El Caso Odebrecht demuestra el fenómeno de la captura corporativa del estado en países como Brasil y Perú.  Las revelaciones han causado un tsunami político que afecta a presidentes, ministros, congresistas, ya las principales empresas constructoras translatinas brasileñas y sus numerosos socios locales.

El caso del Perú, aunque empezó más tarde, tiene similitudes. Las investigaciones recién comenzaron a multas del 2016 con Lava Jato, pero se avanzó rápidamente debido a dos factores. Uno, al haber aprobado el 2013 la “colaboración eficaz,” similar a la “delación premiada” de Brasil, rompiéndose el pacto de silencio entre empresarios y políticos y funcionarios. Dos, por efecto del nombramiento de un nuevo Fiscal Supremo, Pablo Sánchez, luego de que su antecesor fuera acusado de corrupción el 2015. Sánchez nombró a fiscales jóvenes honestos a quienes encargó “casos calientes”. 

Estos cambios, a su vez, generaron una lucha interna en el sistema judicial contra fiscales y jueces corruptos o comprometidos políticamente que querrían bloquear los casos. De modo que, cuando estalló Lava Jato, y se conoció el Plea Agreement de los EUA de junio del 2016, donde el grupo Odebrecht admitió haber pagado sobornos por $785 millones en diez países latinoamericanos, de los cuales $29 corresponden al Perú, se desató la lucha contra la corrupción y se abrió una posibilidad para mejorar la justicia.

También contribuyó el hecho que desde el 2000 se han alternado diferentes partidos conservadores en el poder que se han venido acusando cien y ha generado mayor indignación ciudadanos.