-La Ley 1448 de 2011 aborda el tema del reclutamiento forzado y vinculación permanente o transitoria de personas menores de 18 años de edad a grupos armados organizados al margen de la ley y/o grupos delictivos organizados que se lleva a cabo por la fuerza, por engaño o debido a condiciones personales o del contexto de la víctima. 

En consecuencia, no siendo la mendicidad un delito en los términos señalados ni tampoco una contravención, la Corte constató que no existía entonces un reproche jurídico por tal ejercicio. Por consiguiente, el establecer una sanción a una conducta no reprochada jurídicamente vulneraba el artículo 29 de la Constitución que establece el principio de legalidad. En el caso concreto, las sanciones por el ejercicio de la mendicidad; es decir la reclusión en asilo, hospital, clínica u otro establecimiento público adecuado, contrarían el principio de legalidad señalado en la Constitución, al sancionarse una conducta no reprochada ni constitucional ni legalmente. No es posible establecer una sanción a un hecho que no es ni ilegal ni inconstitucional.

SE PROYECTA ANALIZAR PROBLEMÁTICA DE EXPLOTACIÓN INFANTIL ¿(TRABAJO INFANTIL)?

- Falta de recursos económicos para el desarrollo del proyecto.

-Existen algunas dificultades asociadas a las características intrínsecas a la actividad. Turismo permanente. 

-Falta de castigos severo por parte de las autoridades competentes a los padres de los menores mendigos que violen sus derechos y acuden al maltrato físico.

-Alto compromiso de los profesionales involucrados en la comuna

-Profesionalismo, capacitación y sentido de pertenencia del personal involucrado en el Laboratorio de Innovación Social y la Junta de Acción Comunal Las Independencias #1.

-Creciente consolidación de sanción social frente al trabajo infantil

-Falta de efectividad de las Entidades Gubernamentales que son las encargadas de brindar protección integral al menor

-La poca continuidad de programas de la Administración municipal que dé sostenibilidad de procesos de atención para esta realidad social.

-La educación no presencial, considerando la época de pandemia

-Turismo comunitario urbano sin regulación

-Acompañamiento de trabajo en Red con otras Instituciones gubernamentales y privadas.

-Fortalecimiento de redes sociales e institucionales para la atención de la población infantil en condiciones de vulnerabilidad.

-Articulación entre guías turísticos, contadores de historias y otros para la generación de alternativas externas que puedan reforzar y promover los factores protectores de los niños, niñas y adolescentes del sector. 

Fortalezas:  Ya hay una identificación de la problemática mencionada anteriormente realizada a través de un diagnóstico realizado por la fundación naciente del trabajo desarrollado en este territorio.

Amenazas. En esta población se evidencian distintas dificultades de tipo social y económico como el desempleo, el analfabetismo, la pobreza, el desplazamiento, los grupos armados, la drogadicción y la descomposición familiar que impiden el avance social. Niños y niñas corren riesgos como la deserción escolar, la trata de personas, el abuso sexual, la desnutrición y el trabajo infantil por las diferentes problemáticas expuestas.

Oportunidades: Disposición en temas de articulación para desarrollar un trabajo mancomunado en beneficio de la población ya mencionada.  

Se beneficiarían alrededor de 50 niñas, niños y adolescentes de manera directa y de manera indirecta alrededor de 200 niños, niñas y adolescentes del sector. 

JAC Independencias 1

Grupo de artistas callejeros

Guías y Contadores de historias

Grupo de Laboratorio de Innovación

Líderes independientes

JAC Independencias II

Comerciantes del sector

Mesa Técnica Interinstitucional c13

No se identifican

Prevenir los diferentes hechos víctimizantes vinculados a la niñez, especialmente el tema del reclutamiento, ya que según informes de prensa del mes de marzo del 2021, se conoce que en la comuna 16, cada vez hay más menores que son reclutados por bandas criminales.

¿Porqué se elige este enfoque?
Porque en los informes de prensa del mes de marzo y abril del presente año, se conoció que en la comuna 16 Belén, cada vez hay más menores que son reclutados por bandas criminales. Así lo denunció la Corporación Humanitaria Justicia al Derecho que ha venido recibiendo un incremento en los reportes de habitantes de este sector ubicado al suroccidente. 

Los menores reclutados son utilizados principalmente para ser campaneros, que quiere decir que los ubican en las esquinas de los barrios para dar aviso cuando llega la policía a hacer algún recorrido o requisa. Otros menores son reclutados como jíbaros, para vender drogas o para transportar armas. Incluso a algunos los preparan para ser sicarios y les enseñan a disparar, por lo que la idea es hacer una intervención en el recorrido enfocado a la prevención del reclutamiento en los NNA en el sector.

El Estado colombiano ha sido uno de los diferentes países de la región que calcula la pobreza de sus habitantes a partir de ambos enfoques que resultan ser complementarios: i) el enfoque de pobreza monetaria, medida a partir del ingreso percápita de la unidad de gasto y los valores de las líneas de pobreza y, ii) el enfoque multidimensional, que determina la pobreza con base en el estudio de cinco elementos, a saber: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud y, por último, acceso a servicios públicos y condiciones de la vivienda.

En este sentido, la propuesta buscará abordar a la población habitante de calle teniendo en cuenta los elementos del enfoque diferencial de pobreza, desde la pobreza monetaria y multidimensional, ya que tal y como lo ha señalado la Corte constitucional, es una población que vive en pobreza extrema y por tanto se ve atravesada por dicho enfoque.

 

De acuerdo con el mismo censo, la ciudad de Medellín cuenta con el 28,6% del total de la población habitante de calle quienes se ubican principalmente en 4 sectores de la ciudad de Medellín: i) Avenida de Greiff, ii) corredor del río, iii) Cúcuta con la Paz y iv) la Plaza Minorista.

Respecto a las causas que llevan a habitar la calle, el DANE arrojó los siguientes resultados: i) Consumo de sustancias psicoactivas que corresponde a un 36,8%, ii) Conflictos o dificultades familiares con un 30,2%, iii) Por gusto personal, 8,6%, iv) Dificultades económicas, 7,8%, v) Víctima de conflicto armado con un porcentaje del 4,2%, vi) Sin información 0,6%.

No obstante, para entender la habitancia en calle es menester comprender que las razones que originan esta situación tiene un carácter multicausal y que se pueden categorizar en cuatro grandes causas: derivadas de razones internas (salud, conflictos familiares, adicciones), derivadas de los típicos flagelos de una sociedad excluyente y fraccionada (pobreza extrema, desigualdad, precariedad), derivadas del conflicto armado (desterritorialización y desplazamiento) y por último, aquellas derivadas del rezago institucional (negligencia y ausencia del Estado en territorios vulnerables).

 

Contexto de discriminación estructural:

El tratamiento social de la Habitación en Calle -en adelante HC- tiene una larga data y ha estado enmarcado en acciones tendientes a la caridad en manos de instituciones religiosas y a la segregación y el disciplinamiento en manos del Estado. El papel asumido por la iglesia fue decisivo para mediar la situación de pauperismo al considerar la ayuda al prójimo como un deber cristiano, sin embargo, la categorización de “vago” marca un fenómeno de exclusión y segregación social. La figura del “vago” fue una figura legal que articuló varios intentos de control social y disciplinamiento de la población que se tradujo en un aparataje de orden institucional y de orden policivo258. La relación entre vagancia y robos, relaciones ilícitas y prostitución fue parte de la estrategia de control social emprendida para perseguir a esta población con la excusa de evitar dichos delitos. 

La persecución punitiva respondió al desarrollo industrial y el fortalecimiento del comercio exterior del siglo XVIII y en consecuencia la actividad humana fue concebida en función de la productividad y la resocialización social del vago fue lograda a través del trabajo. Además de la reclusión en cárceles y sanatorios, los vagos fueron obligados a la prestación de servicio de armas, en la marina, hospitales y obras públicas. Ante la insuficiencia de una normatividad clara, se caracterizó a varias poblaciones dentro del fenómeno de la vagancia; allí se incluyeron poblaciones como mendigos, gitanos, mal entretenidos, mujeres públicas, niños expósitos y pobre. 

El pensamiento liberal de mediados del siglo XIX contribuyó a crear un ambiente de fraternidad en torno a la liberación de la esclavitud bajo argumentos altruistas y ennoblecedores, en la misma medida que se cuestionó la caracterización del delito de vagancia haciendo que las leyes relacionadas se abolieran. No obstante, una vez consolidada la creación de la policía a nivel departamental y nacional se acentuó la persecución de población improductiva; asociándole con delincuencia y haciéndola extensiva a otros sujetos que por ociosidad perdieran parte de su tiempo. 

Históricamente, el fenómeno de la HC se ha asociado a unas condiciones de vulnerabilidad que se han venido alimentando por procesos como la movilidad geográfica ante la imposibilidad de vincularse a dinámicas económicas261 y en épocas recientes como consecuencia del conflicto armado interno. El crecimiento industrial y demográfico concentrado en núcleos urbanos incide en que la habitancia en calle sea un fenómeno típicamente urbano que se fortalece con la incorporación de personas de distinto género y edad que ven en la calle un escenario de supervivencia.

A pesar de que entes regionales como la Corte Constitucional colombiana han reconocido a la población habitante de calle como “grupos en condiciones de especial vulnerabilidad”, aún se evidencia la violación de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales debido al uso instrumental del documento de identidad. La cédula está asociada al reconocimiento de las personas en su calidad de ciudadanos, y así al reconocimiento de derechos como la identidad, la nacionalidad, el nombre, la participación en elecciones, acceso a justicia, etc. La privación de la identidad coloca a las personas en HC en situaciones que dificultan el goce y acceso a estos derechos, creándole diferencias en el tratamiento y oportunidades que afectan los principios de igualdad y no discriminación, así como el reconocimiento pleno de su personalidad jurídica. 

Según lo antes expuesto, si la HC se caracteriza generalmente por la exclusión de los servicios y bienes –públicos y privados– comunes en sociedad, es preciso tener en cuenta que las garantías de seguridad o protección social –especialmente en materia de acceso a los Servicios de la Salud–han sido insuficientes; dejando un amplio espectro de derechos fundamentales vulnerados para la población HC. En esta medida, se puede relacionar el despojo social del status de ciudadanía ejercido sobre esta población como una condición precedente a la posterior restricción institucional de múltiples derechos: políticos, económicos y sociales. No sólo entonces las condiciones estructurales que rigen la vida en la sociedad contemporánea resultan limitantes para el goce y provecho pleno de los servicios y bienes públicos; también las intervenciones públicas, y los modelos institucionales que orientan las mismas, surgen como restricciones infranqueables al acceso a diversos espacios sociales –materiales e inmateriales– para la población HC. 

En este sentido, es preciso también señalar cómo el Estado puede vulnerar además del derecho a la salud en medio de la desatención generalizada que sufre la población, bajo el ejercicio de sus funciones policiales y en facultad orientadora sobre el espacio público, limita la locomoción y el paso de las personas HC al interior de determinados espacios de la ciudad; aislandolos socialmente y conduciendo a éstos a concentrarse alrededor de los factores de riesgo que inciden posteriormente en las conductas punibles que sí reciben la atención punitiva del ente administrativo de justicia –no social–. 

La población HC no sólo ha sido, entonces, objeto de un continuo rechazo social que afecta la dignidad humana reconocida universalmente por diferentes sistemas jurídicos y políticos, especialmente basados en el enfoque de los derechos humanos266, sino también receptora de diversos tratos que afectan la integridad humana; toda vez que la marginalización, producto de modelos de intervención no integrales, puede producir en las personas el sentimiento de inadaptabilidad frente al contexto, agravando la situación de HC.

Vale la pena resaltar que, en varios sectores de Belén, se han registrado constantes enfrentamientos entre combos delincuenciales por territorio y control de la zona. Los enfrentamientos que se han visto, están ligados con el microtráfico y el crimen organizado. Y esto, está relacionado con una variedad de factores sociales con los cultivos de hoja de coca.

Se denota la cercanía de Belén con Altavista como estrategia porque los combos se han organizado analizando cuestiones básicas como ubicación, rutas de transporte de estupefacientes, lugares complejos para encontrarlos y personas de confianza a su al rededor. Normalmente prefieren los sitios altos para tener control, vías de acceso y rutas de escape, sitios de almacenamiento seguros para ellos.

A principios de marzo del presente año, el índice de reclutamiento a menores incrementó considerablemente. Según informe de prensa del mes de marzo del 2021, se conoce que en la comuna 16, cada vez hay más menores que son reclutados por bandas criminales.