Educación sobre Derechos Laborales: Fomentemos programas de educación que informen tanto a vigilantes como a empleadores sobre los derechos laborales y las políticas anti-discriminación. Estos programas pueden ayudar a romper estigmas y promover un ambiente de trabajo más justo.

Defensoría del Pueblo: Animamos a la utilización de la figura del defensor del pueblo para reportar y resolver casos de discriminación. Esta es una herramienta vital para proteger a los trabajadores y asegurar que sus derechos sean respetados.

Campañas de Concientización: Participa en campañas de concientización para educar a la comunidad sobre la importancia y la dignidad del trabajo de los vigilantes. Compartamos historias y datos que destaquen su contribución a nuestra seguridad.

Foros Comunitarios: Organicemos foros comunitarios donde vigilantes y otros ciudadanos puedan compartir experiencias y perspectivas. Estos encuentros pueden fomentar el diálogo y el entendimiento mutuo, reduciendo prejuicios y fomentando la solidaridad.

Regulación Más Estricta: Debemos abogar por regulaciones más estrictas que prohíban la discriminación en el empleo, con enfoque particular en sectores como la seguridad privada. Esto incluiría sanciones para las empresas que no cumplan.

Programas de Capacitación Obligatoria: Proponemos la implementación de programas obligatorios de capacitación en diversidad y sensibilidad social para todos los empleados en el sector de seguridad. Estos programas pueden mejorar el ambiente laboral y promover el respeto mutuo.

Derecho a la igualdad: El artículo 13 de la Constitución establece el derecho a la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación por razones de origen, raza, sexo, religión u ocupación, entre otras.

Derecho al trabajo: El artículo 25 garantiza el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, sin discriminación por ninguna causa.

Derecho a la intimidad: El artículo 15 protege la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, lo que incluye el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada.

Derecho a la dignidad humana: Este principio fundamental, consagrado en el artículo 1 de la Constitución, implica el respeto y la protección de la dignidad de todas las personas, independientemente de su ocupación o estatus social.

Promover la educación en la sociedad a través de campañas de sensibilización para eliminar los estereotipos asociados a los trabajadores de seguridad privada.

Fomentar la inclusión laboral y el reconocimiento social tanto por parte de la comunidad como de las empresas que operan en este sector.

Brindar apoyo y orientación a los trabajadores del sector de la seguridad privada en casos de discriminación, ofreciéndoles asistencia emocional y legal.

Incentivar a las empresas de seguridad a implementar políticas internas que salvaguarden los derechos de sus empleados y promuevan ambientes laborales positivos y proactivos.

Seguridad social: El derecho a la seguridad social se convierte en una necesidad de obligatorio cumplimiento para garantizar la protección y el bienestar tanto de los vigilantes como de sus familias. Esto implica no solo el acceso completo a servicios como la salud y el fondo de pensiones, sino también la garantía de condiciones laborales justas y dignas. Tanto el Estado colombiano, en su calidad de garante de los derechos fundamentales, como las empresas del sector, tienen la responsabilidad de asegurar que los vigilantes accedan efectivamente a la seguridad social y que se respeten sus derechos laborales. De esta manera, se protege a los vigilantes no solo en términos de sus derechos, sino también se combate la discriminación y estigmatización asociadas a la percepción de que el trabajo de vigilancia es informal. Por ejemplo: La mayoría de los vigilantes que vemos en nuestros barrios, aquellos que escuchamos pasar en bicicleta y con un silbato durante las noches, son empleados informales a quienes se les niega este derecho fundamental, lo que contribuye al crecimiento del estigma en nuestra sociedad.

Libertad de expresión: En el ejercicio del derecho a la libertad de expresión se vuelve fundamental en el contexto de los trabajadores del sector de la seguridad que enfrentan estigmatización y discriminación. Es esencial garantizar este derecho para proteger a los vigilantes y sus familias, permitiéndoles expresar sus opiniones y preocupaciones sin temor a represalias. Además de promover la participación y el intercambio de ideas, la libertad de expresión también puede ser una herramienta para desafiar estereotipos y prejuicios tanto dentro de la comunidad de trabajadores como en la sociedad en general. Tanto el Estado como las empresas del sector tienen la responsabilidad de asegurar que los vigilantes puedan ejercer este derecho plenamente y que se respeten sus opiniones y dignidad en el lugar de trabajo. De esta manera, se promueve un ambiente laboral más inclusivo y se combate la discriminación y estigmatización asociadas a esta profesión. Por ejemplo: Cuando un empleado presenta una queja sobre cómo un supervisor ha estado menospreciando su trabajo y opiniones sobre un tema específico, y la empresa decide ignorarla argumentando que es poco importante. Esto sucede porque, en términos jerárquicos, se considera que el supervisor siempre tiene un rango superior al del guardia de seguridad, lo que hace que su opinión sea más válida. Como resultado, la empresa desestima por completo la preocupación del empleado, lo que lo desmotiva y vulnera su derecho fundamental.

En otro caso similar, si un supervisor reporta una queja contra un guarda por haber expresado su descontento sobre la empresa por algo que consideraba injusto, y el guarda es castigado sin investigar si su comentario era verídico, simplemente porque la queja fue presentada por un supervisor, se evidencia también una vulneración a los derechos fundamentales del empleado

Discriminación: La discriminación, como un derecho colectivo consagrado en la Constitución de Colombia, afecta a diversos grupos dentro de la sociedad, incluidos los trabajadores de la seguridad privada. Al explorar esta intersección, podemos comprender mejor cómo la discriminación no solo afecta a individuos, sino también a comunidades enteras dentro de este sector. Por ejemplo: en el contexto de esta problemática, un claro ejemplo sería la exigencia de cortes de cabello en los empleados. En la mayoría de los casos, se les exige a los hombres mantener un corte "estilo militar" como requisito obligatorio, bajo la amenaza de sanciones que van desde llamados de atención leves hasta graves en caso de incumplimiento. En cambio, las mujeres que trabajan en este sector prácticamente son omitidas en este tipo de estética. En este contexto, la discriminación de género es evidente y va en contra de los principios de igualdad y debido a esto muchos vigilantes expresan su frustración al notar esta disparidad, destacando cómo a las mujeres se les exige mucho menos en comparación con los hombres.

Otro ejemplo se presenta en la exigencia de ciertos atributos físicos, como la corpulencia y la estatura, que a menudo se les demanda a los hombres para este trabajo. En contraste, a las mujeres rara vez se les exige algún cambio físico para ejercer esta labor, esta distinción de género en los requisitos laborales ilustra claramente la discriminación en el sector de la seguridad privada.