Lunes 1 de junio de 2015, 06:00

Lejos de la campaña y el discurso de los principales candidatos, la calidad del agua de la provincia sigue siendo una preocupación para miles de familias: de acuerdo a últimos estudios, la problemática del arsénico se ha extendido en los últimos años a lo largo de territorio y más del 80 por ciento de los distritos analizados están con parámetros por encima de lo estipulado por el Código Alimentario Argentino (CAA).

A dos años de vencerse un nuevo plazo estipulado por el Gobierno nacional para que las provincias, entre ellas la de Buenos Aires, reduzcan a 0,01 miligramos por litro la presencia del arsénico en el agua y lo adapte a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la situación parece no encontrar una solución. Será en 2017 cuando la provincia deba ajustar su actual límite de 0,05 mg/l por litro y pasar a 0,01, algo que con los números actuales dejaría a gran parte del territorio por fuera de los márgenes permitidos.

Según un informe que presentó el diputado provincial, Ricardo Vago, sobre un total de 118 distritos, 47 están con valores superiores 0,05 mg/l, aunque si se toman los parámetros que exige la CAA (0,01 mg/l) estarían en situación de alarma un total de 98 localidades, el 83 por ciento de los analizadas. En diálogo con la agencia DIB, el legislador socialista contó que los datos fueron entregados por el Organismo de Control de Agua de Buenos Aires (Ocaba), aunque desde esta entidad no lo reconocen de manera oficial. “Es una vergüenza que exista por parte del Estado una política de ocultamiento. Sobre todo por las graves consecuencias del arsénico y porque en los últimos diez años se dio un crecimiento de la zona afectada”, dijo Vago.

Desde el Ocaba marcan a algunos distritos con “parámetros comprometidos” en los niveles de arsénico en el agua, un químico tóxico cuya ingesta prolongada puede derivar en una enfermedad grave denominada Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (Hacre). Entre ellos figuran Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chivilcoy, Dolores, General Paz, General Villegas, Las Flores, Vedia, Lincoln, Monte, 9 de Julio, Pehuajó, Pila, Roque Pérez, San Vicente, Tapalqué y General Rodríguez.
Frente a este panorama, el diputado solicitó la urgente intervención del Defensor del Pueblo bonaerense ya que considera que la problemática está “invisibilizada y es ignorada” por la mayoría de los vecinos que consumen agua y están siendo afectados.

De hecho, un informe del Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios (Cofes), que reúne a empresas públicas y privadas de buena parte de las provincias argentinas, indica que actualmente se estima que alrededor de 4 millones de argentinos, casi el 10 por ciento de la población, se encuentran en situación de riesgo por consumir agua con contenidos de arsénico por encima de lo establecido por la OMS. Y destaca un dato alarmante: el Hacre en personas expuestas y susceptibles aumenta el riesgo de padecer alteraciones cardíacas, vasculares y neurológicas, lesiones hepáticas, renales y cutáneas, y repercusiones en el aparato respiratorio. Los trastornos característicos son el engrosamiento de la piel de las palmas y plantas, y la aparición de cáncer cutáneo, de pulmón y de laringe.

BAJO LA LUPA

A fines del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió una resolución ejemplar al fallar en una causa por altos niveles de arsénico en el agua de la localidad bonaerense de 9 de Julio: ordenó a los jueces que tutelen el derecho de la población al acceso al agua potable, recurso que declaró como “un bien público fundamental para la vida y la salud”. Además, los integrantes del máximo tribunal mantuvieron una medida cautelar que ordenaba a la empresa distribuir agua potable en los domicilios a los habitantes, hospitales, escuelas y asilos.

Este fallo se conoció a los pocos meses de importante Congreso Internacional sobre Arsénico en el Ambiente que se realizó en Buenos Aires. Allí, entre otras ponencias, el doctor en geología Miguel Auge, dio detalles del primer mapa regional con el contenido de arsénico en el agua subterránea. En el estudio se pueden ver tres subzonas del territorio bonaerense que tienen menos de 0,05 mg por litro, que ocupan en conjunto 16.600 km2 y albergan a 12,3 millones de personas en total (incluye el noreste provincial y el conurbano), o sea el 79 por ciento de la población total (15,6 millones). Sin embargo, en esta región, sólo el 20 por ciento del agua para abastecimiento humano es subterránea; el resto, previa potabilización, proviene de los ríos Paraná y de la Plata.

En otras dos subzonas con agua potable, habitan 1,9 millones (12 por ciento del total). Con parámetros que van de 0,05 a 0,1 mg/l, es la más extensa, con 178.000 km2, pero con sólo 470 mil habitantes (3 por litro de la población total); aquí entran la gran mayoría del territorio. En tanto, hay cuatro subzonas en donde se detectaron más de 0,1 mg/l, que son las de mayor riesgo, ocupan en conjunto 89.000 km2 y albergan a 880.000 habitantes (6 por ciento del total). Los distritos que allí se incluyen son la mayoría del noroeste bonaerense, del sur como Patagones, Villarino y Tres Arroyos, y los que lindan con la Bahía Samborombón.

SIN CONSENSO

En 2007, el Código Alimentario había fijado un plazo máximo de cinco años para que las provincias redujeran a 0,01 miligramos por litro la presencia del arsénico en el agua, tal la recomendación de la OMS. Aunque en 2012 se prorrogó por cinco años, es decir que habrá que adaptarse para 2017 o buscar una nueva “moratoria”. La legislación de la provincia de Buenos Aires permite hoy un mínimo de 0,05 mg/l por litro, un límite que rige desde 1998. Sin embargo, un dato relevante es la marcada falta de consenso entre las normativas adoptadas por las provincias, aún en aquellas limítrofes: La Pampa adopta 0,15, Santa Fe 0,1 y Entre Ríos 0,01 miligramos por litro.

ABATIMIENTO

A excepción de algunos pocos casos (minas, plaguicidas, fundiciones), el origen del arsénico es natural y está relacionado con el vulcanismo y la actividad hidrotermal asociada de la cordillera de los Andes. La dispersión secundaria del químico se da a través de la acción del agua y los vientos. Una solución en la que se ha avanzado en estos años, pero a un paso muy lento, es la creación de plantas de abatimiento. Una de ellas funciona en Carlos Casares, uno de los distritos más afectados. Sin embargo, desde allí se reclama otra, al igual que en Pehuajó, municipio lindante. También en la zona, 9 de Julio espera la puesta en funcionamiento de la suya, algo que sucederá en pocas semanas.