de la persona humana y respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado2.

Garantiza derechos como la vida, identidad, integridad moral y física, igualdad ante la ley, libertad de conciencia y religión, y libertades de información y expresión.

Establece que el concebido es sujeto de derecho en todo lo que le favorezca.

Pongamos como ejemplo uque na persona puede expresar libremente sus opiniones en medios de comunicación sin temor a represalias. Además, el acceso a la información pública es un derecho fundamental.

El Estado determina la política nacional de salud y es responsable de diseñarla y supervisar su aplicación.

Busca garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud para todos los ciudadanos.

La seguridad social abarca no solo la salud, sino también otros aspectos como la pensión, seguro de desempleo y prestaciones sociales.

Pongamos como ejemplo que un ciudadano tiene acceso a atención médica gratuita en un centro de salud local y puede acceder a programas de pensiones para su jubilación.

El número de congresistas es de ciento treinta. El Congreso de la República se elige por un período de cinco años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. Los candidatos a la Presidencia de la República no pueden integrar la lista de candidatos a congresistas. Los candidatos a vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación en el Congreso.

Para ser elegido congresista, se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar de derecho de sufragio.

La idea principal del artículo establece que el Poder Legislativo en Perú reside en un Congreso de una sola cámara con 130 congresistas. Detalla las condiciones para ser congresista, como ser peruano de nacimiento y tener al menos 25 años. Es importante porque define la estructura y funcionamiento del órgano legislativo, garantizando un sistema democrático y representativo en el país.

Artículo 91. No pueden ser elegidos miembros del Parlamento Nacional si no han renunciado al cargo seis (6) meses antes de la elección:

1. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General.

2. Los miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, ni el Defensor del Pueblo.

3. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y el Superintendente Nacional de Administración Tributaria.

4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad, y

5. Los demás casos que la Constitución prevé.

El artículo establece las restricciones para ser elegido como miembro del Parlamento Nacional en Perú, prohibiendo a ciertos funcionarios ocupar simultáneamente cargos en otros organismos del Estado. Es importante para garantizar la separación de poderes y mantener la imparcialidad en el sistema político del país.

Artículo 92. La función de congresista es de tiempo completo; le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso.

El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquiera otra función pública, excepto la de Ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional.

El artículo establece que los congresistas deben dedicarse a tiempo completo a sus funciones y prohíbe que ocupen otros cargos o trabajen en empresas con contratos estatales o concesiones durante su mandato, salvo excepciones autorizadas. Busca evitar conflictos de interés y garantizar la transparencia en la gestión pública.

Artículo 93. Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.

El artículo establece que los congresistas representan a la Nación, tienen inmunidad por sus opiniones y votos en el ejercicio de sus funciones, y solo pueden ser procesados por delitos comunes cometidos durante su mandato, siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia. Garantiza la independencia legislativa y establece un marco jurídico para su responsabilidad penal.

Artículo 94. El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene fuerza de ley; elige a sus representantes en la Comisión Permanente y en las demás comisiones; establece la organización y las atribuciones de los grupos parlamentarios; gobierna su economía;sanciona su presupuesto; nombra y remueve a sus funcionarios y empleados, y les otorga los beneficios que les corresponden de acuerdo a ley.

El artículo establece que el Congreso de Perú tiene la autonomía para elaborar su reglamento, elegir representantes en comisiones, gestionar su economía, sancionar su presupuesto, y nombrar y remover a sus funcionarios. Garantiza la capacidad del Congreso para organizar y gestionar su funcionamiento interno de manera independiente.

Artículo 95. El mandato legislativo es irrenunciable.

Las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones no pueden exceder de ciento veinte días de legislatura.

El artículo establece que el mandato legislativo en Perú es irrenunciable y limita las sanciones disciplinarias del Congreso a un máximo de ciento veinte días de legislatura. Garantiza estabilidad en la representación parlamentaria y protege los derechos de los congresistas.

Artículo 96. Cualquier representante al Congreso puede pedir a los Ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los Gobiernos Regionales y Locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios.

El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el Reglamento del Congreso. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley.

El artículo otorga a los representantes del Congreso el derecho de solicitar informes a diversas entidades estatales, y establece que estas solicitudes deben hacerse por escrito. Esto promueve la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión gubernamental, al permitir un mayor control y supervisión por parte del Congreso.

Artículo 97. El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial.

Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales.

El artículo permite al Congreso iniciar investigaciones sobre asuntos de interés público, con facultades para requerir comparecencias e información relevante. Esto fortalece el control y supervisión del Congreso sobre el gobierno y promueve la transparencia y rendición de cuentas, aunque sus conclusiones no son vinculantes para los órganos judiciales.

Artículo 98. El Presidente de la República está obligado a poner a disposición del Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que demande el Presidente del Congreso.

Es importante porque clarifica el protocolo y los límites en el uso de las fuerzas de seguridad en relación con el Congreso, garantizando la separación de poderes y la autonomía del Poder Legislativo.

Artículo 99. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado: a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros de la Junta Nacional de Justicia; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.

El artículo otorga a la Comisión Permanente la facultad de acusar ante el Congreso a diversas autoridades por infracción a la Constitución o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, hasta cinco años después de haber cesado en ellas. Esto fortalece el control y la rendición de cuentas sobre las altas autoridades del Estado.

Articulo 100

Consiste en el poder que tiene el congreso sobre un acusado político.

Es importante para poder delimitar específicamente la participación del congreso.

Artículo 101

Consiste en la designación de los miembros de la comisión permanente del congreso.

Es importante ya que se designa puestos de suma importancia en el.poder legislativo.

Articulo 102

Consiste en las atribuciones que hace el congreso.

Es importante ya que se especifican las principales atribuciones del congreso.

Articulo 103

Consiste que cada ley es irrevocable pero se puede derogar por otra ley.

Es importante porque hace que la constitución no apamra el abuso del derecho.

Articulo 104

Consiste en que el congreso puede delegar al poder ejecutivo la facultad de legislar.

Es importante ya que permite al poder ejecutivo legislar en situación de crisis.

Articulo 105

Consiste en que ningún proyecto de ley puede sancionarse sin antes haber sido aprobado.

Es importante para no excluir leyes en proceso que puedan ayudar o repercutir en funcionarios políticos o en el país.

Articulo 106

Consiste en que las leyes orgánicas regulan la estructura y funcionamiento de las entidades del estado.

Es importantes para regular el funcionamiento de las entidades del estado.

Articulo 107

Consiste en que el presidente y los congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de nuevas leyes.

Es importante ya que da la facilidad a los funcionarios de formar nuevas leyes.

Articulo 108

Consiste en que el presidente debe promulgarse en un plazo máximo de 15 días.

Es importante para hacer seguimiento al presidente.

Artículo 109

La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación oficial.

Es importante porque así define desde cuando se debe cumplir una ley nueva.