¿Quién paga las cárceles privadas en EEUU?

El Gobierno estadounidense le paga a los propietarios o gestores de las cárceles por cada recluso, lo que hace que, para las empresas vinculadas a la actividad, tener más presos signifique más ingresos

Debido al énfasis en la rehabilitación durante el encarcelamiento más que en el castigo, Noruega tiene una de las tasas de reincidencia más bajas del mundo. Hay tres razones principales por las que esto es cierto. En primer lugar, las investigaciones han demostrado que cuanto mayor es el nivel de educación, menor es la probabilidad de volver a encarcelarse.

¿Por qué Noruega tiene una tasa de criminalidad baja?

La criminalidad es baja en Noruega, en parte, porque las cárceles tienen una misión más compleja que la de “castigar a la gente mala”. Su misión incluye "convertir a la gente mala en gente buena". Y como han estado haciendo esto durante mucho tiempo, han encontrado formas que funcionan.

¿Cuál es el delito más cometido en Noruega?

Si bien los robos y robos representaron el mayor número de delitos cometidos en Noruega, el mayor número de prisioneros fueron encarcelados por violencia o malos tratos.

Estados Unidos: Es uno de los países con más experiencia en la privatización de prisiones. Se argumenta que las prisiones privadas pueden ser más eficientes en términos de costos y gestión, aunque los críticos señalan problemas como la falta de transparencia, condiciones inhumanas y enfoque en el lucro sobre la rehabilitación.

Reino Unido: A través de iniciativas como las Iniciativas de Financiamiento Privado (PFI), el gobierno británico ha utilizado empresas privadas para construir y gestionar prisiones. Algunos defensores argumentan que esto ha llevado a mejoras en la gestión de las instalaciones, aunque también ha habido críticas por la calidad de los servicios y la falta de rendición de cuentas.

Australia: Se han implementado programas de asociación público-privada para la construcción y gestión de prisiones en varios estados. Los partidarios sostienen que esto ha llevado a mejoras en la infraestructura y operaciones, aunque también ha habido preocupaciones sobre las condiciones y los costos a largo plazo.

Nueva Zelanda: También ha explorado la privatización parcial de prisiones como una forma de mejorar la gestión y los costos. Sin embargo, los críticos argumentan que esto puede conducir a incentivos perversos, como el aumento de las tasas de encarcelamiento para garantizar la rentabilidad.

Los argumentos se basan en dos ideas principales:

en primer lugar, que la detención puede volver a so-

cializar el  individuo y  la  segunda  que  el  sector pri-

vado, a  diferencia  del  gobierno, proporcionará una

pena digna (paradojo) para los condenados

Los argumentos se basan en dos ideas principales:

·         En primer lugar: que la detención puede volver a socializar el individuo

·         La segunda: que el sector privado, a diferencia del gobierno, proporcionará una pena digna (paradojo) para los condenados

Ejemplos de cárceles superpobladas en América Latina:

a) Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en el DF (México)

b) Cárcel Central de Guatemala

c) Penal de Lurigancho, en Lima (Perú)

d) Centro Penitenciario de Guayaquil (Ecuador)

e) Cárcel García Moreno, en Quito (Ecuador)

f) Retén de Caitia (Venezuela)

g) Cárcel Nacional de Maracaibo (Venezuela)

h) Cárcel Nacional Modelo de Bogotá (Colombia)

i) Presidio Aníbal Bruno, en Recife (Brasil)

j) Penitenciaría Central de Honduras.

h) La Reforma (Costa Rica)

Ante los altos niveles de crimen y violencia, la respuesta común es gastar más en seguridad: más policías, sanciones más severas, y meter a más personas en la cárcel. Uno podría suponer que un castigo más severo podría disuadir crímenes en el futuro. Potenciales criminales lo pensarían dos veces antes de cometer un delito. En la cárcel las personas podrían aprender una lección, para luego reintegrarse en la sociedad y no volver a cometer un crimen.

Es difícil analizar el efecto del encarcelamiento en los niveles de crimen. Sin embargo, el incremento en las tasas de crimen y los recientes patrones criminales comparados con el crecimiento en el encarcelamiento en América Latina y el Caribe sugieren que metiendo más personas a la cárcel no es una solución. Además, es caro para las sociedades y las economías.

El encarcelamiento puede reducir el crimen de dos formas: puede disuadir el crimen al hacerlo menos atractivo con sanciones más severas para los potenciales criminales, y puede reducir el crimen a través de la “incapacitación”, ya que (en teoría) las personas encarceladas están aisladas de las actividades criminales que ocurren en la sociedad. En la práctica, las cárceles a menudo son conducentes al crimen por las altas tasas de hacinamiento (en algunos lugares el número de personas en la cárcel duplica el número de espacios) y por programas de rehabilitación inadecuados para preparar a los privados de libertad a reinsertarse en la sociedad

·         El problema de las bandas: Los enfrentamientos entre los grupos criminales que controlan las cárceles son las que llevaron a las masacres carcelarias en Ecuador, y a motines recientes en varios países más de la región, como Perú, Venezuela y Brasil. Los expertos advierten que el hacinamiento juega un papel clave en el poder de las bandas. La sobrepoblación carcelaria favorece el crecimiento de las redes criminales porque hay menos control del Estado.

·         No es la falta de cárceles: Seguramente lo primero que pensaste es que el principal problema es que no se han construido suficientes cárceles. Claramente el crecimiento de la población carcelaria ha sido mucho mayor, y mucho más veloz, que el aumento en las obras de infraestructura para contenerlo. Pero los estudiosos de la materia aseguran que construir más cárceles no resolvería el problema del hacinamiento.

Estos países están distribuidos geográficamente por toda la región: dos son de Sudamérica, dos de América Central y dos del Caribe.

·         El que tiene la peor situación, por lejos, es Haití, el país más pobre del continente americano, que tiene una ocupación carcelaria del 454,4%.

·         Le sigue Guatemala, que triplica la capacidad de su sistema penitenciario, con el 367,2% de ocupación, y Bolivia, con 269,9%.

·         Granada (233,8%), Perú (223,6%) y Honduras (204,5%) completan el cuadro de países latinoamericanos y caribeños con poblaciones carcelarias que duplican el espacio disponible.

·         Hoy Estados Unidos tiene la mayor población carcelaria del planeta, tanto en población total (más de 2 millones), como en tasa de presos por cantidad de población (629 presos por cada 100.000 habitantes).

El poder, la corrupción y la violencia.

Pobres en su casi totalidad, los internos se someten al comando de los poderosos narcotraficantes, líderes de pandillas, jefes del crimen organizado, peces gordos que actúan con desenvoltura, a cara descubierta, dentro y fuera de los muros presionales y dictan, bajo la indiferencia o el apoyo directo de los funcionarios, sus propios códigos estrictos de conducta y lealtad. La corrupción que hace acto de presencia en el día a día de las prisiones, donde todo tiene su costo (hay tablas de precios), desde la propia celda, las llamadas telefónicas y el pase de lista hasta el examen criminológico y la visita familiar o íntima explica en gran medida el libre acceso de la masa carcelaria a drogas, armas y celulares. Los custodios, por su acercamiento a los reclusos y sus bajos salarios, son con frecuencia cooptados para hacer caso omiso o tener una participación en episodios de desvío de mercancías, ingreso irregular de objetos, extorsiones, malversación de fondos, etcétera.

La situación de las cárceles en Costa Rica está en una situación crítica. Durante décadas, América Latina ha sido afectada por el problema del narcotráfico y la delincuencia, y Costa Rica no ha sido ajena a esto. La combinación de factores como la pobreza ha llevado a un aumento de la criminalidad y la inseguridad ciudadana. Es crucial analizar este aumento de la delincuencia para entender cómo se trata a los presos cuando se ven vulnerados sus derechos. A lo largo de la historia, se ha reconocido la importancia de tener normas que garanticen una convivencia pacífica y respetuosa de los derechos de todos. (Arguello, 2015, p.5)

En Costa Rica, la legislación penitenciaria se encuentra principalmente en el "Código Penal" y en la "Ley General de Policía Penitenciaria" (Ley N° 7410), así como en otras normativas y reglamentos específicos. A continuación, se ofrece una descripción general de los principales aspectos de la legislación penitenciaria en Costa Rica

El Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional complementa la Ley Orgánica y detalla aspectos más específicos relacionados con la gestión de los centros penitenciarios, la clasificación de los internos, el régimen disciplinario, la atención médica y psicológica, la alimentación, el trabajo y la educación en prisión, entre otros temas.

Por otra parte, este reglamento tiene por considerando: que le corresponde ser el organismo rector de la política criminológica y penalógica, administrar el sistema penitenciario nacional y ejecutar las medidas privativas de la libertad. Sin embargo, la normativa actual, busca cumplir con los principios de legalidad, razonabilidad, seguridad jurídica, economía procesal, eficacia y eficiencia, sin agregar nuevos trámites o requisitos para los administrados conforme a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.

Uno de los debates recientes en materia de prisiones en Costa Rica se refiere a la sobrepoblación carcelaria. El país enfrenta un problema de hacinamiento en sus cárceles, lo que dificulta la implementación de programas de rehabilitación y reinserción, así como pone en riesgo la seguridad de los reclusos y el personal penitenciario.

Otro debate importante se relaciona con el nivel de violencia y corrupción dentro de las prisiones. Se han reportado casos de abusos y maltrato en algunos centros penitenciarios, así como situaciones de corrupción que permiten el ingreso de drogas y armas a las cárceles.

Además, se ha discutido sobre la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los reclusos y garantizar el respeto a sus derechos humanos, así como la importancia de implementar medidas efectivas de prevención del delito y de reinserción social para reducir la reincidencia.

Algunas de las políticas gubernamentales que se tienen presentes según el libro de Políticas Penitenciaria Científica y Humanista (2018) son:

Programas de reinserción social: Se han implementado programas de capacitación laboral, educación y atención psicológica para los internos con el fin de prepararlos para su reintegración en la sociedad una vez cumplida su pena.

Modernización de infraestructura: Se han realizado inversiones en la construcción y mejora de las instalaciones carcelarias con el objetivo de garantizar condiciones dignas y seguras para los internos.

Descongestión de prisiones: Se han implementado medidas para reducir la sobrepoblación en las prisiones, como la aplicación de penas alternativas al encarcelamiento para delitos no violentos y la revisión de casos de personas en prisión preventiva.

Promoción de la justicia restaurativa: Se fomenta la implementación de programas de justicia restaurativa que buscan resolver los conflictos de manera pacífica y promover la responsabilidad y reparación de daños por parte de los infractores. (pp. 28-44).

1.      Si se invierte en infraestructura penitenciaria se brinda una mejora en la seguridad ciudadana.

2.      Al expandir los centros penitenciarios se brinda una mejora en el exceso de sobrepoblación carcelaria.

3.      Al ofrecer programas con objetivos contundentes en cuanto a la reinserción de los internos a la sociedad.

4.      Una mayor trasparencia en los recursos económicos y rendición de cuentas brindadas a los centros penitenciarios.

·         Desventajas:

1.      Alto costo de construcción y mantenimiento de nuevas instalaciones penitenciarias.

2.      Posible resistencia de la población a la construcción de prisiones cerca de zonas residenciales.

3.      Posible corrupción en la asignación de contratos para la construcción de prisiones.

4.      Retos en la capacitación y contratación de personal penitenciario calificado.

5.      Que la legislación costarricense no contemple la situación de la población penitenciaria.

En nuestro país, el sistema carcelario presenta una serie de desafíos y problemas, tales como la sobrepoblación, la violencia, la corrupción y la falta de recursos para la rehabilitación de los reclusos. A pesar de los esfuerzos por mejorar las condiciones de las cárceles y garantizar los derechos de los internos, aún existen deficiencias en la implementación de programas de reinserción social y la detección y sanción de prácticas ilegales. Es fundamental que las autoridades continúen trabajando en la reforma y modernización del sistema penitenciario, así como en la promoción de medidas alternativas al encarcelamiento para reducir la sobrepoblación y mejorar la efectividad de la justicia penal. La revisión constante de los reglamentos vigentes y el cumplimiento estricto de los mismos son aspectos clave para garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos y promover una cultura de legalidad en las cárceles.

·         Opinión del grupo sobre la viabilidad de la privatización en Costa Rica.

Desde el punto de vista del grupo, se destaca que la privatización del sistema penitenciario podría traer beneficios en términos de eficiencia, inversión y competitividad. Ya que, en muchos casos, la gestión privada puede ser más eficiente y productiva que la gestión pública.

Por otro lado, se tiene la incertidumbre de que podría llevar a la pérdida de control de servicios esenciales para la población, como la salud o la educación. Consideran que la privatización podría aumentar la desigualdad social y poner en riesgo la equidad y el acceso universal del servicio brindado por parte de los sistemas penitenciarios.

·         Recomendaciones finales basadas en el análisis.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se recomienda que el gobierno continúe invirtiendo en el sistema penitenciario público, mejorando las condiciones de las prisiones, incrementando el personal capacitado y promoviendo políticas de prevención del delito. Es importante trabajar en conjunto con la sociedad civil para encontrar soluciones integrales y sostenibles para los problemas en el sistema penitenciario.

También, que la asamblea legislativa trabaje en generar leyes que garanticen los derechos humanos y mejoramiento de las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad, donde se expongan proyectos que vayan de la mano con el cambio de estructura, de educación, economía, salubridad, esto como mejora de un sistema penitenciario capaz de dar abasto con las necesidades de rehabilitación de la sociedad delictiva y así se mejore la sana convivencia en sociedad.

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