La ley 1566 de 2012 ha establecido que el uso de sustancias es un problema de salud pública y bienestar de familias, comunidades e individuos que su objetivo es fortalecer elementos de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración social, y pretende reducir el uso, abuso y adicción al alcohol y/o bebidas en niños, niñas y adolescentes. Por esa razón, el consumo y la adicción deben considerarse una enfermedad que merece total atención por parte del Estado.

En el 2019 el Minsalud aprobó la resolución 089, donde garantiza la atención completa a las personas y la comunidad con riesgos o consumo de sustancias deben ser reconocidos como sujetos de derechos. Es importante que los mecanismos de derechos y protección sigan mejorando para prevenir el consumo de sustancias y reducir la probabilidad de desarrollar problemas de salud general o de funcionamiento que requieran tratamiento.