El sufrimiento que implica esta forma de violencia mortal no sólo acaba con la vida de las víctimas. La experiencia nos dice que la magnitud de este flagelo también multiplica su horror en el padecimiento de los sobrevivientes de manera indecible.

Familias destruidas, lesiones graves que dejan discapacidades severas, trámites interminables para lograr alguna reparación económica y sensación permanente de impunidad.

Porque las sanciones penales no llegan, porque no hay responsabilidades asumidas, en fin, porque ante tanto desprecio por la vida humana, los vulnerados deben hacer un supremo esfuerzo para no sentirse como parias, sujetos sin derechos, abandonados a su suerte. A pesar de todo, muchos nunca dejarán de hacer memoria, de buscar la verdad y de exigir justicia. Combatirán con su voluntad la pérdida de sentido de vivir en sociedad.

Acumulamos miles de muertes viales por año, y desde el regreso a la democracia son incontables, decenas de miles, y como sabemos, a la fecha, son muchas más que el genocidio que provocó el terrorismo de Estado.

Aun haciendo abstracción de las cifras, para nuestras autoridades y representantes políticos, la dimensión cualitativa de este flagelo debería significar una señal evidente de la vulneración de los derechos humanos de las víctimas y de sus deudos, pero también una advertencia de cuánto y cómo afecta el riesgo vial los derechos humanos de toda la población.

Derechos humanos vulnerados por la inequidad en el uso de la vía pública, ciudadanos pobres que no tienen cerca de sus viviendas ni calles, ni veredas, ni banquinas, ciudadanos-usuarios de trenes que no tienen ni puertas ni ventanas acondicionadas, ni mínima higiene, y ahora sabemos ni siquiera frenos como también sucede con las unidades de colectivos.

El Estado de derecho es nuestro garante, y jamás puede quedar asociado a la violencia vial, bajo ninguna de sus formas. La infraestructura y el transporte público exigen controles, sanciones y regulaciones porque cuando fallan, matan decenas de vidas inocentes y dejan otras más incapacitadas.

¿Qué lecciones dejará el reguero de muertos que arrojó el choque de una formación del Ferrocarril Sarmiento en la estación terminal de Once? La cínica respuesta de uno de los directores de la empresa concesionaria, “el servicio de TBA es aceptable”, indigna pero no sorprende.

Porque hace años que el viaje en esa línea de trenes es un suplicio cotidiano para todos los usuarios, y para todos aquellos que sin serlo tienen sensibilidad para escuchar los reclamos. ¿Quedarán, como tantas otras veces inermes las víctimas y sus deudos, abrumados por las marchas y contramarchas de los testimonios, las pruebas técnicas y las pericias, mientras se entumece la cadena de responsabilidades sin que aparezca nadie que dé la cara? No basta con señalar a terceros. La seguridad vial es materia del Estado porque es un bien común y una cuestión de derechos humanos.

El  término  «desaparecido» hace  referencia,  en primer lugar, a aquellas personas que fueron víctimas del dispositivo del  terror estatal, que  fueron secuestradas,torturadas  y,  finalmente,  asesinadas por  razones políticas y cuyos cuerpos nunca  fueron entregados a sus deudos  y,  en  su  gran  mayoría,  todavía  permanecen desaparecidos.

Otras dictaduras de Latinoamérica y el mundo también secuestraron, torturaron y asesinaron por razones políticas, pero no todas ellas produjeron un dispositivo como la desaparición de personas y el borramiento de las huellas del crimen. Lo específico del terrorismo estatal argentino residió en que la secuencia sistematizada que consistía en secuestrar-torturar-asesinar descansaba  sobre  una matriz  cuya  finalidad  era  la  sustracción de la identidad de la víctima. Como la identidad de una persona es lo que define su humanidad, se puede afirmar que la consecuencia radical que tuvo el terrorismo de Estado a través de los centros clandestinos de detención fue la sustracción de la identidad de los detenidos, es decir, de aquello que los definía como humanos.

Para  llevar adelante esta sustracción, el  terrorismo de Estado implementó en los campos de concentración una metodología específica que consistía en disociar a las  personas  de  sus  rasgos  identitarios  (se  las  encapuchaba y se  les asignaba un número en  lugar de su nombre); mantenerlas incomunicadas; sustraerles a sus hijos  bajo  la  idea  extrema  de  que  era  necesario  interrumpir  la  transmisión de  las  identidades  y, por último, adueñarse hasta de sus propias muertes.

Los captores no sólo se apropiaban de  la decisión de acabar con la vida de los cautivos sino que, al privarlos de  la posibilidad del entierro,  los estaban privando de  la posibilidad de  inscribir  la muerte dentro de  una historia más global que  incluyera  la historia misma de la persona asesinada, la de sus familiares y la de la comunidad a la que pertenecía. Por esta última razón, podemos decir que la figura del desaparecido encierra la pretensión más radical de la última dictadura: adueñarse de la vida de las personas a partir de la sustracción de sus muertes.

Por  eso,  cada  acto  de  los  cautivos  tendientes  a restablecer su propia  identidad y a vincularse con  los otros en situación de encierro  resultó una  resistencia fundamental  a  la política de desaparición.  Lo mismo ocurre cada vez que se  localiza a un niño apropiado, hoy  adulto,  y  cada  vez  que  se  restituye  la  identidad y  la  historia  de  un  desaparecido.  El  Equipo  Argentino de Antropología Forense (EAAF) se destacó desde muy  temprano en  la búsqueda e  identificación de  los cuerpos de  los desaparecidos que  fueron enterrados como NN. El EAAF posee un banco de datos que, en este momento, articulado con el Estado nacional, continúa permitiendo el encuentro entre los familiares y los cuerpos de las víctimas.

Estas,  son  formas  de  incorporar  a  los  desaparecidos  a  la  vida  y  a  la  historia  de  la  comunidad,  son modos de  torcer ese destino que, según  las palabras de Videla, era sólo una «incógnita».

(1)   La declaración de Videla está tomada de Noemí Ciollaro, Pájaros sin luz,  Buenoa Aires, Planeta, 1999. Fue  reproducida en  los medios de comunicación el 14 de diciembre de 1979.

Estos son algunos de los nombres que protagonizaron hace 206 años una de las fechas más importantes de la historia argentina.

Ese 25 de mayo de 1810 era viernes y una multitud comenzó a reunirse temprano por la mañana en los alrededores de la por entonces Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, liderados por Domingo French y Antonio Beruti, quienes decididos a conseguir la libertad del pueblo repartían distintivos entre los revolucionarios para envalentonarlos.

El pedido era único y claro: la renuncia definitiva del virrey Cisneros y la formación de una Junta de gobierno, nacional.

La reunión en el Cabildo comenzó a las nueve de la mañana y entonces comprendieron que el fervor iba a ser irreprimible: la gente estaba convencida y decidida. Pero el virrey español no quería dar el brazo a torcer e insistía que su caída era evitable.

Pero desde su entorno no lo acompañaron: de hecho, fueron los capitulares quienes lograron que ratificase y formalizase los términos de su renuncia, abandonando sus pretensiones de mantenerse en el gobierno.

Tras algunas idas y vueltas, llegaba el turno de decidir cómo seguir y de instalar una junta. Entonces, surge la composición de la Primera Junta, un escrito presentado, de acuerdo a ciertos historiadores, por French y Beruti y respaldado por una enorme cantidad de firmas.

Sin embargo, otros especialistas aseguran que en verdad lo que ocurrió fue una negociación entre tres partidos que ubicaron cada uno a sus candidatos: los carlotistas, los juntistas y los milicianos.

Belgrano, Castelli y Paso eran carlotistas. Los juntistas eran Moreno, Matheu y Larrea. Saavedra y Azcuénaga representaban al poder de las milicias.

Minutos después, el petitorio fue leído en voz alta y ratificado por los asistentes. El reglamento que regiría a la Junta incluía disposiciones como que la Junta no ejercería el poder judicial, que el Cabildo podría deponer a los miembros de la Junta que faltaran a sus deberes y debía aprobar las propuestas de nuevos impuestos, que se pediría a los cabildos del interior que enviaran diputados, que el Cabildo controlaría la actividad de los vocales y que la Junta nombraría reemplazantes en caso de producirse vacantes.

El nombre formal fue "Junta provisional gubernativa de la capital del Río de la Plata", de acuerdo a lo que está escrito en la proclama del 26 de mayo de 1810.

La composición final fue la siguiente:

Cornelio Saavedra (presidente)

Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, Domingo Matheu y Juan Larrea (vocales)

Juan José Paso y Mariano Moreno (secretarios)

Representó en algún punto diversos sectores de la sociedad: Saavedra y Azcuénaga eran militares, Belgrano, Castelli, Moreno y Paso eran abogados, Larrea y Matheu eran comerciantes, y Alberti era sacerdote.

En la ESMA, Campo de Mayo, Pozo de Banfield y otros centros de detención de la dictadura, funcionaron verdaderas maternidades clandestinas, incluso con listas de matrimonios en “espera” de un nacimiento, y unos 500 hijos de desaparecidos fueron apropiados como “botín de guerra” por las fuerzas de represión. Algunos niños fueron entregados directamente a familias de militares, otros abandonados en institutos como NN, otros vendidos. En todos los casos les anularon su identidad y los privaron de vivir con sus legítimas familias, de sus derechos y de su libertad.

Nada ni nadie detuvo a las Abuelas de Plaza de Mayo para buscar a los hijos de sus hijos. Tareas detectivescas se alternaban con diarias visitas a los juzgados de menores, orfanatos, oficinas públicas, a la vez que investigaban las adopciones de la época. También recibían las informaciones que la sociedad les hacía llegar sobre sus posibles nietos.

Las Abuelas siguen buscando a sus nietos, hoy adultos, pero también a sus bisnietos -que, como sus padres, ven violado su derecho a la identidad-, y con esta finalidad trabajan los equipos técnicos de la institución, además de crear las condiciones para que nunca más se repita tan terrible violación de los derechos de los niños y exigir castigo a todos los responsables de estos gravísimos delitos.

Para esa tarea, dice el informe, las juntas militares constituyeron el Equipo Compatibilizados Interfuerzas (ECI), que "definía los criterios para calificar a las personas, armaba los listados y analizaba sus actualizaciones". El informe difundido por Rossi señala que los artistas, periodistas y escritores eran clasificados en cuatro categorías y que los agrupados en la "Fórmula 4" (F4) revestían "el mayor nivel de peligrosidad".