es aún heterogénea la aplicación de las Reglas de Bangkok en Latinoamérica. Su causa principal probablemente tenga que ver con la falta de perspectiva de género y la indiferencia de los operadores en forjar compromisos que permitan resolver los problemas de desigualdad en las mujeres en conflicto con la ley penal.

Los problemas no se circunscriben a cuestiones presupuestarias. Las inversiones no se realizan trazando un plan concreto frente al problema de las mujeres.

El problema de infraestructura carcelaria repercute en muchas dimensiones de la detención, desde las necesidades propias ignoradas hasta la dificultad en el acercamiento familiar. Deben revisarse los criterios y evitar la construcción de grandes centros de máxima seguridad, para dar lugar a establecimientos más pequeños, que cuenten con medidas de seguridad acordes y que se emplacen en forma desconcentrada.

Es imprescindible trabajar en las redes de acompañamiento, gubernamentales o no gubernamentales, para lograr el éxito de las medidas alternativas al encarcelamiento y a la pena. Deben reforzarse las acciones para traccionar por la evitación de la prisión en las mujeres.

Sería de buena práctica sugerir que todas las decisiones judiciales pudieran contar con un análisis de vulnerabilidad como requisito de fundamentación de la decisión , puesto que obligaría a un análisis responsable por parte de los órganos judiciales y elevaría la calidad de los litigios.

Es necesario otorgar una voz importante a las mujeres que han transitado la prisión, para poder realizar los ajustes sensatos a los sistemas.

Deben reversionarse los programas de tratamiento penitenciario, con ajuste a las Reglas.

Es necesario invertir en capacitación en todos los órdenes y niveles.