En cualquier caso, se designará de mutuo acuerdo el árbitro o árbitros que serán encargados de resolver el conflicto y éstos dictarán el laudo.

Laudo en Derecho: es el laudo que se dicta conforme a la legislación vigente y donde el árbitro, ha de ser por tanto abogado, es decir ha de ostentar la cualidad de Abogado en ejercicio.

Laudo en Equidad: cuando el árbitro/os no son abogados sino técnicos especialistas y cualificados en la materia de que es objeto la disputa. En este caso el Laudo emanará no de la legislación vigente (cuyo técnico es el abogado) sino del leal saber y entender del especialista que actúa como árbitro en ese arbitraje mercantil.

En Honduras, el arbitraje se rige por la Ley de arbitraje y Conciliación (Ley 161 de 2000) y las Reglas del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa.

Como un proceso de arbitraje es un proceso más rápido que un juicio, las nuevas leyes como la Ley de APP (septiembre de 2010) y la Ley de Promoción y Protección de Inversiones (julio de 2011) incluyeron el procedimiento de arbitraje para cualquier conflicto derivado de contratos de APP y de inversiones Hecho en el país.

¿Cómo es el procedimiento?
La ley de arbitraje se basa en el Modelo de Naciones Unidas «UNCITRAL» e implica la modernización de la ley hondureña sobre resolución de conflictos.

Según la Ley, las partes pueden acordar las reglas de procedimiento para la solución de su conflicto o someterse a un procedimiento establecido por un centro de arbitraje. La ley establece que el arbitraje puede ser de derecho, equidad o técnico (los árbitros dictan su decisión sobre la base de su conocimiento específico de un tema, comercio o ciencia en particular).

Además, las partes pueden acordar quién estará a cargo del procedimiento de arbitraje y dictar el laudo y, en caso de que no lleguen a un acuerdo sobre este asunto, el órgano de arbitraje designará al árbitro. Además, las partes pueden determinar libremente el lugar del arbitraje, pero generalmente la institución de arbitraje decide cuál tendrá lugar.

El proceso de arbitraje no excederá de cinco meses de duración a menos que las partes o el árbitro decidan prolongarlo.

Es muy importante el papel activo de los árbitros en el proceso de arbitraje porque ellos son quienes llevan a cabo el proceso, determinan qué evidencia será aceptada y valorada y al final dictan el laudo arbitral que pondrá fin al conflicto.
 El laudo tiene la fuerza equivalente a una orden judicial y las partes deben cumplirla.

Los árbitros deben cumplir con ciertos requisitos para servir como árbitros y cuando aceptan su posición asumen la obligación de cumplir su función con «dedicación y compromiso» y también la responsabilidad de reparar los daños causados ​​a terceros por su culpa o negligencia.

(a) los nombres e información de contacto de las partes y de su asesor u otros representantes;

(b) identificación del acuerdo de arbitraje conforme al cual debe ser resuelta la disputa y, en lo posible, una copia de él;

(c) identificación de todo contrato, instrumento legal o relación jurídica de la cual o en relación a la cual surge la disputa;

(d) una breve descripción de la naturaleza y circunstancias de la disputa que da lugar a las demandas;

(e) cuando las demandas sean formuladas bajo más de un acuerdo de arbitraje, la identificación del acuerdo de arbitraje bajo el cual cada demanda es formulada;

(f) una indicación preliminar de las pretensiones, junto con los montos de cualquier demanda cuantificada y, hasta donde sea posible, una estimación del valor monetario de toda otra demanda;

(g) las observaciones o proposiciones del demandante en cuanto al número de árbitros, el idioma, la sede del arbitraje y la ley o normas jurídicas aplicables al fondo de la disputa;

(h) si el acuerdo arbitral contempla tres árbitros, y las partes no han acordado otra cosa, el nombre e información de contacto del árbitro designado por el demandante; y

(i) comprobante de pago del arancel de registro a que se refiere el Artículo 7.

Una empresa farmacéutica francesa de investigación y desarrollo concedió una licencia sobre know-how y patentes farmacéuticas a otra empresa francesa. El acuerdo de licencia incluía una cláusula de arbitraje que estipulaba que toda controversia se solucionaría en virtud del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, por un tribunal arbitral compuesto por tres árbitros, de conformidad con el derecho francés. Tras negarse el licenciatario a pagar la tasa de licencia, la empresa de investigación y desarrollo inició un procedimiento de arbitraje.