La violencia relacionada con la escuela es un problema omnipresente en algunos países. Puede ser física, psicológica o sexual; puede tener lugar en la escuela, en el trayecto o en el ciberespacio; y puede incluir intimidación, castigo corporal, maltrato verbal y emocional, intimidación, acoso y agresión sexual, actividad de pandillas y presencia de armas entre los estudiantes. A menudo se perpetra como resultado de normas y estereotipos de género y se mantiene a raíz de relaciones de poder desiguales. Se estimó que, a nivel mundial, aproximadamente 246 millones de niñas y niños experimentaban algún tipo de violencia relacionada con la escuela en 2014 (UNGEI, 2017). En América Latina y el Caribe, uno de los principales obstáculos para la realización plena del derecho humano a la educación es la discriminación sistemática e histórica que sufren personas y grupos dentro y fuera de los sistemas educativos. La realización de este derecho para personas de menores ingresos, niñas y mujeres, poblaciones indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes y personas refugiadas, niños/as de 0-3 años, jóvenes y personas adultas, personas privadas de libertad, que viven en el campo y en zonas periféricas de las ciudades es el reto de mayor prioridad para la región.

Si bien la gran mayoría de los docentes son profesionales dedicados que dan primacía al bien de sus alumnos, algunos abusan de su posición de poder. En países de África Occidental y Central, el abuso y la explotación sexual por parte de los docentes, el personal escolar y otras personas en posición de autoridad es una práctica común (Antonowicz, 2010). La violencia sexual es frecuente en muchas escuelas de Sudáfrica, pero rara vez se investigan los delitos y los índices de enjuiciamiento son bajos (HRW, 2016). En la República Unida de Tanzania, más de la mitad de las niñas y los niños que habían sufrido maltrato físico señalaron que el autor era un maestro (HakiElimu, 2017). En Samoa, el 41% de los niños encuestados en 2013 indicaron que habían sido objeto de violencia física por parte de sus maestros (Oficina del Defensor del Pueblo e INDH de Samoa, 2015).

Los códigos de conducta de los docentes están redactados generalmente por los sindicatos del sector para guiar a sus miembros. Promueven la rendición de cuentas profesional al brindar a los pares la posibilidad de pedirse cuentas recíprocamente acerca del cumplimiento de las normas (Poisson, 2009). Una encuesta reciente de Education International encontró que 26 de los 50 países estudiados contaban con códigos de conducta para los docentes (EI, 2017). Un examen dedicado a 24 países reveló que más de la mitad de los maestros consideraban que el código de conducta contribuía de forma muy significativa a reducir las conductas indebidas (McKelvieSebileau, 2011).

→ Educación Inclusiva: La concepción de educación inclusiva que enmarca este Observatorio, se refiere a aquella que tiene como base y horizonte la superación de toda forma de discriminación, la promoción de la igualdad desde el reconocimiento, el entendimiento de las diferencias y el establecimiento de relaciones horizontales y dialógicas entre todos los sujetos involucrados en el sistema educativo. Presupone el entendimiento y la afirmación de la educación como derecho humano fundamental de todos y todas y como un pilar para el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos en su conjunto.

→ No discriminación: El Observatorio fundamenta su entendimiento sobre discriminación tomando como base la definición que consta en la Observación General N° 20 del Comité DESC, la que señala que “por discriminación se entiende toda distinción, exclusión, restricción o preferencia u otro trato diferente que directa o indirectamente se base en los motivos prohibidos de discriminación y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos reconocidos en el Pacto. La discriminación también comprende la incitación a la discriminación y el acoso”.

En conclusión, buscamos concientizar a las personas sobre la discriminación que si vive día a día en el Ecuador ya sea por género, social, racial. Por lo tanto, los jóvenes deben ser el cambio de la sociedad donde no exista discriminación para poder vivir en un mundo de paz y equidad donde todas las personas somos iguales sin importar el color de piel o condición social. Todos somos hermanamos.

 

 

·      Rodríguez-Cruz, M. (2018). Construir la interculturalidad. Políticas educativas, diversidad cultural y desigualdad en Ecuador. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, (60), 217-236.

·      Ponce, P., Loaiza, V., del Río, M. D. L. C., & Parra, L. B. (2020). Efecto de la desigualdad y la actividad económica en el COVID-19 en Ecuador: un bosquejo de sus posibles determinantes económicos, sociales y demográficos. Contaduría y administración, 65(5), 11. 

·      Mero-Figueroa, M., & Alvarado-Gastiaburo, Á. C. (2018). Tendencias de la pobreza y la desigualdad en el Ecuador y América Latina. Polo del Conocimiento, 3(9), 58-85. 

 

En las democracias representativas contemporáneas el ejercicio del poder político está asociado con fórmulas para la participación ciudadana al margen del derecho al voto, hecho que, en gran medida, es resultado de la existencia de diversos factores que, simultáneamente, afectan a la estabilidad social y a la gobernabilidad.

Entre los factores que han motivado el fomento a la inclusión ciudadana en las decisiones de gobierno, sobresalen el abstencionismo electoral ascendente; la desconfianza social hacia diferentes instituciones, particularmente hacia las encargadas de la administración e impartición de justicia; la corrupción, impunidad e ineficiencia de servidores públicos; la desatención de las autoridades competentes de demandas puntuales de comunidades específicas; la insuficiente representación de colectivos, sectores e intereses en las instancias democráticamente constituidas para ello así como una escasa rendición de cuentas del quehacer político de los representantes populares.

La presencia creciente de estos factores, así como sus repercusiones adversas para la estabilidad social y la gobernabilidad, han contribuido a que en contextos específicos se cuestione la legitimidad de la representación política lo que pudiera interpretarse incluso como una crisis de la política,¹ particularmente en los países Latinoamericanos, fenómeno al que en el ámbito académico se ha identificado como una crisis del modelo liberal de democracia.

En la mayoría de casos (45%), las mujeres tenían entre 25 y 39 años de edad. El 70% de ellas eran madres, que dejaron al menos 11 menores en orfandad.

En el 40% de los casos, las mujeres habían reportado antecedentes de violencia a instituciones competentes e incluso, 2 de ellas contaban con boletas de auxilio. El sistema de protección sigue fallando para las mujeres y la impunidad sigue siendo la normalidad en nuestro país.

En el 92% de los casos, los feminicidas formaban parte del círculo cercano de las mujeres asesinadas. En el 85% de los casos, fueron sus esposos, convivientes o ex parejas; en el 7,7%, fueron sus padres o padrastros quienes les quitaron la vida; y, en otro 7.7% de casos, fueron sus amigos o conocidos. Por ese vínculo sentimental/afectivo de confianza, los asesinos aprovechan la vulnerabilidad de las víctimas para perpetrar el delito con facilidad. Además, en el 36% de los asesinatos se usaron armas de fuego; y, en otro 29%, los feminicidas utilizaron armas blancas para acabar con la vida de las mujeres.

Con estos datos, se confirma y se mantiene la tendencia de que un Ecuador ocurre un feminicidio cada 72 horas desde hace 7 años, pues si sumanos los casos desde el 1ero de enero del 2014 hasta el 3 de marzo de 2021, se registran un total de 860 feminicidios.

http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/primermapa2021