El siglo XX, su primera mitad, fue especialmente trágica con el exterminio de millones de personas, justificado por la xenofobia y el racismo. El juicio de Núremberg puso fin a ese periodo y se suponía concluido. La realidad es que los movimientos nazis, neonazis, racistas y xenófobos han persistido, y reaparecen con mayor fuerza en los momentos de crisis, propicios para despertar los sentimientos xenófobos.

La postura de rechazo lleva consigo actitudes críticas que desembocan en xenofobia y discriminación y que, generalmente, están fundamentadas en sentimientos de nacionalismo, defensa de seguridad nacional, temor por la cooptación de plazas  de trabajo y  culpabilización a inmigrantes por problemáticas sociales de origen nacional.

En este marco, la movilidad humana es concebida por la Constitución como materia de derechos humanos. Es así que se reconoce de forma expresa a la migración como un derecho que exige el respeto y la garantía del Estado (Art. 40); al punto, incluso, de fijar como postulado nacional al principio de ciudadanía universal y al progresivo fin de la condición de extranjero (Art. 416.6)

En un sentido más amplio, se manifiesta en una doble actitud muy reconocible en la vida cotidiana: en primer lugar, una tendencia a tomar partido por los mejor situados, de quienes se puede obtener algún beneficio; y en segundo lugar, una propensión a ignorar a los más vulnerables, que no parecen poder ofrecer ventaja alguna.

La aporofobia tiene un componente claro de discriminación y prejuicio clasista, pero a juicio de la filósofa valenciana, es algo más profundo que el clasismo, porque por un lado, el rechazo al pobre, al peor situado, es el rechazo a una persona desclasada, y por otro lado, no se trata sólo de diferencias económicas, sino de un rechazo hacia el que se encuentra en una situación general de vulnerabilidad.

Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal.

Esta consecuencia, que se resume en la muerte de una mujer, puede iniciar con violencia física, psicológica y sexual. Los fallecimientos se dan luego de un proceso, que incluye maltrato, abuso y hasta amenazas, dependiendo de los casos.

 
De los 28 casos registrados, 14 corresponden a feminicidios/feminicidios (50%), 2 son transfeminicidios (7%) y 12 casos corresponden a muertes violentas de mujeres por delincuencia organizada. 

En once de las 24 provincias ha ocurrido por lo menos un feminicidio en lo que va del año. La provincia de Guayas mantiene su condición de ser la provincia que presenta las cifras más altas de feminicidios en el país:  en lo que va del 2022, presenta ya 7 casos. Manabí está en segundo lugar con 5 casos; Los Ríos con 4 casos; Esmeraldas 3; El Oro e Imbabura con 2; y, Cotopaxi, Loja, Napo, Orellana y Pichincha con un caso cada una. De los 2 casos de transfeminicidios reportados, 1 ocurrió en la provincia del Guayas y otro en Cotopaxi.