Varios gobiernos en la región y otros países del mundo han determinado una serie de bonos -dinero efectivo- a diferentes segmentos de la sociedad. En el caso de Bolivia se ha determinado entregar entre 58 a 72 dólares americanos – solo para hacer el cambio -, mediante bonos, como el de familia, canasta familiar, y el bono Universal. Nosotres trabajamos con las poblaciones lgbt+ y a finales de marzo iniciamos una campaña como Movimiento departamental de Santa Cruz para recaudar fondos y entregar bolsas de alimentos a las poblaciones lgbt+, principalmente trans, que por una serie de factores viven en mayor situación de vulnerabilidad y pobreza. Con un trabajo arduo y comunitario se logró registrar y entregar bolsas de alimentos de 225 personas que se encuentran en mayor situación de pobreza de la población lgbt+ sólo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, de las cuales percatamos que 25 compañeras no tienen ningún documento de identidad, que es el requisito para cobrar el bono universal y otras posibilidades, como circular los días permitidos, etc.
https://www.facebook.com/movimientodeladiversidad.scz.bo/videos/2949090868519829/ 

RETO

Contactamos a las instituciones, como la defensoría del pueblo y el Sereci y contamos con datos, descripción de observaciones de 11 compañeras, el reto será que antes de agosto al menos 50% de ellas cuenten con su documento de identidad. 

En el marco de la pandemia el gobierno ha creado una página https://www.boliviasegura.gob.bo/ , con datos estadísticos principalmente, pero nos falta el dato social, el descriptivo, para comprender mejor la pandemia y las respuestas. 

¡Abrazos!

Creo que la oportunidad sería la liberación de datos en formatos manejables, es importante conocer no sólo información que concierne a los virus, sino las tasas de mortalidad y fertilidad –que no se actualizan desde el año 2012–, de alfabetización, salud y demás. 

Actualmente en Bolivia no se cuenta con una política de publicación de datos abiertos en relación a la pandemia.

La página oficial dispuesta por el gobierno para brindar información a la ciudadanía no cuenta con datos estructurados, detallados, con metadatos, disponibles y permanentes, no discriminatorios. Además no están en los formatos JSON, SQL, CSV, XML (XSD asociado) que se establecen en los Lineamientos para la adecuación y publicación de datos abiertos. La página establecida por el gobierno para liberar datos, en la sección de salud, cuenta solo con 6 conjuntos de datos, pero con información hasta el 2015.

Por otro lado, en materia de educación no presencial, el Ministerio de Educación firmó convenios con google, cisco y microsoft para la implementación de plataformas de educación virtual, que es justo todo lo contrario a lo que se ha planteado en esta unidad (software libre). Además van en contra de toda la legislación TIC del país, que especifica que se debe usar software libre en todos los niveles de gobierno e incluso pone plazos para la migración total. 

El reto más grande en la materia para el gobierno de Bolivia, y todos los gobierno de la región, es la publicación de información de calidad y sets de datos en formatos de datos abiertos, porque de esa manera se le brindan insumos a la sociedad para que pueda trabajar en la innovación y el planteamiento de soluciones, que puedan coadyuvar con los gobiernos a enfrentar esta pandemia mundial. 

Es un reto la innovación y el planteamiento de soluciones a través de los datos. Y resulta incluso una contradicción cuando la publicación de datos abiertos es más aprovechado por las empresas privadas con capacidad de desarrollar soluciones (privativas en la mayoría de los casos) que por el conjunto de la ciudadanía, que en teoría debería beneficiarse de esta publicación, para la construcción un bien común. 

Entonces sí, como ciudadanía nos tenemos que plantear el reto de construir equipos interdisciplinarios que puedan plantear soluciones, más aún en emergencias como esta.

Y en este sentido, parece que las empresas locales (mucho más pequeñas que las grandes transnacionales) están planteando soluciones en base a la publicación de conocimiento libre (planos para respiradores) para proveer a sus gobiernos de insumos mucho más accesibles que los que se venden internacionalmente. Ese sería un buen ejemplo del aprovechamiento de conocimiento libre en esta crisis. 

En el caso de Bolivia hay una iniciativa desde la ciudadanía que se autodenominó Respuesta Ciudadana, ante la falta de información de calidad desde el Estado. Si bien consumen los datos desde la api proporcionada por una institución pública, es un equipo grande de ciudadanos y ciudadanas que constantemente andan verificando información. Lo cual es gran un avance. 

Pero el reto es doble, no solo desde el Estado o desde la ciudadanía (que involucra también al sector privado), sino desde ambos. Y esta emergencia sanitaria debería empujarnos a que con urgencia se establezcan procedimientos más inclinados al gobierno abierto y participativo, con software libre. 

Un ejemplo de ello es OJO CON MI PISTO es una buena opción en Guatemala para fiscalizar a los gobiernos pues es un centro de producción de información para la fiscalización.

La necesidad de software libre y la de la defensa de los derechos de autor es un debate muy complicado ya que los dos defienden muy buenas posiciones desde sus contextos, y los organismos políticos, así como las grandes compañías manipulan muchas veces las situaciones en defensa de la propiedad intelectual, este ejemplo que presento es del intento de regular el contenido del internet en toda Colombia, se trata de la llamada “Ley Lleras” del 2011, la cual causó polémica principalmente en redes sociales y hasta organizaciones de nivel mundial alzaron la voz por este intento de censura, disfrazado de herramienta para la protección de los derechos de autor. 

El intento de regular el contendido que desarrollaban diferentes creadores, empresas, u organizaciones de todo tipo, se convirtió en una treta para invadir la privacidad de las personas del país, regulando el contenido y prácticamente controlándolo, si este no era adecuado para el estado, lo cual causó un impacto en los usuarios de internet donde gracias a la unión de la gente, de usuario y ciudadanos, donde no solo se encontraban organizaciones nacionales, si no que contaban con el respaldo de algunas internacionales como Anonymous, desarrollaron una serie de campañas para alertar a todos de la problemática, lo que terminó hundiendo la iniciativa de proyecto de ley. 

RETO: En Venezuela desde que se decretó el Estado de Alarma por la pandemia de la Covid-19, el 13 de marzo, las fuerzas públicas, bajo el mando de Nicolás Maduro, ejercieron su poder con el objetivo de silenciar la información y promover el desconcierto en la ciudadanía sobre temas de interés público.

El Instituto Prensa y Sociedad IPYS Venezuela realizó un monitoreo a 51 medios de comunicación tradicionales durante 4 días y concluyó que predominó la escasez informativa relacionada con la cobertura de la pandemia del Coronavirus en el país, pues los contenidos sintonizados se limitaron a transmitir comunicaciones oficiales por parte del gobierno de Nicolás Maduro a través de cadenas de radio y televisión, o declaraciones de los principales funcionarios del gabinete oficial.

En solo 49 días, entre el 13 de marzo y el 30 de abril,  los cuerpos de seguridad provocaron 27 casos de agresiones a la libertad de prensa, y las detenciones arbitrarias se ubicaron como los ataques más graves y numeroso en tiempos de cuarentena social

Resulta entonces un reto fundamental para la ciudadanía en tiempos de emergencia, que un régimen totalitario como el venezolano, cumpla con su responsabilidad de garantizar que los periodistas y medios de comunicación cumplan con su labor de informar a la sociedad en un entorno libre, independiente y plural, especialmente en medio de la emergencia de salud pública generada por la Covid19.