Se llevaron a cabo operaciones para desplegar efectivos militares y policiales, se instauró un toque de queda, se fortaleció la vigilancia en cárceles, se detuvo a delincuentes destacados y se declaró un estado de "emergencia interna", lo que permitió una respuesta militar más enérgica.

También, se decretó la suspensión parcial de algunas libertades fundamentales en áreas problemáticas de la nación.

En la actualidad el Ecuador atraviesa una grave crisis de seguridad debido al incremento de violencia impulsada por grupos del crimen organizado que tienen alianzas internacionales. En respuesta a esta situación, el gobierno del Ecuador, encabezado por el presidente Daniel Noboa, decretó un estado de excepción en seis provincias a esto se suma la ciudad de Quito el 3 de octubre de 2024. Esta decisión da inicio en un contexto de "grave conmoción interna y conflicto armado interno", determinado por el elevado nivel  de homicidios, secuestros y extorsiones perpetrados por bandas delictivas con vínculos con la mafia albanesa y también tiene acercamientos y pactos con carteles de México y Colombia.

Naturaleza del problema

El Ecuador en la actualidad cuenta con un agrave crisis delincuencial que ha sido impulsada por la disputa entre organizaciones criminales las cuales buscan y tienen como único objetivo el control de rutas y mercados de droga. Entre el año 2018 y 2023, el número  de muertes violentas en el país a ido aumentando de manera considerable de 6 a 47 asesinatos por cada 100.000 habitantes, dando a conocer el incremento de la violencia y la presencia cada vez mayor del crimen organizado. A pesar de que el gobierno reportó una reducción del 17 % en las muertes violentas en 2024, la inseguridad sigue siendo una amenaza constante para la población.

Amenazas percibidas

El gobierno ecuatoriano  ha identificado a una veintena de grupos armados organizados como responsables de la violencia, a los que ha calificado de terroristas y beligerantes. La creciente influencia de estas bandas y su capacidad para desafiar la autoridad del Estado han llevado a una serie de respuestas gubernamentales, incluida la declaración de "conflicto armado interno" en enero de 2024. Esta medida permite el despliegue permanente de fuerzas militares en las calles para contrarrestar la acción delictiva.

Contexto específico y motivación de la intervención estatal

El estado de excepción recientemente declarado tiene una duración de 60 días y afecta a las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, El Oro y Orellana, además de la capital Quito y la localidad minera de Camilo Ponce Enríquez en Azuay. La medida incluye un toque de queda nocturno en varias poblaciones para reducir la actividad delictiva durante las horas de mayor riesgo. Además, se ha suspendido temporalmente el derecho a la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, permitiendo intervenciones más directas de las fuerzas de seguridad.

El gobierno ecuatoriano considera que estas acciones son necesarias para restaurar el orden y garantizar la seguridad ciudadana en un país que enfrenta una escalada de violencia sin precedentes. Sin embargo, la efectividad de estas medidas a largo plazo sigue siendo objeto de           

debate, ya que el problema del narcotráfico y el crimen organizado tiene raíces profundas que requieren estrategias más amplias de control, prevención y desarrollo social.

Para diciembre del 2024 en Ecuador, se registró un asesinato cada una hora y 15 minutos, lo que convierte al año pasado en el segundo más violento de la historia reciente del país. Esta alarmante cifra refleja la grave crisis de seguridad que atraviesa el Ecuador, un problema que ha ido en aumento en los últimos años.

Este aumento en los crímenes violentos refleja un fenómeno complejo que incluye factores como el narcotráfico, las disputas territoriales entre organizaciones criminales y la falta de oportunidades económicas para una gran parte de la población. Las autoridades y la sociedad en general se enfrentan a la urgente necesidad de implementar políticas públicas eficaces que no solo busquen frenar la violencia inmediata, sino también atacar las raíces de este problema, promoviendo el desarrollo social, la inclusión y una mejora sustancial en la seguridad pública.

El análisis de la tasa de homicidios en enero del 2025, en promedio, una persona ha sido asesinada cada hora en Ecuador.

Este inicio de 2025 ha superado en un 45,04% y un 36,89% los índices de criminalidad de los dos años previos, que también registraron cifras históricas de crímenes.

De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por la Policía Nacional, a lo largo de todo el año 2024 es decir durante y luego de las medidas tomadas por el presidente se cometieron un total de 6.964 homicidios violentos, lo que implica una tasa promedio de 38,76 % de homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta tasa es considerablemente alta, y subraya la creciente preocupación por la violencia, que no solo afecta a las víctimas directas, sino que también tiene un impacto significativo en la percepción de seguridad de la ciudadanía.

En lo que va del 2025 la tasa de homicidios y delitos ha aumentado en un 45%.

No obstante, la violencia persistió en ciertos sectores. Quito, una ciudad anteriormente más segura, reportándose un incremento de delitos violentos. Por ejemplo, en un solo mes se registraron 24 crímenes violentos en la capital, lo que representó un incremento del 30% en comparación con el año anterior. (Mella et al., 2024)

Además, la Corte Constitucional de Ecuador cuestionó en varias ocasiones la justificación y la eficacia de los estados de excepción declarados, señalando que el gobierno no proporcionó evidencia suficiente para respaldar la existencia de un conflicto armado interno y que las medidas adoptadas no lograron reducir de manera efectiva la violencia en el país.

Estos datos evidencian que, aunque la intervención militar y policial logró un impacto inmediato en la seguridad, no resolvió las causas estructurales del problema. El narcotráfico y la disputa territorial entre organizaciones criminales continúan siendo factores clave en el incremento de la violencia. Además, la falta de oportunidades económicas y sociales para una gran parte de la población sigue alimentando el reclutamiento de nuevos miembros por parte de estos grupos delictivos.

Por otro lado, la Corte Constitucional de Ecuador cuestionó la justificación y eficacia de los estados de excepción declarados por el gobierno, argumentando que no se presentó suficiente evidencia que respaldara la existencia de un "conflicto armado interno" ni se demostraron resultados sostenibles en la reducción de la criminalidad. Esto pone en duda la viabilidad de continuar con estrategias basadas exclusivamente en el uso de la fuerza y refuerza la necesidad de adoptar un enfoque más amplio y estructural para enfrentar la crisis de seguridad.

En conclusión, el estado de excepción permitió una respuesta inmediata frente a la violencia, pero sus efectos fueron limitados y temporales. La crisis de seguridad en Ecuador sigue en aumento, lo que indica que es imprescindible complementar las estrategias de seguridad con medidas a largo plazo que aborden las causas profundas del problema, como la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.

En definitiva, si bien el estado de excepción ha sido una herramienta útil en el corto plazo, no puede ser la única respuesta ante la crisis de seguridad en Ecuador. Para lograr una solución sostenible, es imprescindible que el gobierno adopte un enfoque multidimensional que combine la seguridad con políticas sociales y económicas que permitan reducir las condiciones que favorecen la criminalidad. Solo así se podrá garantizar la paz y la estabilidad en el país a largo plazo.