Las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden acceder a la interrupción del embarazo de manera legal, segura y gratuita hasta la semana 14 inclusive.

La ley garantiza que los servicios de salud públicos y privados deben ofrecer el acceso al aborto seguro y gratuito, también incluye protocolos para proteger la salud y los derechos de las personas que decidan interrumpir su embarazo, asegurando un trato digno y sin discriminación.

Esta ley representa una ampliación de derechos porque otorga a las mujeres y personas con capacidad de gestar mayor control sobre sus cuerpos y decisiones reproductivas, reconociendo su autonomía y derecho

https://www.argentina.gob.ar/salud/sexual/acceso-la-interrupcion-del-embarazo-ive-ile#:~:text=La%20Ley%2027.610%20regula%20el,obligatoria%20en%20todo%20el%20pa%C3%ADs.&text=%2D%20Cuando%20el%20embarazo%20es%20resultado,su%20vida%20o%20su%20salud.

Sancionada el 10 de marzo de 2021. Esta ley establece que los medios de comunicación audiovisuales, de radiodifusión sonora y los servicios de noticias deberán garantizar la paridad de género en la representación de sus equipos de trabajo, teniendo como objetivo promover la igualdad de trato y oportunidades entre géneros

La Ley de Matrimonio Igualitario en

Argentina, conocida como Ley 26.618, fue sancionada el 15 de julio de 2010 y promulgada el 21 de julio del mismo año.

Esta ley es una ampliación de derechos porque establece la igualdad de todas las personas ante la ley, independientemente de su orientación sexual, permitiendo que las parejas del mismo sexo se casen legalmente y accedan a los derechos asociados al matrimonio. Reconoce y protege las diversas formas de familia, incluyendo las formadas por parejas del mismo sexo, permitiendo que estas familias tengan acceso a derechos como la adopción conjunta y la seguridad social. Al permitir el matrimonio igualitario, la ley ayuda a combatir la discriminación y promueve la aceptación social de las personas LGBTQ+. Las parejas del mismo sexo obtienen beneficios legales importantes, como la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, acceder a seguros médicos familiares y tener derechos de herencia y pensión. En resumen, la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina amplió significativamente los derechos de las personas LGBTQ+ al otorgarles las mismas oportunidades y protecciones que a las parejas heterosexuales, promoviendo la igualdad y la no discriminación.

Sancionada en 2012. Esta ley reconoce el derecho de toda persona a ser reconocida en su identidad de género, pudiendo solicitar el cambio de nombre, imagen y sexo registral en sus documentos, así como acceder a tratamientos médicos y quirúrgicos para adecuar su cuerpo a su identidad autopercibida. Esta medida representó un avance importante en términos de derechos para las personas trans y no binarias, promoviendo la inclusión y el respeto a la diversidad de identidades de género en Argentina.

Otra ley importante que se ha sancionado en Argentina en los últimos años y que ha significado la ampliación de derechos es la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Mujeres, conocida como Ley Micaela, sancionada en 2018.

La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. Este tipo de formación busca sensibilizar y concientizar sobre la problemática de la violencia de género, promoviendo así una respuesta efectiva desde el Estado y las instituciones públicas.

La implementación de la Ley Micaela representa un avance significativo en la lucha contra la violencia machista y en la promoción de una cultura organizacional que promueva la igualdad de género y el respeto hacia los derechos de las mujeres en todos los ámbitos.

La Ley N° 23.592 establece sanciones para aquellos que incurran en actos discriminatorios y promueve la igualdad de trato y oportunidades para todas las personas, independientemente de su origen étnico o racial. Esta legislación es fundamental en la lucha contra la discriminación racial en Argentina.

La ley de divorcio vincular en Argentina, conocida como Ley 23.515, fue promulgada el 12 de junio de 1987 y entró en vigor el 4 de agosto del mismo año. Esta ley modificó el Código Civil y permitió, por primera vez en la historia del país, el divorcio vincular, es decir, la disolución legal del vínculo matrimonial.

Puntos clave de la Ley 23.515:

Divorcio vincular : La ley permitió que el matrimonio pudiera disolverse completamente, permitiendo a los ex cónyuges volver a casarse.

Causales de divorcio: Estableció causales específicas para el divorcio, tales como el adulterio, la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, la instigación a cometer delitos, el abandono voluntario y malicioso, y la injuria grave, entre otras. Sin embargo, también introdujo el divorcio por presentación conjunta y por la sola voluntad de uno de los cónyuges (divorcio incausado).

Separación personal: La ley también previó la separación personal, que implicaba la suspensión de la vida en común sin disolver el vínculo matrimonial.

Custodia y régimen de visitas: Reguló aspectos relacionados con la custodia de los hijos y el régimen de visitas.

Disposición de bienes: Estableció cómo debían ser repartidos los bienes en caso de divorcio.

Esta ley, sancionada el 13 de abril de 2023, crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes de carácter continuo, permanente y obligatorio.

• Cuidar el respeto a la Convención de los Derechos del Niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

• Generar las condiciones para una convivencia social basada en los vínculos de afecto y confianza definidos como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones;

• Promover espacios y metodologías que garanticen el derecho a ser escuchados de las niñas, niños y adolescentes en los procesos administrativos y judiciales. Fomentar, asimismo, el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de influir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos;

• Fomentar la perspectiva de género y diversidades;

• Recomendar la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Significó una ampliación de derechos porque reconoció la violencia contra las mujeres como una problemática social que requiere medidas específicas para su prevención y erradicación. Antes de la aprobación de esta ley, no existía un marco legal integral que abordará la violencia de género en todos sus ámbitos, lo que dejaba a las mujeres en una situación de desproteccion frente a situaciones de violencia física, psicológica, sexual, económica o simbólica.

Además, promovió la sensibilizacion y concientizacion sobre esta problemática contribuyendo a visibilizar y enfrentar la desigualdad de género en la sociedad argentina

Ampliación: La Ley 27.490 de 2019, conocida como la "Ley de los 1.000 Días", amplió los derechos y beneficios para los niños y madres durante el embarazo y los primeros tres años de vida del niño.

En los últimos años se destaca la aprobación de la Ley Nº 27.045, en diciembre de 2014, que estableció la obligatoriedad del nivel inicial desde sala de 4 (la sala de 5 era obligatoria desde 1993).

Está ley modifica y amplia la ley general de educación con el objetivo de extender la educación inicial a fin de garantizar la misma para las niñas y niños desde sus primeros años de vida, que permita un mejor desarrollo de la trayectoria escolar futura.

http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/85a69a561f9ea43d03257234006a8594/34335f88c64c3a7103257fd200682e1e?OpenDocument

Otra de las razones por las que es una ampliación de derechos es el empoderamiento juvenil que al reconocer la capacidad de los jóvenes para participar en decisiones políticas, se les empodera y se les reconoce como actores importantes en la sociedad.

La siguiente razón por la que es una ampliación de derechos es la justicia social que al reconocer la capacidad de los jóvenes para participar en decisiones políticas, se les empodera y se les reconoce como actores importantes en la sociedad.

Y la ultima razón es el desarrollo de la ciudadanía activa que Al reconocer la capacidad de los jóvenes para participar en decisiones políticas, se les empodera y se les reconoce como actores importantes en la sociedad.