La Constitución de 1917 es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dado que fue la primera Constitución de la historia que incluyó derechos sociales,¹​ expresados en los artículos 3, 27 y 123, producto de las demandas de las clases populares que protagonizaron la Revolución mexicana.

En total, el texto constitucional cuenta con nueve títulos que contienen 136 artículos y 19 transitorios. El texto sigue los lineamientos clásicos de las doctrinas políticas al contar con una parte dogmática, que abarca los primeros 38 artículos que establecen derechos y obligaciones, y una parte orgánica, contenida en los 98 artículos restantes, que define la organización de los poderes públicos.

Las legislaturas forman parte importante de la mayoría de los gobiernos; en el modelo de separación de poderes, se contrasta con las ramas ejecutiva y judicial del Estado y a la vez responsable de controlar sus acciones en consonancia con las disposiciones constitucionales.

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Las leyes promulgadas por las legislaturas se conocen como legislación. Las legislaturas observan y dirigen las acciones de gobierno y generalmente tienen autoridad exclusiva para modificar el presupuesto o los presupuestos involucrados en el proceso.

La cámara de diputados se conforma por 500 integrantes (diputados) mientras que El Senado de La República se conforma por 128 senadores.

En los sistemas políticos que utilizan la fusión de poderes, que suelen incluir los sistemas parlamentarios, sólo el ejecutivo suele denominarse gobierno (y el legislativo suele denominarse "Parlamento" o simplemente "legislatura"), que suele formar parte de la confianza y apoyo de la legislatura (requiere el apoyo/aprobación de ésta) y, por tanto, está fusionado con el poder legislativo en lugar de ser independiente.

En los sistemas en los que la legislatura es soberana, los poderes y la organización del ejecutivo dependen completamente de los poderes que le otorgue el legislativo y las acciones del ejecutivo pueden estar o no sujetas a revisión judicial, algo que también controla el legislativo.

El ejecutivo también puede tener poderes legislativos o judiciales en los sistemas en los que el poder legislativo es soberano, por lo que a menudo se denomina al ejecutivo como gobierno, ya que a menudo posee poderes no ejecutivos.

El poder ejecutivo es el responsable de la gestión diaria del Estado, concibe y ejecuta leyes y políticas que tienen que ser aplicadas; representa a la nación en sus relaciones diplomáticas; y sostiene a las fuerzas armadas.

En los estados democráticos, el poder ejecutivo está considerado como administrador y ejecutor de la voluntad popular a la cual representa y de la que debe ser su más firme garante.

Es uno de los tres poderes y funciones primordiales del Estado (junto con el poder legislativo y el poder ejecutivo), mediante la aplicación de las normas y principios jurídicos en la resolución de conflictos.

​ Por "poder", en el sentido de poder público, se entiende a la organización, institución o conjunto de órganos del Estado, que en el caso del poder judicial son los órganos judiciales o jurisdiccionales: juzgados y tribunales, que ejercen la potestad jurisdiccional, que suele gozar de imparcialidad, autonomía y poder absoluto dentro de la ley.

Según la teoría clásica de Montesquieu de la separación de poderes, que distingue entre poder legislativo, ejecutivo y judicial, la división garantiza la libertad del ciudadano.

Montesquieu compuso su teoría después de un viaje a Inglaterra en donde interpretó que un poder judicial independiente puede ser un freno eficaz del poder ejecutivo.

Bajo esta separación de poderes, nace el llamado estado de derecho, en el cual los poderes públicos están igualmente sometidos al imperio de la ley.

El poder judicial debe ser independiente para poder someter a los restantes poderes, en especial el ejecutivo, cuando estos contravengan el ordenamiento jurídico y convertirse en el encargado de hacer efectivo la idea del Derecho como elemento regulador de la vida social.