¿Qué puede hacer la sociedad para lograr justicia para todos? by ABIGAIL LIS NEYRA ARANA

61239431 — 2025-07-03 01:09:56 UTC

De acuerdo con la conferencista del SNTE Nacional, la educación constituye la base fundamental del desarrollo humano, comparable a un capullo que, al desplegarse, debe estar bien preparado. De esta preparación depende que la persona sea capaz de enfrentar los desafíos de la vida y contribuir activamente a la construcción de un país más justo y solidario. Además, una formación integral le permite ejercer y defender sus derechos humanos de forma autónoma, fortaleciendo así su dignidad y participación en la sociedad.

61239431 — 2025-07-03 01:43:02 UTC

La abogada feminista Gemma Nicolas, en su análisis sobre el patriarcado en la administración de justicia, subraya la importancia de la acción colectiva, la denuncia y la exigencia de justicia como herramientas tanto políticas como jurídicas frente a un sistema profundamente androcéntrico. Señala que, pese a su formación abolicionista, hoy ejerce la abogacía “como acusación particular o acusación popular en casos de delitos de violencia machista”, lo que la confronta a diario con una estructura legal que reproduce estereotipos y revictimiza a las mujeres (Nicolas, 2021, p. 144). Destaca que el sistema penal exige a las víctimas “requisitos muchas veces imposibles” y mantiene una lógica rígida, alejada de las necesidades de reparación, lo que genera frustración profesional e institucional (p. 144). Aun así, reconoce que denunciar, aun sabiendo las limitaciones del proceso, “acaba siendo un acto de visibilizarían y de denuncia más allá de la meramente penal” (p. 145). Desde esta perspectiva, sostiene que el cuestionamiento a las mujeres es constante, pues “estamos en un contexto cultural androcéntrico en el que la palabra de las mujeres genera menos confianza que la de los hombres” (p. 146), y muchas veces primero deben demostrar su inocencia antes que la culpabilidad del agresor. Pese a todo, llama a no abandonar la exigencia de justicia ni la participación organizada, ya que “se pueden hacer muchísimas cosas para intentar proteger el bienestar, la seguridad, la dignidad sin menoscabar las garantías procesales” (p. 148), siempre recordando que las soluciones deben ir más allá de lo penal y centrarse también en la prevención y reparación (p. 148).

61239431 — 2025-07-03 01:58:10 UTC

En el contexto actual, donde las redes sociales han transformado las dinámicas de interacción social, educativa y política, su rol como herramientas de articulación colectiva también puede ser extrapolado al ámbito de la lucha por justicia social. Veloz Morales y González Marrero (2021) demuestran que plataformas como Telegram, WhatsApp y Facebook no solo cumplen funciones comunicativas, sino que, al ser evaluadas mediante computación con palabras, pueden optimizar procesos colaborativos en entornos universitarios, favoreciendo la participación y coordinación entre actores diversos. Esta perspectiva técnica puede aplicarse a las redes de apoyo comunitario, que, al igual que en el ámbito educativo, requieren canales eficientes para la toma de decisiones, la transmisión de información y la acción colectiva. Así como en la docencia universitaria se busca la plataforma más adecuada para el aprendizaje y la organización académica, en las luchas feministas o sociales también se necesita identificar y aprovechar los medios más efectivos para visibilizar demandas, sostener la movilización y construir consensos, lo que refuerza la importancia de estas redes digitales como infraestructura esencial para exigir justicia desde una ciudadanía organizada (Veloz Morales & González Marrero, 2021, pp. 92-105).

61239431 — 2025-07-03 02:08:06 UTC

Las rondas campesinas de Ocongate han demostrado ser mucho más que simples mecanismos de vigilancia comunal: son una forma viva de justicia legítima, profundamente enraizada en la identidad cultural andina. Su origen y consolidación estuvieron marcados por tensiones con las autoridades estatales, quienes al inicio las acusaron de usurpación de funciones (Libro de actas, 1995, p. 22; Chillihuani, comunicación personal, 28 de septiembre del 2008). Sin embargo, hoy en día, su prestigio social ha permitido ampliar su campo de acción, abordando temas familiares, políticos, agrarios y hasta medioambientales (Rojo Gonzalo, comunicación personal, 28 de agosto del 2008; Huamán Quispe, comunicación personal, 8 de septiembre del 2008). Este tránsito de lo monofuncional a lo multifuncional ha generado tanto reconocimiento como debate interno sobre sus límites. La justicia que ejercen es ágil, accesible, en quechua, y culturalmente aceptada, contrastando con el sistema judicial estatal, percibido como lento y ajeno (Guardamino, comunicación personal, 8 de octubre del 2008; Libro de cajas, 1994). Además, han logrado articularse con jueces de paz que hoy solicitan su apoyo para ejecutar sanciones, como lo confirma el propio juez Luis Alvarado (comunicación personal, 27 de septiembre del 2008). Las sanciones como el baño de agua fría o los latigazos no son vistas como violencia gratuita, sino como parte de un proceso simbólico de corrección, purificación y justicia (Mendoza Mamani, comunicación personal, 6 de septiembre del 2008; Huamán Quispe, comunicación personal, 8 de septiembre del 2008). Como señala Quispe Mayo (comunicación personal, 24 de septiembre del 2008), la inclusión de cargos femeninos también refleja un cambio hacia estructuras más inclusivas dentro de la propia organización. Así, la ronda campesina no solo aplica justicia, sino que construye autoridad legítima desde la comunidad, combinando elementos cristianos y andinos, en una simbiosis espiritual que refuerza su vigencia (Guardamino, 1997, p. 7). Lejos de desaparecer, la ronda se reafirma como una forma de justicia comunitaria adaptativa y efectiva, capaz de convivir y complementar al Estado desde sus propias lógicas y valores.