Marco Antonio Parra Cota, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Frontera Sur, informó que en Chiapas se tienen identificados 135 puntos de descargas de aguas negras, mismos que afectan el 79% de ríos y arroyos pertenecientes a la entidad chiapaneca, donde se ven involucrados cerca de 82 municipios.

Al respecto, Andres Carballo Bustamante, director general del Instituto Estatal del Agua (Inesa) en Chiapas, mencionó que debido a la temporada de sequía los lugares más preocupantes son los municipios de la costa, entre ellos, Arriaga, Pijijiapan y Mapastepec, donde los niveles de agua han sido muy bajos, por lo que constantemente se realizan monitoreos bacteriológicos. 

Alrededor de las 12:30 horas, los paramilitares llegaron con armas de alto calibre – pistolas, metralletas y rifles – y dispararon contra los manifestantes, incluyendo niños.

En un comunicado publicado en la noche del martes (15), autoridades comunitarias y ejidales de la comunidad relataron que “nos corretearon por más de 500 metros, gritando que no tenemos nada que hacer en este lugar, que este tramo de la carretera es de ellos, nos quitaron nuestras mantas, las destruyeron”.

Durante todo el tiempo de la manifestación ninguna autoridad civil o militar llegó al lugar de la protesta. La policía municipal, estatal o la Guardia Nacional “muy sospechosamente” no se presentaron. “Dejaron actuar libremente al grupo armado. Nos preguntamos si es acaso la nueva estrategia del gobierno en todos sus ámbitos, acallar la protesta usando a grupos armados”, señalaron en el documento.

El artículo 4˚ reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado debe garantizar este derecho de forma equitativa y sustentable, y establecer la participación de la Federación, los estados y la ciudadanía para conseguirlo.

El artículo 27 señala que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible, con la participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno. Especifica que la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos se realizará mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, con base en las leyes.

El artículo 115, por su parte, especifica que los municipios tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.