Acceso a tratamientos y servicios de salud: Garantizar que todas las personas tengan acceso a tratamientos efectivos para la drogadicción, incluyendo terapias de rehabilitación, atención médica y apoyo psicológico, sin discriminación.

Reducción de daños: Implementar políticas y programas de reducción de daños que protejan la salud y los derechos de las personas que consumen drogas, como programas de intercambio de jeringas, acceso a naloxona para prevenir sobredosis y pruebas de drogas seguras.

Despenalización y enfoque en salud pública: Reorientar las políticas de drogas hacia un enfoque de salud pública en lugar de criminalización, centrándose en la prevención, el tratamiento y la reducción de riesgos en lugar de castigar a los usuarios de drogas.

Derechos de las personas en situación de vulnerabilidad: Proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, como las personas sin hogar, las trabajadoras sexuales y las comunidades marginadas, quienes pueden enfrentar barreras adicionales para acceder a servicios de salud y tratamiento para la drogadicción.

Participación y empoderamiento: Involucrar a las personas que consumen drogas en la toma de decisiones sobre las políticas y programas que afectan sus vidas, garantizando su participación significativa y empoderándolos para abogar por sus derechos.

Educación y sensibilización: Promover la educación pública y la sensibilización sobre la drogadicción para reducir el estigma y la discriminación hacia las personas que consumen drogas, así como para fomentar la comprensión de los factores subyacentes que contribuyen a la adicción.