Transparencia y acceso a la información: Promover la transparencia en la gestión pública mediante la divulgación de información sobre el uso de fondos públicos, decisiones gubernamentales y procesos administrativos. Esto permite que los ciudadanos y los medios de comunicación vigilen de cerca las acciones de los funcionarios y detecten posibles casos de corrupción.

Fortalecimiento de instituciones anticorrupción: Dotar de recursos adecuados y garantizar la independencia y eficacia de las instituciones encargadas de investigar y sancionar la corrupción, como fiscalías especializadas, contralorías y órganos de control internos.

Participación ciudadana: Fomentar la participación activa de la sociedad civil en la vigilancia y el control de los asuntos públicos a través de la creación de mecanismos de participación ciudadana, como veedurías ciudadanas, audiencias públicas y consultas populares.

Ética y valores: Promover una cultura de integridad, ética y valores en todos los niveles de la sociedad, desde el ámbito familiar y educativo hasta el empresarial y gubernamental. Esto implica educar a las personas sobre los riesgos y consecuencias de la corrupción y fomentar la responsabilidad individual y colectiva.

Fortalecimiento del estado de derecho: Garantizar la independencia del sistema judicial y el cumplimiento efectivo de la ley para que los responsables de actos de corrupción sean investigados, enjuiciados y sancionados de manera justa y equitativa.

Implementación de controles y auditorías internas: Establecer mecanismos efectivos de control interno y auditoría en las instituciones públicas y privadas para prevenir y detectar oportunamente casos de corrupción, así como para garantizar la eficiencia y la legalidad en la gestión de recursos.