Juan Emmanuel Ayala Ponce #5

José Erenestro Estrada Escobar #12

Eduardo José Galdamez Sorto #15

Daniel Alcides Zepeda Ayala #30

Analizar la percepción de los habitantes de comunidades marginales respecto a los cambios en seguridad, confianza en las instituciones y calidad de vida tras las reformas contra la democracia

Este fenómeno, justificado en la necesidad de garantizar la seguridad y el desarrollo del país, ha generado un intenso debate sobre los límites del poder presidencial y el futuro de la democracia salvadoreña. Mientras algunos sectores respaldan estas medidas como una respuesta efectiva a problemas estructurales como la corrupción y la violencia, otros advierten sobre los riesgos de una concentración excesiva del poder y la reducción de espacios de participación y representación política.

Uno de los aspectos más controversiales dentro de este proceso ha sido la implementación del régimen de excepción, decretado en marzo de 2022 como una medida para combatir el crimen organizado y las pandillas. Esta medida, que ha sido prorrogada en múltiples ocasiones, ha suspendido derechos constitucionales como la inviolabilidad de las telecomunicaciones, el derecho a la defensa legal y la prohibición de la detención arbitraria. Organismos nacionales e internacionales han señalado que, si bien ha reducido los índices de homicidios, también ha generado miles de detenciones sin debido proceso.

Según cifras oficiales, más de 75,000 personas han sido arrestadas bajo el régimen de excepción, muchas de ellas sin evidencia suficiente o con procesos judiciales irregulares. Organizaciones de derechos humanos han documentado casos de torturas, muertes bajo custodia y detenciones arbitrarias que afectan principalmente a personas en comunidades marginales. Estas prácticas han incrementado el temor en la población y han limitado la capacidad de denuncia, ya que cualquier persona puede ser acusada de vínculos con pandillas sin pruebas claras.

El régimen de excepción también ha transformado la dinámica social y económica en las comunidades más afectadas por la violencia. La militarización de barrios y la reducción de la actividad pandilleril han generado una mayor sensación de seguridad, permitiendo que muchos negocios florezcan tras años de extorsiones y amenazas. Comerciantes y emprendedores han reportado un incremento en sus ventas y una mayor libertad para operar sin temor a represalias de las pandillas. Sin embargo, esta mejora económica no ha sido uniforme, ya que algunas familias han sido afectadas por la detención de sus proveedores principales sin juicio previo, y el temor a detenciones arbitrarias ha limitado la participación cívica y la confianza en las instituciones. Esta dualidad refleja el impacto complejo del régimen de excepción en las comunidades más vulnerables del país.

Si bien la narrativa oficial resalta los logros en seguridad como un avance histórico, el futuro de la democracia salvadoreña dependerá de la capacidad de las instituciones para garantizar un equilibrio entre la estabilidad y el respeto a los derechos fundamentales. La evolución de este modelo político definirá no solo el marco de gobernabilidad del país, sino también su relación con la comunidad internacional y su capacidad de mantener un Estado de derecho funcional y pluralista.

¿Cuál ha sido el impacto de las anteriores reformas, que afectan la democracia, en las comunidades marginales de San Salvador durante el último quinquenio?

Preguntas especificas:

¿De qué manera la pérdida de democracia ha afectado el acceso a derechos fundamentales en las comunidades marginales?

¿A qué punto puede llegar la sociedad salvadoreña con esta pérdida de democracia?

¿Cómo ha cambiado la percepción de seguridad y confianza de los salvadoreños hacia el actual gobierno?

En caso de que los resultados confirmen la hipótesis de que la pérdida de democracia intensifica la exclusión social y limita las oportunidades económicas en los barrios marginales, se podrá proponer un nuevo paradigma teórico que subraye la importancia de la descentralización y el fortalecimiento de la participación ciudadana. Este modelo teórico argumentaría que la restauración de controles institucionales y la promoción de políticas inclusivas podrían revertir los efectos negativos de la centralización del poder, generando un entorno propicio para el desarrollo económico y social.

Por otro lado, si los hallazgos respaldan la hipótesis nula, se cuestionaría la premisa de que la erosión democrática es el factor principal detrás de la marginalización y el estancamiento económico en estos sectores, lo que reforzaría la posición de aquellos autores que sostienen que otros determinantes estructurales, como la desigualdad económica y las políticas de mercado, tienen un papel más decisivo en la configuración de la exclusión social.

Socialmente, el incremento de las detenciones y la militarización han provocado altos niveles de estrés y temor, afectando gravemente la salud mental y el bienestar emocional de los individuos. Se han registrado casos de ansiedad, depresión y otros trastornos relacionados con el estrés, los cuales repercuten no solo en el individuo, sino también en las dinámicas familiares y comunitarias. La tensión constante y la sensación de inseguridad han llevado a una reducción en la participación social, generando una atmósfera de desconfianza y aislamiento.

Por otro lado, la restricción de derechos fundamentales y la limitada representación política han mermado la capacidad de estas comunidades para influir en las decisiones que afectan su calidad de vida. La falta de participación en los procesos democráticos y la ausencia de una voz significativa en los espacios de poder han impedido el acceso a recursos y oportunidades que podrán mejorar sus condiciones de vida. Esta exclusión política y social ha profundizado las brechas de desigualdad, dejando a las comunidades marginadas en una situación de vulnerabilidad permanente.

En conjunto, estos factores han contribuido a debilitar el tejido social de las comunidades marginales. La pérdida de un entorno democrático y participativo ha erosionado la confianza en las instituciones y ha limitado la posibilidad de que estas comunidades se organicen y movilicen en defensa de sus derechos. La acumulación de estas situaciones ha generado un ciclo de exclusión y desigualdad que afecta no solo la vida individual de los ciudadanos, sino también la cohesión y resiliencia colectiva de la sociedad salvadoreña.

Uno de los aspectos más notorios de este fenómeno ha sido la militarización del país. Si bien las políticas de seguridad han reducido los índices de violencia en algunas áreas, también han provocado un incremento en los abusos de poder, especialmente en comunidades de bajos recursos. Las detenciones arbitrarias, la represión de la protesta social y el uso excesivo de la fuerza han generado un clima de temor e incertidumbre, afectando el tejido social y debilitando la confianza en las instituciones del Estado.

1. Base Constitucional y Derechos Fundamentales

La Constitución de la República de El Salvador establece garantías esenciales para la protección de los ciudadanos, las cuales han sido restringidas en el contexto de las políticas gubernamentales recientes:

• Artículo 1: Reconoce la dignidad de la persona humana como fundamento del orden jurídico y la obligación del Estado de garantizar el bien común.

• Artículo 2: Protege el derecho a la vida, la integridad física y la seguridad jurídica de todos los ciudadanos.

• Artículo 6: Garantiza la libertad de expresión, un derecho que ha sido limitado mediante censura y persecución de voces críticas.

• Artículo 7: Establece el derecho de asociación y reunión pacífica, afectado por la criminalización de protestas y la represión de organizaciones sociales.

2. Legislación Nacional Aplicable

• Código Penal de El Salvador: Regula los delitos relacionados con abuso de autoridad, detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, su aplicación ha sido selectiva, permitiendo la impunidad en casos de represión estatal.

• Ley de Acceso a la Información Pública: Busca garantizar la transparencia gubernamental, pero ha sido debilitada con restricciones al acceso de datos clave sobre detenciones y gastos del Estado.

• Régimen de Excepción (Decreto Legislativo 333/2022): Suspende derechos fundamentales en el marco de la lucha contra el crimen organizado, afectando principalmente a comunidades marginales mediante detenciones sin debido proceso y abuso de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad.

3. Convenios y Tratados Internacionales

El Salvador forma parte de acuerdos internacionales que exigen el respeto a los derechos humanos y la democracia, tales como:

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José):Protege el derecho a la vida, la libertad personal y la integridad física.

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Establece garantías contra la detención arbitraria y el derecho a un juicio justo.

• Declaración Universal de Derechos Humanos: Base fundamental para la protección de los derechos esenciales de todas las personas.

4. Impacto en Comunidades Marginales

Las restricciones democráticas han tenido un impacto directo en las comunidades más vulnerables, reflejado en:

• Limitación del acceso a la justicia: La militarización de barrios ha provocado un aumento en detenciones arbitrarias, afectando principalmente a jóvenes de escasos recursos.

• Reducción de espacios de participación ciudadana: La criminalización de la protesta ha restringido la capacidad de las comunidades para exigir derechos y denunciar injusticias.

• Inseguridad jurídica: La falta de transparencia y la centralización del poder han generado incertidumbre en la población, dificultando el ejercicio de sus derechos

1. Análisis de varianza: es una prueba estadística para analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre sí, en cuanto a sus medidas y varianzas.

2. Chi cuadrado: es una prueba estadística que permite probar si más de dos proporciones de población pueden considerarse iguales; o, en otras palabras, permite probar si esas proporciones no presentan diferencias significativas.

3. Análisis multivariado de varianza (Manova).

Habitantes de las comunidades marginales cercanas a las faldas del Volcán de San Salvador, personas de diferentes edades, géneros y niveles socioeconómicos que, a través de su experiencia diaria, han sido testigos o afectados por las políticas implementadas en el período 2020-2025, se estima un aproximado de 500 a 1000, se encuentra especialmente dificil de estimar, ya que, no se encuentran censos disponibles sobre el estado actual de la region en especifico

Así también se investigarán a fuerzas del orden en servicio que circunden la zona.

muestreo.

El método de muestreo utilizado para estimar el tamaño de una muestra depende del tipo de investigación que desea realizarse y, por tanto, de las hipótesis y del diseño de investigación que se hayan definido para desarrollar el estudio.

Internet: No existe duda sobre las posibilidades que hoy ofrece Internet como una técnica de obtener información; es más, se ha convertido en uno de los principales medios para recabar información.

Espacio: Comunidades marginales cercanas a las faldas del volcán de San Salvador aproximadamente por el Reparto las Nubes

Sociodemográfico: Salvadoreños en un rango de edad de 30 años a 60 años que residan en las comunidades marginales cercanas a las faldas del volcan de San Salvador

Los siguientes son los pasos para definir una muestra:

1. Definir la población.

2. Identificar el marco muestral.

3. Determinar el tamaño de la muestra.

4. Elegir un procedimiento de muestreo.

5. Seleccionar la muestra.

• Tengan entre 20 y 60 años.

• Hayan residido en la comunidad durante los últimos cinco años.

• Se encuentren en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

• Estén expuestos al régimen de excepción o hayan sido directamente afectados por las reformas legales y políticas del gobierno entre 2020 y 2024.

• Tengan conocimiento o experiencia directa con las medidas de seguridad y las instituciones gubernamentales, así como con las reformas que impactan los derechos fundamentales en su comunidad.

Dependiente: concentración de poder, régimen de excepción

Interviniente: Percepción de seguridad, condiciones socioeconómicas, comunidades marginales

El 68% de los salvadoreños están de acuerdo con el actual gobierno por su falta de conocimiento.

32% de los salvadoreños están en desacuerdo con el actual gobierno por sus reformas.