En Paraguay, la concentración es aún más extrema: el 1,6% de los propietarios posee el 80% de la tierra, principalmente para soja (3,5 de 3,8 millones de hectáreas cultivables). Este modelo expulsó a 585.000 jóvenes en 10 años y provocó conflictos, como la masacre de Curuguaty en 2012. Según Base-IS, el avance del agronegocio genera impactos sociales, ambientales y culturales, afectando territorios indígenas, fomentando trata de personas y manteniendo un sistema tributario favorable a grandes empresas, mientras crece la desigualdad y la población rural pierde acceso a tierra y alimentos.

El agronegocio, en cambio, usa casi todos los recursos y aporta poco: contamina, degrada suelos y bosques, desperdicia comida y genera altos costos en salud y ambiente.

El hambre no se debe a la falta de producción, sino a la mala distribución.

Con apoyo estatal, la agricultura campesina podría generar más empleos, cuidar la naturaleza y garantizar alimentos sanos y accesibles.

El agroindustrial desperdicia mucha comida, usa agrotóxicos y está en manos de pocas empresas, lo que genera monopolio, pérdida de diversidad y dependencia.

La agroecología, en cambio, puede dar más trabajo en el campo, evitar que la gente migre, mejorar la alimentación y ayudar a reducir el hambre.

La mayoría de los alimentos los producen campesinos con pocos recursos, mientras que el agronegocio usa casi todo, contamina y desperdicia. El hambre existe por mala distribución, no por falta de comida. Con apoyo, la agricultura campesina puede dar empleo, cuidar el ambiente y ofrecer alimentos sanos.

La cadena agroindustrial, resulta costosa y dañina:

por cada dólar pagado en alimentos, la sociedad paga dos más en daños ambientales y de salud. Esta cadena abarca desde los insumos de producción hasta la venta y consumo final. Sin embargo, pese a 70 años de vigencia, no ha logrado acabar con el hambre: 3.900 millones de personas sufren hambre o mala nutrición, lo que evidencia su ineficacia para alimentar al mundo