El movimiento “Besos contra la homofobia” de 2011 se desarrolló en la Plaza Mayor de Lima, con el fin de protestar contra la violencia que había recibido el colectivo LGBT por parte de los policías, los cuales los golpearon y tiraron agua con el fin de que se detuvieran. Podemos evidenciar cómo un abuso de autoridad generó un conflicto con la comunidad. Nada justifica la violencia que recibieron. 

En esta ocasión, se evidencia como la autoridad suprime la libertad de expresión de la comunidad, pues atenta en su contra en lugar de ejercer el diálogo. Así como el colectivo LGBT tiene derecho de expresar su indignación frente a la discriminación, la policía también pudo manifestar su punto de vista, siempre y cuando respete los derechos de esas personas (principio de la libertad de expresión);  sin utilizar la homofobia y violencia como medio. 

 En marzo del año pasado Gustavo Gorriti, director del portal periodístico IDL-Reporteros, denunció censura por parte de la red social Facebook. El periodista estaba realizando una transmisión en vivo respondiendo a los ataques vía twitter por parte del ex presidente Alan García hasta que la transmisión fue interrumpida y posteriormente deshabilitada. Ante esto, Gorriti publicó un video en YouTube explicando lo que había sucedido y mencionó que este acto va en contra de su libertad de expresión.

Se están violando sus derechos, pues según la declaración de principios sobre la libertad de expresión, no se puede censurar información que sea divulgada mediante cualquier medio, ya sea escrito, oral o electrónico. Las opiniones que uno de a través de cualquier medio de comunicación no deben ser intervenidas. 

Esta reforma fue bastante criticada porque, en otras palabras, se penaliza la protesta social. Ya que, la pena también se aplicará a aquellos que obstruyan el acceso a personal o maquinaria en las obras públicas, según lo que indica el artículo 299 de la reforma. En este escenario, la ONU se pronunció para pedir al Gobierno de México reconsiderar esa medida, pues atenta contra la libertad de expresión de sus ciudadanos, puesto que podría tener como consecuencia la prohibición y criminalización de las protestas sociales. 

Por eso, los relatores de la ONU recomiendan que debería rediseñarse otros mecanismos para “equilibrar la interferencia con el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica”.   

Aquí se aprecia claramente una violación con la libertad de expresión, una protesta es un reclamo popular válido hacía el Estado y no se puede criminalizar sólo para beneficio de las empresas y las construcciones privadas o públicas. La población tiene el derecho de que su voz sea escuchada y el deber del Estado es escuchar a la población y no vulnerar el derecho a su libertad de expresión.

Al final, con las reacciones del gobierno, Pooh se ha vuelto, absolutamente contra sus intenciones, un símbolo de la resistencia contra el gobierno, básicamente eterno, del jefe de estado Chino, siendo que, memes y simples comparaciones por parte de civiles pueden tener consecuencias tan graves como la baja de sus estatus sociales (sistema implementado por China, que involucra desde locación de servicios hasta transporte) o la propia cárcel.

El claro atentado a la propia libertad de expresión no es una novedad, ya que, en varias ocasiones, civiles en China fueron punidos por memes, discursos en contra, o, como se ve en este ejemplo, comparaciones que involucran al PCC (Partido Comunista Chino) o al propio mandatario. Casos como el de Mei, personaje del videojuego Overwatch, también se pueden poner en perspectiva.

En el año 2015 el periodista Pedro Salinas, con la colaboración de Paola Ugaz, publicó su libro “Mitad monjes, mitad soldados” en los cuales recopilaba cerca de 30 testimonios de personas que habían sufrido abusos durante su pertenencia al Sodalicio de Vida Cristiana.  Esto favoreció a que se iniciaran diversas investigaciones a dicha organización. Tres años más tarde, el periodista redactó un artículo en el cual mencionaba al Monseñor José Antonio Eguren Anselmi, Arzobispo de Piura y Tumbes, quien presuntamente tenía pleno conocimiento de los abusos cometidos en el Sodalicio. En 2019, la jueza Judith Cueva Calle condenó a un año de prisión suspendida y al pago de 80 mil soles al periodista Pedro Salinas por la denuncia de difamación agravada.

Asimismo, el arzobispo también denunció a la periodista Paola Ugaz por escribir siete tuits sobre su encuentro en Trujillo con el Papa Francisco. La demanda fue por difamación agravada con un pedido de 3 años de cárcel y el pago de 200 mil soles.

En este caso se evidencia el abuso en contra de la libertad de expresión y la labor periodística. Es lamentable que en algunos casos como estos el sistema de justicia abre procesos en contra de los periodistas fácilmente. Como señaló Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, “Ellos han expresado opiniones y han cumplido con la corroboración inmediata. No existe difamación”. Asimismo, indicó que en este caso el Poder Judicial estaba siendo utilizado como garrote en contra del periodismo tratando de silenciar la opinión de los acusados.