M-19, que dejaron las armas para integrarse a la vida democrática.

Durante casi un siglo rigió la Constitución de 1886, caracterizada por un Estado centralista, presidencialista y con fuerte influencia de la Iglesia católica. Aunque garantizaba cierta estabilidad, con el tiempo mostró falencias: exclusión política, falta de participación ciudadana, ausencia de derechos colectivos y crisis frente a la creciente violencia bipartidista y los conflictos sociales.

Década de 1980: Crisis política y violencia

En este periodo, Colombia vivió un contexto de intensificación de la violencia: surgimiento y fortalecimiento de grupos armados ilegales, narcotráfico, corrupción y pérdida de confianza en las instituciones. La Constitución de 1886 no ofrecía mecanismos suficientes para enfrentar estos retos, lo que aumentó el descontento social.

1989: El asesinato de Luis Carlos Galán

Este hecho marcó profundamente a la sociedad. El magnicidio del candidato presidencial, a manos del narcotráfico, evidenció la fragilidad del sistema político y la urgencia de reformas estructurales que garantizaran seguridad, participación y democracia.

1990: La Séptima Papeleta

Un movimiento estudiantil y ciudadano propuso introducir, de manera simbólica, un voto adicional en las elecciones de marzo de 1990, solicitando una Asamblea Nacional Constituyente. Aunque no era oficial, la iniciativa tuvo un gran impacto social y político, visibilizando el deseo colectivo de cambio. Este movimiento fue un detonante clave para que el gobierno aceptara convocar una Constituyente.

1990: Desmovilización del M-19

El grupo insurgente M-19 firmó la paz con el Estado y se transformó en movimiento político legal. Su participación en la Constituyente fue decisiva, pues introdujo propuestas de apertura democrática, pluralismo y reconocimiento de los derechos ciudadanos.

1990: Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)

El presidente César Gaviria impulsó la idea de una Asamblea para redactar una nueva Constitución, con el fin de renovar el orden jurídico y responder a las demandas sociales. La Corte Suprema aprobó su convocatoria, y en diciembre de 1990 se eligieron sus miembros.

1991: Instalación de la Asamblea Nacional Constituyente

La ANC se conformó por representantes de diferentes sectores: partidos tradicionales, movimientos sociales, indígenas, desmovilizados y grupos independientes. Esta diversidad permitió que la nueva Constitución se construyera con una visión más incluyente y participativa.

4 de julio de 1991: Promulgación de la nueva Constitución

La Constitución de 1991 fue sancionada con el objetivo de garantizar mayor democracia, descentralización, participación ciudadana, respeto a los derechos humanos y reconocimiento de la diversidad cultural. Se convirtió en un nuevo pacto social que sustituyó definitivamente a la Constitución de 1886.

Después de 1991: Impactos inmediatos.

Se ampliaron los derechos fundamentales, se creó la Corte Constitucional, se fortaleció la participación ciudadana a través de mecanismos como el referendo, la consulta popular y la tutela, y se reconoció la diversidad étnica

y cultural del país.

Soberanía popular: el poder emana del pueblo (articulo 3).

Dignidad humana y prevalencia del interés general (articulo 1-2).

Pluralismo y diversidad étnica y cultural (articulo 7).

La paz es un derecho y un deber (articulo 22).

La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cuál emana el poder público (articulo 3).

A finales de los años ochenta, Colombia enfrentaba una situación de crisis profunda. La violencia del narcotráfico, los secuestros, la corrupción política y los enfrentamientos con grupos armados habían debilitado al Estado. La Constitución de 1886, vigente desde hacía más de un siglo, ya no respondía a las realidades del país. En ese panorama, surgió la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como camino hacia la paz y hacia un nuevo modelo de Estado. Esta decisión no fue repentina: se gestó con las luchas sociales, la presión de la juventud universitaria (la famosa “séptima papeleta”) y la necesidad de un acuerdo nacional que superara décadas de enfrentamiento.

El Movimiento 19 de Abril (M-19) fue una guerrilla urbana que se diferenció de otros grupos armados por su estilo de acción política y militar dentro de las ciudades. Entre sus operaciones más recordadas están:

La toma del Cantón Norte (1978), donde no hubo muertes, lo que mostró su intención simbólica más que destructiva.

La toma de la Embajada de República Dominicana (1980), que puso a Colombia en la mira internacional.

El robo de la espada de Bolívar de la Quinta de Bolívar, un gesto cargado de simbolismo, pues evocaba la figura del Libertador como inspiración revolucionaria.

Esta espada se convirtió en un estandarte del grupo, pero años después, durante el proceso de paz, fue devuelta como símbolo de reconciliación y compromiso con la democracia.

El simbolismo de la espada de Bolívar

La espada de Simón Bolívar, sustraída por el M-19, fue un acto de profundo simbolismo histórico. Representaba la continuación de la lucha por la libertad e independencia, evocando al Libertador como figura de justicia. Posteriormente, la espada fue devuelta durante el proceso de paz, como gesto de reconciliación y compromiso con la democracia.

Tras su desmovilización en 1990, el M-19 dio un giro histórico al pasar de la lucha armada a la lucha política. Se transformó en la Alianza Democrática M-19 (AD-M19) y logró una participación significativa en la Asamblea Nacional Constituyente. Su líder más destacado, Antonio Navarro Wolff, se convirtió en una de las voces principales de la nueva Carta Magna. Junto a representantes del liberalismo y del conservatismo, el M-19 firmó la Constitución de 1991, demostrando que era posible dejar las armas para construir un proyecto político democrático.

Voto:

Es el derecho a elegir y ser elegido para los cargos de elección popular.

Referendo:

Se convoca al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue una norma ya vigente.

Plebiscito:

Permite al pueblo pronunciarse sobre decisiones de trascendencia nacional que toman los organismos del Estado.

Consulta popular:

Es un proceso para que la ciudadanía tome una decisión sobre un asunto de carácter general.

Iniciativa legislativa o normativa:

Es el derecho ciudadano para presentar proyectos de ley ante el Congreso o normativas ante las autoridades locales.

Revocatoria del mandato:

Es un mecanismo para destituir de sus cargos a los funcionarios de elección popular antes de terminar su periodo.

Esto abrió la puerta a que la sociedad colombiana ya no solo eligiera representantes, sino que también pudiera intervenir de manera activa en decisiones trascendentales.

Legado del proceso constituyente

La Constitución de 1991 no solo transformó las instituciones políticas, sino que también representó un acto de reconciliación nacional. El ingreso del M-19 a la vida democrática, la inclusión de nuevos sectores y el fortalecimiento de los derechos ciudadanos marcaron un antes y un después en la historia de

Colombia.

En total, la Constitución contiene 380 artículos, convirtiéndose en un texto amplio y detallado que regula los aspectos fundamentales de la vida política, social y económica del país.

Un modelo de constituciones modernas

La organización de la Constitución de 1991 responde al modelo de las constituciones de países democráticos y modernos, donde se busca que exista un orden claro y sistemático entre principios, derechos y deberes. Esta estructura busca dar estabilidad política y jurídica, garantizando que la Carta Magna sea una guía para el desarrollo social del país.

Kerly Sharith Reyes Pérez

Karen Oyola

Kathryn Bermeo Daza

Paula Molina Caicedo

Legislativa: Congreso (Senado y Cámara). Hace leyes y controla al gobierno.

Ejecutiva: Presidente, ministros, gobernadores y alcaldes. Dirige la administración.

Judicial: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Fiscalía General, Consejo Superior de la Judicatura (administración de justicia).

Órganos de control: Procuraduría (control disciplinario), Contraloría (control fiscal), Defensoría del Pueblo (promoción y protección de derechos).

Órganos autónomos: Banco de la República (política monetaria), Consejo Nacional Electoral y Registraduría (organización electoral), universidades públicas con autonomía, entre otros.

Descentralización y autonomía territorial: departamentos, municipios y distritos con competencias propias; elección popular de gobernadores (a partir de 1991) y fortalecimiento de la planeación local; reconocimiento de territorios indígenas.

Activismo constitucional responsable: la Corte Constitucional ha desarrollado estándares en ambiente, igualdad, libertad de expresión, víctimas del conflicto, datos personales, etc.

Estado más controlado y descentralizado: nuevos pesos y contrapesos, Fiscalía independiente, órganos de control con mayor alcance y autonomía territorial más clara.

Reconocimiento de la diversidad: representación especial para pueblos indígenas y afrodescendientes; protección de lenguas y culturas.

Retos persistentes: corrupción, violencia y economías ilegales erosionan capacidades estatales; exceso de reformas parciales, tensiones entre decisiones judiciales y sostenibilidad fiscal, y brechas territoriales en la garantía de derechos. El desafío es pasar de la tutela correctiva a políticas públicas preventivas y eficaces.

Se dividen en varios grupos, y entre los más importantes están:

1. Derechos Fundamentales:

Derecho a la vida, a la integridad y a la dignidad humana (Art. 11-12).

Derecho a la igualdad sin discriminación por raza, sexo, religión, origen o condición (Art. 13).

Derecho a la libertad de conciencia, de expresión, de cultos y de información (Art. 18-20).

Derecho al debido proceso y a la defensa (Art. 29).

Derecho a la honra, al buen nombre y a la intimidad (Art. 15).

Mecanismos de protección como la acción de tutela, que permite defender derechos fundamentales de manera inmediata.

2. Derechos Sociales, Económicos y Culturales:

Derecho a la salud, a la educación gratuita en la básica y a la seguridad social.

Derecho al trabajo en condiciones dignas y justas.

Derecho a la vivienda digna.

Derecho a gozar de la cultura y a participar en la vida comunitaria.

3. Derechos Colectivos y del Medio Ambiente:

Derecho a un ambiente sano.

Derecho a la protección de los recursos naturales.

Derecho a la defensa del patrimonio cultural, histórico y arqueológico.

4. Derechos Políticos y de Participación:

Derecho al voto desde los 18 años.

Derecho a fundar partidos y movimientos políticos.

Derecho a participar en mecanismos de democracia directa como el plebiscito, el referendo, la consulta popular y la iniciativa legislativa.

Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.

Obrar conforme al principio de solidaridad, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de otros.

Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica.

Respetar y apoyar a las autoridades democráticamente constituidas.

Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país.

Contribuir al financiamiento del Estado mediante el pago de impuestos.

Proteger los recursos culturales y naturales del país.

Impacto e importancia:

La inclusión detallada de derechos y deberes en la Constitución de 1991 permitió:

Fortalecer la democracia participativa, dando voz a sectores antes excluidos.

Garantizar la protección inmediata de derechos fundamentales a través de la acción de tutela.

Fomentar una cultura ciudadana más consciente, donde los deberes son tan importantes como los derechos.

Crear un equilibrio entre individuo y comunidad, promoviendo la solidaridad y

la responsabilidad compartida.