Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de norma o procedimientoexpreso para justificar la violación o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los actos y contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del interés superior del niño.