Esta obra no solo tenía un impacto estético, sino que también se convirtió en un dispositivo de subjetivación política, invitando a la sociedad a cuestionar la violencia que vivía el país. Las cantutas, además de ser una forma de arte, fueron una manera de interpelar a la sociedad y a las autoridades para que se reflexionara sobre lo sucedido. A través de este acto, Wiesse no buscaba una espectacularización, sino que quería dejar una huella en el espacio público que desafiara el olvido y la indiferencia social.

La intervención fue un intento de restaurar una relación entre los vivos y los muertos, una forma de sanar y de reconstruir el vínculo social, desafiando la impunidad de los crímenes ocurridos. La estética de Wiesse fue subversiva, no solo por su forma de romper con las representaciones tradicionales, sino porque también proponía una respuesta política a la violencia y al sufrimiento, invitando a la sociedad a reflexionar y a cuestionar el contexto social y político del momento.

17 de mayo de 1980, se da inicio a la guerra popular del campo. Inicialmente se realizo la insurgencia en Ayacucho pero no se tardo en expandirse a las regiones aledañas como Apurímac, Huancavelica, Puno, Huánuco, Junín, Lima y otros.

La respuesta del estado peruano fue a través de la policía Nacional, después le siguió el ejército y la marina.

En 1992 los campesinos empezaron a salir de sus comunidades y pueblos inundados de violencia, se calcula que cerca de un millón de personas se movilizaron a zonas cercanas.

El autor vivió en Jarpa, una de las regiones refugio de inmigrantes. Aquí Sendero Luminoso acabo con el proyecto de los jesuitas, llamado PROCAD, una especie de reforma agraria interna.

Existían comunidades nativas, principalmente los Ashánincas y Colonos, a quienes la iglesia les daba refugio. Sendero se intereso por el pueblo y empezó a apropiarse de tierras, colegios y bases militares.

En septiembre, una de estas misiones de apropiación y militarización de escolares, estuvo a cargo de una joven Senderista de 16 años, quien buscaba a la directora para asesinarla, pues esta se opuso al reclutamiento de menores. Pero al no encontrarla, tomaron de rehenes a una hermana y a campesinas que estaban con ella. A golpes, las llevaron a la plaza del pueblo, donde trajeron a colonos dueños de una precaria panadería. La hermana, clamo por piedad, alegando que los colonos solo eran panaderos y que contribuían al pueblo trayendo medicamentos. Allí mismo, se les acuso de burgueses e imperialistas, motivos por los cuales se les condeno a morir por disparos a la cabeza.

Una hermana sobreviviente a esta toma de rehenes, llevo hostias de misa y coloco en la boca a los muertos dejados en la plaza.

Al salir Sendero Luminoso del pueblo, se dio santa sepultura a los cadáveres y por historias de boca en boca, se llegó a conclusión que aquella adolescente militante de Sendero luminoso y que dio una muerte tan cruel a personas pobres, fue asesinada en una lucha contra los militares en la selva.

Cuento 2: El asesinato al padre Acuña

El padre Acuña era un sacerdote de 50 años, era de contextura delgada y siempre sonriente a la hora de cumplir sus misiones parroquianas.

Una vez, mientras cumplía sus labores clericales en Misa, una militante de sendero Luminoso descubrió una pistola y disparó contra el padre a quemarropa. Herido de bala, murió ensangrentado a los pies de la figura de San Martin de Porres, patrón de la justicia social.

Las causas de aquel atentado eran contradictorias. Muchas veces, Sendero Luminoso aseguraba que la iglesia no era su enemigo principal, pero el asesinato del Padre Acuña alerto a toda la población quien empezó a temer por sus vidas.

A las manos del autor, llego un volante que detallaba los motivos de aquel asesinato. Al padre Acuña se le acusaba de ser capellán de la policía nacional y de robar la leche de los comedores populares para usarla en la heladería de su “esposa”.

Este caso es uno de los muchos atentados de Sendero luminoso hacia el clérigo. Ejemplo de ello es el asesinato de un catequista del colegio San Antonio de Padua. A este hombre, se le acuso de seguir las leyes de Dios antes que las leyes de los hombres, motivo por el cual fue asesinado junto a su esposa, dejando en orfandad a 8 niños.

SENDERO LUMINOSO Y LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Las "estrategias crueles" para sobrevivir en medio de la violencia

La guerra entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas se dio mayormente en la sierra y selva peruana, teniendo como principales víctimas a las comunidades campesinas y andinas. Sendero Luminoso reclutaba a los hijos e hijas de los campesinos a través de "escuelas populares" donde se difundía la doctrina marxista-leninista-maoísta. Los jóvenes eran adoctrinados mediante folletos y manuales, eran obligados a participar en actividades como obtener medicinas, alimentos o armas para la organización. Las familias que se resistían sufrían fuentes consecuencias, como ejecuciones públicas, castigos ejemplares y amenazas constantes.

Los campesinos, una vez metidos en esto, no podían escapar. Los militares ingresaban a los pueblos con violencia, muchas veces con pasamontañas y uniformes, trataban a los campesinos como sospechosos de trabajar con los terroristas. De esta manera la población quedó atrapada entre dos fuegos: por un lado, la presión de Sendero Luminoso, y por otro, la represión militar.

Debido a esta situación las familias desarrollaron estrategias de supervivencia sumamente duras. Muchos se escondían de noche en las cuevas, chacras, árboles o lugares alejados tratando de pasar desapercibidos. El llanto de los niños era un problema que podía delatar su ubicación, por ello, algunas madres les daban chicha o aguardiente para que se durmieran. Aunque era doloroso, era la única manera para evitar ser descubiertos y poder sobrevivir.

Grupo Colina: Durante el gobierno de Fujimori, se formó el Grupo Colina, un escuadrón militar clandestino vinculado a ejecuciones extrajudiciales. Operaba fuera de la ley y respondía a una cadena de mando que incluía al presidente, asesores de inteligencia y altos mandos militares, evidenciando coordinación directa desde el poder.

Ley de Amnistía: En 1995, el Congreso aprobó una ley que otorgaba amnistía a quienes cometieron violaciones de derechos humanos entre 1980 y 1995. Fue defendida como una medida para lograr la paz, pero también criticada por encubrir crímenes como los de La Cantuta y Barrios Altos, generando indignación nacional e internacional.

Gobierno de Alan Garcia: Durante el primer gobierno de Alan García (1985–1990), el país enfrentó graves violaciones a los derechos humanos, como la masacre de presos en El Frontón en 1986, sin que se investigaran los abusos cometidos. Su gestión también estuvo marcada por una profunda crisis económica, con hiperinflación y deterioro de las condiciones de vida. Aunque se endureció la lucha contra grupos armados como Sendero Luminoso y el MRTA, muchas acciones del Estado quedaron impunes.

En ese contexto, la comunidad de Lucanamarca decidió romper su relación con los militantes senderistas y, tras una incursión militar, incluso llegó a linchar públicamente a uno de sus dirigentes. Este hecho fue interpretado por la dirección de Sendero Luminoso como una traición imperdonable. En consecuencia, Abimael Guzmán y la Dirección Central ordenaron una represalia ejemplar contra la población.

El 3 de abril de 1983, una columna armada encabezada por Hildebrando Pérez Huarancca perpetró la masacre de Lucanamarca. Un total de 69 campesinos, entre ellos niños, mujeres y ancianos, fueron asesinados con extrema violencia utilizando hachas y cuchillos. Este crimen no solo reveló la brutalidad de Sendero Luminoso, sino también la contradicción de un movimiento que, en nombre de liberar a los pobres y marginados, terminó atacándolos con ferocidad.

Las consecuencias de este hecho fueron determinantes. Desde entonces, Sendero Luminoso empezó a ser percibido por amplios sectores de la sociedad peruana y de la comunidad internacional no como un movimiento revolucionario, sino como una organización terrorista. La masacre evidenció que la lucha armada había perdido cualquier legitimidad política y se había convertido en un proyecto criminal.

En esta misma línea, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) tuvo un rol fundamental al reconstruir la historia del conflicto, visibilizar la voz de las víctimas y atribuir responsabilidades tanto a los grupos subversivos como al Estado, que también incurrió en graves violaciones de derechos humanos; puesto que el informe final documentó desapariciones, ejecuciones y torturas. Sin embargo, esto también fortaleció el movimiento de derechos humanos y dejó recomendaciones clave: descentralizar al Estado, garantizar derechos básicos y preservar la memoria para que los hechos no se repitan. No obstante, como enfatiza el video, muchos de estos puntos aún no se han cumplido y el país ha vivido un retroceso democrático en la última década. 

Finalmente, el mayor aprendizaje es la necesidad de rechazar la violencia como medio político y de apostar por una cultura de paz basada en el diálogo intergeneracional, el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y la construcción de instituciones sólidas que respondan a las demandas sociales. 

En relación con la implementación de sus recomendaciones, el Estado peruano mostró inicialmente ciertos avances. Sin embargo, en la última década se ha evidenciado un retroceso en el impulso democrático, lo que se reflejó en la ausencia de garantías de derechos durante la pandemia y en la falta de presencia estatal en las zonas más alejadas del país. Respecto a las reparaciones a las víctimas, la mayoría de los procesos no tuvo un progreso real. La Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso ordenó al Estado peruano ampliar los pagos en algunos casos no resueltos, lo que demuestra la limitada voluntad política para responder de manera efectiva. Asimismo, las garantías de no repetición propuestas por la CVR no fueron asumidas como ejes fundamentales de política pública.

Este incumplimiento explica por qué muchas víctimas no sienten que hayan sido reparadas. En numerosos casos, las demandas quedaron archivadas o permanecen en trámite, lo que transmite un mensaje de desatención y desinterés estatal frente al sufrimiento de quienes vivieron directamente las consecuencias del conflicto.

Las reacciones frente al Informe también fueron significativas. La clase política y las Fuerzas Armadas adoptaron principalmente una postura de rechazo y defensa. En particular, varios sectores militares cuestionaron las conclusiones relacionadas con las violaciones de derechos humanos, sosteniendo que el informe responsabilizaba principalmente a Sendero Luminoso por el número de víctimas, invisibilizando así otras prácticas represivas cometidas contra la población civil.

Finalmente, se sostiene que el Informe de la CVR "no ha calado en la sociedad". Ello se debe a que persisten en el país múltiples situaciones donde el Estado vulnera los derechos humanos, reproduciendo la idea de que los problemas sociales se resuelven mediante la violencia. Esta situación evidencia que las recomendaciones de la CVR, en especial las vinculadas con las garantías de no repetición, no han sido interiorizadas ni aplicadas de manera efectiva en la práctica gubernamental.