Se calcula que se vierten hasta 200 millones de metros cúbicos de agua residual al año. La mayor parte de las descargas llegan de forma directa al río Atoyac; el resto, a través de canales, riachuelos e infiltraciones. Corredores como los de Huejotzingo y Cuautlancingo son los principales emisores de contaminantes que perjudican principalmente a las zonas de cultivo.

Como expuso el Dr. Samuel Rosado Zaidi en un foro especializado de la IBERO Puebla, la historia de las comunidades de la región data de los primeros asentamientos en Cacaxtla y Xochitecatl, atraídos por la abundancia de agua y tierra fértil. La convivencia armónica con las condiciones ambientales favorables se dio durante siglos hasta la llegada del modelo industrial en el siglo XX.

En su mayoría campesinas, las comunidades están expuestas a una diversidad de sustancias genotóxicas que derivan en enfermedades en la piel, intoxicaciones, malformaciones y muertes prematuras. Esta vulneración ha sido denunciada por décadas ante instancias locales y nacionales; también se han emprendido acciones comunitarias para proponer un protocolo de saneamiento integral de la cuenca.

Ante la inacción de las autoridades, el Centro Fray Julián Garcés (recientemente condecorado por el Sistema Universitario Jesuita) abordó la problemática desde un análisis meticuloso de la situación, donde se brindó asesoría a los pobladores y se visibilizó la problemática a nivel nacional.

En su colaboración con el colectivo, la Dra. Regina Montero Montoya contribuyó a demostrar que existe una correlación entre la industrialización de las comunidades y las alteraciones en los procesos biológicos de sus pobladores. Por ello, recomendó realizar seguimientos permanentes a la salud de los habitantes para ofrecer una atención temprana.

Las emisiones cuestan vidas. De acuerdo con un estudio realizado entre 2000 y 2019, las mayores tasas de mortalidad en las comunidades cercanas a la cuenca se registran en la vejez y en la primera infancia; los adolescentes y jóvenes son los que más se ven afectados en el tiempo. Además, los varones en edades adolescente, joven y adulta tienen mayor probabilidad de morir que las mujeres. El 75% de las muertes en la región son provocadas por enfermedades.

La Dra. Gabriela Pérez Castresana señaló que la mortalidad por condiciones crónicas no transmisibles es clave para determinar la salud pública de una región, pues su estudio contribuye a identificar factores ambientales de riesgo y patrones que permitan definir las políticas de salud.
 FOSA QUÍMICA

Aquellos que no conocen el riesgo de su entorno se encuentran en especial vulnerabilidad. “La comunidad escolar no está identificando con mucha claridad que los problemas ambientales se derivan del modelo de desarrollo basado en la industria”, expresó el Dr. Omar Arellano Aguilar.

De acuerdo con un estudio realizado con seis comunidades escolares, el riesgo de exposición a la contaminación convive con otras vulnerabilidades: mientras que en San Pedro Cholula y en Nativitas se presentan carencias de servicios básicos, en Papalotla hay altos índices de migración y Cuautlancingo presenta altas tasas de mortalidad infantil.

Un muestreo de orina realizado a niños de quinto y sexto de primaria en esta región encontró altos niveles de arsénico excretado, así como otros metales como aluminio, cromo y níquel. De manera paralela, los infantes presentan infecciones frecuentes, sangrado nasal y alergias en la piel.

Otra prueba bioquímica aplicada a 115 niños en Apizaco reveló que los principales factores de riesgo de contraer enfermedades renales se relacionan con la edad avanzada, la cercanía del hogar con un río contaminado y el sexo (los varones se contagian más). Los registros arrojaron la presencia de vanadio, cobre, magnesio y flúor.

Para el autor del estudio, el Dr. Pablo Méndez Hernández, la evidencia demuestra el impacto de la exposición a materiales contaminantes ambientales sobre la salud renal de los jóvenes. “Se requiere voluntad política y mayor participación social para desarrollar políticas públicas dirigidas a reducir la emisión de estas sustancias”.

La inocuidad de los alimentos también se ve amenazada. Los suelos en los distritos agrícolas de Tlaxcala y Tecamachalco presentan mayor cantidad de metales pesados como consecuencia de la mezcla de las aguas residuales con fertilizantes. Esto deriva en comestibles con alteraciones químicas y microbiológicas perjudiciales para el organismo, además de que perjudica a las personas que trabajan en los sembradíos debido a la exposición directa con la tierra.

Un ejemplo que sintetiza el espiral tóxico es la leche. Como ilustró el Dr. Numa Castro González, el proceso de biotransferencia moviliza los metales pesados desde las alfalfas hacia las vacas, y de estas a la leche. “No importa cuánto [metal] tenga hoy la leche: si yo consumo diario, a la larga me producirá enfermedades fatales”. El ciclo del agua negra continúa.

En entrevista, con La Jornada de Oriente, el abogado Omar Jiménez Castro afirmó que estos conflictos en gran medida tienen un antecedente desde el sexenio morenovallista, con la aprobación en 2014 de la privatización del servicio del agua en la ciudad de Puebla y otros municipios del área conurbada.

A partir de ahí, sostuvo, hay un resurgimiento del movimiento social en defensa del agua que no se venía desde hace más de una década cuando el pueblo de San Francisco Ocotlán se organizó para frenar la extracción de agua para la industria y fraccionamientos de la zona.

A propósito del Día Mundial del Agua, los conflictos documentados van desde los casos recientes de la toma de la planta embotelladora Bonafont en la comunidad de Santa María Zacatepec hasta la inconformidad de vecinos por la conexión de la cervecera Heineken a la toma de agua y drenaje sanitario en el Fraccionamiento Maravillas, en la ciudad de Puebla.

Le sigue la extracción de agua clandestina para desarrolladores inmobiliarios en San Andrés Cholula y Santa Clara Ocoyucan, contra el Grupo Proyecta; el conflicto por el manantial en Alpanocan, ubicado en los límites territoriales de Puebla y Morelos, así como el traslado de agua para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, desde Nuevo Necaxa, y la falta de acceso al servicio para 500 familias en el Cerro del Márquez, en La Resurrección, por la sobreexplotación de la empresa Sabormex.

También recordó la defensa del agua de campesinos de la cuenca Libres-Oriental contra la agroindustria, los opositores a las mineras y proyectos hidroeléctricos en la Sierra Norte, así como el rechazo a utilizar el recurso hídrico para el ensamblado de automóviles de las plantas alemanas Audi y Volkswagen.

Sin embargo, Omar Jiménez afirmó que la disputa social y legal más contundente de la ciudadanía ha sido la defensa del agua en contra de su privatización del agua en la capital poblana, en el que no sólo han intervenido activistas, organizaciones sociales y colectivos, sino incluso los gobiernos locales.

Además, sumó la serie de las irregularidades en las que ha incurrido la empresa Concesiones Integrales SA de CV al aumentar desproporcionalmente la tarifa por el servicio de agua, la inaccesibilidad al líquido en decenas de colonias de la periferia a Puebla y el incumplimiento del título de concesión, que podría derivar en su rescisión.

Dijo que esta evaluación de conflictos es una forma en la cual se tiene una radiografía de la situación de presión social hacia el acceso al agua potable en Puebla, las cuales pueden ser con base al ámbito social (población, protestas, inconformidad) o hacia el ámbito técnico (disponibilidad de agua, estrés hídrico, escasez).

Precisó que los múltiples conflictos por a lo largo del estado son motivados sobre todo porque los sectores industrial y agrícola que acaparan el líquido de los territorios, mientras los pobladores la requieren para vivir.

El Observatorio de Conflictos Socioambientales de México documentó que el país se presentó hasta el año 2020, previo a la epidemia por Covid-19, un total de 333 conflictos de esta índole, principalmente por el agua. Es decir, tensiones y disputas generadas por el uso, acceso, control y la apropiación de los bienes comunes naturales y del territorio.

En el ámbito local, menos de la mitad de las 202 concesiones que hay en el municipio de Puebla para extraer agua para uso industrial, transparentan el volumen del líquido que obtienen, reveló el Registro Público de Derechos de Agua, a través de una solicitud de transparencia por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).

Sólo 91 concesionarios publican el volumen que obtienen, el cual suma 9.8 millones de metros cúbicos al año.