El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha emitido una nota informativa donde, en base de los informes emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), constata que entre octubre de 2024 y febrero de 2025 se produjeron un total de 13 episodios de Tempestad Ciclónica Atípica (TCA). Apunta el organismo que una decena de ellos lo han hecho en su modalidad de viento extraordinario, y otros 3 en forma de tornado.

Estos episodios son adicionales a los ya publicados con anterioridad en varias informaciones y ocurridos entre diciembre del año pasado y abril de 2025.

Estos episodios que ahora se comprueban dentro de los siniestros que indemniza el Consorcio se han producido en gran parte de España: norte peninsular como Asturias o Cantabria, también en Granada, zonas del Levante, así como Huesca, Murcia, Almería o las Islas Canarias. Los tornados tuvieron lugar en Tarragona, Ciudad Real y Huelva.

Señala el organismo que debido a la "escasa afectación" será el Consorcio quien haga frente a las indemnizaciones y "no requiere" la aplicación del Convenio de colaboración sobre gestión de siniestros y de reembolsos materializado en 2011 para siniestros relacionados con el viento.

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La especialista en Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba apunta en el documento, fechado el pasado 5 de febrero, a posibles causas que van desde un carril roto a un fallo de la soldadura de dos rieles, pero sin descartar “una actuación de sabotaje o terrorista” o un deficiente mantenimiento de la vía. El contenido del informe policial contrasta con el documento hecho público por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un organismo independiente integrado en el Ministerio de Transportes, el pasado 23 de enero, que ya puso el foco sobre el posible origen del siniestro en una causa concreta: la rotura previa de una soldadura de la vía que supuestamente provocó el descarrilamiento del vagón 6 del tren Iryo.

El documento policial, que excusa su falta de concreción en que sus autores aún no han tenido acceso a toda la documentación solicitada, apunta a que el accidente se produjo en el punto kilómetros 318,693 de la vía y que el descarrilamiento y posterior choque entre el tren del operador Iryo que viajaba hacia Madrid y el Alvia que tenía como destino Huelva se produjo entre las 19.43.37 y las 19.43.41 de aquel día. En este punto, los agentes señalan que las imágenes de las cámaras de seguridad que había en un edificio de el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) cercano al lugar del siniestro dan indicios de que la colisión se produjo en esta franja horaria, pero no permiten confirmarlo con exactitud al no registrar el momento exacto en que impactaron los convoyes.

Sobre “la causa o causas” de la tragedia, la Guardia Civil afirma que “sigue aún sin poder resolverse”, entre otras causas porque ni el Servicio de Criminalística del instituto armado, cuyos especialistas hicieron la inspección ocular del lugar del suceso, ni la CIAF han entregado sus informes definitivos sobre lo ocurrido. Por ello, el informe mantiene abiertas ocho líneas de investigación divididas por apartados. En primer lugar, habla de un posible “problema de infraestructuras ferroviarias”, entre las que sitúa la existencia de un carril de fabricación defectuosa ―una hipótesis que el ministro de Transportes, Óscar Puente, apuntó en una de sus comparecencias ante la prensa tras el suceso― o una soldadura defectuosa ―la línea de trabajo de la CIAF―. En este sentido, los agentes detallan que han pedido la identidad de los operarios que realizaron estos trabajos, que en el momento en el que se redactó el informe no habían recibido esa información, así como los ensayos de calidad realizados sobre la misma.

Los investigadores tampoco descartan que el accidente se produjera por el “estado general del conjunto [de la instalación] consistente en traviesas, balasto, carril, clips y soldaduras”. Para investigar esta hipótesis, los agentes se desplazaron al lugar del accidente para ”recoger, depositar y precintar varios kilogramos de balasto", además de solicitar “información y documentación relativa a la licitación de otras, empresa que asuma la actuación, empresa ejecutora final de la actuación y de la empresa encargada de la actuación sobre el tramo donde se ha producido el accidente”.

Los agentes también mantienen abierta la posibilidad de que el siniestro se produjera “debido a algún incidente con la estructura del propio tren como la caída de una pieza o enganche con infraestructura ferroviaria”. Los agentes esperan recibir el informe de sus compañeros de Criminalística y han solicitado el último informe de inspección técnica del tren Iryo, que aún no han recibido. Para corroborar o descartar esta línea de investigación, la Guardia Civil también ha solicitado ampliar la extracción de los datos contenidos en las cajas negras de los dos trenes implicados.

Tampoco cierran la posibilidad de un fallo humano por parte de los maquinistas, uno de los cuales falleció en el accidente. No obstante, en este punto destacan que la información recopilada hasta el momento “no indica a priori [...] ninguna actuación anómala, negligente o imprudente” por parte de ninguno de los dos. En este sentido, el informe destaca que las pruebas de alcoholemia y de consumo de drogas que se realizaron al conductor del Iryo dieron “resultados negativos”. No obstante, el informe insiste en que a la fecha en la que se elaboró el informe “no se puede descartar este supuesto de forma definitiva”.

En el apartado de “otras causas aún no determinadas”, el informe del instituto armado señala la posibilidad de un sabotaje o ataque terrorista consistente en el corte “con algún tipo de maquinaria o por el uso de alguna sustancia corrosiva o explosiva” del carril donde se produjo el accidente. La Guardia Civil detalla que ha pedido a la CIAF que analice en sus laboratorios ese posible corte intencionado del riel, y solicita al juzgado autorización para que Criminalística analice la presencia de explosivos o corrosivos en la zona de la vía donde descarriló el tren.

Por último, apunta como posible hipótesis una supuesta “falta de medidas preventivas o de supervisión” que impidieran detectar la existencia de la rotura del riel o la soldadura. Para aclarar este punto, los agentes han tomado declaración como testigos a varias personas, entre ellos a maquinistas que pudieran haber detectado algún tipo de anomalía cuando circulaban por la zona y a personal de Adif. También se han recopilado los protocolos de revisión y diversa documentación sobre el concurso para la adjudicación de los trabajos de auscultación ultrasónica de la vía que debía detectar posibles fallas en la misma.

Por todo ello, el informe concluye que “no se puede descartar ni corroborar ninguna de las líneas de investigación al completo”. Para poder hacerlo, plantea que es “imprescindible” que los agentes tengan acceso a diferentes datos. Así, inciden en la necesidad de “la extracción y análisis de los datos contenidos” en las cajas negras de los trenes; estudiar la documentación solicitada, parte de la cuál aún no se ha entregado; realizar los análisis de la soldaduras y rieles que tiene que hacer la CIAF; designar peritos judiciales “para poder valorar la documentación de carácter técnico y ayudar técnicamente a los investigadores”; y tomar nuevas declaraciones a testigos “derivadas de los estudios pendientes”.

Las reclamaciones suelen surgir tras incidentes domésticos como fugas de agua, incendios o accidentes que afectan tanto a la vivienda como a su mobiliario. Varios consumidores han denunciado que, tras comunicar el siniestro, la compañía asegura que no tiene obligación de cubrir los daños. Entre las razones alegadas se incluyen la supuesta responsabilidad del propietario, deficiencias en el mantenimiento o la necesidad de recurrir a la comunidad de vecinos.

En muchos casos, estas afirmaciones se realizan sin que un perito de la aseguradora haya visitado la vivienda para evaluar el daño o determinar su origen, según Irache.

Indemnización, sí; reparación, no

Otra práctica creciente es la entrega de indemnizaciones económicas en lugar de hacerse cargo directamente de las reparaciones. Aunque el seguro reconoce su responsabilidad, los consumidores se ven obligados a contratar por su cuenta empresas de fontanería, carpintería u otros servicios, mientras esperan que la aseguradora envíe técnicos, un proceso que puede prolongarse semanas o incluso meses.

Durante este tiempo, muchas familias conviven con humedades, paredes y techos dañados, muebles inservibles o electrodomésticos rotos, con un impacto significativo en la vida diaria.

Derechos del consumidor

La normativa establece que la aseguradora debe pagar la indemnización una vez realizadas las peritaciones pertinentes. Si transcurren más de 40 días desde que la compañía tuvo conocimiento del siniestro, está obligada a abonar “el importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber”. De no hacerlo o de retrasar el pago más de tres meses sin justificación, la aseguradora incurre en mora, aumentando la cantidad que debe abonar.

Desigualdad frente a las aseguradoras

Los consumidores que contratan reparaciones por su cuenta se enfrentan a nuevas dificultades: la aseguradora puede objetar el costo de los trabajos y ofrecer una indemnización menor, dejando al afectado con gastos adicionales. Para discutir estas situaciones, es necesario un informe pericial, que resulta costoso y complejo, mientras que las compañías cuentan con equipos de expertos que realizan los informes de forma inmediata.

Reclamar judicialmente por retrasos en las reparaciones también es complicado, requiriendo cuantificar y demostrar los daños, un proceso que genera molestias y estrés para los consumidores.

Consumidores desamparados

Irache advierte que estas situaciones dejan a los consumidores en condiciones de desamparo y desorientación, viviendo durante semanas o meses en viviendas dañadas sin saber cómo actuar. Los perjuicios adicionales derivados de la espera rara vez son compensados.

Desde la asociación se insiste en la necesidad de establecer mecanismos de control que garanticen que las aseguradoras cumplan con sus obligaciones y no abandonen a los consumidores que han pagado su póliza.

Recomendaciones para los afectados

Irache aconseja a los ciudadanos que sufran un siniestro en su hogar: dar parte al seguro cuanto antes (preferiblemente por escrito), revisar la póliza y sus coberturas, y buscar asesoramiento profesional si surge cualquier problema con la cobertura, la indemnización o la atención del seguro.

Arropado por el alcalde de Nueva York, el hermano de Mercè Camprubí agradece todo el apoyo recibido. "Nunca os olvidaremos y vamos a mantener vuestra sonrisa viva cada día de nuestros días y eso creo que es el mejor legado que os podemos dar", apuntaba completamente emocionado Joan Camprubí desde Nueva York. Las familias de la pareja se han desplazado a Estados Unidos para repatriar los cuerpos de las víctimas sus cuerpos tras una tragedia que, también, se llevó la vida del piloto.

Consternación por el accidente: "Se fueron sin sufrir"

El hermano de Mercè Camprubí, la madre de familia que falleció el jueves en un accidente de helicóptero en el río Hudson junto a su marido y sus tres hijos, expresó emocionado desde Nueva York que sus familiares "se fueron sin sufrir y con una sonrisa".

"Se fueron sin sufrir y con una sonrisa en el rostro, y eso es importante para nosotros como familia (...) Pueden imaginarse que estamos tratando de asimilar toda la situación. Queremos que el traslado de los cuerpos se haga lo antes posible y tenerlos de vuelta a casa para que toda la familia descanse en paz junta", dijo Joan Camprubí.

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Los familiares de Agustín Escobar y Mercè Camprubí, que fallecieron en el accidente de helicóptero junto a sus tres hijos, también agradecían horas antes el cariño recibido a través de una carta publicada. "No hay palabras para describir lo que estamos viviendo, ni para agradecer el cariño recibido", señalaban los familiares.

En la carta, firmada por siete miembros de la familia Escobar y 12 de la familia Camprubí, se recalca que "son momentos muy difíciles, pero el optimismo y la alegría siempre han caracterizado a nuestra familia", al tiempo que piden "el máximo respeto a la intimidad, dado el impacto global que ha tenido esta tragedia y la implicación de los tres menores".

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"Queremos guardar el recuerdo de una familia feliz y unida, en el momento más dulce de sus vidas. Se han ido juntos, dejando una huella imborrable entre todos sus familiares, amigos y conocidos", añaden.

Realizan los trámites para repatriar los cadáveres de la familia

Señalan después que se han desplazado a Nueva York para cumplir con todos los trámites y repatriar los cuerpos y que en los próximos días darán detalles de la ceremonia de despedida de los cinco miembros de esta familia fallecida en este trágico accidente.

"Vuestro apoyo nos mantiene fuertes, y los Escobar-Camprubí estarán siempre con nosotros y en nuestros corazones", señalan por último en la carta.

Los fallecidos son dos altos ejecutivos de la empresa Siemens, Agustín Escobar y Mercè Camprubí, y sus tres hijos de 4, 5 y 11 años, que murieron junto al piloto que los trasladaba en un viaje turístico por Nueva York al estrellarse el aparato en el agua. 

El Servicio de Emergencias Médicas movilizó varias ambulancias y equipos especializados y confirmó que tres trabajadores resultaron heridos de gravedad, siendo trasladados al Hospital Vall d'Hebron para recibir atención urgente, mientras tanto, las fuerzas de extinción y los servicios de emergencias locales se desplegaron inmediatamente para controlar la situación.

La respuesta operativa sobre el terreno fue masiva y coordinada, los textos periodísticos y los comunicados oficiales recogen que hasta dieciocho dotaciones de los Bombers de la Generalitat trabajaron en la extinción, que se procedió al corte del suministro eléctrico en todo el polígono para minimizar riesgos y que la carretera C-59 quedó interrumpida en el tramo afectado mientras duraron las labores. Protección Civil activó la prealerta del Plan Procicat y el número de emergencias recibió decenas de llamadas ciudadanas alertando del humo y las explosiones, lo que obligó a priorizar el control del perímetro y evitar la propagación a naves colindantes.

A nivel humano, los reportes describen a las tres personas heridas como trabajadores de la propia planta, con quemaduras de diferente gravedad y con el traslado a un centro terciario para tratamiento especializado, los partes médicos facilitados por las fuentes hablan de lesiones que requieren cuidados intensivos y seguimiento por quemaduras y lesiones por inhalación de humo.

En cuanto a la investigación, los comunicados señalan que los Mossos d'Esquadra, junto con los equipos de Bomberos y los servicios de inspección industrial, han iniciado actuaciones para recabar testimonios, revisar grabaciones y analizar restos de maquinaria o recipientes que pudieron originar la primera deflagración.

Es habitual en estos casos que se examine la correcta instalación y mantenimiento de equipos, la manipulación de productos inflamables y el cumplimiento de planes de prevención y seguridad en el trabajo; si se detectara negligencia en prevención, podrían abrirse responsabilidades penales o civiles además de las reclamaciones de seguro y laborales.

Desde la perspectiva aseguradora y jurídica, este siniestro presenta dos capas, por un lado, la gestión ordinaria del siniestro por parte de la póliza o pólizas contratadas por la empresa (daños materiales, contenidos, interrupción de negocio, responsabilidad civil y cobertura de accidentes laborales o compensaciones mediante la mutua), por otro lado, la posibilidad, en casos muy concretos, de que intervenga el Consorcio de Compensación de Seguros, entidad pública que cubre riesgos extraordinarios según lo definido por la normativa.

Un incendio industrial fruto de una explosión interna por fallo de maquinaria o manejo de materiales suele calificarse como riesgo ordinario y, por tanto, correspondería al seguro privado de la empresa, no obstante, la admisibilidad ante el Consorcio depende de la realidad probada y de la cláusula y recargos incluidos en la póliza, por lo que, si hubiese argumentos para considerarlo extraordinario, cabría elevar la consulta al Consorcio según el marco legal vigente.

En una nota difundida esta mañana, el propio Consorcio ha expresado su "más sentido pésame a quienes han sufrido pérdidas personales y materiales como consecuencia de la inundación extraordinaria", se ha solidarizado "con cada familia afectada" y ha reafirmado su compromiso y apoyo "para enfrentar juntos esta adversidad y comenzar la reconstrucción".

El Consorcio ha explicado que indemnizará los daños por inundación extraordinaria, al pertenecer todos ellos a los incluidos en la normativa como "riesgos extraordinarios". Sus palabras significan que el organismo asumirá directamente, y con sus propios medios, la gestión y el pago de las solicitudes de indemnización que reciba, previa valoración de los daños indemnizables ocurridos y que continúen produciéndose con motivo de este episodio de inundación extraordinaria.

Requisitos para pedir indemnizaciones

El requisito para acceder a la cobertura del CCS es que la persona o el bien afectado deben estar asegurados y tener su seguro en vigor en el momento en que se produjo la inundación extraordinaria. El organismo indemnizará los daños producidos a las personas aseguradas y los daños sufridos por los bienes asegurados, ya sean viviendas o comunidades de propietarios, así como los automóviles, oficinas, comercios, inmuebles de uso no industrial, industrias y obras civiles e infraestructuras, tanto públicos como privados.

La cuantía de la indemnización se ajustará a los capitales asegurados y a las cláusulas del contrato de seguro del afectado. En el caso de los bienes citados, el CCS indemniza tanto los daños materiales producidos por la inundación, como los daños inmateriales consecuencia de aquellos, como la pérdida de alquileres de propietarios de inmuebles o los gastos de alojamiento derivados de la inhabitabilidad de la vivienda.

También se indemnizará la pérdida de ingresos por la paralización de establecimientos comerciales, de servicios o industriales, todo ello en la forma que prevea el contrato de seguro del afectado, añade la nota.

¿Cómo se solicita la indemnización?

Las solicitudes de indemnización pueden presentarse directamente por el propio asegurado afectado o, en su representación, por su aseguradora o por su mediador (agente o corredor) de seguros. Para hacerlo existen diferentes opciones: a través del teléfono gratuito 900 222 665, para facilitar los datos identificativos del asegurado y de las personas o bienes que han sufrido los daños, o por internet en la página web del CCS.

El Consorcio es una entidad público-privada que depende del Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y funciona como una especie de fondo de garantía asegurador para determinados siniestros extraordinarios graves o catástrofes naturales que no cubren las aseguradoras, que se ocupan de los de menor cuantía, en términos generales.

Las propias compañías se encargan de financiar al CCS a través de una cantidad o recargo que se cobra al asegurado en cada prima que paga y que se remite al organismo para que pueda hacerse cargo de indemnizar los daños en caso de siniestro catastrófico.