En el departamento de Boyacá, uno de los desafíos sociales más relevantes es la alta tasa de deserción escolar, especialmente en zonas rurales y comunidades vulnerables. En el 2023 se registro una tasa de deserción escolar del 12% en educación básica y media según el (DANE, 2023).

Principales causas de esta problemática son:

➢ Factores económicos: Gran parte de las familias son de escasos recursos por lo 3 que priorizan el trabajo infantil en labores agrícolas o informales.

➢ Dificultades de acceso: Las distancias entre las viviendas, las instituciones educativas, la falta de vías en buenas condiciones que permitan tener un trasporte amplio y seguro

➢ Situaciones familiares: Las obligaciones como el cuidado de hermanos menores o adultos mayores, especialmente en hogares con madres cabezas de familia.

➢ Brecha digital: Limitado acceso a herramientas tecnológicas para acceder a educación virtual.

➢ Falta de infraestructura adecuada.

➢ Desplazamiento forzado.

➢ Desigualdad socioeconómica.

Empoderar a la comunidad a través del conocimiento es construir un futuro sostenible.

En las zonas rurales, la deserción escolar suele estar relacionada con la falta de acceso a instituciones educativas cercanas, vías en mal estado, ausencia de transporte escolar y escasos recursos tecnológicos. Muchos estudiantes deben recorrer largas distancias para llegar a clase, lo que se convierte en una barrera cuando las condiciones climáticas son adversas o cuando deben asumir responsabilidades laborales o familiares desde muy temprana edad. Por lo anterior, la educación pierde prioridad frente a las necesidades básicas de supervivencia.

Desde nuestra perspectiva, es urgente repensar el modelo educativo con un enfoque territorial y participativo, que valore los saberes locales y que integre estrategias como la educación flexible, la formación técnica desde temprana edad y el acompañamiento psicosocial. Además, el Estado debe garantizar condiciones mínimas de acceso, permanencia y calidad, pero también es necesario que las comunidades se involucren activamente, generando redes de apoyo y entornos protectores.

La deserción escolar no es solo una cifra: es el reflejo de un país que aún no logra garantizar el derecho a la educación en igualdad de condiciones.

Desde el principio de equidad, es evidente que los estudiantes de zonas rurales y periurbanas no acceden a las mismas condiciones que los de áreas urbanas consolidadas. La falta de infraestructura adecuada, docentes capacitados, herramientas tecnológicas y apoyo familiar limita las posibilidades reales de aprendizaje. Hablar de equidad no es dar lo mismo a todos, sino garantizar más a quienes más lo necesitan. En este sentido, los programas educativos deben ajustarse a las realidades de estos contextos, integrando modelos flexibles, interculturales y con pertinencia territorial.

1. Principio de voluntariedad: La participación en la organización es voluntaria, lo que garantiza el compromiso y la motivación de sus miembros.

2. Principio de igualdad: Todos los miembros tienen iguales derechos y obligaciones dentro de la organización, promoviendo la equidad y la justicia.

3. Principio de autonomía: La organización actúa de manera independiente, con autonomía para tomar decisiones y gestionar sus recursos sin interferencias externas indebidas.

4. Principio de solidaridad: Los miembros colaboran y se apoyan mutuamente para alcanzar los objetivos comunes, promoviendo la cohesión y el espíritu de comunidad.

5. Principio de democracia: Las decisiones se toman de manera participativa, respetando los procedimientos democráticos y la voluntad mayoritaria.

6. Principio de transparencia: La gestión y las decisiones se realizan de manera abierta y clara, fomentando la confianza entre los miembros y los stakeholders.

7. Principio de responsabilidad: La organización y sus miembros asumen la responsabilidad por sus acciones y resultados, promoviendo la rendición de cuentas.

8. Principio de finalidad social: La organización busca cumplir con fines que beneficien a la comunidad o a sus miembros, priorizando el interés colectivo.

Estos principios proporcionan una base ética y funcional para el correcto funcionamiento de las organizaciones asociativas, asegurando que operen de manera justa, efectiva y alineada con sus objetivos sociales.