En agosto, la agitación estudiantil asumió caracteres realmente agresivos y los jóvenes salieron a la calle exigiendo libertad de opinión. A consecuencia de ello, el Gobierno intentó restablecer el orden y relegó a algunos, amenazando con cancelar la matrícula a aquellos que no quisieran reincorporarse a clases. De este modo, el movimiento se diluyó temporalmente, para resurgir con renovadas fuerzas un año más tarde.
Entretanto, el Gobierno, como forma de tranquilizar la fuerte inquietud estudiantil promulgó la Ley N° 280, que fijó el Estatuto Orgánico de la Universidad de Chile.

El resultado de estas dos partes conformaba el puntaje de la PAA. Hasta 1994, la Prueba de Aptitud Verbal comprendía 90 preguntas en un tiempo de 2 horas y 15 minutos. A partir de 1995 y hasta su última aplicación se redujo el número de preguntas y se aumentó el tiempo promedio por pregunta.
La PAA nació como una forma de uniformar y aunar criterios comunes en la selección de ingreso a la educación superior. Para ello cada centro de educación superior definía los puntajes mínimos, para ingresar a carreras específicas o la totalidad de centro educacional.

El puntaje de selección final se hacía por medio de una ponderación entre los puntajes de puntaje de la PAA, la PCE de Historia y Geografía de Chile, el promedio de notas de la educación media y los puntajes PCE cuando correspondía. Se procedía a ordenar de mayor a menor a los postulantes estableciéndose el corte de la lista cuando se completara los cupos ofrecidos.

Al implementarse esta reforma la Superintendencia apareció como un órgano extremadamente burocrático y en contra de la unidad que se quería conseguir, y que incluso dividiría más el sistema. En todo caso, no tuvo tiempo de consolidarse y probar sus virtudes, pues rápidamente fue desechada por un nuevo Ministro Interino, que vino a reemplazar a Vergara Vicuña.

José Santos Salas derogó los decretos anteriores y propuso un nuevo plan y reorganización del sistema educacional, designando una segunda comisión para que formulara el proyecto.

Este proyecto dio origen al DFL 7.500, que antes de ser sancionado, fue modificado y revisado por una tercera comisión nombrada por el nuevo Ministro Juan Eduardo Barrios. El decreto promulgado el 10 de diciembre de 1927 entró en vigencia en 1928, por ello se le conoce como la Reforma de 1928. Su importancia radica en que propuso la creación de institutos de investigación desinteresada. Para cumplir con esta norma fueron fundados cinco de estos organismos -suprimidos después por el Ministro Pablo Ramírez- y consultó por primera vez en un título especial la extensión universitaria, que junto a los Institutos constituirían los pilares de la renovación universitaria iniciada después de 1931. Además el decreto contempló normas para la designación y remoción del personal y separó la enseñanza secundaria de la esfera de la Universidad.