Buena muestra de ello es que en los últimos 20 años muchas mujeres se han sumado a la fuerza laboral de la región, un hecho que ayudó, entre otros, a reducir significativamente la pobreza y a impulsar el auge de la clase media.

De todos modos las desigualdades de género siguen siendo persistentes: las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo; su representación en las instituciones públicas también es menor; la violencia doméstica sigue causando estragos; y ellas siguen sufriendo de manera desproporcionada la pobreza, la discriminación y la explotación.
 
La equidad de género no solo implica beneficios para las mujeres y para la sociedad, sino también para la economía. Se calcula que si las mujeres tuvieran el mismo nivel de empleo y de emprendimiento que los hombres, el PIB de la región podría subir.

También vinculada con la autonomía física de las mujeres, la política de interrupción voluntaria del embarazo de Colombia aborda injusticias relacionadas con el derecho a la salud, al momento de la despenalización, el aborto ilegal constituía la tercera causa de muerte de las mujeres en ese país y es también una respuesta a las exigencias de justicia social y de equidad de género, en la medida en que se despenaliza una práctica médica que solamente requieren las mujeres. 

Las políticas del Estado Plurinacional de Bolivia y de Costa Rica, de paridad política, responden a la situación de desigualdad en la esfera política, expresada en la dificultad de las mujeres para participar en igualdad de condiciones con los hombres y acceder a puestos de elección popular y de toma de decisiones. Estas políticas de acción positiva se enmarcan en la necesidad de revertir desigualdades consuetudinarias y diferencias de puntos de partida entre hombres y mujeres, que se traducen en la muy baja posibilidad de las mujeres de ser propuestas para cargos de elección popular en la misma medida que los hombres. 

La política analizada de Chile, sobre reforma previsional, representa un avance no solo en lo redistributivo, sino además, y especialmente, en el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas con iguales derechos que los hombres, así como del trabajo remunerado y no remunerado realizado por ellas.

En el caso de México, la política analizada aborda directamente el rol redistributivo del Estado como garante de la igualdad, asegurando que un porcentaje del presupuesto federal nacional será destinado a políticas, programas y actividades para mujeres, en lo que se ha denominado el gasto etiquetado para las mujeres. Todas estas políticas, diversas y orientadas a resolver distintos tipos de problemas, tienen en común el hecho de que abordan la desigualdad de género y avanzan en entregar mayor autonomía a las mujeres. 

A pesar de grandes avances en los últimos años, la población económicamente activa es significativamente más baja en las mujeres, en comparación que la de los hombres (aproximadamente 54% y 72%, respectivamente). Ellas tienden a tener empleos en el sector de los servicios o en el servicio doméstico, y no en los campos de la alta tecnología, o en trabajos calificados. Para mejorar este escenario, es necesario contar con políticas públicas que incentiven la participación de mujeres en la fuerza laboral, y el aumento de las mujeres en la toma de decisiones en el sector privado.