Su artículo 38 planteaba la posibilidad de los establecimientos educativos para introducir excepciones al desarrollo del plan general de estudios; facilitando la integración de estudiantes con edad distinta a la observada como promedio para el grado, dadas sus limitaciones o capacidades excepcionales, este artículo fue derogado por el Decreto 230 de 2002, que estableció los mínimos que debe contener el plan de estudios, definiendo los criterios de evaluación y promoción de los educandos.

Constituye un  pacto social que pretende orientar los esfuerzos de los diferentes ejes sectoriales en materia de educación, estableciendo entre sus objetivos macro la atención a la población con necesidades educativas especiales a partir de apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos minimizadores de las barreras de aprendizaje, la promoción de la participación de la población vulnerable.