La oligarquía dominante en Canarias durante el periodo de la Restauración (1876-1923) fue el núcleo que inspiró la represión desencadenada en la retaguardia de las Islas a lo largo de la Guerra Civil. Mayores propietarios plataneros, empresarios portuarios, altas jerarquías de la Iglesia y mandos del Ejército, alarmados por la amenaza que las reformas de la República suponían para su antigua preeminencia, plantearon usar la violencia como recurso para preservar sus creencias y sus patrimonios.

Durante el periodo republicano (1931-1936), esta oligarquía asumió las direcciones de los partidos de Derechas y convenció al conjunto conservador de la sociedad de que era necesario alcanzar el Gobierno de la nación para aprovechar los recursos coactivos del Estado y emprender una operación represiva que contuviese la movilización popular impulsada por las organizaciones de izquierda. Entre 1931 y 1936, la Derecha "posibilista" intentó acceder al poder mediante la vía legal: venciendo en los comicios. Pero, tras la derrota sufrida en las elecciones generales de febrero de 1936, a manos del Frente Popular, decidieron conspirar para derribar al Gobierno de la República, a través de un golpe de Estado. Entre los apartados de la conjura diseñados con más atención estuvo la represión.

La operación represiva diseñada en Canarias estipulaba unos objetivos, establecía unos procedimientos y contaba con agentes para ejecutarla desde los instantes iniciales de la sublevación.

La primera misión asignada fue vencer la resistencia al golpe de Estado. La represión formó parte de la embestida inicial del Alzamiento militar. El castigo pretendía ser rápido, ejemplarizante y disuasorio, una manifestación implacable de poder que activase el instinto de supervivencia de sus adversarios, de modo que la violencia desplegada, quebrase el ánimo de resistir.

En tercer lugar, la represión se propuso desmantelar los partidos y sindicatos de Izquierdas. Para consumar este objetivo, dispuso la ilegalización de las organizaciones que encuadraban a las masas obreras y republicanas y la persecución de cualquier actividad clandestina que pudiesen realizar sus afiliados.

Básicamente, los procedimientos empleados para lograr estos fines fueron cuatro: la represión sangrienta, la cotidiana, la económica  y la penitenciaria.

La represión sangrienta fue la más dura de las variantes represivas. Sus métodos eran los fusilamientos, las desapariciones clandestinas y las condenas a elevadas penas de cárcel. Normalmente, se dirigió contra los líderes del Frente Popular y contra los resistentes más destacados.

La represión cotidiana buscaba intimidar a los militantes de segunda  fila y a los simpatizantes de las sociedades de izquierdas. Al eco del terror que provocaba la represión sangrienta aplicada a los dirigentes, el operativo represivo añadió penas de cárcel de menor cuantía, detenciones frecuentes, agresiones públicas y humillaciones cotidianas con el propósito de abocar a la pasividad al conglomerado social del Archipiélago identificado con el discurso progresista.

Por su parte, la represión económica pretendía arruinar a la población de izquierdas. Pérdidas de empleo, inhabilitaciones, multas y cierres de negocios se conjugaron para quebrar los medios de vida del conjunto progresista de la sociedad y, así, extinguir su capacidad de atracción.

Por último, la represión penitenciaria cumplió dos cometidos: apartar de su entorno social a los militantes de izquierda más carismáticos e introducir en los presos castigados la idea de que, si descartaban oponerse al nuevo régimen, se les permitiría desenvolver su vida con normalidad.

Pero ésta no solo tuvo un carácter eliminatorio. Además, consiguió ser un elemento efectivo de cohesión de la sociedad conservadora en torno al régimen del general Francisco Franco. Primero, porque parte del conjunto social conservador considero que la represión era necesaria para preservar su modo de vida tradicional, basado en el catolicismo, la propiedad y la unidad de la Patria. Segundo, porque miles de personas, desde denunciantes a cargos municipales, pasando por sacerdotes, "personas de orden" o miembros de las milicias del Movimiento, se involucraron, en mayor o menor medida, en las tareas punitivas del Bando nacional durante los tres años de Contienda.

La represión alcanzó sus objetivos. Su doble efecto  -aterrador para la sociedad progresista y aglutinador para la sociedad conservadora- la erigió en uno de los pilares que sostuvo el régimen franquista durante las décadas siguientes.