La relación entre la Iglesia católica y el Estado argentino (1943-1955) ​ La vinculación de la Iglesia con el gobierno militar surgido del golpe de Estado del 4 de junio de 1943 se inició bajo los mejores augurios y por primera vez en la historia contemporánea, una masa de cuadros del Estado provenía de la Iglesia.

Las relaciones entre Perón y la Iglesia fueron buenas hasta 1954. A partir de ese momento comienzan a deteriorarse rápidamente. La Iglesia se molestaba con el manejo que el peronismo hacía de la ayuda social, la política de adoctrinamiento en las escuelas por ejemplo, era obligatoria la lectura de “La razón de mi vida” biografía de Eva Duarte. Por su parte, el Peronismo vio con preocupación la creación del Partido Demócrata Cristiano que se presentó como una alternativa política para los cristianos. Estas situaciones fueron llevando a un descontento y ruptura definitiva entre ambos.

Perón permitió la prostitución, saco la enseñanza de la iglesia de todas las escuelas cosa que no la iglesia no acepto la idea 

Levantamiento cívico-militar y bombardeo de Plaza de Mayo

En 1955 la celebración religiosa de Corpus Christi se transformó en una marcha contra el gobierno. Dos miembros de la iglesia, Monseñor Tato y Novoa, fueron expulsados, acusados de haberla organizado

El 16 de junio se produjo un intento de golpe de Estado en el transcurso del cual aviones rebeldes con el símbolo de una cruz y una v, con la leyenda Cristo Vence, pertenecientes a la Marina arrojaron bombas, principalmente sobre la Plaza de Mayo, en tanto fuerzas de tierra atacaban la Casa de Gobierno, resultando de los hechos más de 200 muertos y alrededor de 800 heridos, la mayoría de ellos civiles

(Imagenes de los bombardeos a las iglesias)

En los últimos meses de 1954 comenzaron a producirse algunos hechos que mostraban un cambio en las relaciones, hasta ese momento aparentemente normales, entre la Iglesia católica y el gobierno peronista y un proceso de deterioro de las mismas que se fue agravando con el tiempo. Desde el Partido Peronista y la prensa oficialista se dirigían críticas a la Iglesia y sus integrantes y a su vez tanto desde el púlpito como en diversos documentos se hacían manifestaciones adversas al gobierno que, paralelamente, ocasionaron que se produjeran detenciones de sacerdotes acusados de desacato y de atentar contra la seguridad pública.

El peronismo tomó varias medidas que afectaban a la Iglesia Católica. Primero el gobierno nacional dispuso eliminar la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Por su parte el Congreso de la Nación aprobó la ley de ley de divorcio, derogó varios feriados nacionales correspondientes a celebraciones de la religión católica y dejó sin efecto la exención de impuestos a las instituciones religiosas. El Congreso Nacional resolvió también convocar a una convención constituyente para tratar la separación de la Iglesia del Estado.

Por otra parte, el intendente de Buenos Aires rechazó el pedido de autorización realizar el acto de clausura del Año Mariano Universal en la Plaza de Mayo, que fue entonces realizado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 4.633/55 publicado el 31 de diciembre de 1954 autorizó la apertura de establecimientos donde se ejercía la prostitución.

La celebración de la fiesta de Corpus Christi que correspondía al jueves 9 de junio fue postergada por la Iglesia para el sábado 11 de junio y tuvo una concurrencia estimada en unas 200.000 personas, que colmó la Catedral y ocupó la Plaza de Mayo adyacente. Al fin de la celebración, cuando los sacerdotes Manuel Tato, Vicario general y obispo auxiliar -quien se había dirigido a la concurrencia desde el púlpito-, y Antonio Rocca, que estaba presente en ausencia del cardenal Santiago Luis Copello, aparecieron en el balcón, fueron aclamados por la multitud, que a continuación formó una manifestación que se encaminó por la Avenida de Mayo hacia el Congreso Nacional. Asistentes a la manifestación agredieron a pedradas varios periódicos oficialistas: La Prensa -que había sido expropiada luego de un juicio por evasión de impuestos y entregada a la Confederación General del Trabajo-, Época, Democracia y El Laborista, ubicados en su camino. Al llegar al Congreso arriaron la bandera nacional y la reemplazaron por la bandera pontificia, apedrearon el edificio y arrancaron al grito de "¡Muera Eva Perón!" dos placas de bronce colocadas en el frente.

El mismo día el gobierno en un comunicado acusó a los manifestantes de haber quemado una bandera argentina, lo que inició una investigación judicial. El subinspector Héctor Giliberti le confesó a su hermano, el capitán de corbeta José Mateo Giliberti, que la bandera había sido quemada por compañeros de la propia Policía Federal. Por ello tanto el subinspector como los policías Juan Laperchia e Isidoro Ferrari fueron citados por el presidente del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas y declararon confirmando ese hecho, por lo cual el organismo solicitó a Perón la separación del jefe de policía y la detención del Ministro del Interior Ángel Borlenghi. Sin embargo, al día siguiente de esa comunicación Borlenghi hizo sellar su pasaporte y salió del país hacia Montevideo. Una vez depuesto el gobierno constitucional nuevas declaraciones confirmaron lo sucedido y el propio contraalmirante Alberto Tessaire -vicepresidente al momento del hecho- afirmó que la acción se había ejecutado no solo con la autorización de Perón sino bajo su inspiración.

El 16 de junio de 1955, en el marco de una rebelión cívico-militar que se proponía derrocar al gobierno, aviones con pintadas de «Cristo vence» arrojaron bombas sobre la Casa Rosada y la Plaza de Mayo, matando a 308  personas identificadas más un número de personas no identificadas, y más de 700 heridos.

En su discurso del 17 de octubre de 1954 Perón hizo una enumeración de los que consideraba enemigos emboscados del gobierno, integrados por una parte por los apolíticos y por la otra por los “disfrazados de peronistas”, expresión esta última que al parecer aludía al clero.