El agua dulce, limpia y de acceso inmediato que explotaron nuestros ancestros en lagos, ríos y manantiales casi ha desaparecido de la faz del suelo mexicano. Hoy en día, el país prácticamente no cuenta con agua superficial y la que hay está contaminada, afirmó Alejandra Cortés Silva, investigadora del Instituto de Geofísica (IGf).

En tanto, la llamada agua subterránea, que procede de formaciones geológicas impermeables con un recurso natural acumulado a lo largo de miles de años, padece una sobreexplotación que afecta a más de la mitad de los acuíferos del país, calculó.

De acuerdo con el investigador, México tiene 653 acuíferos y 38.7 por ciento de este líquido utilizado en el país proviene de esas fuentes; de ellos, 105 están sobreexplotados, es decir, la extracción excede a la recarga, en algunos de ellos en más de 100 por ciento.

El artículo 4˚ reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado debe garantizar este derecho de forma equitativa y sustentable, y establecer la participación de la Federación, los estados y la ciudadanía para conseguirlo.

El artículo 27 señala que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible, con la participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno. Especifica que la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos se realizará mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, con base en las leyes.

El artículo 115, por su parte, especifica que los municipios tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.