Aquí están algunos de los aspectos que destacan sobre por qué Agua Zarca no cumplió con los criterios ASG de manera adecuada:

1. Impacto ambiental: Se esperaba que la construcción de la represa Agua Zarca afectara el ecosistema del río Gualcarque, un hábitat vital para varias especies de peces y vida silvestre. Esto incluía el riesgo de deforestación y alteraciones en el flujo natural del agua.

2. Aspectos sociales: Las comunidades indígenas Lenca que habitaban en la zona expresaron preocupaciones sobre la falta de consulta adecuada y el impacto potencial en sus recursos naturales y formas de vida tradicionales. Hubo informes de intimidación y violencia contra líderes comunitarios que se oponían al proyecto.

3. Gobierno corporativo: El proyecto enfrentó críticas por la falta de transparencia y la posible corrupción en los procesos de concesión y desarrollo. Además, se cuestionó la responsabilidad de las empresas involucradas y su compromiso con los derechos humanos y el cumplimiento de estándares internacionales.

4. Sostenibilidad a largo plazo: Las preocupaciones se centraron en la viabilidad a largo plazo del proyecto, especialmente en términos de beneficios económicos sostenibles y la capacidad de mantener los estándares ambientales y sociales necesarios para mitigar los impactos negativos.

El conflicto en torno al proyecto Agua Zarca llevó a protestas locales, enfrentamientos con las autoridades y, trágicamente, al asesinato de la líder indígena Berta Cáceres en 2016, quien fue una destacada opositora al proyecto y una defensora de los derechos indígenas y ambientales.

Este caso ilustra cómo la falta de consideración adecuada de los criterios ASG puede llevar a conflictos sociales, violaciones de derechos humanos y daños ambientales significativos. Es un ejemplo claro de por qué es crucial integrar estos criterios desde las etapas iniciales de planificación y desarrollo de proyectos.

Inicio del Proyecto:

El Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral comenzó a ser planeado en 2008 por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

La finalidad del proyecto era generar energía hidroeléctrica con una capacidad de aproximadamente 66 megavatios para contribuir a la matriz energética del país.

Problemas de Corrupción y Suspensión:

En 2010, la construcción fue suspendida debido a problemas geológicos y ambientales no previstos inicialmente.

En 2012, se destapó un escándalo de corrupción cuando se descubrió que CEL había pagado $108.5 millones a la empresa italiana Astaldi por trabajos no realizados. Este pago se hizo en el contexto de una renegociación del contrato tras la suspensión de la construcción.

A raíz de este escándalo, se iniciaron investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas de El Salvador.

Reactivación del Proyecto:

En 2013, el gobierno de El Salvador anunció la reactivación del proyecto con un nuevo enfoque y nuevos contratistas.

La construcción se retomó bajo la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén con la promesa de concluir la obra.

Avances y Obstáculos:

A lo largo de los años, el proyecto enfrentó varios retrasos adicionales debido a problemas técnicos, ambientales y administrativos.

La inversión total en el proyecto aumentó significativamente, superando los $400 millones, lo que generó críticas y controversias sobre la gestión y los costos del proyecto.

Estado Actual:

A principios de 2021, se anunció que el proyecto estaba en sus fases finales de construcción y pruebas.

El gobierno de El Salvador, bajo la administración del presidente Nayib Bukele, ha manifestado su compromiso de finalizar el proyecto y ponerlo en operación.

Lecciones y Recomendaciones

El caso del Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral ofrece varias lecciones sobre la gestión de grandes proyectos de infraestructura:

Importancia de la Planificación:

Realizar estudios geológicos, ambientales y técnicos exhaustivos antes de iniciar la construcción para evitar sorpresas y retrasos.

Transparencia y Anticorrupción:

Implementar mecanismos sólidos de transparencia y control para prevenir y detectar actos de corrupción.

Asegurar que todos los contratos y pagos sean justificados y revisados por entidades independientes.

Gestión de Riesgos:

Establecer un plan de gestión de riesgos que contemple posibles contingencias y cómo abordarlas.

Adaptar rápidamente los planes y estrategias ante cambios inesperados.

Comunicación y Participación:

Mantener una comunicación abierta y transparente con todas las partes interesadas, incluyendo la comunidad local.

Involucrar a las partes interesadas en la toma de decisiones y en el monitoreo del progreso del proyecto.

El Proyecto El Chaparral, aunque problemático, es un ejemplo de la necesidad de una gestión eficaz, transparente y adaptable en proyectos de infraestructura de gran escala.

1. Problemas Ambientales:

   • Contaminación del Agua: La mina ha sido criticada por la contaminación de fuentes de agua en la región, afectando los ríos y lagos cercanos. Las prácticas de minería a cielo abierto y el manejo de desechos mineros han llevado a la contaminación de las fuentes de agua, afectando la vida acuática y la salud de las comunidades locales.

   • Uso de Cianuro: El uso de cianuro en el proceso de extracción del oro ha sido una preocupación, especialmente en relación con posibles derrames y su impacto ambiental.

2. Problemas Sociales:

   • Conflictos con las Comunidades Locales: La falta de consulta adecuada y la percepción de que los beneficios del proyecto no se distribuyen equitativamente han llevado a conflictos con las comunidades locales. Las protestas y conflictos sociales han sido recurrentes, reflejando la falta de integración de las preocupaciones sociales en la planificación y ejecución del proyecto.

   • Impacto en la Salud: Las comunidades cercanas han reportado problemas de salud relacionados con la contaminación del agua y el aire.

3. Problemas de Gobernanza:

   • Transparencia y Responsabilidad: La falta de transparencia en la gestión de los impactos ambientales y sociales ha sido un problema significativo. Las preocupaciones sobre la rendición de cuentas y la manera en que se manejaron las quejas y demandas de las comunidades han sido puntos críticos.

Consecuencias de la Falta de Criterios ASG:

• Conflictos Sociales: Las tensiones entre la empresa y las comunidades locales resultaron en protestas y enfrentamientos, afectando la operación del proyecto y la reputación de la empresa.

• Impacto Financiero: Las interrupciones y conflictos resultaron en costos adicionales y en la necesidad de negociar con las comunidades, afectando la rentabilidad del proyecto.

• Reputación: La empresa enfrentó críticas a nivel nacional e internacional, lo que impactó negativamente en su reputación y en su relación con inversores y otras partes interesadas.

• 
  

Lecciones Aprendidas:

El caso de la Mina de Yanacocha resalta la importancia de integrar criterios ASG en la planificación y ejecución de proyectos. Un enfoque integral que considere los impactos ambientales, sociales y de gobernanza desde el principio puede ayudar a prevenir conflictos, mejorar la sostenibilidad y asegurar una mayor aceptación y éxito del proyecto. Implementar prácticas de consulta con las comunidades, gestionar adecuadamente los impactos ambientales y garantizar la transparencia y rendición de cuentas son esenciales para la gestión exitosa de proyectos en contextos similares.

Éste Proyecto fue presentado y justificado como una gran expansión de la producción de palma de aceite en Colombia y un excelente desarrollo agrícola en la región donde se desarrollaría.

Sin embargo, los efectos negativos en temas ASG han sido catastróficos, ya que varias comunidades indígenas de la región no fueron consultadas con anterioridad y les están dañando su territorio, ya que el proyecto ha llevado a la deforestación descontrolada de bosques tropicales y el daño de hábitats naturales.

problema social: trafico de menores, violaciones , robos y de mas:

Contaminacion de los rios por la cantidad de ropa que arrojan diariamente, la contaminacion la desforestacion,aqui hay que aplicar rapido un plan Asg para evitar y lograr dtener esta situacion

Debido a la regulación del clima y protección ante huracanes o desastres naturales.
Sin embargo, mas allá de eso, alguno de los riesgos de impacto ambiental es la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano, así como de posibles afectaciones en la salud de los habitantes por el riego de cultivos con agroquímicos..

Por nombrar un ejemplo en el sector minero, la region del Cesar es altamente reconocida por su producción o por la extracción de carbon llevada a cabo por una compañia extranjera. esta explotación minera, ha causado contaminación de las aguas, ademas de causar deforestación y afectación del ecosistema. adicionalmente en términos Sociales han sido objeto de denuncias e informes en los que se evidencias falta de garantías en relación a la seguiddad en el trabajo, ; adicionalmente debido a las afectaciones medioambientales, la poblacion ha estado sometida a migraciones forzosas . Y por último tenemos reportes de Se han identificado prácticas no éticas ni legales para la obtención de permisos y alianzas con sectores o grupos armados ajenos a la ley. Todos estos hechos reportados en diversos informes han hecho que se atiendan con mayor precisión la

Se pierden inversiones millonarias en la provincia por no realizar buenos analisis.

Las barcazas han suministrado el 6 % de la demanda nacional de energía de la República Dominicana en el primero de los tres años de su contrato, de acuerdo con datos de la empresa que las opera y del Organismo Coordinador (OC) del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

El río Ozama es uno de los más caudalosos del país, pero también uno de los más contaminados. Esto es debido a la falta de recursos para su protección, barcos hundidos o varados, plantas de generación eléctrica en sus orillas y la cantidad de barrios marginados desde donde desperdicios van a parar al río.

Principales proyectos y áreas en el Río Ozama:

• Proyecto en microcuenca Ozama Alto con Fundación Popular.

• Proyecto en microcuenca Savita con Grupo SID.

• Proyecto en microcuenca Higüero con Fundación Propagas.

• Proyecto en microcuenca Arroyo Toro con Cormidom.

• Proyecto en microcuenca Ozama Alto con Fundación AES.

• El saneamiento ambiental del Ozama e Isabela es posible e imprescindible para el saneamiento ambiental de la costa Sur de la ciudad de Santo Domingo.

• El uso del Ozama e Isabela como vía para transportar desechos sólidos hasta su destino final, es posible, eficiente y es la forma más adecuada para manejar los desechos sólidos de los barrios situados en sus riberas.

• El uso del Ozama para transportar pasajeros es posible, eficiente y necesario. Debemos ver a el Ozama e Isabela como vías de comunicación conectadas al metro, al teleférico y al sistema vial en general de la ciudad de Santo Domingo.

• Hoy el Ozama y su caudal del Rio Isabela presentan un marcado deterioro medioambiental, cuando deberían ser activos urbanos importantes.

Este caso llama la atención en su ilustracion y la falta de us sistema ASG que incorpore todos los medios necesarios para poder generar un legado a nuevas generaciones de la Ciudad de Santo Domingo, Rep. Dom.

Se debe de desarrollar un plan integral que involucre todos los medios a un proyecto no de interés político.

francisco Jorge

Problemas Identificados

1. Ambientales (A):

   • Impacto en el ecosistema: la construcción de la represa afecto gravemente el ecosistema del rio Tabasara, causando la perdida de biodiversidad y alterando los habitad naturales.

   • La contaminación del agua afecto a las comunidades locales que dependían del rio para su subsistencia

2. Sociales (S):

   • Las comunidades indígenas fueron desplazadas de sus tierras sin una compensación adecuada ni un plan de reasentamiento justo.

   • No se realizaron consultas adecuadas con las comunidades afectadas, violando sus derechos y generando conflictos sociales.

3. Gobernanza (G):

   • el proyecto careció de transparencia en su planificación y ejecución, lo que genero desconfianza entre las partes interesadas.

   • Hub acusaciones de corrupción y mala gestión en la adjudicación y ejecución del proyecto.

Hubo muchos temas que claramente van en contra del AGS ya que: se cobró por trabajos que nunca se hicieron, se destruyeron miles de hectáreas de zonas protegidas y con gran biodiversidad, se gastaron millones de fondos públicos en una obra inconclusa hasta el día de hoy y lo más triste de todo, hasta los altos mandos fueron parte de esto (presidencia de la república y ministros) donde se enriquecieron ilicitamente y no les importó nada más todo por un mal control, planificación y seguimiento.

Análisis bajo el enfoque ASG:

1. Ambiental (A):

Los incendios forestales en Argentina han devastado vastas áreas de bosques, humedales y reservas naturales, afectando la biodiversidad y contribuyendo significativamente al cambio climático. Según reportes, en Corrientes se quemaron más de 800 mil hectáreas, lo que representa alrededor del 10% de su superficie total. Esta catástrofe se vincula con la falta de políticas públicas efectivas para la protección ambiental y la prevención de incendios, así como con la influencia del cambio climático, que exacerba las condiciones de sequía.

2. Social (S):

El impacto social de estos incendios ha sido profundo, afectando principalmente a las comunidades rurales y a los pequeños productores agropecuarios. Se destruyeron medios de vida, viviendas y se desplazaron familias, lo que generó un deterioro en la calidad de vida y problemas de salud a causa del humo y las condiciones ambientales adversas. Además, hubo una afectación directa a las comunidades indígenas, cuyos territorios y prácticas culturales dependen de la salud de los ecosistemas naturales.

3. Gobernanza (G):

En términos de gobernanza, la respuesta del gobierno y las instituciones locales a los incendios fue ampliamente criticada. Se evidenció la falta de recursos, planificación y coordinación entre las autoridades nacionales, provinciales y locales para enfrentar estos desastres. Además, se destacó la falta de políticas preventivas y de una adecuada gestión de riesgos ambientales. Esto expone debilidades en la gobernanza ambiental del país, ya que las instituciones no han podido implementar estrategias efectivas para mitigar o prevenir este tipo de crisis recurrentes.

El territorio de Panamá, es un país sin tradición minera, con una superficie pequeña, la situación es bien distinta a la de Argentina, Canadá, Chile o Perú, entre otros, que cuentan con grandes extensiones deshabitadas y áreas montañosas desérticas, lo cual facilita desarrollo de la minería a cielo abierto. desarrollo de la minería a cielo abierto.

El impacto social por la falta de comunicación con las comunidades indígenas y locales que impacto en las condiciones de vida y el desplazamiento sin una indemnización.

En terminos de gobernanza ha faltado transparencia  y rendicion de cuenta.

A. Ámbito Ambiental (A):

Violaciones en el manejo de recursos naturales y contaminación ambiental

1. Destrucción de ecosistemas sensibles: Un proyecto minero a cielo abierto en una zona protegida de la cuenca del río San Juan, un área crucial para la biodiversidad, podría implicar la destrucción de bosques tropicales y la pérdida de hábitats de especies endémicas y en peligro de extinción. La minería podría resultar en una deforestación masiva, una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad en Costa Rica.

2. Contaminación de cuerpos de agua: La operación minera podría generar contaminación por metales pesados (como mercurio y cianuro), afectando la calidad del agua en el río San Juan y sus afluentes. Este impacto no solo afectaría a las especies acuáticas, sino que también afectaría a las comunidades cercanas que dependen de este río para el abastecimiento de agua potable y actividades agrícolas.

3. Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): La actividad minera, especialmente si implica el uso de maquinaria pesada y el procesamiento de minerales mediante métodos no sostenibles, podría generar una gran cantidad de emisiones de CO₂ y otros gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático, un desafío crítico a nivel global.

B. Ámbito Social (S):

Violaciones de derechos humanos y laborales, afectación a las comunidades locales

1. Explotación laboral y condiciones de trabajo peligrosas: Si el proyecto minero no cumple con los estándares laborales, los trabajadores podrían estar expuestos a condiciones laborales extremadamente peligrosas, como la exposición a sustancias tóxicas, trabajo forzado, turnos de trabajo largos en condiciones de calor extremo, y la falta de equipo adecuado de seguridad. Estos riesgos pondrían en peligro su salud y bienestar.

2. Desplazamiento forzoso de comunidades locales: Las comunidades rurales que habitan en la zona podrían ser desplazadas de manera forzada o involuntaria para dar paso a la minería, sin una compensación adecuada ni respeto por sus derechos territoriales. En algunos casos, las autoridades y las empresas podrían intentar despojar a las comunidades indígenas de sus tierras ancestrales, lo que generaría un conflicto social.

3. Impacto en la salud de las comunidades locales: La contaminación del agua y el aire por las actividades mineras podría afectar la salud de las comunidades cercanas. Las enfermedades respiratorias, los problemas gastrointestinales y las enfermedades relacionadas con el agua contaminada serían algunos de los problemas que podrían surgir, afectando a las generaciones presentes y futuras.

4. Destrucción de la cultura local: Las actividades mineras, especialmente en áreas rurales e indígenas, pueden provocar una pérdida de identidad cultural y la diseminación de tensiones sociales, dado que las comunidades podrían verse obligadas a abandonar sus modos de vida tradicionales y a integrarse en un modelo económico de trabajo a menudo precario y mal remunerado.

C. Ámbito de Gobernanza (G):

Falta de transparencia, corrupción y mala gestión

1. Corrupción y falta de transparencia en permisos y licencias: En un escenario catastrófico, la empresa minera podría haber obtenido permisos para operar en un área protegida mediante prácticas corruptas, sin un proceso adecuado de evaluación de impacto ambiental o consulta previa con las comunidades afectadas. Las autoridades locales podrían haber sido influenciadas por sobornos o presiones de la empresa, comprometiendo la gobernanza democrática y la transparencia.

2. Falta de consulta con las comunidades indígenas: En el caso de comunidades indígenas afectadas, el proyecto podría violar el derecho a la consulta previa, libre e informada (consagrado en convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT), lo que aumentaría la desconfianza social y la oposición pública al proyecto. Esto generaría un conflicto entre las autoridades locales, las empresas mineras y las comunidades afectadas.

3. Falta de rendición de cuentas sobre impactos sociales y ambientales: La empresa minera podría no presentar informes transparentes sobre los impactos sociales y ambientales del proyecto, ocultando la realidad sobre los daños causados y manipulando los datos para ocultar impactos negativos en su responsabilidad social corporativa (RSC). Esto reflejaría una debilidad en la gobernanza corporativa y sería un factor determinante en la pérdida de confianza de los inversionistas responsables y las partes interesadas.

Consecuencias del proyecto catastrófico en términos ASG:

1. Impacto ambiental: La destrucción de la biodiversidad y la contaminación del agua podrían tener consecuencias devastadoras no solo para las comunidades locales, sino también para la imagen internacional de Costa Rica, un país conocido por su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

2. Impacto social: El desplazamiento forzoso, las malas condiciones laborales y la afectación a la salud de las comunidades locales generarían una protesta social, dañando la cohesión social y aumentando las tensiones con los grupos sociales y políticos que defienden los derechos humanos y las comunidades indígenas.

3. Impacto en la gobernanza: La falta de transparencia y corrupción pueden dar lugar a desconfianza en las instituciones públicas y generar conflictos de interés que socaven el proceso democrático. Esto podría resultar en sanciones internacionales, enjuiciamientos por corrupción y la pérdida de inversión extranjera debido a la falta de gobernanza.

1. Ambiental: deforestación masiva para la extracción de minerales, contaminación de cuerpos de agua por desechos tóxicos, generación de emisiones de gases de efecto invernadero por el uso intensivo de maquinaria pesada. Poca transparencia en los estudios de impacto ambiental y la falta de planes efectivos para la rehabilitación de tierras tras la explotación minera.

2. Social: desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas sin procesos adecuado de consulta o compensación, pérdida de medios de subsistencia como agricultura y pesca debido a la degradación ambiental.

3. Gobierno corporativo: falta de transparencia en los contratos entre las empresas mineras y el estado panameño, lo que genera dudas sobre equidad en la distribución de beneficios, débil control gubernamental sobre el cumplimiento de las normativas ambientales y sociales.

La minería en Panamá destaca como un ejemplo de lo que ocurre cuando los criterios ASG no son aplicados. Este contraejemplo refuerza la importancia de incorporar prácticas sostenibles, garantizar la equidad social y establecer una gobernanza sólida para mitigar conflictos y preservar los recursos para futuras generaciones.

Esta ley surgió luego de una demanda que ganó el Estado de El Salvador en un tribunal de USA contra la empresa Pacific RIM, por $250 millones de dólares; debido a que la minera mencionada empezó a operar en el Río Lempa sin cumplir todos los requisitos legales. Este cuerpo de agua es el recurso hídrico más importante del país. SLV tiene problemas hídricos por su densidad poblacional.

Las acciones de la minera contaminaron el río y las poblaciones cercanas con cianuro y mercurio. El error más grande Pacific RIM fue que solicitaron permisos cuando ya estaban operando sin ellos, sin supervisión y con bajos estándares de seguridad ocupacional o criterios ASG y el estado los denegó.

El Salvador se convirtió en el primer país del mundo donde se prohibió a mineria.

1. Criterios A:

   • Impacto a las fuentes hídricas (alteración del río Cahabón)

   • Sin medidas de mitigación ambiental.

2. Criterios S:

• Nunca fue consultada la comunidad

3. Criterios G:

• Falta de transparencia en los permisos.

• Cero gestión de conflictos

Las comunidades no confían más en el gobierno.

Entre los principales aspectos de impacto que tendrá esta adopción:

• Impacto financiero.

• Impacto reputacional.

La consulta a los pueblos afectados fue deficiente y como consecuencia este proyecto ocasiono un estallido social y unas de las protestas más violentas en nuestra historia reciente.

Respecto al Criterio G

Los pueblos originarios organizados demostraron la falta de transparencia en el proyecto ganando una batalla legal en tribunales internacionales el cual demostró el pobre manejo ASG por parte de la empresa concesionaria como por parte del Gobierno de Panamá.

Ganó la no explotación del bloque 43, al momento tenemos:

1. Pérdida de Ingresos: El Estado dejará de percibir aproximadamente $7,967.86 millones

2. Impacto en el Presupuesto Nacional: La disminución de ingresos petroleros afectará el presupuesto general del Estado.

3. Desempleo: La suspensión de las operaciones petroleras creo desempleo directo e indirecto en la industria petrolera y en las comunidades locales

Consecuencias Ambientales y Sociales

1. Protección de la Biodiversidad: La no explotación del bloque 43 ayudaría a preservar una de las regiones más biodiversas del planeta, protegiendo especies y ecosistemas únicos

2. Derechos de los Pueblos Indígenas: La decisión beneficiaría a pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

3. Reducción de la Contaminación: Se evitaría la explotación petrolera disminuyendo el riesgo de contaminación de fuentes de agua y otros recursos naturales.

Impacto en la Imagen Internacional

1. Compromiso Ambiental: La decisión de no explotar el bloque 43 mejoró la imagen internacional de Ecuador como un país comprometido con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad

2. Relaciones con Inversionistas: La medida afectó la confianza de algunos inversionistas en la estabilidad y previsibilidad del entorno regulatorio en Ecuador

En resumen, la no explotación del bloque 43 en el Yasuní tendrá un impacto significativo tanto en términos económicos como ambientales y sociales. Pero estoy convencida que si se hubiera implementado una gestión ASG, se habría logrado un equilibrio para no dejar de explotar el bloque 43.

10 años después del inicio de sus operaciones, la universidad está olvidada. Mucha de su infraestructura está abandonada e inconclusa y no ha alcanzado a ser el referente en investigación y desarrollo que el gobierno de la época prometio.

Cómo la aplicación de criterios ASG hubiera incluido positivamente en el desarrollo de la universidad Yachay Tech?

• Governanza. Al proyecto la faltó un buen manejo de fondos, rendición de cuentas y transparencia. Lo que hizo que no tenga apoyo de inversionistas privados. Años después de la inguración de la universidad aún hay dudas sobre corrupción y falta de transparencia en el manejo de los fondos de la universidad.

• Manejo de actores sociales. No se tomó en cuenta la comunidad académica del país. Se quiso realizar el proyecto de manera aislada sin tomar en cuenta el ecosistema académico que ya existía en su momento en el país.

  
  

El Gobierno no ha definido sanciones para las compañias que han inclumplido los contratos y las mismas siguen licitando con el Estado, sin establecer mejoras en sus procesos de ejecución..

1. Aspecto Ambiental (A)

• Impacto ambiental negativo:

  • El proyecto Trans450 fue una iniciativa de transporte urbano que buscaba mejorar la movilidad en la capital, pero resultó en un fuerte impacto ambiental negativo. La construcción de la infraestructura no estuvo suficientemente planificada para mitigar la contaminación generada por la obra (polvo, desechos, contaminación acústica) ni para asegurar la protección de áreas verdes y ecosistemas.

  • En términos de cambio climático, la creación de nuevas rutas viales y el aumento de la circulación de vehículos pueden haber incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero. En lugar de priorizar el transporte público de bajo impacto ambiental, como buses eléctricos o sistemas integrados sostenibles, se utilizó tecnología y soluciones que no optimizaron adecuadamente la eficiencia energética ni la reducción de emisiones.

    
    

2. Aspecto Social (S)

• Desplazamiento y afectación a comunidades:

  • Uno de los puntos críticos fue el desplazamiento forzado de personas o la afectación de comunidades vulnerables que vivían en las áreas afectadas por las obras. Las personas fueron reubicadas sin una planificación adecuada ni garantías suficientes de compensación.

  • También hubo un impacto social negativo debido a que muchos residentes perdieron sus viviendas o su fuente de ingreso sin una solución adecuada por parte de las autoridades o la empresa encargada del proyecto.

• Condiciones laborales:

  • Durante la ejecución del proyecto, los trabajadores enfrentaron condiciones laborales difíciles, con posibles violaciones de derechos humanos relacionados con la seguridad laboral, la falta de un entorno de trabajo adecuado y la ausencia de suficientes medidas de protección para evitar accidentes.

• Desigualdad social:

  • El proyecto también no consideró adecuadamente las necesidades de los sectores más vulnerables de la población. Si bien se planteó como una solución para mejorar la movilidad en la ciudad, no se implementaron políticas inclusivas que beneficiaran a los grupos con menos recursos, como personas con discapacidades, comunidades rurales o sectores marginados.

    
    

3. Aspecto de Gobernanza (G)

• Falta de transparencia y corrupción:

  • En términos de gobernanza, uno de los principales problemas fue la falta de transparencia en la toma de decisiones y la asignación de recursos. Hubo denuncias sobre el manejo irregular de los fondos, la falta de auditorías claras y la no divulgación adecuada de información sobre el avance de las obras y los costos reales del proyecto.

  • Existen señalamientos de corrupción, ya que algunos contratos no fueron adjudicados de manera transparente o competitiva, lo que afectó la eficiencia y la efectividad del proyecto.

    
    

• Falta de involucramiento de las partes interesadas:

  • Las autoridades locales y las comunidades no fueron suficientemente consultadas ni involucradas en el proceso de toma de decisiones, lo que afectó la aceptación del proyecto. En proyectos de gran envergadura como este, la participación activa de la ciudadanía y de todos los actores involucrados es fundamental para la sostenibilidad del proyecto.

  • 
    

En resumen:

El Trans450 de Honduras fue un proyecto catastrófico desde la perspectiva de los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) debido a varios factores:

• En lo ambiental, no se gestionaron adecuadamente los impactos negativos sobre el medio ambiente ni se implementaron soluciones sostenibles a largo plazo.

• En lo social, hubo graves violaciones a los derechos de las comunidades afectadas, sin una compensación adecuada, ni medidas de inclusión para los grupos vulnerables.

• En lo de gobernanza, hubo falta de transparencia, corrupción y deficiencias en la participación de los grupos de interés, lo que generó desconfianza y afectó la efectividad del proyecto.

El fracaso en cumplir con estos criterios ASG refleja la importancia de abordar todas las dimensiones de sostenibilidad en proyectos de infraestructura, especialmente en países en desarrollo donde los recursos y las capacidades para gestionar estos proyectos de manera efectiva pueden ser limitados.

Ambiental. Existia ya la DIA y aprobacion.

Social Daba grandes fuetes de trabajo.

El proceso fue iniciado por varias organizaciones ambientalistas como la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (Apreflofas), entre otros, quienes solicitaron que se reviertan tanto los permisos ambientales otorgados para la extracción del oro en la mina, como el decreto del ejecutivo de hace dos años que avaló la minería. El proyecto minero despertó el rechazo de la mayoría de los costarricenses, liderada por organizaciones ecologistas.

La empresa responsable no aplicó criterios ASG adecuados, lo que resultó en el 2020 la cancelación a la concesión minera del proyecto Las Crucitas toda vez que:

Ambiental:

-          Este proyecto causaría daños irreparables tras la contaminación y erosión del frágil ecosistema esto debido a que este tipo de minería utilizó cianuro y conlleva la tala de árboles, sobre todo del almendro amarillo, variedad en peligro de extinción en Cutris de San Carlos.

-          Pone en peligro una de las principales fuentes de agua dulce.

-          Perdida de superficie forestal.

-          La minería a cielo abierto destruye la cobertura vegetal

Social:

-          Generó conflictos con comunidades locales, afectando la supervivencia de comunidades que dependían del turismo y la pesca deportiva.

-          Ponía en riesgo al río San Juan, que fluye entre Costa Rica y Nicaragua

Gobernanza:

-          Considero que hubo falta de transparencia.

-          No se cumplieron las normas, reglamentos y regulaciones vigentes.

-          Falta de políticas anticorrupción

G; la gobernanza fue mal ejecutada desde la aceptación de sobornos y la mala gestion de compra de materiales y contratistas.

S; esto repercutió en proyetos que no se terminaron y en las perida de el capital para la construcción de proyectos que eran necesarios para la comunidad.

Un caso muy sonado y muy catastrófico en el país. Esta explotación minera a cielo abierto en Crucitas no solo causaría un gran daño ambiental y social porque el método para sustraer los metales que aparecen en pequeñas partículas dentro del subsuelo por medio de químicos, como el cianuro, implicaba inevitablemente la destrucción de la cobertura vegetal que se ubica sobre los yacimientos auríferos, sino que, por sus posibles implicaciones sobre el ecosistema del río San Juan, expondría a Costa Rica a una demanda a nivel internacional aparte de todo el impacto negativo que tendría para el país, lo cual queda como un fallo histórico en la suspension del proyecto en CR.

Grandes cadenas hoteleras y de restaurantes, inversionistas extranjeros con alto poder adquisitivo, así como grupos interesados en la explotación turística de los recursos naturales han convertido Guanacaste en una zona lejana económicamente del resto del país, se están apropiando de su idioma (toda la señalética se encuentra ahora en inglés) y están desplazando a las comunidades autóctonas y haciéndoles imposible vivir en una zona que es cada vez más cara y compleja a nivel de accesos, permisos y condiciones de salud debido a constantes construcciones y relocalizaciones.

No existen criterios ASG que garanticen un adecuado impacto a nivel del área general de influencia y se están llevando a cabo desarrollos que amenazan con destruir toda la belleza y biodiversidad de la zona.

Actualmente a nivel político se conoce el problema pero no existe una adecuada gobernanza de las autoridades locales, muchas veces parcializadas por temas de corrupción y tráfico de influencias.

Es una situación actual, triste y preocupante que con adecuados criterios ASG podría traer grandes beneficios a todos los actores involucrados.

Erika Miranda C.

por lo que cada empresa debe de aplicar todos los criterios de un plan ASG para así lograr disminuir en cierta parte el impacto ambiental que genera la contaminación industrial.

1. Condiciones de trabajo "infrahumanas", sin agua potable, luz y saneamiento.

2. Jornadas laborales de más de 10 horas sin contratos ni seguridad social.

3. Hacinamiento.

4. Trabajo infantil.

5. Mutilaciones por el uso inseguro de maquinaria agrícola.

Además, esta empresa era la principal productora de fibra de ábaca, y su producción no cumplía con ningún estándar de protección del medio ambiente, por lo que se identificaron serias afectaciones al suelo de las plantaciones y al agua.

Ciertamente, en este caso, la compañía no evidenció la necesidad de contar con criterios ASG, y demostró una actitud despreocupada y contraria a la ética social y empresarial.

En cuanto a lo ambiental, no midió el impacto de su actividad en el medio ambiente, estableciendo mecanismos de identificación y mitigación de riesgos.

En cuanto a lo social, no estableció políticas de protección de derechos laborales, ni estableció mecanismos para relacionarse con sus empleados y la comunidad cercana. No generó practicas ni cultura de respeto a sus empleados, llegando incluso a violentar derechos humanos.

Y, en cuanto a criterios de gobernanza, evidentemente no se establecieron sistemas propios de buen gobierno corporativo, no se determinaron políticas de reporte, de controles internos, de auditoría, etc.

Este caso, lamentable, pero emblemático, a mi criterio, demuestra de manera clara la necesidad de que las compañías no actúen únicamente desde la óptica de generar ganancias, si no desde el cumplimiento, la ética y las buenas prácticas, hechos que al final, vuelven competitiva a una empresa.

1. Implicaciones Ambientales

            • Alteración del ecosistema

            • Impacto en la calidad del agua

            • Deforestación y pérdida de hábitats

2. Implicaciones Sociales

            • Desplazamiento de comunidades indígenas

            • Pérdida cultural

            • Conflictos sociales

            • Acceso desigual a beneficios

3. Implicaciones de Gobernanza

            • Falta de consulta previa

            • Incumplimiento de regulaciones ambientales      

• Débil supervisión gubernamental

            • Reputación y riesgos legales

Este proyecto ha sido objeto de grandes controversias por falta de aplicación de criterios ASG, como los siguientes:

1. Criterios A:

   Impacto en el ambiente:

   *Deforestación para realizar la extracción del mineral,

   *Contaminación de las aguas, ya que se sostiene que se utilizan un aproximado de 13 químicos con efectos tóxicos para la vida de las especies acuáticas y vidas humanas.

2. Criterios S:

   Si bien el proyecto a ha generado empleos a la comunidad local, muchos colaboradores se han quejado porque no se cumplen estándares internacionales en cuanto al respeto de los derechos de los trabajadores y los temas de seguridad.

   Adicional, han excluido a los miembros de la comunidad indígena del área, lo que ha originado disconformidades dentro de la población.

3. Criterios G:

   • La falta de transparencia al momento de rendir informes, en cuanto a los procesos aplicados;

   • Existen especulaciones por parte de la población a nivel nacional de que los recursos económicos generados por el proyecto y entregados al gobierno central, no han sido utilizados de manera correcta;

   • Que han manejado el tráfico de influencias para obtener los permisos y licencias que requieren para el ejercicio de la actividad.

1- Ambiental, hay un mal manejo de la basura que ha causado incendios, contaminacion del aire y filtracion de lixiviados toxicos en rios cercanos.

2- social, ya que hay comunidades cercanas que sufren enfermedades respiratorias y malos olores constantes.

3- Gobernanza, por la falta de control y corrupcion que han llevado a una gestion deficiente, con empresas incumpliendo normas y contratos.

Esto demuestra las fallas en la regulacion y transparencia del pais.

principal de la capital del país, Ciudad de Panamá.

Aquí hicieron y hacen falta criterios ASG y por ende es un ejemplo catastrófico en este tema.

A – Ambiental: Malísimo manejo de la basura y hay contaminación ambiental, se han ocasionado grandes incendios y en años recientes en varias ocasiones se han liberado gases y se ha contaminado el aire. 

¡Ya el vertedero está colapsado!

S – Social: existen comunidades cercanas a este vertedero que sufren los estragos de malos olores, sus habitantes se enferman constantemente.  Además, considero que los recolectores de la basura son mal pagados y no cuentan con equipos adecuados para la recolección.

G – Gobernanza: hay fallas en las regulaciones y desidia de los gobiernos de turno, hay falta de control y la corrupción ha sido un factor clave para el incumplimiento de contratos de las empresas que operan el manejo de los desechos. También hay insuficiente cantidad de equipos de  la recolección de basura y la empresa a cargo mantiene un deficiente sistema de cobro, por lo tanto, hay una morosidad alta en el pago de la cuota que pagan los habitantes

-          Criterios ambientales: se ha podido evidenciar que esta explotación ha sido riesgosa para la conservación de la biodiversidad ya que pone en peligro el hogar de un número significativo de especies, así como la exposición a riesgos de derrames de petróleo en los ríos y también la emisión de gases de efecto invernadero.

-          Criterios sociales: en este aspecto se ha evidenciado el riesgo a los que se encuentran expuestos los pueblos en situación de aislamiento lo que ha conllevado a una fragmentación de sus culturas y practicas ancestrales, adicional a esto, también se ha evidenciado que el interés rentable a llevado a un conflicto interno con otros grupos indígenas.

-          Criterios de gobernanza: en cuestión de gobernanza se ha evidenciado la falta de transparencia en el establecimiento de políticas públicas y rendición de cuentas ya que no se ha garantizado un desarrollo sostenible a largo plazo, incluso la desigualdad en la distribución de las compensaciones derivadas de la actividad petrolera.

Angie Murillo - Ecuador

A: Dicha mina ha tenido a través de los años desperdicios contaminantes a los ríos y acuíferos de la zona, como también, las comunidades aledañas a la mina, con enfermedades y desechos tóxicos.

S: Las condiciones de trabajo en la mina también fueron un tema de debate. A pesar de los esfuerzos de la empresa por cumplir con ciertas regulaciones laborales, hubo denuncias sobre las condiciones de seguridad laboral en las instalaciones, la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios y las largas jornadas laborales.

S: Las comunidades en la actualidad han tenido conflictos por temas de desplazamiento y disconformidad con los pocos beneficios que esta trae a la zona.

G: Relación con el gobierno: El contrato de explotación con el gobierno dominicano también fue objeto de críticas debido a la falta de claridad en cuanto a la distribución de los beneficios y las condiciones fiscales. Hubo acusaciones de que las ganancias obtenidas no se distribuían de manera justa entre el gobierno y las comunidades afectadas.

1.      A- no se realizaron estudios de impacto ambiental, no se contempló la infraestructura del lugar porque identificaron una tubería de hierro galvanizado y un colector.

2.      S- debido a la suspensión de la obra se tiene material que genera contaminación teniendo impacto para los vecinos, la obra dificulta la circulación por el sector ya que se encuentran los equipos y materiales en el área.

3.      G- No se evidencia transparencia en la ejecución de la obra, ya que no se realizaron los estudios correspondientes. Así como, la falta de supervisión para el cumplimiento de los acuerdos negociados.

Uno de los casos más conocidos y polémicos de minería en Guatemala es el proyecto minero de San Rafael, mina de plata ubicada en el municipio de San Rafael Las Flores, en el departamento de Santa Rosa. Fue operada por la empresa Minera San Rafael, subsidiaria de la empresa canadiense Pan American Silver. El proyecto ha enfrentado varias acusaciones de no cumplir con los estándares ambientales, sociales y de gobernanza.

•

Contaminación de fuentes de agua: al utilizar grandes cantidades de agua y generó preocupaciones sobre la contaminación de fuentes hídricas cercanas, lo que afectó a la biodiversidad como a las comunidades locales que dependen del agua para sus actividades diarias.

•

Violación de derechos humanos: la empresa no consultó adecuadamente a las comunidades antes de iniciar las operaciones, lo que se considera una violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la región. Además, hubo protestas y enfrentamientos, y varios líderes comunitarios fueron asesinados en el contexto de la resistencia contra la mina.

•

Falta de consulta previa: las comunidades locales y pueblos indígenas como los Xinka, denunciaron la falta de una consulta adecuada, argumentaron que no se les consultó de manera adecuada y que se estaban violando sus derechos al no ser considerados en la toma de decisiones, violando lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.

Debido a estos problemas, la presión social y la resistencia, en 2017, el gobierno guatemalteco suspendió temporalmente las operaciones de la mina.

Introduccion:

La empresa BARRICK GOLD explota en la ciudad de San Juan, Argentina la mina de oro VELADERO desde el año 2003. Se trata de una mina a cielo abierto.

Si bien se trato de una importante inversion para la region,podemos indentificar problemas claros identificados con los criterios ASG:

A: Ambientales

La explotacion de esta mina a cielo abierto, ha ocacionado una serie de inconvenientes ambintales, como son la contaminacion con cianuro de las aguas del rio Jachal, denunciado en el 2015.

S: Sociales

Es evidente el perjucio hacia las comunidades regionales que el impacto sobre el agua contaminada trae aparejado. Esto afecta directamente temas relacionados con el uso de la tierra, el desplazamiento de estas comunidades hacia sitios seguros, ocacionando tambien una brecha entre ricos y pobres.

G: Gobernanza

Barrick Gold oculto informacion proveniente del informe de impacto ambiental referente a la mina Veladero. En el mismo, se procuro ocultar de manera fraudulenta, la existencia de glaciares. Esta situacion fue oportunamente denunciada ante la Defensoria del Pueblo.

Ambientales:

Pérdida de biodiversidad por inundaciones de zona destinada para la represa.

Contaminación: Por problemas estructurales en los túneles.

Sociales:

Desplazamiento forzado de los habitantes.

Riesgos a la vida: Con la emergencia presentada durante su construcción.

Gobernanza:

Comunicación del riesgo: Falta de transparencia en el manejo de la crisis.

Contratación: Demandas y cuestionameintos por firmas contratadas.

Lon minerales que se extrajeron de la mina de Donoso en Panamá es el cobre, oro, molibdeno y plata.

Es por ellos que vamos a evaluarlo desde los criterios ASG.

1. A: Ambientales:

   Biodiversidad y deforestación: La minería puede contribuir a la deforestación, especialmente en áreas de gran biodiversidad como las que se encuentran cerca de la operación minera. en Panamá fueron 13,000 hectáreas deforestadas.

   Impacto en el agua: Uno de los mayores retos ambientales es el uso intensivo de agua en sus operaciones, especialmente en la mina de cobre de Cobre Panamá. La minería puede afectar las fuentes de agua locales y aumentar la presión sobre los ecosistemas circundantes. Contaminación de los ríos y principales afluentes de agua y que también afectan en funcionamiento del Canal.

   Gestión de residuos: La gestión de desechos, incluyendo los relaves de la minería, es otro punto crítico.

2. S: Sociales

   Desarrollo laboral y condiciones: Ha tenido impacto tanto en el desarrollo local y empleos, que si generaba una X cantidad de empleo, también era de evaluar las condiciones de cada trabajador.

   Relaciones con las comunidades indígenas: Un área de preocupación social ha sido la relación con las comunidades indígenas cercanas a la mina. Los pueblos originarios han expresado preocupaciones sobre la afectación de sus tierras y la falta de consulta adecuada sobre los proyectos mineros.

3. G: Gobernanza

   Corrupción y manejo ético: La minería, en general, ha sido históricamente un sector susceptible a prácticas corruptas.

   Cumplimiento regulatorio y transparencia: Minera Panamá está sujeta a las normativas y leyes del gobierno panameño, por el nivel de desastre ambiental que esta actualmente pareciera que estas regulaciones por parte del Gobierno no se dieron.

   Relación con el gobierno:

   Desde 1960 la relación con los diferentes gobierno ha existido, lo que ha hecho falta es transparencia en sus operaciones y manejo, desde concesiones, firmas de contrato y exportaciones donde al país el aporte financiero ha sido menos a lo que debería haberse realizado.

   
   

   Concluyo que los criterios ASG, son importantes en todos los sectores y sobre todo en proyecto de esta índole donde esta involucrado un país, la población y el gobierno.

En lo social podemos ver el claro descontento de la mayoría de la población salvadoreña por el hecho de que se sabe que va a ser más el riesgo de contaminación para la población y  para nuestra flora y fauna del país, ya que no se están contemplando de manera correcta los efectos que esto traerá a futuro.

Mientras que por parte del Gobierno se dice que es una oportunidad de crecimiento para el país al encontrar minerales que puedan beneficiar al país.

1. Ambiental (A): Si bien se prometían altos estándares ambientales, la percepción de amenaza a un recurso vital como el agua (el corazón de la "sociedad hídrica" mendocina) fue un detonante central. Esto subraya que las consideraciones ambientales deben ser profundas, creíbles y alineadas con las prioridades locales.

2. Social (S): El factor social fue determinantemente subestimado. Se ignoró la historia de conflictividad ("memoria larga"), el arraigo cultural (Mendoza agrícola vs. megaminería) y la voz de la ciudadanía movilizada ("miles de mendocinos", "asambleas", "reclamo desde las calles"). La falta de consulta y consideración llevó a la negación de la "licencia social" por parte de la comunidad, un componente crítico del pilar Social en ASG.

3. Gobernanza (G): Hubo fallos claros de gobernanza. La modificación legislativa se percibió como impuesta, sin diálogo genuino ni sustento científico suficiente, y sin considerar adecuadamente a los actores sociales relevantes (las asambleas, la ciudadanía). Esto erosionó la confianza y demostró que las decisiones tomadas sin transparencia ni participación efectiva, incluso si son legales, pueden ser socialmente inviables.

   
   

   En conclusión, mientras el conflicto por la Ley 7722 ilustra los riesgos de ignorar los factores Sociales y de Gobernanza (a pesar de las promesas Ambientales), el plan de reubicación intenta aplicar una metodología ASG integral desde el diseño, reconociendo que el éxito del proyecto depende no solo de la viabilidad técnica o económica, sino fundamentalmente de su aceptación social y de una gestión ambiental y de gobernanza responsable.

   
   

1. A la mina evidentemente tenia condiciones de manejo de aguas inadecuadas, explotación zonas verdes, deforestación y movimiento de animales fuera del entorno, esto no compensando al país ni a su entorno.

2. S se encontraron condiciones laborales complejas personal extranjero sin cumplir con reglamentación local, condiciones de habitabilidad de las personas al interior de la mina en pésimas condiciones y jornadas extremas para ciertos contratistas y personal de apoyo

3. G se encontró una red de corrupción para las firmas de los contratos de manera ilegal y asocinando contratos de otra índole con personas del gobierno encargados la aprobación de la concesión minera

En junio de 2024, la Corte Suprema de Justicia de Panamá suspendió este proyecto de manera provisional, ya que se determinó que violaba normas de protección ambiental y tenía irregularidades en la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Entre las principales preocupaciones que se mencionaron son:

El impacto en la biodiversidad ya que el proyecto pasaba por áreas muy sensibles como la Reserva Natural Sierra Llorona y zonas cercanas al Parque Nacional Chagres y al Parque Nacional Portobelo.

Proceso de aprobación del EIA en donde encontraron fallas en el proceso de evaluación y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, como la falta de consideración de recomendaciones de expertos y organizaciones ambientales.

Impactos Ambientales:

- Deforestación y daño ecológico: La tala masiva de árboles y la alteración de ecosistemas sensibles afectaron la biodiversidad de la región.

- Contaminación química: Se detectó contaminación por aceites y residuos de hidrocarburos de la maquinaria y equipos pesados en el agua y el suelo, resultado del manejo inadecuado de materiales y residuos durante la construcción.

- Erosión y sedimentación: La falta de planificación adecuada provocó problemas de erosión y sedimentación en humedales y ríos cercanos.

Impactos Sociales:

- Crimen organizado: La zona se convirtió en un punto estratégico para actividades ilícitas, como el contrabando, el narcotráfico y el tráfico de personas entre fronteras.

- Explotación ilegal del oro: La construcción facilitó el acceso a áreas donde se practica la minería ilegal, agravando los problemas ambientales y sociales.

- Desplazamiento de comunidades: Algunas comunidades locales enfrentaron desplazamientos y pérdida de acceso a recursos naturales y otras se desplazaron hacia la zona debido al nuevo camino, teniendo un impacto en los ecosistemas.

Impactos en Gobernanza:

- Conflictos de intereses: Se utilizó la Ley de Emergencias y Se reportaron irregularidades en la asignación de contratos sin control o transparencia y el manejo de fondos beneficiando a ciertos grupos.

- Uso indebido de decretos de emergencia: El decreto de emergencia fue utilizado para evadir controles gubernamentales y acelerar procesos sin cumplir con estándares legales y ambientales.

- Falta de transparencia: La ejecución del proyecto careció de mecanismos claros de rendición de cuentas, debilitando la confianza en las instituciones responsables.

- Ineficiencia: La planificación y ejecución del proyecto fueron deficientes, resultando en sobrecostos y retrasos significativos y al final el "Camino es intransitable".

En conjunto, el proyecto ha sido considerado desastroso debido a sus impactos negativos en el medio ambiente, las comunidades locales y la gobernanza.

1. S: Desplazamiento de comunidades: La construcción de la represa ha llevado al desplazamiento forzado de miles de personas, afectando su vivienda y bienestar

2. A: Impacto ambiental: Ha habido graves impactos en la biodiversidad local, incluyendo la alteración de ecosistemas acuáticos y terrestres

3. G: Riesgos de seguridad: En 2018, un colapso parcial de la estructura causó inundaciones, poniendo en riesgo la vida de las comunidades aguas abajo y generando pérdidas económicas significativas.

Las razones por las que se considera fue un desastre ASG son las siguientes, a saber:

Ambiental (A): El proyecto consistía en una planta incineradora de 2,100 toneladas diarias de basura, lo cual generaba serias preocupaciones sobre emisiones contaminantes al aire (mercurio, plomo, dioxinas), potencial contaminación del acuífero del norte, fuente de agua crítica para la región, estaba a solo pocos kilómetros de zonas ecológicas sensibles, incluyendo áreas de anidación de aves y humedales.

Social (S): Fuerte oposición de las comunidades locales, académicos y organizaciones ambientales, se denunció la falta de procesos de consulta pública reales y la marginalización de las voces comunitarias, afectación potencial a la salud pública, especialmente en comunidades cercanas ya vulnerables (altos niveles de pobreza y enfermedades respiratorias), la creación de empleos fue considerada mínima en comparación con los riesgos sociales y sanitarios.

Gobernanza (G): Otorgamiento de permisos sin los debidos estudios independientes y con serios cuestionamientos a los procesos de evaluación ambiental, señalamientos de presiones políticas y conflictos de interés, incumplimiento de regulaciones federales y locales (EPA y leyes ambientales de Puerto Rico), la empresa perdió el apoyo de entidades clave como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Departamento de Salud de Puerto Rico.

Estas críticas están muy relacionadas a los criterios ASG.

Pero a mi parecer el criterio más rechazado fue el ambiental.

La población panameña se concientizó sobre la importancia del medio ambiente y la biodiversidad de nuestros recursos naturales, las cuales no son negociables para el presente y futura generación.

En materia de gobernanza, se evidenció la falta de transparencia por parte de dicha empresa como la de todos los gobiernos al no exigir el cumplimiento de los acuerdos y artículos del contrato (en materia de conservación y buen uso de los recursos naturales, rendición de cuentas de su administración y de los intereses económicos de Panamá, promoción y cuidado de la sociedad).

En materia social, al no cumplir con los acuerdos en contratos anteriores y violar hasta la Constitución de la República, afectaban la salud y el desarrollo de las comunidades cercanas y al país en general.

Esta ha incrementado en un 42% en los ultimos 2 años, generando controversia por el impacto ambiental y social de los habitantes mas afectados de las zonas, especialmente cuando se trata de las comunidades indigenas.

Minerales explotados: Los principales minerales que se extraen en Guatemala son oro, plata, oxido de hierro y niquel.

Los catastroficos impactos ambientales, las comunidades indigenas suelen ser las mas afectadas debido a la perdida de tierras, la contaminacion y la falta de agua.

Esto ha generado actualmente grandes controversias y desafios sociales, debido a la falta de transparencia, la falta de consulta a la comunidades afectadas y la violacion a los derechos humanos.

Falta de Criterios ASG

Ambiental

• El proyecto amenazaba un río considerado sagrado por la comunidad indígena Lenca, lo que implicaba un daño ecológico significativo y alteración de los ecosistemas locales.

• No se realizó una evaluación ambiental participativa y rigurosa.

Social

• Las comunidades locales, en especial los pueblos indígenas Lenca, no fueron consultadas adecuadamente (violación al derecho al consentimiento libre, previo e informado).

• Se reportaron actos de violencia, represión y amenazas a líderes comunitarios que se oponían al proyecto.

• La situación culminó con el asesinato de Berta Cáceres, una reconocida defensora del medio ambiente y líder indígena, en 2016. Este hecho causó indignación internacional.

Gobernanza

• Existieron graves fallos de transparencia, corrupción y complicidad entre la empresa y algunos sectores del Estado.

• Se ignoraron normas básicas de derechos humanos y participación ciudadana.

• Falta de supervisión por parte de los organismos responsables de la regulación ambiental y de protección de derechos humanos.

Conclusión

Este caso es un ejemplo contundente de lo que sucede cuando los criterios ASG no son integrados desde el inicio en un proyecto. No solo se perdieron vidas y se violaron derechos humanos, sino que también se arruinó la reputación de la empresa, se retiraron inversionistas internacionales, y el proyecto terminó paralizado.

Este caso afectó a alrededor de 123 familias afroamericanas y montubios, a quienes se considera que estuvieron afectados por la esclavitud moderna.  Lo más llamativo de es que la precarización laboral de estas familias duró por décadas sin que el gobierno ecuatoriano haya intervino a favor de este grupo humano, para evitar las condiciones infrahumanas de seguridad física, salud, seguridad social y vivienda a la que eran sometidas estas familias.  Quienes vivían sin ningún contrato laboral, pues realizaban prácticamente trabajos forzosos.  Inclusive se los ha acusado de trabajo infantil ya que no se tuvo reparo en someter a los niños a extenuantes jornadas de trabajo.

Cabe señalar que las consideraciones ambientales y sociales de los proyectos siempre deben valorarse y atenderse oportunamente, incluso en caso de proyectos estatales.

Desde una perspectiva ASG, la empresa responsable debe asumir una gestión integral del riesgo, partiendo por evaluar los impactos negativos, establecer medidas de manejo efectivas y comunicar con transparencia a los grupos de interés el alcance del daño y los pasos de mitigación. Este tipo de crisis revela también una debilidad en la gobernanza, particularmente en cuanto a la falta de preparación para responder ante emergencias y la poca transparencia en la información no financiera reportada.

Este caso refuerza la necesidad de incorporar estrategias de relacionamiento comunitario, adoptar estándares internacionales de sostenibilidad como el GHG Protocol y desarrollar procesos de monitoreo, medición y retroalimentación continua. Solo mediante un enfoque ASG robusto y maduro es posible prevenir futuros desastres, proteger los ecosistemas, y, sobre todo, construir una relación de confianza entre la empresa, el Estado y la ciudadanía. No hacerlo pone en riesgo no solo el medio ambiente, sino también la sostenibilidad del negocio mismo.

Falta de criterios ASG en esta situación generó lo daños terribles que a continuación los detallo:

1. Ambiental (A)

   -Miles de barriles de petróleo contaminaron el río Coca, afectando fuentes de agua potable y ecosistemas.

   -La fauna y flora de la región sufrieron daños irreversibles.

   -No se implementaron medidas adecuadas para evitar el desastre, como monitoreo geológico y refuerzo de la infraestructura.

2. Social (S)

   -Pueblos como los Kichwa de la Amazonía perdieron acceso a agua limpia y recursos naturales esenciales.

   -La exposición al petróleo generó problemas de salud en la población cercana.

   -Las comunidades no fueron informadas ni involucradas en la gestión del riesgo.

3. Gobernanza (G)

   -La información sobre el impacto real del derrame fue limitada y tardía.

   -No se aplicaron sanciones efectivas ni se exigieron medidas de reparación adecuadas.

   -La respuesta gubernamental y empresarial fue lenta y poco efectiva.

   Este desastre muestra cómo la ausencia de criterios ASG puede agravar los impactos de un proyecto. Si se hubieran aplicado estándares de sostenibilidad, transparencia y responsabilidad social, el daño podría haberse mitigado significativamente.

La Ruta 32 es una carretera vital que conecta el Valle Central de Costa Rica con la provincia de Limón y la costa caribeña, fundamental para el comercio y el turismo. Sin embargo, su construcción y mantenimiento han estado plagados de problemas debido a la falta de consideración adecuada de factores ambientales y sociales, así como de deficiencias en la gobernanza.

¿Por qué fue un desastre en materia de ASG?

1. Criterios ambientales ignorados:

   • Deforestación y fragmentación de ecosistemas: La carretera atraviesa zonas de alta biodiversidad, incluyendo el Parque Nacional Braulio Carrillo, una de las áreas protegidas más importantes del país. La expansión y las intervenciones previas a lo largo de esta ruta han provocado deforestación, pérdida de hábitat y la fragmentación de ecosistemas, afectando especies de flora y fauna. No se implementaron medidas de mitigación suficientes ni corredores biológicos adecuados desde el inicio.

   • Vulnerabilidad frente a deslizamientos y lluvias: La ruta fue construida en una zona de alta inestabilidad geológica y lluvias torrenciales. La falta de estudios geotécnicos exhaustivos y de un diseño resiliente a las condiciones climáticas propias de esta zona en Costa Rica ha resultado en frecuentes derrumbes y cierres de la vía, generando enormes pérdidas económicas y sociales. La erosión del suelo y la sedimentación en los ríos adyacentes también son consecuencias ambientales directas.

   • Manejo de residuos: Históricamente, la construcción y las reparaciones de la ruta no siempre tuvieron un manejo adecuado de los escombros y materiales, lo que ha generado más impactos ambientales negativos.

2. Criterios sociales desatendidos:

   • Impacto en las comunidades locales: La expansión de la carretera y los problemas de derrumbes han afectado la vida cotidiana de las comunidades que dependen de esta vía para su subsistencia, acceso a servicios y al comercio. Esto incluye desde retrasos en el transporte de productos agrícolas hasta dificultades para el acceso a centros de salud y educación.

   • Seguridad vial: La Ruta 32 es conocida por ser una de las más peligrosas del país debido a su diseño, la falta de hombros, la escasa iluminación y la neblina. Esto ha llevado a un alto índice de accidentes y fatalidades, lo que representa un grave impacto social directo.

   • Participación ciudadana inadecuada: Las decisiones sobre el diseño y las intervenciones en la ruta no incorporaron de manera efectiva las voces de las comunidades afectadas ni de los expertos ambientales y sociales, lo que ha exacerbado los problemas.

3. Deficiencias en la gobernanza:

   • Falta de planificación a largo plazo: El proyecto ha carecido de una visión integral y a largo plazo que considerara los riesgos ambientales y climáticos desde sus primeras etapas. Las soluciones han sido a menudo reactivas y paliativas en lugar de preventivas.

   • Corrupción y transparencia limitada: Si bien es un tema complejo, en la historia de la Ruta 32 han surgido cuestionamientos sobre la transparencia en la asignación de contratos de mantenimiento y ampliación, y la eficacia de la supervisión de las obras. Esto se refleja en la persistencia de los problemas a pesar de las inversiones.

   • Ineficiencia en la ejecución: La constante necesidad de reparaciones y las demoras en las obras de ampliación del nuevo consorcio chino a cargo de ellas han demostrado una ineficiencia crónica en la gestión de proyectos de infraestructura, lo que mina la confianza pública y genera sobrecostos significativos que recaen en el contribuyente

4.      Consecuencias catastróficas

La Ruta 32 es un ejemplo de cómo la negligencia en la integración de los criterios ASG en un proyecto de infraestructura puede llevar a un ciclo vicioso de problemas. Los resultados negativos no se limitan a los derrumbes; incluyen la pérdida de vidas humanas, el daño ambiental irreversible en un parque nacional clave, enormes pérdidas económicas por el cierre de la principal ruta comercial del país, y una erosión de la confianza pública en la capacidad del Estado para gestionar proyectos de desarrollo de manera responsable y sostenible.

Este caso resalta la importancia crítica de integrar los criterios ASG no solo como una formalidad, sino como un pilar fundamental en la planificación, ejecución y monitoreo de cualquier proyecto de infraestructura, especialmente en un país con la riqueza natural y la vulnerabilidad sísmica y climática de Costa Rica

Fallos ASG:

• Ambiental: daño a ecosistemas y pérdida de biodiversidad.

• Social: falta de consulta a pueblos indígenas y desplazamiento forzado.

• Gobernanza: poca transparencia y gestión cuestionada.

Consecuencias:
El proyecto fue cancelado en 2018 tras conflictos sociales, críticas internacionales y pérdidas millonarias.

Lección:
Sin criterios ASG desde el inicio, incluso proyectos técnicamente sólidos pueden fracasar por impactos sociales y ambientales mal gestionados.

Ambiental

• Construcción en zona de alto riesgo: El proyecto se edificó en un área con antecedentes de deslizamientos y fallas geológicas, sin realizar estudios geotécnicos adecuados.

• Impacto en el ecosistema: La inestabilidad del terreno y la falta de planificación ambiental adecuada han generado un entorno inseguro y propenso a desastres naturales.

Social

• Afectación a las familias: Más de 200 familias resultaron perjudicadas, muchas de las cuales perdieron sus viviendas y patrimonio sin recibir compensación adecuada.

• Desplazamiento y pérdida de comunidad: La evacuación forzada y el colapso de viviendas han desintegrado comunidades y generado traumas sociales significativos.

Gobernanza

• Falta de supervisión y permisos: Las autoridades municipales otorgaron permisos de construcción sin los estudios necesarios, y se ha señalado la ausencia de responsabilidad por parte de las instituciones involucradas.

• Corrupción y falta de rendición de cuentas: El gerente del proyecto, fue acusado de estafa continuada y se fugó del país, evidenciando una falta de mecanismos efectivos de justicia y rendición de cuentas.

En los 80, el Proyecto Cerro Patacón se diseñó para funcionar como un vertedero para la gestión de residuos con una vida útil de 30 años, mediante la creación de unas piscinas que serían tapadas con tierra y piedras para poder desechar correctamente los residuos y que los restos de estos pudieran ser destruidos de la forma correcta. En la actualidad, Cerro Patacón es el vertedero del 40% de la población panameña, y se ha convertido en un vertedero a cielo abierto.

A: El CP ha tenido impactos ambientales importantes. En los años recientes, la estación seca ha favorecido la proliferación de incendios, los cuales causan un gran daño ambiental al esparcir los humos y demás desechos tóxicos.

S: Al rededor de CP se encuentren varias comunidades. Éstas se han visto afectadas por la contaminación tanto del aire como del suelo y agua, sin embargo, los habitantes de estas comunidades trabajan de las actividades de reciclaje que se generan producto de ésta acumulación de basura, lo cual genera un problema socioambiental para CP.

G: La empresa encargada de administrar CP quedó desvinculada desde el 2023 al terminarse su contrato. Desde entonces, el gobierno panameña ha asumido su gestión, no obstante, los problemas mencionados han ido en aumento, y las instituciones encargadas no logran solucionar el tema de raíz. Esto demuestra una falta de controles internos y liderazgado.

En 2012, el Ministerio de Comunicaciones otorgó a la empresa brasileña Odebrecht el contrato para ampliar a cuatro carriles la carretera CA-2 Occidente, que conecta Escuintla con Tecún Umán. Sin embargo, en 2016 se descubrió que la empresa había recibido pagos por un 70% del monto del contrato, mientras que el avance físico de la obra era solo del 33%. Además, se reveló que Odebrecht había pagado sobornos a funcionarios guatemaltecos. Como resultado, el gobierno rescindió el contrato en 2018

Criterios Ambientales:

·         Falta de supervisión ambiental adecuada, alteración de ecosistemas locales, probable afectación a fuentes hídricas.

Criterios Sociales:

·         Retrasos en los trabajos y mala calidad en las obras, afectación en el desplazamiento a las comunidades y pérdida de la confianza pública.

Criterios de Gobernanza:

·         Corrupción por el pago de sobornos y falta de transparencia en la contratación, entre otros.

Durante décadas, la mina de carbón de Río Turbio fue fuente de empleo y motor económico regional. Sin embargo, en los últimos años se impulsó un proyecto de modernización y ampliación de la central térmica sin considerar adecuadamente los impactos sociales, ambientales ni la gobernanza del proceso.

¿Qué falló?

• Criterios Ambientales (A): Se apostó a una fuente fósil altamente contaminante como el carbón, sin considerar las metas internacionales de reducción de gases de efecto invernadero. No se realizaron estudios de impacto ambiental sólidos, y se ignoró la transición energética global.

• Criterios Sociales (S): Se prometieron miles de empleos que nunca se concretaron. La comunidad local quedó atrapada entre la expectativa y la frustración, en un entorno con poca reconversión laboral y altos niveles de dependencia económica del Estado.

• Criterios de Gobernanza (G): El proyecto fue ejecutado con severas irregularidades administrativas, desvío de fondos y falta de transparencia. La Auditoría General de la Nación y la Oficina Anticorrupción encontraron múltiples anomalías y hasta causas judiciales contra funcionarios involucrados.

¿Por qué es un contraejemplo ASG?

Porque evidencia que no tener un enfoque integrado de sostenibilidad y gobernanza no solo genera daños ambientales y sociales, sino que destruye la viabilidad económica y reputacional de una política pública. Río Turbio es hoy sinónimo de promesas incumplidas, contaminación y desidia.

Este caso demuestra que los criterios ASG no son una moda, sino una necesidad estructural para evitar que las inversiones —públicas o privadas— se conviertan en desastres.

¿Queremos futuro o repetición de fracasos? Aplicar ASG es la diferencia.

¿Qué salió mal en términos ASG?

1. Ambientales (A):

• Deforestación de bosque primario: Se talaron más de 300 hectáreas de bosque sin estudios sólidos de impacto ambiental.

• Contaminación: La técnica propuesta incluía el uso de cianuro, un químico altamente tóxico, en una zona muy cercana a ríos y mantos acuíferos estratégicos.

• Zonificación: El área se encontraba dentro de un ecosistema frágil y hábitat de especies de animales protegidas (como la lapa verde).

2. Sociales (S):

• Conflictos con comunidades locales: La población local y activistas ambientales no fueron debidamente consultados ni incluidos en el proceso.

• Tensiones binacionales: El proyecto se convirtió en un punto de tensión con Nicaragua debido al posible impacto ambiental transfronterizo.

• Desconfianza social: El proceso no fue transparente, generando protestas y polarización.

3. Gobernanza (G):

• Corrupción y permisos dudosos: Se otorgaron permisos bajo condiciones legales cuestionables, lo que llevó a una anulación judicial del proyecto.

• Violación de normativa ambiental: Se evidenció que las autoridades ignoraron sus propias leyes de protección ambiental.

• Falta de transparencia: Hubo múltiples fallos de rendición de cuentas por parte del gobierno y la empresa.

¿Por qué hicieron falta criterios ASG?

1. Ausencia de debida diligencia ambiental y social: No se realizaron evaluaciones participativas ni integrales.

2. Foco en retorno económico a corto plazo: Se priorizó la inversión extranjera sobre el bienestar ambiental y comunitario.

3. Débil supervisión institucional: Falta de organismos independientes que vigilaran el cumplimiento normativo.

4. Poca o nula participación de stakeholders: No se aplicó consulta previa ni se gestionaron adecuadamente los riesgos sociales.

5. Modelo de gobernanza fallido: No se implementaron mecanismos de gobernanza corporativa adecuados, ni dentro de la empresa ni a nivel estatal.

Conclusión:

La falta de enfoque ASG puede generar daños irreversibles al ambiente, crisis reputacionales, sanciones legales, y conflictos sociales duraderos.

Este caso motivó que Costa Rica reforzara su legislación ambiental y se declarara país libre de minería metálica a cielo abierto en el año 2010.

Problemas Ambientales (A): fue una deforestación masiva destruyendo grandes cantidades de bosques tropicales, tambien ocasionó contaminacion en las fuentes hidricas cercanas, por el uso excesivo de quimicos. A su vez la contaminacion por residuos mal tratados.

Problemas sociales (S): no hubo consultas previas de interaccion con la comunidad o para ser parte del mismo, y sus tierras, modo de vida se vieron afectadas por la contaminacion.

Tambien presentaron afectaciones en la salud por la contaminacion, siendo las respiratorias en ese instante las mas relevantes, sin descartar a futuro posibles enfermedades a largo plazo o afectaciones geneticas.

Problemas de Gobernanza (G): NO hubo transparencia en contratos, conseciones y sobre todo la gestion ambiental.

La fiscalizacion fue a baja escala y muy baja en efectividad

Como una fuente de ingreso a gran escala, no hubo un buen plan o a su vez no lo ejecutaron. No se garantizo el desarrollo sostenible y se priorizo lo economico.

Problemas detectados por falta de criterios ASG:

• Ambiental (A):

  • No se evaluó correctamente el impacto ambiental en las fuentes de agua subterránea.

  • No se implementaron medidas de compensación ambiental ni ahorro hídrico.

• Social (S):

  • No hubo consulta previa ni participación ciudadana efectiva.

  • La comunidad local no fue considerada como parte interesada en la toma de decisiones.

  • Se generó malestar social, protestas y pérdida de confianza.

• Gobernanza (G):

  • La empresa no reportó adecuadamente el riesgo hídrico en sus informes.

  • Se percibió falta de transparencia en los permisos ambientales y en el monitoreo.

  • Ausencia de canales de denuncia o mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

¿Qué pudo haberse hecho diferente con un enfoque ASG?

• A: Realizar una evaluación de impacto ambiental con enfoque de sostenibilidad y asegurar un consumo de agua responsable.

• S: Incluir a la comunidad en un proceso participativo y transparente desde la planificación del proyecto.

• G: Establecer gobernanza clara, reportes transparentes y planes de mitigación alineados con estándares internacionales (como GRI o SASB). internacionales (como GRI o SASB).

Una empresa minera inicia un gran proyecto de extracción en una zona ecológicamente sensible y habitada por comunidades indígenas. Para acelerar el proceso, la empresa:

• No realiza una consulta previa ni adecuada a las comunidades.

• Omite un estudio ambiental riguroso.

• No implementa medidas de protección para la biodiversidad ni para las fuentes de agua.

• Contrata trabajadores sin condiciones laborales dignas ni protocolos de seguridad.

• Tiene una gestión interna opaca, sin canales efectivos de denuncia ni políticas anticorrupción.

Consecuencias catastróficas:

Ambiental (A)

• Contaminación masiva de ríos y suelos con metales pesados.

• Destrucción irreversible de ecosistemas y pérdida de biodiversidad.

• Emisión descontrolada de gases contaminantes sin controles adecuados.

Social (S)

• Desplazamiento forzado y pérdida de medios de vida para comunidades indígenas.

• Conflictos sociales, protestas y violencia entre pobladores y empresa.

• Accidentes laborales graves por falta de seguridad.

Gobernanza (G)

• Multas millonarias por incumplimiento normativo.

• Pérdida total de confianza de inversionistas y mercado.

• Procesos legales por corrupción y falta de transparencia.

• Crisis reputacional que lleva a cancelación del proyecto y cierre definitivo.

Lecciones clave:

• Ignorar aspectos ASG puede dejar sin viabilidad social, ambiental y económica a un proyecto.

• Las empresas deben integrar desde el inicio la gestión responsable, participativa y transparente.

• La falta de ética y responsabilidad genera impactos negativos que superan los beneficios económicos.

👉Análisis del Caso: ¿Por qué Hizo Falta una Gestión ASG?

Al observar el desarrollo del proyecto Barro Blanco, se puede ver que las fallas no fueron menores; en realidad, se presentaron problemas críticos en los tres pilares de la sostenibilidad.

📌Criterio Ambiental (A):

Bueno, en lo ambiental, el problema fue bastante evidente. Más allá de los impactos esperados de una represa, como la alteración del flujo del río y la afectación a la biodiversidad, el principal fallo fue, probablemente, la insuficiencia de los estudios de impacto ambiental iniciales. Estos estudios, al parecer, no dimensionaron correctamente el verdadero alcance de la inundación del embalse. Esto no es un detalle menor; es la base sobre la cual se toman todas las decisiones. Si la evaluación inicial del impacto ambiental es deficiente, todas las decisiones que se construyan sobre ella estarán, por decirlo de alguna manera, viciadas. Una gestión ASG robusta hubiera exigido un análisis de impacto mucho más riguroso, independiente y transparente desde la fase de perfil, identificando todos los ecosistemas y recursos naturales en riesgo real.

📌 Criterio Social (S):

Aquí es donde el proyecto se convierte en una verdadera catástrofe. El impacto social sobre el pueblo indígena Ngäbe-Buglé fue tremendo. La inundación no solo afectaba tierras agrícolas, sino también sus hogares, escuelas y, lo que es muy importante, sitios de un valor cultural y espiritual incalculable, como petroglifos sagrados. La falla no fue solo el impacto en sí, sino la manera en que se gestionó. Se pasó por alto uno de los principios fundamentales de la sostenibilidad social: el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). No hubo un proceso de consulta genuino y de buena fe. Las comunidades sintieron, con razón, que el proyecto se les imponía, lo que inevitablemente llevó a años de conflictos sociales, protestas, bloqueos y una profunda desconfianza que, al final del día, paralizó el proyecto y destruyó valor.

📌Criterio de Gobernanza (G):

Y bueno, todo lo anterior se conecta directamente con las fallas de gobernanza. Por un lado, una gobernanza deficiente por parte del Estado y la empresa al aprobar y empujar un proyecto sin haber resuelto primero el conflicto social latente. Faltó transparencia en los acuerdos y en la comunicación con las comunidades afectadas. No se establecieron mecanismos de diálogo efectivos, lo que hizo que el conflicto escalara. Y, por otro lado, también hubo una falla en la gobernanza de los propios financistas internacionales. El hecho de que bancos de desarrollo europeos tuvieran que suspender y finalmente retirarse del proyecto demuestra que su propio proceso de due diligence ASG inicial no fue lo suficientemente robusto como para identificar estos riesgos evidentes. Una buena gobernanza hubiera implicado no avanzar hasta tener un acuerdo social claro y sostenible sobre la mesa.

📍Por tanto, el caso de Barro Blanco es el ejemplo perfecto de por qué los criterios ASG no son un "extra" o un "requisito de papeleo", son el corazón de la gestión de riesgos no técnicos. Una evaluación ASG seria desde el principio habría levantado banderas rojas enormes en los tres pilares, forzando a los promotores y a los inversionistas a cambiar radicalmente el enfoque o, incluso, a concluir que, tal como estaba planteado, el proyecto simplemente no era viable.

El proyecto Crucitas en Costa Rica, una mina de oro a cielo abierto impulsada por la empresa Infinito Gold Ltd., ha sido un caso emblemático de conflicto socioambiental, con profundas implicaciones en los principios Ambientales, Sociales y de Gobernanza.

Análisis del Impacto en los Principios ASG

1. Impacto Ambiental (A): El proyecto Crucitas ha generado serias preocupaciones y daños ambientales, que constituyen un claro incumplimiento de los principios ASG en este ámbito:

ü  Contaminación y Degradación del Ecosistema: La minería a cielo abierto implica la remoción masiva de suelo, bosque y biodiversidad. Se han reportado afectaciones al acueducto comunal, contaminación de suelos y aguas subterráneas/superficiales, y un alto riesgo de drenaje ácido de roca, que puede contaminar el agua con cianuro, una sustancia altamente tóxica para la vida silvestre y los seres humanos.

ü  Pérdida de Biodiversidad y Desertificación: El proyecto se ubicó en una zona tropical rica en biodiversidad, cuya alteración puede llevar a la desertificación y la pérdida irreversible de especies.

ü  Vulneración de Acuíferos: La profundidad de la excavación planificada amenazaba con afectar de manera definitiva los acuíferos locales.

ü  Incumplimiento de Obligaciones Internacionales: Expertos y sentencias judiciales han señalado que la autorización del proyecto podría haber violado las obligaciones internacionales de Costa Rica de no contaminar el territorio de otros países (específicamente, la frontera con Nicaragua y el río San Juan) y de mitigar impactos ambientales.

2. Impacto Social (S): El proyecto Crucitas ha tenido significativas y complejas repercusiones sociales:

• Conflictos Sociales y Violencia: La actividad minera, tanto la formal como la ilegal que surgió tras el cese de la concesión, ha generado un ambiente de violencia e inseguridad en la zona fronteriza.

• Afectación a Comunidades Locales: Se han documentado impactos sociales adversos, incluyendo la potencial reubicación de poblaciones (desplazamiento), violaciones de derechos humanos, y la pérdida del sentido de lugar y paisaje para los residentes rurales. La economía local y la salud humana también se vieron impactadas negativamente.

• Falta de Inclusión y Oposición Ciudadana: Hubo una notable ausencia de inclusión de organizaciones ambientalistas y comunitarias en los procesos legislativos y de toma de decisiones relacionados con el proyecto. Diversos sectores, incluyendo movimientos campesinos, indígenas y ecologistas, se opusieron firmemente al proyecto.

• Propuestas de Recuperación: Actualmente, existen propuestas legislativas para transformar la zona, históricamente asociada con la minería ilegal y la degradación, en un modelo de desarrollo sostenible, buscando revertir los daños sociales.

3. Impacto en la Gobernanza (G): El caso Crucitas ha puesto de manifiesto deficiencias y controversias significativas en la gobernanza:

• Debilidades en la Regulación y Fiscalización: La autorización inicial del proyecto fue polémica y posteriormente anulada. La Universidad de Costa Rica y otras entidades han solicitado la derogación de decretos y el restablecimiento de una moratoria indefinida para la minería a cielo abierto.

• Corrupción y Transparencia: Se ha señalado el potencial de aumento de la corrupción y la cooptación de diferentes actores en torno a la actividad minera.

• Litigios y Arbitraje Internacional: Costa Rica ha enfrentado y ganado batallas legales en tribunales internacionales (como el CIADI) contra la empresa minera, lo que subraya la importancia del sistema judicial en la defensa del interés público y ambiental.

• Debate Político y Legislativo Continuo: El proyecto sigue siendo un tema de debate en la Asamblea Legislativa, con propuestas que buscan tanto la reactivación minera (criticadas por ambientalistas como "trampas") como la recuperación sostenible de la zona. Esto refleja una tensión constante entre intereses económicos y la política de "Paz con la Naturaleza" del país.

Nombre del proyecto: Hidrocarburos del Pacífico S.A.

Descripción:
Una empresa privada obtiene permisos para desarrollar una planta de extracción y procesamiento de gas natural en la costa pacífica costarricense, cerca de un área protegida y comunidades costeras.

Fallas ASG identificadas

Ambiental (A)

• Contaminación de cuerpos de agua por derrames químicos.

• Deforestación de zonas de amortiguamiento ecológico.

• Incumplimiento de compromisos del Plan Nacional de Descarbonización.

Social (S)

• Desplazamiento forzado de comunidades costeras sin consulta previa.

• Condiciones laborales precarias, con jornadas extensas y sin medidas de seguridad.

• Casos de discriminación laboral por género y orientación sexual.

 Gobernanza (G)

• Ocultamiento de información en reportes no financieros.

• Falta de transparencia en la obtención de permisos ambientales.

• Ausencia de políticas internas de ética y sostenibilidad.

Consecuencias

• Sanciones por parte de la SUGEF y MINAE.

• Pérdida de confianza de inversionistas responsables.

• Rechazo social y protestas comunitarias.

• Daño reputacional irreversible.

Este tipo de escenario se alinea con los riesgos que la SUGEF y el CONASSIF han comenzado a regular en el país mediante el Acuerdo SUGEF 2-10, que ahora incluye un capítulo específico sobre la administración de riesgos ASG .

 Además, la Ley N.º 10.051 promueve que las inversiones se alineen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de Descarbonización.

Criterios ASG no contemplados que hiceron que el proyecto fuera un fiasco:

Ambiental:

• Deforestación de bosque primario sin permisos claros. Se talaron hectáreas de bosque en una zona de alta biodiversidad sin cumplir procesos técnicos ambientales adecuados.

• Riesgo de contaminación con cianuro. El proceso de lixiviación con cianuro para extraer oro generaba riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas.

• Ubicación en zona sensible. El área forma parte del corredor biológico mesoamericano y está cerca del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque.

Social

• Fuerte oposición de comunidades, ONGs y academia. El proyecto fue rechazado por una mayoría de la población local, ambientalistas, y universidades, pero estas voces fueron ignoradas inicialmente.

• Conflicto social y división comunitaria. La promesa de empleos temporales dividió a la comunidad; algunos apoyaban el proyecto por necesidad económica y otros lo rechazaban por los impactos a largo plazo.

Gobernanza

• Proceso de aprobación cuestionado por presiones políticas. El decreto de interés público fue visto como una forma de saltarse controles legales y ambientales.

• Corrupción y conflictos de interés. Hubo denuncias por tráfico de influencias, otorgamiento irregular de permisos, y falta de imparcialidad de funcionarios públicos.

• Litigios internacionales. El caso terminó en un arbitraje internacional cuando la empresa demandó al Estado costarricense por más de $90 millones. Costa Rica ganó el caso en 2021, pero el proceso tuvo costos legales y reputacionales.

Lecciones desde el enfoque ASG

1. Ambiental: No se puede justificar el daño ecológico con beneficios económicos a corto plazo. La protección de ecosistemas debe estar por encima de intereses extractivistas en zonas sensibles.

2. Social: Ignorar a las comunidades y expertos genera rechazo, resistencia y pérdida de legitimidad. La minería no puede imponerse si la sociedad no la respalda.

3. Gobernanza: El respeto por la institucionalidad, los procesos legales y la ética pública es esencial. La transparencia en permisos y contratos es crítica para evitar corrupción y demandas internacionales.

• Ambiental: Riesgo de contaminación significativa en caso de explosión o fuga de GLP.

• Social: Amenaza directa a la seguridad de las comunidades cercanas y a los trabajadores.

• Gobernanza: Falta de controles internos efectivos y posibles deficiencias en la gestión de riesgos operativos.

SOCIAL: La empresa no midio el impacto en la comunidad el cual era exigido para la implementación.

AMBIENTAL: Asi la empresa tenia todas las garantias ambientales el impacto en la comunidad no le permitio tener vida.

GOBERNANZA: El prestigio de la empresa no era favorable al tener inversiones anteriores que al hacer evaluaciones de impacto y rendicion de sus contribuciones y no afectaciones al desarrollo agropecuario de la zona no le permitio tener la confianza de la comunidad para que su proyecto sea implementado.

Ambiental:

-Deforestación de toda el area de minería a cielo abierto sin reposición ni contabilidad de los arboles talados ni la biodiversidad afectada del área.

-Contaminación de los cuerpos de agua.

Social:

-Sulfuros que se utilizan para la extracción del oro que afectan la salud de las personas que viven cerca de la explotación minera.

-Reubicación forzosa de las personas de la comunidad.

-Muy alta rotación de empleados.

Gobernanza:

-Serias acusaciones de intimidación por parte de los comunitarios en donde opera esta empresa minera.

A: Para realizar el proyecto se tuvo que intervenir las medianas de las calles en la capital provocando la deforestación desmedida de todos los árboles que llevaban años en la capital proveyendo aire y frescura. Así mismo, con la perdida de árboles el aumento de la huella de carbono era evidente.

S: Dado que la infraestructura requería de la reconstrucción de las medianas de las calles muchas aceras que utilizaban los peatones se perdieron, así como pasos y ciertos pequeños sitios de descanso, lo cual afectó a las comunidades cercanas con su libre paso y zonas de descanso.

G: Caracterizado coloquialmente como el “monumento a la corrupción” el proyecto como tal carecía de un plan de acción, a tal punto que se supo al ojo publico que nunca se tuvieron los buses en primer lugar al haber empezado el proyecto. Con costos sobrevalorados y poco atención al cuidado, con cero planificación de alivio vial con su construcción por tramos.

El proyecto de minería a cielo abierto en Crucitas fue perjudicial principalmente por su impacto ambiental irreversible, el irrespeto al marco legal costarricense y la contradicción con el modelo de desarrollo sostenible del país.

Fundamentación:

1. Impacto ambiental severo:

   • La zona de Crucitas alberga ecosistemas de bosque tropical húmedo con gran biodiversidad, incluyendo especies en peligro de extinción como la lapa verde.

   • La tala de árboles y el uso de sustancias tóxicas como el cianuro amenazaban directamente los suelos, fuentes de agua y vida silvestre.

   • Se estimaba la deforestación de más de 200 hectáreas de bosque primario.

2. Violación del principio de legalidad y procedimientos:

   • El proyecto fue declarado de “interés nacional” por decreto presidencial, lo que generó controversia y fue considerado una forma de evadir estudios y consultas necesarias.

   • Posteriormente, los tribunales anularon los permisos ambientales y declararon la concesión ilegal.

3. Contradicción con la identidad y compromiso ambiental del país:

   • Costa Rica se proyecta internacionalmente como un país verde, promotor de energías limpias y del ecoturismo. El proyecto iba en contra de esta imagen y modelo económico.

   • La minería a cielo abierto contradice políticas públicas centradas en el desarrollo sostenible.

4. Conflicto social y presión internacional:

   • Generó una fuerte oposición de comunidades, ambientalistas, universidades y organizaciones internacionales.

   • Se produjeron protestas, demandas judiciales y un gran desgaste político.

1) Impacto ambiental: en los años que fue desarrollado el proyecto, no existia legislacion en cuanto la gestion ambiental y de riesgos, por tanto su construccion fue en cierta forma para satisfacer una demando de desarrollo sin tomar en consideracion el aspecto ambiental, el proyecto se emplazo al pie de una cordillera propensa a deslizamientos, se redujo la masa arborea existente, entre otros.

2) Impacto social: si bien es cierto este y muchos otros proyectos construidos entre 1970 y 1980, dotaron de vivienda a un gran cantidad de poblacion, los impactos sociales se evidenciarian años mas tarde, con la ocurrencia de un terremoto que cobraria la vida de 685 personas y 100 viviendas destruidas.

3) Impactos en la Gobernanza: la mala respuesta inicial a la emergencia fue lenta lo que dificultó la asistencia a todos los afectados, no existio una rendicion de cuentas en cuanto a los fondos internacionales destinados para las obras de mitigacion del proyecto, la falta inversión en sistemas de alerta temprana y gestión de riesgos fue insuficiente.

Descripción del Incidente: En mayo de 2019, una fuerte explosión sacudió el edificio Urbana en Obarrio, un proyecto residencial. La causa fue una fuga de gas en las instalaciones de un apartamento, que provocó daños estructurales importantes al edificio, afectó estructuras vecinas, causó la evacuación de cientos de personas, dejó varios heridos y generó una gran alarma pública. Aunque afortunadamente no hubo víctimas mortales, el incidente puso en evidencia graves deficiencias en la seguridad y la gestión del proyecto.

Razones por las que Faltaron los Criterios ASG y Condujeron al Problema:

1. Criterios Ambientales (A) Fallidos:

• Gestión de Riesgos de Contaminantes (Gas): Aunque el gas natural o GLP es un combustible más limpio en comparación con otros, una fuga descontrolada representa un riesgo ambiental inmediato por la liberación de metano, y por el peligro de explosión. La falla en los sistemas de detección e instalaciones defectuosas, generaron un riesgo ambiental agudo dentro de un entorno urbano, afectando la calidad del aire local y el entorno inmediato después de la explosión.

• Gestión de Residuos (Después de la Explosión): Después del evento, la generación de escombros, vidrios rotos y otros residuos peligrosos por los daños estructurales y la consiguiente demolición de partes del edificio o la limpieza de áreas afectadas, implicó una gestión de residuos masiva y de emergencia, que puede no haber seguido los mejores estándares ambientales en la fase de respuesta.

  
  

2. Criterios Sociales (S) Fallidos:

• Salud y Seguridad de Ocupantes y Vecinos: Esta fue la falla social más evidente. La seguridad de los residentes, trabajadores de mantenimiento y de los edificios circundantes fue gravemente comprometida. La explosión causó lesiones a personas dentro y fuera del edificio, y generó un trauma significativo a los afectados. La falta de un sistema de seguridad robusto, hacer las pruebas adecuadas y cumplir con protocolos de emergencia claros para fugas de gas, puso en riesgo directo la vida e integridad física de las personas.

• Impacto en la Comunidad y Desplazamiento: Cientos de residentes tuvieron que ser evacuados, perdiendo temporalmente o permanentemente sus hogares y sus bienes. Algunos vecinos de los edificios cercanos también fueron afectados por daños o evacuaciones preventivas llevadas a cabo por los bomberos. El incidente generó pánico, interrupción de la vida cotidiana y una profunda inseguridad en la comunidad de Obarrio.

• Transparencia y Comunicación con Afectados: La gestión de la crisis, la comunicación con los afectados sobre la causa, el proceso de reparación y las compensaciones, fue deficiente e inexistente en algunos casos, lo que generó frustración y desconfianza entre los propietarios del edificio y vecinos.

• Protección al Consumidor: Los compradores de apartamentos en el Proyecto Urbana esperaban un producto seguro y conforme a estándares. La explosión reveló que no se les entregó un producto con la seguridad esperada, generando litigios y pérdidas económicas significativas para los propietarios.

  
  

3. Criterios de Gobernanza (G) Fallidos:

• Gestión de Riesgos y Controles Internos: La empresa promotora y los contratistas no implementaron sistemas de gestión de riesgos adecuados para una infraestructura crítica como la red de gas. Hubo fallas en las inspecciones de calidad, en las pruebas de presión, en la detección de fugas y en el mantenimiento preventivo.

• Cumplimiento Normativo y Auditorías: Se puso en tela de juicio si se cumplieron a cabalidad todas las normativas de construcción, las de seguridad y las de instalación de gas vigentes en Panamá. La ausencia de auditorías internas y externas rigurosas, y la falta de acción ante posibles hallazgos, es una falla de gobernanza evidente.

• Transparencia y Rendición de Cuentas: La empresa promotora y los responsables de la construcción, definitivamente fallaron en la divulgación de cualquier problema de seguridad conocido previamente o en la rendición de cuentas claras sobre las causas de la explosión y las responsabilidades.

• Ética Empresarial: La priorización de la reducción de costos sobre la seguridad y la calidad en la construcción, o la omisión de pruebas y mantenimiento esenciales, representa una falla ética grave en la gobernanza.

  
  

Este caso del Proyecto Urbana en Obarrio, deja a la vista como en el sector inmobiliario, la integración de unos criterios ASG bien definidos, no es solamente una cuestión de "buenas prácticas" o reputación, sino una necesidad imperiosa para garantizar la seguridad de las personas, proteger el medio ambiente y mantener la integridad operativa y la confianza pública. La negligencia en cualquiera de estos pilares puede tener consecuencias graves y catastróficas.

Contexto:

• Proyecto vial de emergencia iniciado en 2011 para construir una carretera paralela al río San Juan, en la frontera con Nicaragua.

• Se justificó como una medida de soberanía nacional, pero se ejecutó sin planificación técnica ni ambiental adecuada.

  Fallas ASG evidentes:

  A – Ambiental

  • Graves daños ecológicos: deforestación, afectación de humedales y ecosistemas ribereños sin estudios de impacto ambiental.

  • Ausencia de medidas de mitigación: no se aplicaron protocolos como el GHG Protocol ni se evaluaron emisiones ni compensaciones.

  • Violación de normativa ambiental nacional.

    Social

    • Falta de consulta a comunidades locales: no se consideraron impactos sociales ni se comunicó adecuadamente a los grupos de interés.

    • Condiciones laborales precarias: contrataciones informales y sin garantías laborales para trabajadores de obra.

    G – Gobernanza

    • Corrupción y falta de transparencia: múltiples denuncias por mal manejo de fondos, contrataciones irregulares y ausencia de controles.

    • No se aplicaron estándares de gobernanza corporativa ni se rindieron cuentas de forma clara.

    • Ausencia de reporte no financiero: no se documentaron impactos ni se comunicaron riesgos a la ciudadanía.

      Qué criterios ASG hicieron falta?

      • Evaluación de impacto ambiental y social previa.

      • Estándares de gobernanza y rendición de cuentas.

      • Herramientas de medición de impacto y sostenibilidad como GRI, IRIS+, SROI.

      • Participación de stakeholders y transparencia en la comunicación.

Impactos ASG

Ambiental (A):

• Deforestación ilegal: se talaron más de 300 hectáreas de bosque en una zona de alta biodiversidad, afectando especies protegidas.

• Contaminación potencial: uso de cianuro para el procesamiento del oro, con riesgo de filtración a fuentes hídricas.

• Degradación del ecosistema: afectación de suelos y corredores biológicos esenciales.

Social (S):

• Conflictos con comunidades locales: protestas por el impacto ambiental y la falta de consulta adecuada a los habitantes de la zona.

• Migración de trabajadores informales (coligalleros): tras la suspensión del proyecto, la extracción ilegal generó violencia y condiciones laborales precarias.

• Pérdida de confianza en instituciones: las comunidades sintieron que no se protegieron sus derechos ambientales y sociales.

Gobernanza (G):

• Corrupción y conflictos políticos: cuestionamientos sobre la legalidad de los permisos otorgados por el gobierno en 2008.

• Falta de transparencia en procesos de concesión: se aprobó el proyecto a pesar de los riesgos ambientales señalados por expertos.

• Litigios internacionales: Infinito Gold demandó al Estado costarricense por la cancelación del proyecto, lo que implicó altos costos legales y reputacionales para el país.

Impactos finales:

• El proyecto fue anulado por la Sala IV (Tribunal Constitucional) en 2010 por violaciones ambientales y de procedimiento.

• Costa Rica enfrentó una demanda millonaria en arbitraje internacional, que afectó su imagen como país de políticas sostenibles.

• Quedaron pasivos ambientales y sociales sin resolver en la zona.

Se proyectaba construir un embalse que inundaría entre 6 800 y 7 400 hectáreas, incluyendo más de 915 hectáreas de territorio indígena, y desplazar aproximadamente a unas 1 547 personas. Emplearía alrededor de 3 500 personas en su construcción.

El proyecto implicaba inundación de espacios sagrados y áreas culturalmente significativas para las comunidades indígenas Térraba y Brörán. Representó graves amenazas a sus territorios ancestrales y modo de vida tradicional.

Hubo una resistencia organizada desde al menos 2006, liderada por dichos pueblos, además de comunidades campesinas y organizaciones ecologistas.

La oposición incluyó acciones legales, protestas, y denuncias ante organismos internacionales como el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) desde 2011.

En noviembre de 2016, la Sala IV de la Corte Suprema declaró inconstitucional el decreto que permitía al ICE operar en zonas indígenas sin consulta previa, libre e informada, obligando a la paralización del avance del proyecto hasta cumplir con dicho mecanismo.

El 2 de noviembre de 2018, el ICE anunció la suspensión indefinida del proyecto y el archivo del expediente ante SETENA, afirmando que todas las actividades, incluida la consulta con comunidades indígenas, se cancelaban de inmediato.

El 3 de noviembre se oficializó su cancelación definitiva debido al alto costo (estimado en US$2 000 millones), la baja rentabilidad esperada y la existencia de capacidad eléctrica sobrante en el país por la próxima década.

En septiembre de 2024, la auditoría interna del ICE advirtió sobre “indecisiones, falta de fundamentación técnica e incertidumbre” respecto al PHED, especialmente ante la posibilidad de reactivarlo como respuesta a posibles déficits eléctricos por fenómenos climáticos como El Niño.

El Proyecto Hidroeléctrico El Diquís representa un claro ejemplo de cómo la falta de aplicación efectiva de los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) puede llevar al colapso de una iniciativa de gran envergadura, desde el punto de vista ambiental, el proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental rigurosa y participativa, se preveía la inundación de miles de hectáreas de bosque primario y tierras con alto valor ecológico, sin establecer planes adecuados de mitigación o compensación por los daños ambientales que se generarían.

En el ámbito social, los errores fueron aún más evidentes, las comunidades indígenas afectadas, como los pueblos Térraba y Brörán, no fueron consultadas de manera libre, previa e informada, como lo exige el Convenio 169 de la OIT. Además de no respetarse sus derechos territoriales, el proyecto amenazaba con desplazar a más de mil personas y destruir espacios de gran valor cultural y espiritual, sin ofrecer soluciones dignas ni sostenibles para quienes serían afectados.

El proyecto mostró serias debilidades, las decisiones se tomaron sin transparencia ni rendición de cuentas, y se invirtieron millones de dólares sin una justificación financiera clara, la falta de supervisión independiente y la escasa participación de los grupos de interés afectaron la legitimidad del proceso desde el inicio.

Ubicación: Región de Atacama, Chile
Sector: Minería del cobre y litio
Inversión inicial: USD 3.500 millones
Estado: Proyecto cancelado tras 5 años de conflictos socioambientales

Resumen del Proyecto:

La empresa extranjera Global Mining Corp obtuvo concesiones en la alta cordillera de Atacama para la explotación de cobre y litio, con el objetivo de proveer insumos estratégicos para la transición energética. El proyecto fue anunciado como una gran oportunidad para Chile, prometiendo más de 10.000 empleos en construcción y 3.000 empleos permanentes.

Sin embargo, la implementación derivó en un fracaso catastrófico que terminó con la suspensión indefinida del proyecto, la quiebra de su filial en Chile y demandas colectivas en tribunales nacionales e internacionales.

Principales Fallas ASG:

A. Ambiental (A)

• Gestión hídrica deficiente: se extrajo agua de salares sin estudios suficientes, afectando especies endémicas y reduciendo el acceso de comunidades locales al recurso.

• Impacto en biodiversidad: el proyecto ignoró corredores biológicos de vicuñas y flamencos, lo que generó sanciones de la SMA.

• Incumplimiento normativo: la línea base ambiental presentada en el Estudio de Impacto Ambiental fue incompleta, y ocultó información clave.

B. Social (S)

• Falta de consulta indígena: las comunidades Colla y Diaguita denunciaron que no se respetó el Convenio 169 de la OIT.

• Conflictos laborales: la empresa contrató principalmente mano de obra extranjera en etapa inicial, incumpliendo promesas de empleo local.

• Relación con la comunidad: no existió un plan de relacionamiento temprano ni inversión en desarrollo local; se limitaron a donaciones puntuales sin estrategia de valor compartido.

C. Gobierno Corporativo (G)

• Falta de transparencia: la empresa no reportó con estándares internacionales (GRI, SASB, TCFD).

• Corrupción y lobby indebido: investigaciones periodísticas revelaron pagos a asesores políticos para acelerar permisos.

• Gestión de riesgos ineficiente: el directorio carecía de un comité ASG; no hubo monitoreo ni auditorías externas sobre compromisos de sostenibilidad.

Consecuencias:

1. Protestas sociales masivas en Copiapó y Vallenar, con bloqueos que paralizaron la operación.

2. Pérdida de licencia social para operar, al punto que el propio gobierno recomendó congelar el proyecto.

3. Pérdida de valor bursátil de la matriz en Nueva York (−40 % en un año).

4. Juicios ambientales y laborales en Chile, con multas superiores a USD 500 millones.

5. Daño reputacional irreversible: la empresa fue excluida de fondos de inversión internacionales por criterios ASG.

HAA

23.8.2025

En el aspecto social, el proyecto no contempló mecanismos de participación ciudadana ni evaluó adecuadamente el impacto sobre comunidades locales, muchas de las cuales se vieron afectadas sin recibir información clara ni compensaciones justas. La ausencia de diálogo y de programas de inclusión social reflejó una desconexión entre el proyecto y las necesidades reales de la población.

En cuanto a la gobernanza, se evidenció una falta de transparencia en la toma de decisiones, en la asignación de recursos y en la rendición de cuentas. No se establecieron canales claros de comunicación ni se publicaron informes que permitieran evaluar el cumplimiento de objetivos o el uso de fondos públicos. Esta debilidad en la gobernanza generó desconfianza y cuestionamientos sobre la legitimidad del proyecto.

La empresa es cuestión fue Mossack Fonseca, un bufete panameño especializado en la creación de sociedades offshore.

• Gobernanza: La falta de controles internos y transparencia permitió que se crearan estructuras utilizadas para evasión fiscal, lavado de dinero y ocultamiento de activos.

• Social: Aunque no hubo una violación directa de derechos humanos, el impacto social fue profundo: debilitó la confianza pública en instituciones financieras y jurídicas.

• Ambiental: No fue el foco del caso, pero la opacidad corporativa puede facilitar actividades que dañan el medio ambiente sin rendición de cuentas.

Repercusiones:

• Panamá enfrentó sanciones reputacionales y presiones internacionales para reformar su sistema financiero.

• Se impulsaron reformas legales, como la Ley 129 de 2020, que creó el Registro Único de Beneficiarios Finales, buscando mayor transparencia.

1. Ambiental: Contaminación por PCB en transformadores eléctricos, a pesar de los compromisos no se concreto a la eliminación completa de los mismos, el cual permanencia el uso de sustancias toxicas.

2. Social: Deficiente atención al usuario, errores de facturación, riesgos eléctricos y manejo de obras irregulares

3. Gobernanza: Falta de transparencia regulatoria, evasión fiscal, desvío de recursos hacia terceros

Que ha generado una gran polémica por afectar gravemente los criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Exposición del caso:

·        Se ha denunciado las talas ilegales, destrucción de bosques y humedales, zonas protegidas, incluidas áreas de ecosistemas únicos.

·        Hay acusaciones de que se han otorgado permisos irregulares, vinculados a intereses inmobiliarios, sin el debido control y transparente participación comunitaria.

·        Se menciona la implicación de funcionarios públicos importantes, lo que sugiere fallas en la gobernanza estatal, la transparencia y en la protección efectiva del ambiente.

Fallos ASG

Ambiental (A): destrucción de ecosistemas, humedales, afectación de especies, degradación de suelos, pérdida de biodiversidad.

Social (S): comunidades locales afectadas, pérdida de espacios naturales que sustentan formas de vida, ausencia de participación y consulta.

  Gobernanza (G): contaminación institucional, permisos otorgados de modo cuestionable, falta de transparencia, posibles actos corruptos o al menos negligentes, deficiente supervisión.

Personas señaladas:

1.      Allan Pacheco Dent

·        Dueño de la finca dentro del Refugio Gandoca-Manzanillo.

·        Señalado por tala ilegal de bosque primario y aprovechamiento forestal enzona protegida.

·        Se le atribuye haber gestionado permisos y criterios favorables para excluir su propiedad del refugio.

2.      Franz Tattenbach — Ministro de Ambiente de Costa Rica, investigado por respaldo de criterios o permisos que podrían favorecer al empresario.

·         Investigado por respaldar un decreto que favorecía al empresario al excluir parte de la finca de la zona protegida.

·         Señalado por una presunta falta de criterio técnico y transparencia en la gestión del caso.

3.      Rodrigo Chaves — Presidente de la República, también investigado junto con el ministro, pues hay sospechas de involucramiento o conocimiento del caso.

·         La Fiscalía confirmó que también es investigado por su posible relación o conocimiento de la decisión que benefició al empresario.

·        La controversia gira en torno a si el Ejecutivo tuvo un papel en facilitar la tala bajo apariencia de legalidad.

4.      Maylin Mora — Directora del Área de Conservación La Amistad-Caribe, citada a referirse al criterio empleado para excluir propiedades del refugio.

·        Citada para explicar el criterio utilizado para recomendar la exclusión de la propiedad del refugio.

·        Señalada por autorizar o avalar lineamientos sin suficiente sustento técnico.

Funcionarios y otros implicados:

5.      Funcionarios del SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), incluyendo un biológico (apellido Campbell Lindo) y otro funcionario llamado Salas Rodríguez del Área de Conservación La Amistad Caribe.

6.      Administradora del refugio Gandoca-Manzanillo, Cruz Torres.

·        Detenida en primera instancia y luego liberada.

·        Acusada de omitir su deber de velar por la protección del área protegida.

7.       Campbell Lindo (funcionario y biólogo del SINAC)

·        Investigado por supuesta participación en la aprobación de los permisos de aprovechamiento forestal.

8.      Salas Rodríguez (funcionario del Área de Conservación La Amistad-Caribe)

·        Vinculado a los trámites que permitieron la tala.

9.       Camacho Calvo (regente forestal privado)

·        Investigado por haber avalado técnicamente los planes de tala.

·        Señalado de emitir criterios técnicos favorables pese a que se trataba de bosque protegido.

10.   Regente forestal de apellidos Camacho Calvo.

·        Investigado por haber avalado técnicamente los planes de tala.

·        Señalado de emitir criterios técnicos favorables pese a que se trataba de bosque protegido.

Este caso nos muestra que los compromisos ambientales y sociales no pueden ser mera retórica ni quedar solo en políticas escritas.

 Se necesita:

·        Políticas fuertes de gobernanza, con transparencia, participación ciudadana y supervisión real.

·        Evaluaciones ambientale s independientes, seguimiento constante del cumplimiento de permisos, sanciones efectivas.

·        Que las comunidades sean parte activa, no víctimas silenciosas.

Me parece que casos como Gandoca-Manzanillo deberían servir de punto de inflexión: si no se protege lo que está bajo nuestra responsabilidad hoy, mañana ya podría ser demasiado tarde.

¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo creen que pueden las empresas y el gobierno costarricense recuperar o fortalecer la credibilidad y asegurar que los criterios ASG sean realmente respetados?

La empresa Minerales del Norte S.A., dedicada a la extracción de cobre en Centroamérica, recibió la visita de una consultora internacional para evaluar su desempeño bajo los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza). La compañía buscaba atraer inversionistas extranjeros para expandir sus operaciones y construir una nueva planta procesadora.

Fallas detectadas en los criterios ASG

 Ambientales (A)

            •          La empresa descargó aguas residuales sin tratamiento en un río cercano, afectando a comunidades que dependen de este recurso para consumo y agricultura.

            •          No cumplió con los compromisos adquiridos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de haber firmado un acuerdo de sostenibilidad con su casa matriz.

Sociales (S)

            •          Se identificaron jornadas laborales de 14 horas diarias en turnos continuos, sin descanso adecuado, lo que representa condiciones de trabajo forzado.

            •          Hubo denuncias de discriminación de género y acoso laboral en los campamentos mineros.

            •          La empresa no implementó protocolos de seguridad adecuados para los trabajadores en minas subterráneas, generando varios accidentes.

 Gobernanza (G)

            •          En el informe de sostenibilidad presentado a los inversionistas, la compañía omitió reportar los problemas ambientales y sociales bajo el argumento de que “no eran requeridos de manera explícita”.

            •          Se detectó falta de transparencia en el manejo de fondos destinados a proyectos comunitarios, donde no existía trazabilidad de los recursos.

Riesgos identificados

            •          Reputacionales: pérdida de credibilidad frente a comunidades locales y potenciales inversionistas.

            •          Financieros: riesgo de no obtener el financiamiento para la nueva planta procesadora.

            •          Operativos: conflictos sociales que podrían llevar a bloqueos de carreteras y suspensión de actividades.

            •          Regulatorios: posibles sanciones por incumplimiento de normativas ambientales y laborales.

Recomendaciones

            1.         Ambientales: implementar el GHG Protocol para medir y reportar emisiones, además de plantas de tratamiento de aguas residuales.

            2.         Sociales: establecer un plan de seguridad ocupacional y políticas de tolerancia cero a la discriminación, con capacitaciones obligatorias.

            3.         Gobernanza: crear un sistema de reporte no financiero transparente, alineado a estándares como GRI y SASB, y designar un Chief Sustainability Officer (CSO) con línea directa a la alta dirección.

 Este caso refleja cómo la falta de aplicación de los criterios ASG genera no solo riesgos éticos y sociales, sino también amenazas directas a la viabilidad financiera y estratégica de una empresa.

Pronaca, es una empresa ecuatoriana del sector alimenticio, que ha desarrollado programas de sostenibilidad:

• A (Ambiental): implementó plantas de tratamiento de aguas residuales en sus operaciones para disminuir el impacto sobre los ríos y ha invertido en biodigestores para reducir emisiones de metano.

• S (Social): mantiene programas de nutrición y capacitación en comunidades rurales, apoyando el desarrollo local y fomentando el empleo digno.

• G (Gobernanza): publica reportes de sostenibilidad auditados bajo estándares internacionales (GRI), lo que fortalece la transparencia y confianza en sus prácticas.

Este caso evidencia cómo una empresa ecuatoriana puede integrar los tres criterios ASG y generar valor compartido.

Contraejemplo práctico en Ecuador (mala práctica ASG)

Un contraejemplo es el conflicto socioambiental en la explotación minera de Río Blanco, en Azuay Ecuador:

• A (Ambiental): comunidades denunciaron contaminación de fuentes hídricas y deforestación, con efectos adversos en la biodiversidad.

• S (Social): se registraron protestas sociales por la falta de consulta previa a comunidades campesinas e indígenas, generando conflictos violentos y divisiones comunitarias.

• G (Gobernanza): la gestión estatal y empresarial fue criticada por falta de transparencia en la información ambiental y por incumplimientos en mecanismos de participación ciudadana.

Este caso muestra cómo la ausencia de una adecuada gestión ASG genera conflictos sociales, pérdida de legitimidad y judicialización de proyectos.

Hecho principal: Otorgamiento ilegal de permisos a empresa constructora permitiendo construir en zonas protegidas por la legislación interna del país y la internacional.

Se investiga una posible modificación ilegal del Plan Regulador Costero para permitir construcciones en la zona marítimo-terrestre.

Personas señadas: funcionarios públicos, incluyendo al alcalde de Talamanca, y al presidente Rodrigo Chaves, quien admitió conocer al empresario implicado.

Problemas con la aplicación de ASG:

Ambiental: Tala ilegal, destrucción de humedales, afectación a especies protegidas, degradación de suelos, pérdida de biodiversidad.

Social: Amenazas a líderes comunales y activistas; tensiones con comunidades locales. Pérdida de espacio y beneficios del mantenimiento de la zona protegida.

Gobernanza: Corrupción, tráfico de influencias, falta de transparencia en permisos. Incumplimiento de buenas prácticas de gobierno corporativo.

Como es el caso de la emrpesa Ecuacorrientes que se dedica a la explotación minera, se ha conocido de denuncias que incluyen

• desalojo a las personas aledañas

• la contaminación que se genera en este punto se reparte aguas abajo, a lo largo de cientos de kilómetros. La megaminería, explica, implica la liberación al ambiente de metales pesados como arsénico, cadmio y níquel, que provoca la acidificación del agua, afectando a los ecosistemas frágiles de la Amazonía

• La deforestación, que se ha incrementado para dar paso a la operación minera, ha provocado la transformación de las cuencas hidrográficas.

• violación al derecho a la tierra y violación a los derechos de los pueblos indígenas

• Tambien se conoce que existe sobre explotacion laboral y salarios no acordes a los minimos establecidos por el ministerio de trabajo

Crucitas fue concebido como una mina de oro a cielo abierto en la zona norte del país, en una región de altísima biodiversidad. Desde el inicio, el proyecto generó controversia: se autorizó la tala de especies protegidas como el almendro amarillo, hogar de la lapa verde, y se contemplaba el uso de cianuro para la extracción del mineral. La evaluación ambiental fue cuestionada por su falta de profundidad y transparencia, y no se establecieron medidas de mitigación robustas. El pilar ambiental quedó completamente vulnerado.

En lo social, las comunidades locales fueron poco consultadas. El proyecto generó división, migración informal y tensiones entre grupos ambientalistas, trabajadores informales y autoridades. Tras la suspensión del proyecto, la minería ilegal se disparó, dejando huellas de violencia, explotación laboral y deterioro social. La ausencia de diálogo y protección comunitaria evidenció una falla grave en el componente social.

En cuanto a gobernanza, el proceso estuvo marcado por decretos de interés nacional, conflictos legales y decisiones poco claras. La empresa concesionaria enfrentó cuestionamientos éticos, y el Estado costarricense fue condenado internacionalmente por el manejo del caso. La falta de rendición de cuentas y de alineación con estándares internacionales mostró una gobernanza débil y opaca.

Crucitas no solo fue un proyecto fallido. Fue una lección sobre lo que ocurre cuando el desarrollo económico se impone sin considerar el impacto ambiental, el bienestar social y la ética institucional. Si se hubieran aplicado criterios ASG desde el inicio con evaluaciones rigurosas, participación ciudadana real y gobernanza transparente el desenlace podría haber sido distinto.

Hoy, más que nunca, los proyectos deben integrar la sostenibilidad como eje estratégico. No es solo una exigencia ética, sino una condición para la viabilidad a largo plazo. Crucitas nos recuerda que ignorar los criterios ASG no solo genera conflictos, sino que puede dejar cicatrices irreversibles en el territorio, en las comunidades y en la reputación de un país

Resumen ejecutivo

El Proyecto Hidroeléctrico Diquís fue planteado como la represa más grande de Centroamérica. Aunque buscaba ampliar la matriz renovable, enfrentó críticas por sus impactos ambientales, afectaciones a comunidades indígenas y dudas de gobernanza. Fue archivado en 2018.

Ambiental (A)

- Inundación de miles de hectáreas con pérdida de biodiversidad y afectación al humedal Térraba-Sierpe.

- Alteración del flujo del río y riesgos asociados al cambio climático.

Social (S)

- Desplazamiento de comunidades y afectación a pueblos Brörán y Teribe sin consulta previa adecuada.

- Impacto en medios de vida tradicionales y tensiones sociales.

Gobernanza (G)

- Falta de consulta conforme al Convenio 169 de la OIT.

- Cuestionamientos sobre viabilidad económica y transparencia en la planificación.

Recomendaciones

1. Respetar derechos indígenas y convenios internacionales.

2. Priorizar energías renovables de bajo impacto (solar, eólica, geotermia).

3. Fomentar planificación participativa y territorial.

4. Garantizar transparencia mediante auditorías independientes.

En esta situación se evidenció una falta de aplicación de criterios ASG en todos los niveles. En el aspecto ambiental, no existió un plan adecuado de manejo de residuos ni controles efectivos sobre los procesos industriales. En el ámbito social, las comunidades afectadas quedaron sin acceso a agua potable durante semanas, lo que generó desconfianza, pérdidas económicas y problemas de salud. Y en cuanto al gobierno corporativo, se evidenció una débil supervisión por parte de las autoridades y una comunicación poco transparente por parte de la empresa responsable.

Creo que si se hubiesen aplicado correctamente los criterios ASG, el impacto ambiental y social podría haberse evitado o al menos mitigado. Una gestión más responsable, con auditorías ambientales, planes de contingencia y canales de comunicación abiertos con la comunidad, habría cambiado completamente el resultado. Este caso demuestra la importancia de integrar la sostenibilidad y la ética en todos los proyectos, sin importar el sector.

1) Contexto del proyecto

• Ubicación: ladera cercana a la Laguna de San Carlos (zona con pendientes, suelos arcillosos y escorrentía alta en temporada lluviosa).

• Objeto: centro de cuidado de adultos mayores con 60–80 camas, cocina industrial, lavandería, pequeña clínica, jardines terapéuticos.

• Riesgo gatillante (catastrófico): evento de lluvia extrema provoca desbordamiento + deslizamientos, fallas en la contención de sedimentos y descargas de aguas residuales no tratadas → contaminación de la laguna, afectación a comunidades aguas abajo y fauna acuática.

2) Gestión Ambiental (A)

Riesgos clave

• Inundación, erosión y arrastre de sedimentos a la laguna.

• Fallas en tratamiento de aguas residuales (sobrecarga del sistema, reboses).

• Manejo inadecuado de residuos sólidos y biomédicos.

• Deforestación de cobertura protectora y pérdida de biodiversidad ribereña.

• Incremento de huella de carbono por energía y transporte.

Medidas y planes

• EIA (estudio de impacto) con modelación hidrológica/hidráulica y mapas de amenaza por inundación/deslizamientos; definir zonas de amortiguamiento a cuerpos de agua.

• Sistemas de drenaje sostenible (zanjas de infiltración, cunetas vegetadas, gaviones) + barreras de sedimentos y coberturas temporales en obra.

• PTAR (planta de tratamiento) dimensionada a punta máxima + tanque de tormenta y monitoreo continuo de DBO, DQO, SST, coliformes.

• Plan de residuos: segregación, rutas, contratos con gestores; para biomédicos, cadena de custodia y disposición autorizada.

• Reforestación/compensación con especies nativas ribereñas; no intervención en humedales.

• Energía: fotovoltaico on-grid, calentadores solares, VRF de alta eficiencia, iluminación LED; agua: captación pluvial y equipos AAA.

• GHG Protocol (alcances 1–2–3), inventario anual y metas de reducción (p.ej., -30% a 2030).

• Plan de contingencias ambientales: kit de derrames, válvulas de corte, protocolos de cierre de compuertas y activación inmediata post-evento.

KPIs ambientales

• % días con cumplimiento de efluentes vs. norma; NTU de sedimentos aguas abajo.

• m³ de agua reutilizada / m² construido.

• tCO₂e/cama/año; kWh/m²; % energía renovable.

• % área reforestada vs. plan; índice de supervivencia de plantones.

3) Gestión Social (S)

Riesgos clave

• Salud y seguridad del personal (trabajo en calor, alturas >5 m).

• Impacto a comunidades por turbidez/olores y mayor tráfico.

• No discriminación y accesibilidad universal para residentes y personal.

• Falta de mecanismo de quejas accesible.

Medidas y planes

• SST: análisis de trabajo seguro en alturas (líneas de vida, barandas, permisos de trabajo), plan de estrés térmico (pausas, hidratación, ropa, rotación), simulacros.

• Relación comunitaria: mapeo de actores, plan de participación temprana, grievance mechanism (quejas) con SLA de respuesta, boletines post-lluvia extrema.

• Políticas de DD. HH. y antidiscriminación (cero tolerancia) + capacitaciones; canal confidencial.

• Accesibilidad: rutas libres, rampas, señalética, habitaciones adaptadas; plan de emergencia para residentes con movilidad reducida.

• Preferencia a proveedores locales y formación en buenas prácticas ambientales.

KPIs sociales

• Tasa de incidentes (TRIR/LTIFR) y días sin accidentes.

• % quejas resueltas en ≤15 días; satisfacción comunitaria >80%.

• % personal capacitado en DD. HH./SST/antidiscriminación.

• % compras a proveedores locales.

4) Gestión de Gobernanza (G)

Riesgos clave

• Omisión de información no financiera material.

• Falta de responsables y supervisión del sistema ASG.

• Incumplimiento regulatorio (permisos, vertidos, residuos).

• Riesgo de corrupción/conflictos de interés en contrataciones.

Medidas y planes

• Estructura ASG: Comité del Directorio + gerente ASG con autoridad transversal; tres líneas de defensa (operación, cumplimiento, auditoría interna).

• Políticas: ética, anticorrupción, conflictos de interés, compras sostenibles.

• Cumplimiento regulatorio: permisos ambientales/sanitarios/municipales; registros y auditorías.

• Reporte: marco GRI para impactos y IFRS-S1/S2 para riesgos financieros de sostenibilidad y clima; aseguramiento limitado externo.

• Riesgo climático: gestión alineada a TCFD (gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métricas y metas).

• Plan de continuidad: matriz de riesgos, apetito de riesgo, escenarios de lluvias extremas.

KPIs de gobernanza

• % indicadores ASG auditados externamente.

• % contratos con cláusulas ASG; nº de incidentes de integridad.

• Publicación anual de informe ASG con panel de materialidad.

5) Hoja de ruta (12 meses)

1. 0–3 meses: Diagnóstico rápido + línea base (calidad de agua, emisiones, SST), mapa de actores, política ASG, creación del Comité.

2. 3–6 meses: Modelos hidrológicos, rediseño drenajes, especificación PTAR + tanque de tormenta, plan de reforestación, inventario GHG.

3. 6–9 meses: Implementación obras grises/ verdes, capacitación SST y DD. HH., contratos con cláusulas ASG, KPIs en tablero.

4. 9–12 meses: Auditoría interna, simulacro de evento extremo, reporte ASG (GRI + IFRS-S2) con aseguramiento limitado, revisión de metas.

6) Entregables útiles (para tu presentación)

• Mapa de riesgos ASG y flujograma de respuesta a emergencias.

• Plano de drenajes y barreras de sedimentos (antes/después).

• Cuadro de KPIs con metas anuales (agua, energía, residuos, seguridad, comunidad).

• Política ASG (1 página) + matriz de materialidad.

• Resumen ejecutivo para inversionistas (1–2 páginas): riesgos, mitigación, CAPEX/OPEX, gobierno y calendario de reporte.

7) Idea fuerza para “Hogar Serena Vida”

“Cuidar a quienes nos cuidaron”: un centro geriátrico resiliente al clima, con cero descargas no conformes a la laguna, energía limpia, cultura de seguridad cero daño y relación transparente con su comunidad.

En el ámbito ambiental, el proyecto fue catastrófico por la tala ilegal de cientos de árboles en un área de bosque primario, lo que provocó una pérdida significativa de biodiversidad. En lo social, generó tensiones con comunidades locales que no fueron consultadas adecuadamente, y que se vieron afectadas por el deterioro de su entorno y la amenaza a sus medios de vida. En cuanto a la gobernanza, el caso evidenció graves fallas institucionales: se otorgó una concesión minera mediante un decreto presidencial que fue posteriormente declarado ilegal por el Tribunal Contencioso Administrativo, lo que dejó en evidencia la falta de transparencia y el debilitamiento del marco legal ambiental.

El proyecto Crucitas se convirtió en un símbolo de lo que ocurre cuando los criterios ASG no son respetados: pérdida de confianza ciudadana, daño ambiental irreversible y un proceso judicial que aún genera repercusiones políticas y sociales. Este caso refuerza la importancia de integrar los criterios ASG desde la etapa de diseño de cualquier proyecto, especialmente en sectores de alto impacto como la minería.

también cabe mencionar que el proyecto fue construido tapando una quebrada natural lo que provoco inundaciones y movimientos de tierra en las poblaciones cercanas, además de que se tuvo que talar miles de arboles para poder construir el proyecto.

• Ambiental (A): La ACP ha implementado una estrategia proactiva para posicionar a Panamá como una "Ruta Verde". Esto incluye el "Programa de Reconocimiento Ambiental Green Connection" y un sistema que incentiva a los buques a utilizar combustibles más limpios y reducir sus emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) durante su tránsito. A nivel local, la ACP gestiona un robusto programa de reforestación y conservación en la Cuenca Hidrográfica del Canal, esencial para garantizar el agua de las operaciones y el consumo humano.

• Social (S): El principal desafío social del Canal es la gestión del agua, que debe equilibrar las necesidades de la población (más del 50% del país depende de esta cuenca para agua potable) con las necesidades de las operaciones del canal. La ACP invierte en programas de desarrollo comunitario, titulación de tierras y agricultura sostenible para las comunidades que viven dentro de la Cuenca, buscando que sean guardianes del recurso hídrico y mejorando su calidad de vida.

• Gobernanza (G): La ACP opera bajo un modelo de gobernanza único establecido en la Constitución de Panamá, que le otorga autonomía y la obliga a operar como una empresa eficiente y rentable, entregando excedentes al Estado. Este modelo incluye una junta directiva con representación diversa y mecanismos de transparencia en la contratación y gestión de fondos. La estrategia de sostenibilidad y la publicación de informes de emisiones son parte de su marco de rendición de cuentas.

Este caso muestra cómo una entidad logística clave integra los criterios ASG no solo para mitigar sus impactos, sino como parte central de su estrategia de competitividad y viabilidad a largo plazo.

En mi país Panama se ve el enfoque en el Ambiente

Las prioridades giran en torno a la adaptación al clima y la economía circular:

• Resiliencia Climática: La adaptación al cambio climático se consolida como un eje central. Las empresas deben reforzar las estrategias para garantizar la resiliencia de sus operaciones y activos frente a fenómenos extremos (sequías, inundaciones, olas de calor).

• Economía Circular y Crisis Hídrica: En América Latina, la crisis hídrica se convierte en una prioridad crítica. Las empresas se ven obligadas a implementar estrategias de gestión sostenible del agua y a adoptar modelos de economía circular que prioricen la reutilización, la eficiencia energética y la reducción de residuos.

  Descarbonización y Net Zero: El escrutinio sobre las metas de emisiones netas cero (Net Zero) se amplía. Las grandes empresas están invirtiendo en energías renovables (solar, eólica) y el hidrógeno verde se posiciona como una solución clave para descarbonizar sectores difíciles de electrificar, como el transporte pesado.

  Biodiversidad: Más allá del carbono, hay un mayor enfoque en la pérdida de biodiversidad y el impacto en la naturaleza, con inversores exigiendo que las empresas consideren la deforestación y el uso del suelo.

• Ambiental: Se denunciaron riesgos de deforestación, afectación de cuencas hidrográficas y posible contaminación de fuentes de agua.

• Social: Comunidades cercanas y grupos indígenas reclamaron falta de consulta previa y afectaciones a su modo de vida.

• Gobernanza: El contrato minero fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema, tras protestas masivas que paralizaron el país. Esto evidenció deficiencias en transparencia, participación ciudadana y gestión de riesgos.

Impacto ASG:

• Económico: Pérdidas millonarias por la paralización de operaciones y caída de confianza de inversionistas.

• Reputacional: Daño a la imagen del país en materia de sostenibilidad y gobernanza.

• Social: Polarización y descontento ciudadano, con protestas prolongadas.

Este caso es un ejemplo de cómo la falta de una gestión sólida de riesgos ASG escaló y se convirtió en crisis nacional.

Los proyectos hidroeléctricos en Colombia se plantean con 20 años o más de anterioridad, pues la identificación de potenciales hidroeléctricos es una tarea constante de los ministerios a cargo del sector energético (hoy amparado por la Ley 1715 de 2014, la cual busca el aprovechamiento de energía no renovable y la explo-ración de dichas fuentes). Se identificó el potencial en el río Cauca, a la altura de Ituango, en el año 1967; desde entonces se consideró un entorno para la producción de energía, y su materialización inició en 2009.

Considerado el mas grande su tipo en el país va a cabo su construcción en el territorio donde se localiza bajo el argumento de generación de desarrollo para los municipios donde tendrían lugar sus intervenciones: se beneficiarían con ello 12 municipalidades con programas de atención en las líneas de infraestructura educativa, vial y construcción de vivienda

Ambiental

Desde abril del año 2018, la empresa EPM, constructora del proyecto registró fallas técnicas que obligaron a declarar en emergencia el área de influencia del mismo, dadas las afectaciones ambientales y el riesgo que representa el avance de su construcción. Se definió entonces un estado de contingencia  en el que hasta la fecha se registran23 municipios afectados, incluidos los departamentos de Córdoba y Sucre que se encuentran aguas abajo.

Se han modificado y sacrificado importantes ecosistemas y comunidades para cubrir la demanda de energía de las ciudades y la industria nacional e internacional, sin plantear oportunidades claras para el territorio que a largo plazo garanticen la protección de la fauna, la flora y la continuidad de actividades.

El Proyecto Hidroeléctrico Ituango revela la actual crisis ambiental, pues ha exigido un análisis de las condiciones socioambientales que intervienen en los territorios

Social

La integración de las comunidades al desarrollo que ofrecen los proyectos hidroeléctricos y sus infraestucturas obedece a la relación entre funcionalidad de los proyectos y necesidades inmediatas de los sectores económicos: construcción, energía e infraestructura.

Estos cambios suponen una aceleración de la economía en el territorio; empero, una vez entran en tensión los actores de inversión y ejecución con las comunidades relacionadas, emergen procesos de resistencia y organización social cuyo interés principal es la negociación con las empresas ejecutoras y la reclamación de derechos adquiridos. Además, estos buscan la inclusión en la toma de decisiones sobre aquello que les afecta para incidir en los planes o programas a implementarse, en aras de un proyecto que tiene una vida útil de 50a 150 años. Por lo tanto, los efectos sobre los ecosistemas y la sostenibilidad local son determinantes en la continuidad del territorio.

En línea con lo anterior, movimientos como Ríos Vivos y Asopesca, y diversas asociaciones de mineros, barequeros y pescadores de la región, han movilizado esfuerzos para defender sus actividades económicas y proteger el entorno que habitan. Esto ha traído con-sigo nuevas solicitudes de las comunidades en cuanto a los problemas ambientales que afectan el territorio, de manera que la estabilidad de la presa y las garantías técnico-constructivas del proyecto adquieren igual importancia que las garantías de trabajo, vivienda y bienestar de los habitantes del área de influencia directa e indirecta del proyecto.

Al evidenciarse las dificultades técnicas y socioambientales del proyecto presenta la hidroeléctrica ha permanecido bajo la mirada de la ciudadanía.

Esto marcó una preocupación por el alcance de las afectaciones y por la promesa incumplida de desarrollo para las comunidades, que ha significado y hasta entonces se ha configurado en incertidumbres y dudas por el futuro del territorio. Surgieron así preocupaciones por la estabilidad del proyecto de parte de distintos actores del territorio, cuyo objetivo era ejercer permanente veeduría al proyecto, una vez “el Tribunal Superior de Medellín ordenó al gobierno nacional ejercer la tutoría y representación legal[énfasis propio] sobre los derechos del Río Cauca.

Gobernanza

Se logró con ello identificar tres problemáticas desde la ingeniería, la política y la economía, pues de estas depende la materialización del desarrollo en un territorio.

No obstante, la ingeniería no se reduce a la técnica, pues las decisiones políticas y los ritmos de la economía global han sometido a las comunidades a los acelerados cambios de la producción a gran escala.

Se plantea, con todo lo dicho, una necesidad de incorporar la ingeniería en los procesos de desarrollo, a finde entender integralidad de la técnica, la economía y la política, y visualizarlos más allá de los estándares y criterios preestablecidos para la ejecución de un proyecto.

Los megaproyectos resultan por decisiones políticas: sus marcos normativos pueden ajustarse a los cambios que la sociedad exige y, con ello, abrir posibilidades de orientación del desarrollo en el territorio, en respuesta alas capacidades locales, de sus comunidades, sus instituciones y organizaciones. Los proyectos hidroeléctricos en Colombia implican hoy una reestructuración de los instrumentos públicos, dada la transgresión de las relaciones locales y de participación que han evidenciado. En este sentido, corresponde reivindicar por un lado mecanismos como la consulta previa de tal manera que, además de ser un espacio para la toma de decisiones delas comunidades étnicas, se dé participación en ellas a comunidades campesinas que han habitado histórica-mente los territorios; y por otro, la consulta popular, de suerte tal que con ellas sea posible definir el futuro de los municipios y la protección de actividades que afectan la autonomía territorial, todo ello junto con una revaluación colateral del derecho del ente nacional de actuar por encima de los intereses de las entidades locales y regionales

Se recomienda profundizar en estudios alrededor del a eficiencia energética que permitan transitar a otros medios de producción de energía, en procura de que las comunidades receptoras sean partícipes de este cambio.

La construcción de políticas y marcos normativos y metodológicos alrededor de la construcción de los megaproyectos es un tema aún condicionado por las orientaciones económicas; como tal, debe abordarse desde un enfoque científico y conceptual que contribuya a la generación de nuevas propuestas de marcos normativos por medio de los cuales se legisle sobre los hechos ambientales en el territorio

Muy mal manejo gubernamental, mala planificación y aseguramiento de conlcusión.

Desastre natural sin planificación. Afectación social y discordia con vecinos nicaraguenses.

Fallas en criterios ambientales

• Alta contaminación química y biológica: El río está a menudo cubierto de espuma por la descarga de detergentes y otros químicos, y supera en más de siete veces los parámetros de contaminación permitidos.

• Pérdida de biodiversidad: La ausencia de oxígeno en el agua ha provocado la muerte de la mayoría de los organismos acuáticos, quedando solo bacterias y hongos tolerantes a la alta contaminación. Se ha perdido hasta el 85% de la diversidad de insectos acuáticos.

• Falta de tratamiento de aguas residuales: La única planta de tratamiento de aguas residuales de Quito solo procesa un porcentaje mínimo del agua de la ciudad, mientras que el 80% del agua del Machángara es residual.

• Descargas industriales: Las empresas cercanas también contribuyen a la contaminación con descargas industriales directas. 

Fallas en criterios sociales

• Derecho al agua violado: La sentencia judicial reconoció que se violó el derecho de los quiteños al acceso a agua de calidad.

• Impacto en la salud: La contaminación puede generar enfermedades, como se ha observado en peces (tilapias) de la represa de Manduriacu, que reciben agua del río Machángara.

• Problemas de seguridad: La contaminación ha creado puntos muertos y microbasurales a lo largo del río, generando inseguridad para los transeúntes.

• Desconocimiento y desconexión: Existe una desconexión histórica de la población con el río, que ha pasado de ser un espacio vital a ser visto como un vertedero de desechos. 

Fallas en criterios de gestión

• Asignación de presupuesto insuficiente: Las administraciones zonales tienen presupuestos muy limitados para la descontaminación de quebradas, los cuales no se han ejecutado.

• Falta de aplicación de políticas públicas: Las sentencias judiciales buscan obligar al municipio a crear y aplicar políticas públicas, pero la aplicación efectiva ha sido históricamente deficiente.

• Control y monitoreo inadecuados: La falta de control municipal ha permitido la persistencia de prácticas de descarga de desechos y el crecimiento urbano descontrolado en zonas vulnerables.

• Gestión de residuos y asentamientos humanos: La expansión urbana y la falta de manejo adecuado de residuos sólidos (basura) y aguas residuales. contribuyen a la contaminación.

Desde la perspectiva Ambiental (A), el proyecto generó deforestación masiva, pérdida acelerada de biodiversidad y contaminación del suelo y cuerpos de agua por la introducción de sustancias como el mercurio y el cianuro, utilizadas posteriormente por la minería ilegal. Nada de esto cumplía con los lineamientos que los criterios ASG exigen: evaluación de impactos, gestión responsable, protección de recursos hídricos y alineamiento con compromisos climáticos.

En el ámbito Social (S), la zona vivió un deterioro profundo de las condiciones de seguridad y bienestar comunitario. La llegada de minería ilegal generó conflictos, aumento de trata de personas, explotación laboral y amenazas directas a comunidades vulnerables. Este escenario contradice por completo los criterios sociales del ASG, que incluyen relaciones laborales dignas, respeto a derechos humanos y una relación responsable con las comunidades.

Desde la Gobernanza (G), el proyecto evidenció fallas estructurales: decisiones políticas cuestionadas, falta de transparencia en la concesión, poca divulgación de información técnica y una débil capacidad institucional para monitorear y controlar los impactos. Precisamente el ASG apunta a fortalecer la ética, la transparencia, los procesos de reporte y la rendición de cuentas para evitar crisis como esta.

Este caso demuestra que cuando los criterios ASG no se integran desde la etapa de diseño del proyecto, los riesgos “no técnicos” se convierten en riesgos económicos, reputacionales y políticos de gran escala. Como señalan los contenidos del módulo ASG, estos criterios deben incorporarse transversalmente, desde la planificación hasta la operación, garantizando un equilibrio entre rentabilidad, sostenibilidad y licencia social para operar.

Los criterios ASG no son una tendencia voluntaria, ni un requisito cosmético: son una herramienta indispensable para evitar daños irreversibles, atraer inversión responsable, reducir riesgos y asegurar que los proyectos operen con legitimidad y responsabilidad.

En el componente ambiental, el proyecto fue cuestionado por su alto impacto sobre ecosistemas sensibles, el uso intensivo de recursos hídricos y los riesgos de contaminación, en un contexto de alta biodiversidad. La percepción de insuficiente control ambiental y de monitoreo independiente debilitó la confianza pública y dejó la sensación de que la protección del entorno no fue una prioridad estructural del proyecto.

Desde la dimensión social, se produjeron profundas tensiones con distintos grupos de interés. La falta de una licencia social sólida, el manejo inadecuado del relacionamiento comunitario y la percepción de que los beneficios económicos no compensaban los riesgos ambientales generaron protestas masivas, rechazo ciudadano y una fuerte presión social que terminó escalando a nivel nacional.

En términos de gobernanza, el proyecto evidenció debilidades críticas, cuestionamientos sobre la transparencia contractual, una comunicación deficiente con la ciudadanía, decisiones percibidas como poco participativas y una gestión del riesgo político insuficiente. La ausencia de una estrategia clara de rendición de cuentas y de divulgación de información relevante agravó la crisis de legitimidad del proyecto.

La falta de integración de criterios ASG desde la etapa de planificación fue determinante en este desenlace. No se incorporó de forma efectiva un enfoque preventivo de riesgos ambientales, no se construyó una relación de largo plazo con los grupos de interés y no se anticiparon los impactos reputacionales, sociales y políticos que finalmente llevaron a la paralización del proyecto y a pérdidas económicas significativas.

Este proyecto se volvió insostenible no por su tecnología, sino por la ausencia de criterios ASG fundamentales: participación comunitaria, manejo responsable del recurso hídrico, protección del entorno natural y transparencia en la toma de decisiones. El caso demuestra que, sin una gestión adecuada de riesgos sociales, ambientales y de gobernanza, incluso proyectos energéticos estratégicos pueden fracasar.

Ambiental:

La represa inundaría miles de hectáreas de bosques y tierras agrícolas, poninedo en riesgo especies endemicas y corredores biologicos, haciendo cambios drasticos en caudales y calidad del agua.

Social:

El proyecto implicaba la pérdida de territorios ancestrales y culturales. Hubo protestas, demandas y resistencia organizada de comunidades locales. Se estimaba que cientos de personas serían reubicadas.

Gobernanza:

No se cumplió adecuadamente con el derecho de consulta a pueblos indígenas, reconocido por convenios internacionales. La transparencia fue cuestionada por críticas por falta de claridad en costos, beneficios y estudios de impacto.

Finalmente, el ICE suspendió el proyecto por inviabilidad social y económica.

Contexto general

Se trata del complejo carbonífero a cielo abierto más grande de América Latina, ubicado en La Guajira, una región caracterizada por:

• Altísima pobreza estructural

• Presencia de comunidades indígenas Wayuu

• Escasez crítica de agua

• Fragilidad ambiental y social

Durante años, el proyecto ha sido objeto de controversia nacional e internacional por sus impactos ambientales, sociales y por la forma en que se han gestionado.

¿DÓNDE SE EVIDENCIA LA FALTA DE CRITERIOS ASG?

A — Ambiental

Principales fallas identificadas:

• Desviación y uso intensivo de fuentes hídricas en una zona con estrés hídrico severo.

• Afectaciones al río Ranchería y a arroyos locales.

• Contaminación por material particulado, afectando aire, suelo y agua.

• Tensiones frente al enfoque de transición energética y cambio climático, al tratarse de un proyecto de carbón térmico en un contexto de compromisos climáticos globales.

Desde un enfoque ASG:

El impacto ambiental no fue gestionado desde una lógica de capital natural crítico, sino predominantemente desde la viabilidad operativa.

S — Social (derechos humanos)

Este es el pilar más crítico del caso:

• Reasentamientos de comunidades indígenas con cuestionamientos sobre:

  • Consentimiento libre, previo e informado

  • Restablecimiento efectivo de medios de vida

• Impactos sobre:

  • Seguridad alimentaria

  • Acceso al agua

  • Salud infantil (desnutrición)

• Conflictos sociales persistentes y pérdida de licencia social para operar.

El enfoque social fue percibido durante años como:

gestión comunitaria reactiva, más que gestión estructural del impacto social.

G — Gobernanza

• Reiterados cuestionamientos sobre:

  • Transparencia en la toma de decisiones

  • Relación empresa–Estado–comunidades

• Intervención de:

  • Cortes

  • Organismos de control

  • Organizaciones internacionales de derechos humanos

• Dudas sobre la efectividad de la debida diligencia en derechos humanos, especialmente frente a comunidades étnicas.

Desde ASG:

La gobernanza no logró anticipar ni contener el riesgo social y reputacional del proyecto.

Desde una mirada ASG, el episodio expuso fallas que exceden el evento puntual. En lo ambiental, mostró la vulnerabilidad de los sistemas de contención y monitoreo. En lo social, afectó la confianza de las comunidades y la licencia social para operar. En gobernanza, reveló problemas de control interno, gestión de incidentes y transparencia en la información.

El caso Veladero se transformó así en un ejemplo concreto de cómo la falta de integración efectiva de criterios ASG puede convertir un activo productivo en una fuente de riesgo operativo y reputacional.

En cuanto al impacto ambiental, se ha tenido deforestación masiva, contaminación de fuentes hídricas, y alteración del suelo.

En el aspecto social se ha presentado afectación a comunidades locales, incremento de minería ilegal y muertes por colapso de túneles y enfrentamientos armados entre coligalleros y autoridades.

Respeto a la parte de gobernanza, ha habido una debilidad institucional con SETENA, quien aprobó el proyecto sin exigir un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tras cambios sustanciales, corrupción y falta de transparencia en la concesión minera, así como incumplimiento de compromisos internacionales (Convención de Minamata sobre mercurio).

Con base en lo anterior, se evidencia una ausencia de gobernanza robusta, falta de enfoque preventivo y carencia de reportes no financieros transparentes e íntegros.

La falta de normas ambientales y sociales en los proyectos ha generado espacios en los que puede existir la ilegalidad y el ataque directo a la biodiversidad, la generación de nuevos proyectos con normativas sostenibles e indicadores no solamente financieros permiten proteger estas islas y a la naturaleza

El proyecto Valle El Ángel fue concebido como un desarrollo inmobiliario privado de gran escala en las cercanías del Área Metropolitana de San Salvador, impulsado por la empresa Urbánica. El objetivo del proyecto era la construcción de un complejo habitacional moderno, orientado a atender la creciente demanda de vivienda en zonas estratégicas del país, con una inversión significativa y una proyección de alto impacto económico.

Desde una perspectiva estrictamente técnica y financiera, el proyecto mostraba viabilidad. Sin embargo, durante su avance comenzaron a evidenciarse conflictos importantes, principalmente asociados a su ubicación en una zona de recarga hídrica clave para el abastecimiento de agua del Gran San Salvador. Este factor detonó una fuerte oposición de comunidades, organizaciones ambientales y sectores académicos, quienes cuestionaron el impacto potencial del proyecto sobre el recurso hídrico y la sostenibilidad a largo plazo del territorio.

En el ámbito ambiental, el proyecto fue señalado por no demostrar de manera suficiente cómo mitigaría, compensaría o gestionaría los impactos sobre el agua, un recurso crítico en el país. La percepción de riesgo ambiental, sumada a la falta de información clara y verificable, generó desconfianza y presión social, lo que derivó en suspensiones, procesos judiciales y un alto nivel de incertidumbre para el desarrollador.

Desde el punto de vista social, el conflicto se intensificó por una gestión deficiente de los grupos de interés. No se logró construir un diálogo temprano, transparente y sostenido con las comunidades y otros actores clave. Esto provocó la pérdida de la llamada “licencia social para operar”, elemento fundamental para la continuidad de cualquier proyecto de gran escala.

En términos de gobernanza, el caso evidencia una falta de integración de los riesgos no financieros en la toma de decisiones estratégicas. El enfoque se centró en el cumplimiento legal mínimo, sin una visión integral que considerara la reputación, la sostenibilidad y la rendición de cuentas frente a múltiples stakeholders.

Una adecuada aplicación de los criterios ASG desde las etapas iniciales del proyecto habría permitido identificar estos riesgos de forma temprana, diseñar estrategias ambientales robustas, establecer mecanismos de participación social efectivos y fortalecer la transparencia y la gobernanza. En ese escenario, el proyecto habría tenido mayores probabilidades de avanzar de manera sostenible, reduciendo el conflicto, protegiendo su viabilidad financiera y asegurando un impacto positivo de largo plazo.

(principalmente inundaciones, deslizamientos y sequías)

Clasificación ASG

A – Ambiental

• Alta vulnerabilidad al cambio climático.

• Deforestación, degradación de cuencas y mala gestión del suelo.

• Incremento de eventos extremos (tormentas, huracanes, lluvias intensas, sequías prolongadas).

S – Social

• Pérdida de vidas humanas, desplazamiento de comunidades y afectación a pueblos indígenas.

• Impacto severo en seguridad alimentaria, salud y acceso al agua.

• Aumento de pobreza y migración forzada.

G – Gobernanza

• Débil planificación territorial y control urbano.

• Insuficiente gestión del riesgo y prevención de desastres.

• Problemas de corrupción, falta de transparencia y coordinación institucional en la respuesta y reconstrucción.

Ejemplos concretos en Guatemala

• Deslizamientos en zonas urbanas y rurales (ej. áreas de la Ciudad de Guatemala y el altiplano).

• Inundaciones en la costa sur y cuencas por lluvias intensas.

• Sequías en el Corredor Seco, con impacto directo en agricultura y nutrición infantil.

Desde el enfoque Ambiental, existen preocupaciones por la contaminación de fuentes hídricas y los riesgos asociados a la presa de cola. En el aspecto Social, se han presentado tensiones con comunidades cercanas, relacionadas con la salud, el acceso al agua y la falta de participación efectiva en las decisiones. A nivel de Gobernanza, la percepción de poca transparencia y comunicación ha debilitado la confianza de los grupos de interés.

Este caso me deja como aprendizaje que los criterios ASG no deben verse solo como un requisito, sino como una responsabilidad ética y estratégica para asegurar proyectos sostenibles y socialmente aceptados en el largo plazo.

1. Criterios Ambientales (A)

• Gestión del Cierre y Post-cierre: Grupos ambientalistas denuncian "graves incumplimientos" en el plan de cierre, señalando que la empresa no ha garantizado la estabilidad química y física de las instalaciones tras el cese de operaciones.

• Auditorías Críticas: Informes del Ministerio de Ambiente han revelado exclusiones de compromisos ambientales previamente acordados y deficiencias en la protección de cuencas hidrográficas.

• Preservación Segura: En 2025, el gobierno ordenó un plan de "preservación segura" para evitar desastres ambientales por el material acumulado (stockpiles), el cual el presidente Mulino autorizó procesar en 2026 únicamente por razones de seguridad. 

2. Criterios Sociales (S)

• Conflicto y Descontento: La aprobación inicial del contrato generó masivas protestas sociales debido a la percepción de que el proyecto era "pernicioso" para la población local.

• Impacto Laboral: El cierre resultó en la pérdida de más de 54,000 empleos directos e indirectos, lo que ha generado una crisis de desempleo que el gobierno actual atribuye directamente a este conflicto.

• Derechos Humanos: Se han presentado denuncias por supuestas malas prácticas para forzar la aprobación del proyecto en áreas con poblaciones vulnerables. 

3. Criterios de Gobernanza (G)

• Inconstitucionalidad: La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406 (el contrato concesionario) en 2023 por violar el bienestar social y el interés público.

• Arbitraje Internacional: Existe un proceso de arbitraje activo entre First Quantum Minerals y el Estado panameño, cuya audiencia final ha sido aplazada hasta febrero de 2026.

• Falta de Transparencia: La gobernanza del proyecto fue cuestionada por la "letra chica" del contrato y la falta de consulta pública efectiva antes de su aprobación legislativa. 

El Gobierno de Panamá prevé anunciar una decisión definitiva sobre el futuro de la mina (posible reapertura bajo nuevos términos o cierre total) en junio de 2026. 

Más allá de si el proyecto tiene o no un objetivo económico válido, el principal problema ha sido cómo se ha manejado el impacto ambiental en un ecosistema tan sensible. Los manglares cumplen funciones clave y, aun así, el proyecto avanzó generando muchas dudas sobre si los riesgos fueron realmente dimensionados y gestionados desde el inicio.

También se percibe una desconexión importante con la comunidad y otros actores. Las protestas, los cuestionamientos públicos y las acciones legales reflejan que no se logró construir confianza ni licencia social, lo que termina convirtiéndose en un riesgo grande para el propio proyecto.

A esto se suma la forma en que se ha comunicado y gestionado el proceso. La falta de claridad y la percepción de poca transparencia han hecho que el conflicto se agrave, cuando probablemente con una gestión y comunicación más tempranas el escenario habría sido distinto.

Para mí, el caso de Puerto Barú demuestra que cuando los criterios ASG no se integran desde el inicio, incluso proyectos que buscan impulsar el desarrollo económico pueden terminar enfrentando conflictos ambientales, sociales y reputacionales difíciles de revertir.

Hasta ahora el proyecto no ha sido cancelado; sin embargo, el debate sigue abierto, ya que organizaciones y distintos sectores de la sociedad continúan cuestionando los impactos sobre los manglares y la forma en que se ha llevado el proceso, lo que evidencia que el conflicto ambiental y social aún no está completamente resuelto.

En el ámbito social y de gobernanza, Hidroituango ha sido fuertemente cuestionado por la falta de consulta efectiva a las comunidades, los procesos de reasentamiento incompletos y la limitada transparencia en la toma de decisiones. La fragmentación institucional, la rendición de cuentas insuficiente y la respuesta tardía de los responsables evidencian fallas estructurales de gobernanza. En conjunto, el proyecto es un referente negativo en Colombia sobre cómo una gestión deficiente de criterios ASG puede amplificar riesgos técnicos y derivar en impactos sociales, ambientales y reputacionales de gran magnitud.

A (Ambiental): fuerte controversia por impactos sobre el bosque y el ecosistema (incluida tala) y riesgos asociados a la alteración del territorio.

S (Social): alta conflictividad comunitaria, polarización social y presión sobre condiciones locales (empleo informal, tensiones por presencia de minería).

G (Gobernanza): cuestionamientos por decisiones y permisos, judicialización del proyecto y pérdida de confianza pública en la institucionalidad y el control.

En conjunto, se volvió un caso emblemático de cómo un proyecto puede colapsar por falta de gestión ambiental, licencia social y gobernanza sólida.

Una empresa petrolera sufre un derrame masivo de crudo en un río de la Patagonia, afectando comunidades locales, fauna y flora. El evento genera crisis reputacional y riesgo financiero.

Aplicación de criterios ASG

Ambiental (A):

• Evaluar y mitigar la contaminación hídrica y del suelo.

• Implementar protocolos internacionales como el GHG Protocolo y normas ISO 14000 para medir emisiones y remediación.

• Plan de restauración ecológica con monitoreo independiente.

Social (S):

• Garantizar la seguridad de trabajadores en la limpieza y remediación.

• Compensar a comunidades afectadas (agua potable, salud, infraestructura).

• Políticas de inclusión y respeto a derechos humanos en la respuesta.

Gobernanza (G):

• Transparencia en la comunicación de impactos y avances de remediación.

• Auditorías externas y reportes no financieros (GRI, SASB).

• Junta directiva asumiendo responsabilidad y fortaleciendo políticas anticorrupción y de gestión de riesgos.

Resultado esperado

• Reducción de riesgos reputacionales y financieros al mostrar compromiso con estándares internacionales.

• Atracción de inversión responsable al evidenciar un plan estratégico de sostenibilidad.

• Mejora en la confianza social y gubernamental, asegurando continuidad operativa.

Este tipo de enfoque convierte un evento catastrófico en una oportunidad para demostrar responsabilidad corporativa y resiliencia bajo criterios ASG.

cada dimensión (A, S y G)?

Aunque se trataba de un proyecto de energía renovable (lo cual en principio se alinea con criterios ambientales), terminó convirtiéndose en un caso internacional de alto impacto negativo en sostenibilidad.

Desde el criterio Ambiental, el proyecto intervino un río considerado sagrado por el pueblo indígena Lenca, generando cuestionamientos sobre la calidad y legitimidad de los estudios de impacto ambiental, así como sobre la gestión integral de la cuenca. No se evidenció una evaluación robusta de impactos acumulativos ni una gestión preventiva del conflicto socioambiental.

En el ámbito Social, el principal fallo fue la ausencia de una consulta previa, libre e informada conforme al Convenio 169 de la OIT, aplicable a pueblos indígenas. Esto generó oposición comunitaria sostenida, escalamiento del conflicto y un entorno de alta tensión. El asesinato de la lideresa ambiental Berta Cáceres en 2016 evidenció el nivel crítico de deterioro del entorno social vinculado al proyecto y marcó un punto de quiebre reputacional a nivel global.

En cuanto a Gobernanza, hubo cuestionamientos sobre la debida diligencia empresarial en derechos humanos, la transparencia en la obtención de permisos y la supervisión institucional. Financistas internacionales, como el Banco Holandés de Desarrollo (FMO), retiraron su apoyo tras el escalamiento del conflicto, reflejando fallas en los mecanismos de control, gestión de riesgos y cumplimiento de estándares internacionales.

Para esta situación particular hicieron falta criterios ASG integrados desde la fase de formulación del proyecto. No se gestionó adecuadamente la identificación temprana de stakeholders críticos, no se aseguró la licencia social para operar y no se implementó una gobernanza preventiva basada en derechos humanos. El proyecto fue abordado principalmente desde su viabilidad técnica y financiera, pero no desde una visión sistémica que integrara sostenibilidad, legitimidad institucional y estabilidad social.

El resultado fue la paralización del proyecto, pérdida de inversión, daño reputacional internacional y debilitamiento de la confianza en futuros desarrollos. Este caso demuestra que un proyecto puede ser técnicamente viable, pero si no incorpora criterios ASG como eje estructural de su planificación y ejecución, el riesgo de fracaso es alto y puede escalar a consecuencias irreversibles.

Este proyecto, liderado originalmente por la empresa Industrias Infinito (filial de la canadiense Vanessa Ventures), pretendía ser una mina de oro a cielo abierto en la Zona Norte del país. Su fracaso no solo fue operativo, sino que se convirtió en una crisis nacional que ilustra perfectamente la falta de integración de los criterios que menciona el libro de Edna Rodríguez. ¿Por qué este caso es relevante para tu estudio?

1. Gobernanza: Demuestra que las "alianzas con el gobierno" (como las que buscaba Petróleo Vivo) no son suficientes si no hay transparencia legal.

2. Social: Ilustra cómo la falta de atención a los derechos humanos y ambientales genera un conflicto social que paraliza la operación.

3. Monitoreo: El caso Crucitas falló porque no hubo un monitoreo independiente y real de los impactos, sino una imposición política. . Desglose de Fallas bajo el Criterio ASG

   Ambiental (A): Riesgo en Ecosistemas Críticos

   • Falla: El proyecto se ubicaba en el Corredor Biológico San Juan-La Selva. La deforestación masiva inicial para preparar el terreno afectó especies en peligro, como el Almendro Amarillo (hábitat de la Lapa Verde).

   • Impacto Actual: Tras la cancelación legal del proyecto, la zona fue invadida por la minería ilegal ("coligalleros"), quienes utilizan mercurio sin control. Esto ha provocado una contaminación masiva de suelos y mantos acuíferos que el Estado no ha podido contener, convirtiendo un riesgo controlado en un desastre ambiental crónico.

   Social (S): Falta de Licencia Social y División Comunitaria

   • Falla: La empresa y el gobierno no lograron construir una verdadera "licencia social" (pág. 11 del libro). La comunidad de San Carlos se dividió profundamente entre quienes buscaban empleo y quienes defendían el entorno natural.

   • Impacto: Se generaron protestas masivas, huelgas de hambre y una resistencia civil que escaló a nivel nacional, lo que demuestra que la gestión social fue reactiva y no proactiva. No se consideró el bienestar a largo plazo de los pobladores frente a la actividad extractiva.

   Gobernanza (G): Inconsistencias Legales y falta de Transparencia

   • Falla: El gobierno de la época emitió un "Decreto de Conveniencia Nacional e Interés Público" para permitir la tala y la minería, el cual fue posteriormente declarado ilegal por el Tribunal Contencioso Administrativo y la Sala Cuarta.

   • Impacto: Se evidenció una falta de transparencia y una "gobernanza débil". El conflicto entre los poderes del Estado (Ejecutivo vs. Judicial) y la falta de criterios técnicos sólidos para sustentar el decreto minaron la confianza de los ciudadanos y de los inversionistas internacionales.

   2. Consecuencias Financieras y de Inversión

   Siguiendo el libro de base (pág. 8), los inversores hoy huyen de este tipo de escenarios. Las consecuencias para el Estado y la empresa fueron:

   1. Arbitraje Internacional: La empresa Infinito Gold demandó a Costa Rica ante el CIADI (Banco Mundial) por cientos de millones de dólares, alegando inseguridad jurídica.

   2. Pérdida de Valor: La empresa perdió la totalidad de su inversión y su reputación en la región quedó destruida.

   3. Costo de Remediación: El Estado costarricense ahora debe invertir millones de dólares para tratar de limpiar la contaminación por mercurio dejada por los mineros ilegales que ocuparon el sitio abandonado.

   
   

Este proyecto es un ejemplo claro de cómo la ausencia de criterios ASG puede llevar a un resultado catastrófico.

A – Ambiental

Fallas:

• Impacto severo sobre ecosistemas y biodiversidad en la zona sur.

• Inundación de grandes extensiones de bosque y tierras indígenas.

• Insuficiente evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos.

S – Social

Fallas:

• Afectación directa a territorios indígenas Térraba, Boruca y otros.

• Procesos de consulta insuficientes o no alineados con el Convenio 169 de la OIT.

• Conflictos sociales prolongados y pérdida de confianza en las instituciones.

G – Gobernanza

Fallas:

• Falta de transparencia en costos, cronogramas y viabilidad.

• Decisiones tomadas sin análisis de riesgo social y ambiental.

• Ausencia de mecanismos de rendición de cuentas.

• Cambios políticos que afectaron la continuidad del proyecto.

La dimensión ambiental nos obliga a medir y gestionar nuestro impacto en el entorno; la dimensión social nos recuerda que las personas están en el centro de la organización; y la gobernanza garantiza transparencia, ética y rendición de cuentas. Cuando estos tres pilares se integran de manera transversal en la estrategia corporativa, dejan de ser un costo y se convierten en una ventaja competitiva.

Creo que el verdadero desafío está en pasar del discurso a la implementación real, incorporando indicadores medibles, cultura organizacional y liderazgo comprometido. Solo así podemos hablar de negocios verdaderamente sostenibles.

A – Ambiental:
En Crucitas no se gestionó adecuadamente el impacto ambiental del proyecto minero. Hubo riesgos significativos de contaminación de fuentes hídricas, afectación a la biodiversidad y deforestación, sin estudios ambientales suficientemente robustos ni medidas preventivas creíbles. Esto evidenció una débil aplicación del principio de precaución.

S – Social:
El proyecto careció de una gestión social efectiva con las comunidades locales. No se logró una participación adecuada de los actores afectados, lo que generó conflicto social, pérdida de confianza y oposición comunitaria, además de preocupaciones sobre impactos en la salud y el bienestar de la población.

G – Gobernanza:
Se identificaron fallas en gobernanza, principalmente en transparencia, cumplimiento normativo y rendición de cuentas. Las decisiones fueron percibidas como poco claras y con debilidades institucionales, lo que afectó la legitimidad del proyecto y derivó en su judicialización y cancelación.

El proyecto Crucitas buscaba desarrollar una mina de oro a cielo abierto en Cutris de San Carlos, cerca de la frontera con Nicaragua. La concesión fue otorgada en 2008 a la empresa Industrias Infinito, subsidiaria de la canadiense Infinito Gold. Posteriormente el proyecto fue anulado por los tribunales costarricenses debido a impactos ambientales y cuestionamientos legales.

La explotación implicaba remover grandes cantidades de suelo y utilizar sustancias químicas como cianuro para separar el oro, lo que generó fuerte oposición social y ambiental.

ómo se convierte en un caso catastrófico ASG

A – Ambiental

El proyecto generó preocupaciones graves por impactos ambientales:

• Deforestación de más de 50 hectáreas de bosque en la zona del proyecto.

• Riesgo de contaminación de ríos y aguas subterráneas por uso de cianuro y mercurio en la extracción de oro.

• Amenaza a ecosistemas altamente biodiversos del corredor biológico San Juan–La Selva.

Incluso años después de cancelado el proyecto, la zona ha sufrido minería ilegal, con contaminación de ríos y daños a la biodiversidad.

S – Social

El caso también generó impactos sociales importantes:

• Conflictos entre comunidades, empresas y gobierno.

• Riesgos para comunidades que dependen del turismo y pesca.

• Problemas de salud pública por contaminación con metales pesados en el agua.

Además, la minería ilegal posterior ha generado violencia, tráfico de mercurio y crimen organizado en la zona.

G – Gobernanza

El caso también evidenció fallas en gobernanza:

• Decisiones políticas controvertidas para declarar el proyecto de interés público nacional.

• Investigaciones por irregularidades en la concesión minera.

• Litigios internacionales contra el Estado costarricense ante el CIADI.

Este conflicto mostró debilidades en transparencia, regulación y gestión de riesgos institucionales.

En 2008 el proyecto fue declarado de interés público nacional, lo que permitió avanzar con la concesión minera. Sin embargo, posteriormente surgieron fuertes cuestionamientos por su impacto ambiental, conflictos sociales y problemas en el proceso de otorgamiento de permisos.

Tras una serie de litigios judiciales y protestas sociales, en 2010 el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión minera, convirtiendo el caso en uno de los conflictos ambientales y de gobernanza más relevantes en Costa Rica.

1)       Análisis del caso desde la perspectiva ASG

A – Ambiental

El componente ambiental fue uno de los elementos más críticos del caso.

Entre los principales impactos señalados se encuentran:

• Deforestación significativa en una zona de alto valor ecológico.

• Riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas por el uso de químicos como cianuro en el proceso de extracción del oro.

• Amenaza a la biodiversidad del corredor biológico San Juan–La Selva.

• Posteriormente, tras la cancelación del proyecto, surgieron problemas de minería ilegal, lo que ha generado daños ambientales adicionales.

Este caso puso en evidencia la importancia de evaluar adecuadamente los riesgos ambientales antes de aprobar proyectos extractivos.

S – Social

El proyecto generó una fuerte reacción social en el país.

Entre los principales aspectos sociales se destacan:

• Movilización de organizaciones ambientalistas y comunidades locales.

• Preocupaciones sobre el impacto del proyecto en la salud pública y en las fuentes de agua.

• Conflictos entre comunidades, empresa y gobierno.

• Posteriormente, la minería ilegal en la zona ha generado problemas sociales y de seguridad.

El caso evidenció la importancia de la licencia social para operar, un elemento clave en proyectos de alto impacto.

G – Gobernanza

el punto de vista de gobernanza, el caso también mostró debilidades institucionales.

Entre los principales aspectos se encuentran:

• Cuestionamientos sobre el proceso de aprobación de la concesión minera.

• Investigaciones sobre posibles irregularidades en la autorización del proyecto.

• Litigios internacionales iniciados por la empresa contra el Estado costarricense.

• Debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y control en la toma de decisiones públicas.

Este componente evidenció la importancia de contar con instituciones sólidas y procesos transparentes para la aprobación de proyectos de gran impacto.

Conclusión.

El caso Crucitas se convirtió en un ejemplo emblemático en Costa Rica sobre los riesgos que enfrentan los proyectos empresariales cuando no logran integrar adecuadamente los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

Este caso demuestra que la sostenibilidad de un proyecto no depende únicamente de su viabilidad económica, sino también de su capacidad para gestionar los impactos ambientales, mantener una relación constructiva con las comunidades y garantizar procesos transparentes de gobernanza.

En este sentido, Crucitas evidencia que la ausencia de una gestión integral de los criterios ASG puede derivar en conflictos sociales, riesgos reputacionales y pérdidas económicas significativas.

Este proyecto es una iniciativa del gobierno municipal actual, a lo largo de veinticinco años la municipalidad ha estado administrada por diferentes representantes del mismo partido, la ciudad tiene problemas de movilidad, transporte, abastecimientos de agua, seguridad, etc.

PROYECTO: Aerómetro

El proyecto enfrenta críticas por no cumplir plenamente con los criterios ASG destacando la tala de árboles, falta de transparencia y dudosa viabilidad técnica. Se señala un alto impacto ambiental y social sin que logre resolver el problema de movilidad de la ciudad que actualmente es crítico.

A - Ambiental

1. Tala de árboles

2. Impacto urbano

S-Social

1. Dudosa utilidad pública

2. Impacto en la movilidad

G-Gobernanza

1. Falta de transparencia

2. Cuestionamientos hacia la adjudicación.

3. Falta de participación

A este proyecto los aspectos más relevantes que lo alejan de los estándares ASG son: falta de transparencia en la planificación, impactos ambientales negativos y los problemas de movilidad.

El 5 de noviembre de 2015, la rotura de la presa del Fundão en la Ciudad de Mariana (Minas Gerais) y el vertido de 34 millones de metros cúbicos de lodo sobre el pueblo de Bento Rodriguez mató a 19 personas y 600 personas quedaron sin hogar. Se considera el mayor desastre ambiental producido en Brasil por negligência de una empresa.

Los desechos del embalse-vertedero provenían de la producción de mineral de hierro de la empresa Samarco (Vale, de Brasil, y BHP Billiton, de Australia-Reino Unido), una de las mayores minas de mineral de hierro en el mundo, hasta que el accidente paralizó sus actividades.

Tras los daños en el pueblo de Bento Rodrigues, el lodo tóxico de Samarco llegó al río Doce, donde viajó casi 700 km a lo largo de más de 40 municipios, hasta desembocar en el océano en Linhares (Espírito Santo). El lodo afectó al suministro de agua de muchos municipios y exterminó la biodiversidad acuática y extensas áreas de valor natural.

La actividad y el modo de vida de pequeños agricultores, pescadores, poblaciones tradicionales e indígenas se vieron profundamente impactados. En 2016, después de recibir una multa baja, en comparación a los daños causados (63 millones de euros), Samarco y sus controladoras acordaron con los gobiernos federal y estatales generar un fondo de hasta 4950 millones de euros para recuperar la cuenca del río Doce los próximos 15 años.

Sin embargo, un manifiesto firmado por más de 100 instituciones y movimientos sociales de todo Brasil criticó el acuerdo por no suponer una plena remediación a los daños causados, y por haber sido elaborado a espaldas de la población afectada y los movimientos sociales que la apoyan.

Impactos que seguimos viendo em muchas empresas están ligados a temas de transparencia y grandes impactos ambientales negativos para el medio ambiente y sus pobladores.

Qué ocurrió:
El río La Villa, principal fuente de agua potable en la región de Azuero, ha sufrido episodios de contaminación por agroquímicos, actividad agrícola y deforestación.

Problemas ASG:

• Ambiental: deterioro de la calidad del agua y del ecosistema.

• Social: afectación directa al suministro de agua potable para miles de personas.

• Gobernanza: falta de control efectivo sobre actividades contaminantes y gestión de cuencas.

Consecuencia:
Crisis periódicas de agua potable en la región y necesidad de transporte de agua mediante cisternas.

En Específico: Dpto. de Cabañas.

Contexto y descripción:

Aunque la mina de oro y plata nunca se construyó, el proceso generó daños irreversibles en tejido social, costos millonarios para el Estado, violencia, división comunitaria y un cambio radical de política nacional (la Ley de Prohibición de Minería Metálica de 2017, primera en el mundo por motivos ambientales y sociales). Fue un "no win" total.

Criterio A:

El proyecto no incorporó un análisis realista de doble materialidad ambiental

Criterio S:

No se aplicaron los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

Crierio G:

El principal criterio por el cual falló el proyecto.

En este proyecto no se utilizo ningun criterio ASG por lo que hoy en dia existen familias y negocios desplazados sin reubicacion, a pesar del alto impacto positivo en el transporte de la ciudad.

Desde el Eje Ambiental (A) el proyecto se ubica en una zona de alta sensibilidad ambiental, cercana a bosques primarios y fuentes hídricas relevantes, lo que representa un impacto materia e irreversible, ya que se asocia con riesgos de deforestación, contaminación de cuerpos de agua, incompatibilidad con los compromisos de cambio climático y conservación de nuestro país.

Desde el Eje Social (S), el proyecto presenta debilidades estructurales:

• Fuerte oposición social y comunitaria, lo que demuestra ausencia de licencia social para operar.

• Conflictos prolongados con comunidades, organizaciones sociales y ambientalistas.

• Percepción de afectación a medios de vida sostenibles como:

  • ecoturismo,

  • agricultura,

  • uso comunitario del agua.

• Riesgos laborales asociados a la minería a cielo abierto.

Y por último, con relación al Eje de Gobernanza (G), es un de los más críticos en el caso Crucitas ya que inestabilidad jurídica y la pérdida de confianza hacen que el proyecto sea no financiable desde un enfoque ASG:

• Historial de:

  • cuestionamientos legales,

  • debilidad en procesos de aprobación,

  • reversión de decisiones administrativas y judiciales.

• Falta de transparencia y rendición de cuentas claras.

• Percepción de debilidad institucional y conflictos de interés en la toma de decisiones.

• Dificultad para sostener reportes confiables hacia inversionistas bajo estándares ASG.

Mina Cobre Panamá

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¿Por qué se considera un caso “catastrófico” en ASG?

Este proyecto, operado por First Quantum Minerals, terminó en:

* Protestas masivas a nivel nacional

* Fallo de inconstitucionalidad del contrato

* Suspensión de operaciones en 2023

* Impacto económico significativo para el país

Es un caso clásico donde falló la gestión integral ASG

A – Ambiental (fallas críticas)

* Impacto en biodiversidad y ecosistemas

* Riesgos sobre fuentes hídricas

* Percepción de daño ambiental no mitigado

Problema clave:

Falta de confianza en la gestión ambiental y en la mitigación de impactos

S – Social (fallas más visibles)

* Rechazo social generalizado (protestas nacionales)

* Percepción de falta de consulta ciudadana efectiva

* Pérdida de “licencia social para operar”

Problema clave:

La empresa no logró legitimidad ante la sociedad

G – Gobernanza (la raíz del problema)

* Cuestionamientos al contrato con el Estado

* Falta de transparencia en acuerdos

* Percepción de decisiones políticas poco claras

Problema clave:

Débil gobernanza y falta de confianza institucional

Resultado final

* Cancelación del proyecto (de facto)

* Pérdidas millonarias

* Daño reputacional país + empresa

Esto es lo que en ASG se llama:

"Riesgo material no gestionado que destruye valor"

El caso de Mina Cobre Panamá demuestra que el fracaso en la gestión de criterios ASG, especialmente en gobernanza y dimensión social, puede derivar en la pérdida total de la viabilidad de un proyecto, incluso cuando este es económicamente rentable. La ausencia de transparencia, la falta de consulta efectiva a los grupos de interés y la débil gestión ambiental provocaron la pérdida de la licencia social para operar, generando un impacto negativo tanto para la empresa como para el país.

Este tipo de casos muestra que no integrar los criterios ASG desde el inicio puede generar impactos a largo plazo mucho más costosos que los beneficios económicos de corto plazo.

Si bien el proyecto cumplía con la "forma" (tenía una ley, una autoridad y un presupuesto), pero falló en el impacto:

En lo Ambiental: No mejoró la calidad del agua de forma sustancial en décadas.

En lo Social: Agravó la precariedad de las familias relocalizadas.

En la Gobernanza: Se convirtió en un agujero negro de fondos públicos sin rendición de cuentas efectiva.

A – Ambiental
El proyecto generó preocupación por la deforestación, la afectación de la biodiversidad y el riesgo de contaminación de fuentes de agua por el uso de sustancias químicas en la extracción de oro.

S – Social
Provocó fuerte oposición social de comunidades, ambientalistas y ciudadanía, ya que muchas personas consideraban que el proyecto ponía en riesgo el ambiente y la calidad de vida de la zona.

G – Gobernanza
Hubo cuestionamientos sobre permisos, transparencia y toma de decisiones. La anulación judicial evidenció fallas en el control institucional y en la gestión responsable del proyecto.

Costo financiero elevado, factor de apoyo comunitario ausente con destruccion de bosques flora y fauna en una region donde estaban basadas comunidades indigenas con baja educacion.

Se suponia mejorar sistema de generacion electrica en el pais y mermar un poco la alta necesidad de servicio.

No pudo realizarse y los inversionistas perdieron su capital.

Factor primordial no existen leyes de gobernanza en nuestro país mas que para sector financiero.

Se ignoraron las señales de alerta estructurales que el edificio presentaba meses antes del colapso. No hubo un reporte de riesgos honesto a los propietarios ni a las autoridades. La "G" implica que la alta dirección asegure que los procesos cumplan con estándares superiores. Aquí, la falla en la supervisión interna y el diseño estructural deficiente demostraron una gobernanza enfocada en el beneficio económico de corto plazo, ignorando la sostenibilidad del activo.

El impacto social fue catastrófico y multidimensional, pues el colapso de la Torre cobró la vida de 12 personas y cientos de familias perdieron su hogar y el ahorro de toda su vida. El impacto emocional y el desplazamiento forzado de los residentes de las otras torres (que tuvieron que ser demolidas) es una vulneración masiva a los derechos de los involucrados. El caso puso en duda la seguridad de toda la industria de la construcción, afectando la confianza del consumidor en el sector.

Aunque menos discutido, la demolición controlada de las torres restantes generó:

Toneladas de escombros que debieron ser gestionados, generando una huella ambiental que no estaba planificada en el ciclo de vida del proyecto y polución, el impacto del polvo y las partículas durante la implosión afectó la calidad del aire de la zona residencial.

El colapso del Edificio Space no fue un accidente de ingeniería, sino una falla de Gestión ASG. Si la empresa hubiera tenido un comité de riesgos independiente (G) y una verdadera política de responsabilidad con sus clientes (S), se habrían atendido las fallas estructurales a tiempo. Este caso nos enseña que el 'ahorro' en criterios ASG termina siendo el costo más alto que una empresa puede pagar: su desaparición y la destrucción de su reputación.

Este evento fue el que impulsó en Colombia la creación de la "Ley de Vivienda Segura", lo que demuestra cómo una falla ASG obliga a cambios regulatorios en todo un país.

• Concesión otorgada en los años 2000 para minería de oro a cielo abierto.

• Generó fuerte oposición social y ambiental.

• Fue anulado por tribunales en 2010 debido a irregularidades y riesgo ambiental.

• El país incluso prohibió la minería metálica a cielo abierto poco después

Impacto ambiental:

• Deforestación y destrucción de hábitats (incluyendo especies en peligro como la lapa verde).

• Riesgo de contaminación con cianuro y mercurio, afectando agua y suelos.

• Posteriormente, la zona sufrió minería ilegal, causando:

  • Deforestación masiva

  • Contaminación de ríos con mercurio.

  • Consecuencias sociales negativas:

    • Conflictos con comunidades locales y protestas ciudadanas.

    • Desarrollo de una crisis social en la zona:

    Aumento de delincuencia, violencia y explotación laboral vinculada a minería ilegal

    Presencia de crimen organizado y condiciones peligrosas para trabajadores

    • Problemas de salud asociados a contaminación del agua.

      Debilidades claras en gobernanza pública y privada:

      • Irregularidades en la concesión que llevaron a su anulación judicial.

      • Cambios políticos contradictorios (moratoria, levantamiento, nueva prohibición).

      • Falta de control estatal posterior, que permitió expansión de minería ilegal.

      • Costos legales y conflictos prolongados por más de dos décadas.

SOCIAL: No existe una estrategia social ESG formalizada, las acciones existen, pero no están integradas bajo una política de sostenibilidad, no se reportan externamente. Alto volumen de procesos manuales, muchos procesos aún no están automatizados y la carga operativa impacta el clima laboral, eficiencia y escalabilidad. Integrar capacity plan y automatización como parte del enfoque social y de personas

AMBIENTAL: Enfoque ambiental no institucionalizado, no existe una política ambiental formal, las iniciativas son aisladas, no parte de un sistema de gestión ambiental. No hay KPIs ambientales (intensidad energética, consumo per cápita, etc.)No hay metas de reducción, no se calcula huella de carbono ni impactos climáticos

GOBERNANZA: Priorizar automatización y tecnología como eje de eficiencia, sostenibilidad y bienestar laboral. Evolucionar el reporte regulatorio hacia un reporting integral ESG

Sin embargo, hubo un error crítico: el proyecto avanzó sin integrar adecuadamente los criterios ASG.

Desde la perspectiva ambiental, no se realizó un análisis profundo de los impactos sobre los ecosistemas marinos. Durante la construcción, se generaron vertidos que contaminaron manglares y afectaron la pesca artesanal, principal fuente de ingresos de cientos de familias.

En el ámbito social, la empresa no consultó oportunamente a las comunidades locales ni a los grupos indígenas presentes en la zona. La falta de diálogo generó protestas, bloqueos, conflictos sociales y pérdida total de la licencia social para operar.

Por otra parte, desde la gobernanza, la organización ocultó información relevante sobre los impactos ambientales y minimizó los riesgos en sus reportes de sostenibilidad. Cuando esta información salió a la luz, los inversionistas retiraron parte de su financiamiento, los reguladores impusieron sanciones millonarias y la reputación corporativa sufrió un daño irreversible.

El resultado fue catastrófico. El proyecto acumuló retrasos superiores a dos años, sobrecostos multimillonarios, demandas judiciales y una fuerte caída en el valor de la empresa.

Este caso demuestra que los criterios ASG no son un requisito adicional ni un simple ejercicio reputacional. Son elementos estratégicos de gestión del riesgo y creación de valor.

La principal lección es clara: todo proyecto debe iniciar identificando impactos ambientales y sociales, evaluando expectativas de los grupos de interés, estableciendo mecanismos sólidos de gobernanza y asegurando una comunicación transparente durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Ignorar los criterios ASG puede transformar un proyecto prometedor en un fracaso financiero, social y ambiental de enormes proporciones.

Caso Cochinilla (2021) — falla en G (Gobernanza)
Las constructoras MECO y H Solís, junto con el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), estuvieron involucradas en una red de corrupción donde empresarios sobornaban a funcionarios públicos para garantizarse contratos de obra vial. Se investigan delitos de peculado, malversación de fondos, cohecho y tráfico de influencias