Los propósitos de la UGI se centran principalmente en promover la geografía a través de la iniciación y coordinación de la investigación y la enseñanza geográfica en todos los países del mundo. El trabajo desarrollado por la UGI se lleva a cabo a través de los mecanismos e instrumentos de sus Comités Nacionales,  Comisiones y Grupos de Trabajo.

La UGI organiza un Congreso Geográfico Internacional cada cuatro años y también promueve conferencias regionales y otras reuniones que fortalezcan los objetivos de la Unión. Asimismo, la UGI facilita la participación de los geógrafos en la comunidad global de científicos a través de la membresía formal en el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU) y el Consejo Internacional de Ciencias Sociales (ISSC).

El comité de descolonización se encarga de escuchar las declaraciones de los representantes de los Estados no soberanos, enviar representantes en misiones a territorios, y organizar evaluaciones de la situación social, económica, política y educacional de éstos.

-El poder político y la organización del territorio, considerando la actuación de los organismos políticos desde el nivel local, nacional e internacional.

-Las relaciones internacionales, destacando las consecuencias espaciales de las actuales tensiones a nivel mundial y las estrategias desarrolladas por las grandes potencias para mantener el control político y económico de sus esferas de influencia.

-El análisis del Estado como unidad político-territorial, resaltando su organización interna y su funcionamiento.

-El análisis de la administración de la estructura territorial, su evolución y las consecuencias espaciales

La geografía política y la geopolítica se relacionan y se diferencian al considerar, en primer término, el estudio del Estado en los aspectos mencionados, estableciendo el ámbito de la geopolítica como la relación política actual entre los estados, vinculado con los conflictos que se dan por los intereses particulares de los gobiernos.

En el caso de las ciencias políticas, éstas se concretan en el estudio de la:

-Consecución

-Consolidación

-Distribución del poder político

-Los fenómenos sociales y políticos como:

-Soberanía

-Independencia

-Libertad

-Gobierno

Todo esto se relaciona con la geografía, ya que tienen su origen en el desarrollo de los grupos humanos en un espacio determinado de la superficie terrestre en otras palabras en el paisaje humano.

       Con respecto a las masas oceánicas, se establecieron las siguientes franjas:

Es cierto que la expresión ordenación del territorio aparece como título de asignaturas contenidas desde hace algún tiempo en los estudios de geografía, y también que esas referencias se han multiplicado en los nuevos planes de estudio correspondientes a la licenciatura específica de geografía. Pero, ¿cómo se explican estas asignaturas? Todavía no hay manuales, tampoco se han realizado estudios de los programas relativos a sus contenidos, ni siquiera se han llevado a cabo suficientes jornadas, seminarios o debates científicos que hayan producido un sentido y un lenguaje compartidos entre los geógrafos. Si se analizan los trabajos comprendidos en las actas de reuniones científicas o incluso de publicaciones colectivas que versen sobre esta materia, se puede comprobar fácilmente la dispersión conceptual y metodológica aún existente, e incluso las maneras tan distintas de entender el objeto de la ordenación territorial y de los servicios o funciones que a dicha práctica puede prestar la geografía.

No deseamos reducir la pluralidad de puntos de vistas posibles para tratar esta cuestión, ni disminuir aportaciones enriquecedoras en cualquier orientación general, o en el desarrollo de aspectos particulares, conceptos o matices concretos. Pero estimamos necesario fijar unas ideas básicas que hagan posible en el futuro inmediato una relación clara entre las dos partes del enunciado, en un momento que nos parece clave tanto para la geografía, como para la ordenación del territorio.

Los dos términos que componen la expresión ordenación del territorio no tienen fijados significados básicos plenamente compartidos, ni tampoco la locución que los une. Es frecuente que se cite la Carta europea de la ordenación del territorio (CEOT) como fundamento compartido para posteriores enunciados propios¹. Pero esta declaración de principios aprobada en 1984, bajo los auspicios del Consejo de Europa, por el Comité de Ministros del ramo, no es clara conceptualmente. Confunde los resultados con el instrumento al definir la ordenación del territorio como "la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad"; y complica más las cosas al añadir que es "a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política"².

Desde nuestro punto de vista la ordenación del territorio es esencialmente una función pública, una política compleja y de reciente y todavía escasa implantación, que puede y debe apoyarse sobre instrumentos jurídicos (convenios internacionales, leyes, decretos), sobre prácticas administrativas y principios consolidados (planificación, participación, etc.) y en diferentes conocimientos científicos, en aportaciones necesariamente pluridisciplinares (aspecto que sí recoge la CEOT), entre las que cabe un papel propio y relevante a la geografía. En tanto que función pública o política, la ordenación del territorio es, sobre todo, un instrumento no un fin en sí mismo, un medio al servicio de objetivos generales como el uso adecuado de los recursos, el desarrollo, y el bienestar o calidad de vida de los ciudadanos.

Una primera aportación de la geografía a la ordenación del territorio puede ser la clarificación de los conceptos de mayor contenido espacial o geográfico que le atañen, entre ellos se encuentran los dos términos que componen el nombre de esta actividad política.

El territorio es el espacio geográfico adscrito a un ser, a una comunidad, a un ente de cualquier naturaleza, física o inmaterial: el espacio de vida de un animal, el área de aparición de una especie vegetal, el ámbito de difusión de una lengua o de cualquier otra práctica social, etc. Cuando se atribuye a un grupo humano complejo (un pueblo, una nación, una sociedad) se convierte en uno de los integrantes fundamentales de su proyecto común: en soporte y recurso básico, ámbito de vida, paisaje propio e invariante en la memoria personal y colectiva. En definitiva en el espacio geográfico en el que se vive y que corresponde manejar y administrar para bien de los individuos y del conjunto de la comunidad.

El término orden es polisémico. Se utiliza en relación a la distribución física de los hechos en el espacio con el sentido de indicar cómo se localizan; pero con frecuencia incluye también un matiz positivo de disposición adecuada o conveniente, hasta llegar a convertirse en canon o regla de distribución, como en los órdenes de la arquitectura clásica. Dentro de este concreto campo semántico, pero con todos esos matices, se encuentra el término orden referido al territorio.

A la disposición en el espacio geográfico de determinados hechos naturales (estructuras geológicas, red hidrográfica, tipos de suelo, formaciones vegetales, etc.) o de origen humano (localización de los asentamientos, trazado de las redes de comunicación, entre otros) se le atribuye generalmente un sentido estructurante o mayor significación para el conocimiento y utilización del territorio.

El orden existente en un territorio dado puede referirse a la descripción y comprensión de los integrantes del mismo que consideramos principales o también expresar una percepción o valoración cualitativa de su distribución. Los elementos que significamos especialmente y su evaluación cambian de unos momentos a otros, según las culturas y los grupos sociales, dependen de la capacidad para conocer y utilizar el ámbito considerado. Así, por ejemplo, un tendido ferroviario antes valorado como factor de expansión urbana puede más tarde ser considerado como una barrera; una red de vías pecuarias, clave para la actividad ganadera en una larga etapa histórica, queda como espacio de dominio público sin uso social alguno; el encauzamiento y embovedado de un río en su curso urbano valorado como una actuación saludable y reductora de riesgos hace tan sólo unos años, puede entenderse ahora como la eliminación irreparable de un importante recurso natural, ambiental y de ordenación; una insalubre área pantanosa se convierte en zona protegida por sus valores naturales como humedal.

La ordenación del territorio es la voluntad y la acción pública para mejorar la localización y disposición de los hechos en el espacio geográfico propio; especialmente de aquéllos a los que atribuimos un sentido estructurante o un mayor significado respecto a las necesidades y condiciones de vida de quienes lo habitan. La voluntad y los actos para disponer, de la forma considerada más conveniente, determinados hechos en el territorio forman parte de las tareas habituales para su administración o gobierno. Se pueden encontrar fácilmente ejemplos, incluso correspondientes a situaciones muy poco evolucionadas, en los que el espacio geográfico atribuido a un órgano de poder ha sido considerado unitariamente para proponer determinadas acciones de ocupación y utilización. Actuaciones muy drásticas de ordenación o reordenación de conjunto se producen en situaciones extremas de dominio de espacios invadidos o colonizados.

Una valiosa publicación define la ordenación del territorio como:

La acción y la práctica (en mayor medida que la ciencia, la técnica o el arte) de disponer con orden, a través del espacio de un país y en una visión prospectiva, los hombres, las actividades, los equipamientos y los medios de comunicación que ellos pueden utilizar, tomando en consideración las limitaciones naturales, humanas, económicas o incluso estratégicas³.

Entendido el término ordenación es un sentido muy genérico todos los hechos mencionados en esta definición son decisivos para comprender el orden territorial existente o para configurar el que se desea, pero esta definición nos parece excesiva para su reflejo en una práctica política definida y concreta en la actualidad, al menos en ámbitos como los europeos que, por otra parte, están entre los pocos dotados del nivel de desarrollo institucional, administrativo y político suficiente como para poder llevar a cabo, en términos democráticos, una política de la complejidad de la ordenación del territorio. La tantas veces referida acción despótica del régimen de Nicolae Ceaucescu, arrasando centenares de aldeas rumanas para concentrar la población en núcleos mayores y mejor dotados en servicios, no tiene sentido ni, afortunadamente, posibilidad alguna en un marco político que deba partir de los criterios de los propios habitantes del territorio a ordenar. La mejora del orden territorial es una función pública compleja, un objetivo sostenido en el que intervienen todas las administraciones, los principales agentes sociales e, individualmente, los ciudadanos que lo desean.

Llegados a este punto resulta imprescindible, a efectos meramente de clarificación conceptual, hacer referencia a los niveles o escalas de actuación ordenadora en el territorio. Como función pública el concepto de ordenación tiene interés en cualquier dimensión; cada nivel político en la organización territorial de un Estado tiene atribuidas competencias propias respecto a un espacio geográfico que es común a todos.

La ordenación del ámbito municipal está atribuida históricamente al poder local en el contexto político y cultural europeo; ha dado lugar a la práctica que comúnmente llamamos urbanismo, un término justificado en su origen pero impropio en la actualidad y que debe ser sustituido por la expresión ordenación municipal, ya recogida en los instrumentos legales. La responsabilidad de las instituciones locales se refieren a todo el término municipal y a actuaciones o hechos que no están limitados a la incidencia del proceso de urbanización.

La ordenación del territorio en niveles o escalas supralocales como política diferenciada, expresa y continuada no aparece propiamente hasta el primer tercio del siglo actual y todavía, como ya se ha dicho, tiene una desigual implantación y una práctica poco homogénea. Se inicia casi simultáneamente en Europa y América del Norte pero carece de continuidad hasta las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial⁴. Sintetizando mucho los hechos, y por tanto corriendo un cierto riesgo de generalización excesiva, se podría señalar que esta práctica todavía escasa y discontinua, se ha orientado siguiendo dos modelos principales: uno más centralizado y economicista, basado en la territorialización de los presupuestos y las inversiones públicas (Francia, Reino Unido), y otro más descentralizado y de planificación física, consistente en definir y realizar modelos concretos de ordenación territorial subestatales (Alemania, Suiza, Italia)⁵.

En España la ordenación del territorio en ámbitos supramunicipales surge también en el primer tercio de siglo, más próxima al campo disciplinar del urbanismo y la geografía que al de la economía⁶. Durante la última dictadura esta política se difumina largamente, hasta que la versión de 1975 de la Ley del Suelo la reimpulsa con un mayor sesgo económico, sustanciándose en la figura del Plan director territorial de coordinación, ideado como instrumento intermedio o de planificación física y económica, simultáneamente⁷. Poco después la nueva organización territorial del Estado definida por la Constitución de 1978 y la asignación de competencias a las comunidades autónomas dan un nuevo giro a una política siempre más teórica que realmente practicada.

El artículo 148 de la Constitución Española establece que las comunidades autónomas "podrán asumir competencias", entre otras (en su punto 3), en "ordenación del territorio, urbanismo y vivienda"⁸. La norma fundamental fija por tanto, la escala o nivel de esta política distinta a la de la ordenación municipal y necesariamente subestatal. Todos los estatutos de autonomía aprobados posteriormente han incluido dicha competencia, matizándola a veces⁹. Más tarde la mayoría de las comunidades han legislado sobre esta materia y, recientemente se han aprobado los primeros planes o directrices, primeras propuestas que concretan una práctica efectiva de la ordenación del territorio en el nuevo y vigente régimen político¹⁰.

En estos desarrollos, tanto legislativos como de planificación, se entiende la ordenación del territorio como política supramunicipal a realizar en dos escalas o niveles: regional y subregional (no siempre explícitamente comarcal). Sus objetivos principales se pueden resumir en dos: establecer condiciones de equidad en todo el territorio, mediante una correcta distribución y accesibilidad de las dotaciones y los equipamientos y la utilización racional de los recursos de todo tipo existentes en el territorio, mediante la localización adecuada de los usos del suelo y de las actividades. Dichos objetivos se alcanzan definiendo modelos de ordenación territorial específicos para los ámbitos planificados (regionales y subregionales o comarcales). Aunque se ha debatido largamente sobre la necesidad y utilidad de establecer modelos de ordenación (considerados con frecuencia rígidos e inalcanzables), este concepto es aquí necesario para expresar sintéticamente los contenidos de la ordenación.

En la legislación urbanística española se ha utilizado y mantenido largamente la expresión estructura general y orgánica del territorio,comprensiva de dos integrantes fundamentales: los usos del suelo (referidos a su clasificación, en urbano, urbanizable, no urbanizable y su calificación, como suelo residencial, industrial o terciario) y los sistemas generales (viario, de equipamientos, de espacios libres y zonas verdes). Esta expresión, poco adecuada al lenguaje actual, debe ser sustituida en relación a la ordenación del territorio propiamente dicha por la de modelo territorial regional o comarcal, compuesto esencialmente (al igual que en la expresión anteriormente criticada) por dos grandes integrantes: la distinción de partes diferenciadas en el ámbito considerado (unidades territoriales o zonas, generalmente según sus características constitutivas o de uso) y las estructuras o sistemas territoriales que posibilitan la mayor integración funcional, económica y social del territorio.

En definitiva, cualquier actuación de ordenación, a la escala que sea, consiste principalmente en establecer para un espacio dado (el término municipal, una comarca, la comunidad autónoma) o para un ámbito a definir (la unidad de actuación de un plan parcial urbanístico, un espacio a proteger, una comarca, un área metropolitana, etc.) la distribución de los usos del suelo y la localización de las estructuras y los sistemas que posibilitan la mayor integración funcional de todo el territorio planificado. Este esquema básico se puede encontrar, más o menos explícito, en instrumentos de ordenación correspondientes a todos los niveles político-administrativos que ejercitan esta práctica¹¹. Dicho planteamiento, en su estructura más simple o desarrollada, no debe imponerse indiferenciadamente a cualquier situación, sino ser tomado como punto de partida junto a los caracteres propios que singularizan cada espacio geográfico.

Los contenidos concretos de los planes de ordenación del territorio, en el sentido estricto marcado por la Constitución, deben respetar las competencias de la ordenación municipal y dar cabida a las actuaciones de las administraciones superiores justificadas en el interés general supralocal. En España, por tanto, la ordenación del territorio aparece como política destinada a la coordinación de la ordenación municipal en escalas superiores (regional y comarcal) y a la integración de los aspectos espaciales o territoriales de las actuaciones sectoriales de los distintos departamentos autonómico (agricultura, obras públicas, industria, turismo, etc.), concertadas, además, con las intervenciones de escala o nivel superior (estatal o europea)¹².

Es preciso tener en cuenta, finalmente, que la expresión ordenación del territorio está siendo también utilizada por organismos comunitarios europeos para sus propios planteamientos territoriales; si bien son observables en sus documentos notables diferencias semánticas según el idioma en que estén escritos: amenágement du territoire, regional planning, raumordnung y raumplanung, por ejemplo, contienen matices y resonancias bien diferenciadas.

Aunque la relación entre geografía y ordenación del territorio pueda resultar obvia conviene ordenar los principales argumentos en que se apoya con el doble propósito de contribuir a asentarla y de definir sus límites.

Ambas prácticas se ocupan del mismo objeto: el espacio geográfico real, acotado a la condición de territorio y en unas determinadas escalas, según lo ya señalado en el párrafo anterior. Conviene sin embargo, en este aspecto, añadir dos apreciaciones también básicas. La primera en relación al carácter necesariamente interdisciplinar de la ordenación del territorio; tanto porque el territorio es también estudiado por otras disciplinas, como por que toda política planificadora necesita el concurso de especialistas en derecho, en economía, la evaluación técnica de sus propuestas, etc., aunque, en este caso, partiendo del conocimiento del propio territorio en sí, cuya ordenación se pone en contribución de objetivos más generales. Las aportaciones de la geografía pueden ser relevantes, pero no son exclusivas. En segundo lugar es preciso advertir sobre la necesidad de definir y desbordar siempre los límites del territorio que se pretende ordenar.

En muchas ocasiones los instrumentos de ordenación del territorio se refieren a ámbitos preestablecidos, generalmente por su previa entidad política (la comunidad autónoma en los planes regionales, comarcas o áreas acordadas políticamente como de ordenación o acción prioritaria, etc.), pero en otras situaciones la primera y una de las principales propuestas de la ordenación será establecer un ámbito de actuación, en el cual regirán las condiciones de actuación específicas que el plan propone. Desde la lógica del conocimiento del espacio geográfico y, en definitiva, desde la metodología geográfica resulta imprescindible, en todos los casos, rebasar el ámbito estricto del plan, sus límites político-administrativos; estableciendo lo que podría llamarse un marco de coherencia del plan, ya que caso de no hacerlo, se podría cometer el error grave de considerar el territorio a ordenar como un enclave o un espacio aislado. Este fallo metodológico ha sido frecuente en muchos instrumentos de ordenación, pero empieza a ser superado, precisamente desde el mayor peso concedido al conocimiento del espacio en los planes de ordenación y por el rigor de las aportaciones geográficas.

La distinción del ámbito objeto de ordenación global, de unidades territoriales diferenciadas por sus características propias (constitutivas de uso, etc.) de zonas en las que debe aplicarse un régimen diferenciado (de protección, de actuación prioritaria, etc.) y la atribución de límites precisos a cada uno de los actos anteriores son ingredientes fundamentales de la ordenación del territorio, que encuentran sustento conceptual y metodológico en la geografía. En relación a este conjunto de operaciones que demarcan un ámbito de planificación, delimitan unidades territoriales y zonas o precisan un deslinde ajustado y riguroso, la geografía ha generado un gran número de conceptos y métodos bien conocidos, pero que quizás no han sido ordenados y valorados unitariamente desde la perspectiva de su aplicación a la ordenación.

El análisis más convencional del espacio geográfico, es decir, el descriptivo de sus características una a una (geológicas, climáticas, edáficas, biológicas, demográficas, por usos dominantes, etc.) puede tener gran utilidad para la ordenación, por ejemplo si se desean limitar usos distintos al que se considera dominante y que deben potenciarse o preservarse, o bien con la intención opuesta, es decir identificar límites y áreas testimoniales de tipos de ocupación a restablecer.

Del mismo modo la distinción de ámbitos complejos e integrados, obtenidos por técnicas tan diversas como la superposición cartográfica, el señalamiento de unidades de paisaje, el análisis multivariante, el estudio de áreas de influencia o de intensidades de relaciones y flujos, todos ellos de amplísima utilización en geografía, son de interés para los trabajos de ordenación, tanto a nivel meramente informativo, como sobre todo en las propuestas que pretendan asignar funciones complejas a partes determinadas de los territorios a escala regional y comarcal. A título de ejemplo baste citar la división en ámbitos funcionales, la identificación de áreas de desarrollo prioritario, de rehabilitación paisajística, etc.

En relación al establecimiento de límites, valoremos finalmente la aportación genérica de los métodos geográficos a actuaciones tan comunes y de tanta repercusión como la realización de un deslinde de dominio público, sea de la zona marítimo terrestre o de un monte público, o bien el establecimiento de cualquier zona o límite de afección de usos (cauces, carreteras, acuíferos, etc.). El deslinde efectivo no es nunca la operación simple de trazar una línea poligonal en un mapa de la escala adecuada, tras haber hecho observaciones y mediciones con un teodolito, no es un simple ejercicio de topógrafo, sino que requiere la continua aplicación de criterios más complejos, para los cuales se precisan conocimientos amplios respecto al espacio geográfico y la capacidad de integrarlos.

También en relación a los hechos que posibilitan la articulación física y la mayor integración funcional de los territorios y, en definitiva, la cohesión de los individuos y grupos sociales que lo habitan, ha producido la geografía diferentes conceptos y métodos que hacen posible su contribución a la ordenación.

Las interpretaciones sintéticas de la geografía regional clásica buscaron siempre la comprensión del espacio real por el establecimiento de relaciones ordenadas, materializadas en formas y hechos espaciales que expresan complementariedad, continuidad, integración o unidad de los ámbitos estudiados o investigados. Asimismo, desde la formulación de la teoría de los lugares centrales por W. Christaller a principios de siglo hasta el completo sistema conceptual incluido en el análisis locacional de P. Haggett, a mediados de los 70, pasando por los influyentes puntos de vista de J. Labasse en su entendimiento de la organización del espacio, entre otras aportaciones, se han producido otras contribuciones muy significativas para comprender el funcionamiento integrado de un territorio a partir de las estructuras y sistemas naturales o de origen humano identificables en él, ya sea para detectar sus carencias o limitaciones, como para proponer las actuaciones que hagan posibles las mejoras deseadas. En esta orientación del conocimiento del espacio geográfico es preciso destacar, por su aplicabilidad y su utilidad para la ordenación del territorio, propiamente dicha, las aportaciones teóricas y los conocimientos empíricos relativos al sistema de asentamientos humanos, la identificación y clasificación de estructuras agrarias y rurales y de modelos funcionales urbanos, la apreciación de la inestabilidad y dinamismo de ciertas formas y procesos geomorfológicos, la idea básica del territorio como sistema unitario e integrado y el ejercicio múltiple de intentar constatarla en un gran número de lugares y ámbitos concretos a diferentes escalas.

Finalmente, por encima de cualquier otra aportación, nos parece destacable la consideración y aprecio de la identidad de cada parte del espacio geográfico, lo que J. Labasse llamo "la contingencia del lugar", idea que exige de la ordenación el tratamiento singularizado de cada ámbito y se contrapone a un ejercicio indiferenciado y tecnocrático del proyecto de actuación y de la planificación territorial, por desgracia no infrecuentes¹³

Parece oportuno recordar aquí algunas referencias geográficas sobre nuestro país: El territorio argentino tiene una extensión considerable, y se desarrolla predominantemente según el eje Norte – Sur, abarcando latitudes tropicales, templadas y frías, lo que se manifiesta en una gran diversidad de relieves y climas, que sirven de fundamento a una división regional del espacio territorial, que identifican unidades funcionales distintivas, según la homogeneidad física y la cohesión de la actividad humana de cada una de ellas. Se aclara que en esta enumeración y delimitación de regiones tiene cierto margen de imprecisión, en especial en lo referente a los límites interregionales, que muchas veces no pueden demarcarse con exactitud sobre el terreno.

Todos los puntos del espacio geográfico se localizan en la superficie terrestre, definiéndose por sus coordenadas y por su altitud, pero también por su emplazamiento.   Como espacio localizable, el espacio geográfico es cartografiable.  Jamás un espacio es igual a otro.

La faz de la Tierra se modifica continuamente.   Cualquier paisaje que refleje una porción del espacio lleva las señales de un pasado mas o menos lejano, desigualmente borrado o modificado, pero siempre presente.  En el análisis del espacio geográfico se parte de lo que está presente, de lo que es visible, y defina la importancia de las herencias y la velocidad de las evoluciones, para descifrar los sistemas que son las estructuras que actúan sobre el espacio.

La noción de espacio homogéneo es de uso tan corriente entre los geógrafos como entre los economistas.  Para   Boudeville (geógrafo francés), un espacio homogéneo es un espacio continuo, cada uno de cuyas partes constituyentes, o zona, presenta unas características tan cercanas como las de conjunto.

El análisis de cualquier espacio geográfico, de cualquier elemento que interviene en su composición, y de cualquier combinación de procesos que actúan en y sobre el espacio, no es inteligibles a que si tiene lugar en el interior de un sistema de escalas de magnitud.

Todo esto es el resultado de una ocupación espontánea del espacio, el cual muestra el impacto sucesivo de las diferentes etapas de la economía argentina y de las decisiones políticas. Este esquema de organización territorial se denomina modelo tendencia, pues refleja las tendencias socioeconómicas, políticas y geográficas en una larga relación tiempo-espacio. Hacia finales de la década de 1980, distintos procesos rompieron con muchas tendencias históricas y surgieron otras.

Este modelo encontró bases muy sólidas en la valoración de la posición geográfica mundial de Argentina, de �aislamiento geográfico', que la llevó a ser considerada como un �país isla' �como la definió el almirante Storni� y, en consecuencia, a modificar su organización espacial en función del puerto. El concepto de la �Argentina insular' comienza a cobrar fuerza con la economía agro-portuaria y con los inicios de la industrialización (sustitución de importaciones).

Así, Argentina se estructuró sobre los puertos, con amplio predominio del de Buenos Aires. La cohesión interior, la centralización de la baja cuenca del Plata, el �desprendimiento' fronterizo y las condiciones de sequedad que imperan en gran parte del territorio contribuyeron, en forma harto elocuente, a consolidar la �Argentina insular' y organizar su espacio interno en función de dicho sistema, dando lugar al país abanico definido por Bunge.

Este esquema tendencial llevó a la valoración de la región Pampeana, a la cual se le confirió el rol de región nuclear del país. Por otro lado, el modelo se extendió a los espacios significativos de las otras regiones del país, coincidente la mayoría de las veces con los núcleos geohistóricos y con la producción de bienes complementarios de la pampa húmeda. Mientras tanto, con el correr del tiempo, fue tomando cuerpo el lugar de mayor capitalidad del territorio argentino, concentrando la población, las actividades, los servicios y, por ende, el poder. El área metropolitana de Buenos Aires y, más tarde, el eje urbano industrial San Lorenzo-Rosario-La Plata se impusieron así por su privilegiada posición geográfica, determinando la configuración y funcionamiento del espacio nacional.

En este escenario, la posición de las regiones y de sus sistemas urbanos resultaba periférico, más aún por el escaso contacto entre ellas y los países colindantes. Este proceso se vio reforzado por la presencia de conflictos, lo que llevó a consolidar el �desprendimiento fronterizo', sobre todo con Chile y Brasil. En la actualidad, se ha dado por agotado dicho modelo y Argentina ha encontrado otras dos vertientes hasta ahora no valoradas: su posición céntrica en el Cono Sur (posición subcontinental) y su posición aguas abajo de la cuenca del Plata (posición regional). Esto lleva a una nueva posición de Argentina en el mundo, dentro de un ámbito de integración regional: Mercosur, que ha de refuncionalizar el territorio, sus regiones y sus sistemas de relaciones.

La integración de Argentina en el espacio comunitario del MERCOSUR implica complementar la concepción insular del país con la peninsular; esto encierra una proyección marítima y otra proyección continental, que conlleva a estructurar un nuevo sistema de relaciones con el espacio exterior y dentro del espacio interior. Esta situación modificará, sin duda, el rol de las diferentes regiones, y conducirá a su reconversión productiva, por haber variado su posición con respecto a los mercados y la accesibilidad general. El concebir a Argentina en este escenario de futuro implica potenciar cuatro aspectos sobresalientes: la complementación e integración territorial interna, la complementación e integración con otros países de la región, la accesibilidad de ciudades y regiones hacia el Atlántico y Pacífico y, por consiguiente, un reposicionamiento diferente de las ciudades y las regiones.

Todos estos cambios conllevan a establecer un nuevo sistema de relaciones, lo que supondrá, en principio, un redimensionamiento estratégico de las redes de transporte, comunicaciones, flujos y energía, así como una valoración de los grandes espacios constitutivos del territorio nacional que se extienden más allá de las fronteras, pero que han de encontrar su articulación y unidad. Las fronteras, que antes separaban espacios llamados a funcionar en común, serán ahora franjas de dinamismo e integración.

Los espacios noroccidental, nororiental, patagónico austral, pampeano y metropolitano han de conjugar los grandes ámbitos geográficos para un desarrollo más equilibrado en lo interno y más proclive a la proyección e integración en lo externo. La correcta percepción de esta realidad geográfica llevará a valorizar, dentro de los espacios mencionados, los sistemas regionales individualizados; éstos, a su vez, se encontrarán con mejores posibilidades y capacidades para desarrollar sus potencialidades, complementarse e integrarse con las regiones de los países vecinos y articularse entre sí.

La refuncionalización del territorio, impulsada por el proceso de integración regional, es una nueva oportunidad, un hito más, un umbral de mayor complejidad en la organización territorial; también habrá desigualdades. Problemas y nuevas oportunidades son una dicotomía permanente en la vida de los pueblos y ese devenir se refleja en la organización del territorio. El nuevo modelo que se vislumbra no elimina el anterior: lo complementa y lo supera. Los hechos históricos son acumulativos espacialmente.

Así como en la anatomía territorial los espacios y regiones se reposicionan y se reconvierten, en la fisiología territorial el sistema urbano y las redes se refuncionalizan. Las transformaciones globales del mundo actual -desde la economía integrada hasta el cambio tecnoproductivo y la revolución en los transportes y las comunicaciones- han de impulsar el proceso señalado. En esto consiste la nueva lógica territorial.