Estado de Derecho y las garantías constitucionales by ELVIRA ALEXANDRA VEGA FALLAQUE

Caso: Decreto Legislativo Nº 1373 sobre extinción de dominio

elvegaf — 2025-09-19 20:51:11 UTC

Hecho relevante

El Decreto Legislativo N.º 1373 regulaba la extinción de dominio, es decir, la pérdida de los bienes vinculados a delitos, como un instrumento para luchar contra el crimen organizado. La Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra este decreto, argumentando que la norma vulneraba garantías constitucionales fundamentales: presunción de inocencia, derecho a la propiedad, principio de irretroactividad, seguridad jurídica, debido proceso, etc. Finalmente, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional dicho decreto legislativo

vvasquezva1 — 2025-09-19 21:02:04 UTC

El artículo advierte el deterioro del Estado de Derecho en Perú, señalando que tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo buscan neutralizar los controles sobre la legislación que vulnera los derechos humanos y debilita la capacidad de la Fiscalía para perseguir la corrupción. Se critica la aprobación de una ley de amnistía que favorece a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos, así como los procedimientos irregulares contra fiscales y jueces que aplican la Constitución y los tratados internacionales.

Estas acciones ponen en riesgo las garantías constitucionales, ya que debilitan la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Público, impidiendo que puedan proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Caso: Acción de amparo contra la detención arbitraria de manifestantes (2023)

ccoronelcu2 — 2025-09-19 21:04:44 UTC

Hecho relevante:
En diciembre de 2023, tras las protestas sociales en diversas regiones del país, varios ciudadanos fueron detenidos de manera arbitraria durante manifestaciones pacíficas. Diversas organizaciones de derechos humanos interpusieron demandas de amparo señalando que se vulneraban derechos fundamentales reconocidos en la Constitución: libertad personal, libertad de reunión, derecho al debido proceso y principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza.

Garantías constitucionales involucradas:
El mecanismo utilizado fue el proceso de amparo, previsto en el artículo 200 de la Constitución, que protege derechos fundamentales frente a cualquier acto u omisión de autoridades.

Decisión:
El Poder Judicial declaró fundadas varias demandas de amparo, ordenando la inmediata libertad de los detenidos y recordando que el Estado de Derecho exige que toda detención esté debidamente motivada y justificada, respetando la presunción de inocencia.

Importancia para la democracia y la convivencia pacífica:
El caso refleja cómo las garantías constitucionales son herramientas claves para impedir abusos de poder y asegurar que el Estado actúe dentro del marco legal. Además, demuestra que la defensa de los derechos fundamentales fortalece la confianza ciudadana en las instituciones y contribuye al respeto del Estado de Derecho.