Como resultado, se han producido múltiples actos de persecución, criminalización y uso abusivo y desproporcionado de la fuerza contra decenas de líderes y manifestantes, así como la negación de libertades por parte de agentes de seguridad del Estado.

Los individuos y organizaciones de la sociedad civil firmantes pedimos con urgencia al Estado Ecuatoriano, particularmente a las instituciones de justicia, que garanticen el debido proceso y no usen de manera abusiva el derecho penal para perseguir y desalentar la labor de líderes del movimiento indígena que hoy está criminalizado por ejercer su legítimo derecho a la protesta.

Asimismo, al Presidente Guillermo Lasso y a la Fuerza Pública, les exhortamos a que respeten la movilización y el derecho a la protesta social, no hagan uso indebido de la fuerza y garanticen la independencia judicial para respetar el ejercicio de derechos a los manifestantes, y a líderes/as indígenas y defensores/as de derechos humanos, y que puedan desempeñar sus funciones tan importantes en un estado democrático y de derechos.