Para 2006, la comunidad le reclamó a Ecopetrol por intentar instalar tuberías para verter aguas residuales en el río Guamal. Sin embargo, la empresa aseguraba tener las licencias necesarias para llevar a cabo la obra, pero por la clase política se impidió esta continuidad.

A pesar del malestar en algunos sectores del departamento, en 2008 el Meta se convierte en el primer productor de crudo en toda la historia. A su vez, el año 2010 fue un año clave para marcar el camino del petróleo en Colombia. Por un lado, Álvaro Uribe, presidente del momento, visita Villavicencio y menciona que se producirá la mayor cantidad de petróleo posible. Y por el otro lado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, promovió más de 500 hectáreas para exploración en los alrededores del Cubarral. Para ese entonces, “se encuentra una nueva “joya de la corona” debido a su ampliación, en donde se crea el bloque de crudos pesados de oriente que comprende 9 municipios, es decir, 208.000 hectáreas, divididas en seis áreas de perforación de exploración entre las que se encontraba el bloque Acacías y el Pozo Lorito 1, ubicado en la vereda de Humadea, Guamal” (Almeida, 2019).

 

En este sentido, la comunidad al evidenciar la falta de agua en la vereda La Esmeralda por la actividad petrolera del bloque Cubarral y luchando por impedir la construcción de la tubería de agua residual al río Guamal, instauró varias medidas legales para impedir la exploración en las nuevas áreas de perforación. Entre estas se pueden destacar:

En 2011, el presidente Juan Manuel Santos creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Y, en abril de 2012, a solicitud de terceros intervinientes se realizó la primera audiencia ambiental en el país, para hacer seguimiento al proceso de licencias de las áreas de exploración del bloque CPO-09. En esta audiencia la comunidad expresó su preocupación por la salubridad y medio ambiente.

Por otro lado, en noviembre de 2012, “varias mujeres de los municipios de Guamal, Castilla La Nueva y Acacías interpusieron una acción de tutela por el derecho al agua, ya que la plataforma de Pozo Lorito 1, según el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional, no cumplía con los 100 metros reglamentarios que la deben separar de un cuerpo de agua” (Almeida, 2019). Sin embargo, estas tutelas fueron rechazadas.

Asimismo, mediante la resolución 514 de 2012 la ANLA le exige a Ecopetrol que tuviera planes de manejo ambiental, como que los pozos se encuentren a no menos de 200 metros. No obstante, la ANLA, tras un visita a la plataforma Lorito 1, concluyó que el río Humadea desde ese momento era un caño y cumplía con la distancia requerida.

Finalmente, tras ver que ninguna de las acciones jurídicas realizadas funcionaba, a partir del 22 de febrero de 2013 hasta el 19 de octubre del mismo año, los habitantes de Guamal, Humadea y Castilla La Nueva iniciaron un plantón sobre el puente del río Guamal, que logró bloquear el paso a los vehículos que llevaban los equipos para la exploración petrolera al pozo Lorito. Durante estos meses, líderes ambientales interpusieron una acción popular solicitando medidas cautelares para la suspensión de la construcción de la plataforma de Pozo Lorito 1. Por lo que en septiembre de 2013, el Tribunal Contencioso del Meta falló a favor de la comunidad, pero las medidas cautelares fueron suspendidas.

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- Londoño Toro, B. (1999). Las acciones colectivas en defensa de los derechos de tercera generación. Estudios Socio-Jurídicos, 1(2), 103–131. Retrieved from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05791999000200008#:~:text=%22La%20ley%20regular%C3%A1%20las%20acciones

-Compilación de la Legislación Aplicable al Distrito Capital :: RÈgimen Legal de Bogotá. (2022). Retrieved November 10, 2022, from Alcaldiabogota.gov.co website: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17777&dt=S

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Valerie Duque Muñoz 202213676

Silvana González Poveda 202115298

María José Guerrero Mejía 20221914

1.      La señora Alicia Carvajal, de 76 años, se encuentra afiliada a la EPS Compensar. En 2019, después de someterse a varios estudios como lo son radiografía de tórax, espirometría, pruebas de laboratorio, entre otras, fue diagnosticada con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) por un médico neumólogo. Como consecuencia de esto, se le asignó tratamiento de por vida con dos inhaladores, Umeclidinio y Fluticasona. Para dicho tratamiento se necesitan dos unidades de cada medicamento al mes. 

2.      Desde el 2019 la señora Alicia Carvajal ha asistido a las citas con el médico neumólogo y este periódicamente le ha dado la fórmula para que ella reclame los inhaladores que necesita. Sin embargo, para que le sean entregados los medicamentos, aparte de la fórmula que es recetada por el médico neumólogo, se debe autorizar además por parte de la EPS Compensar para que luego, con dicha autorización, la organización Audifarma pueda finalmente entregar el medicamento a la paciente. El anterior proceso descrito debido a que los medicamentos solicitados son especiales. 

3.      La señora Alicia asistió a su cita y los inhaladores fueron formulados por el médico neumólogo. Se le informó a la señora Alicia que era de vital importancia la utilización de los medicamentos. Lo anterior debido a que los exámenes mostraban que desde su última visita el EPOC había empeorado. 

4.      Después de la cita con el médico neumólogo, la señora Alicia Carvajal se dirigió hacia la oficina en donde habitualmente solicita la autorización del medicamento. Sin embargo, la persona que la atendió mencionó que no era posible otorgarle la autorización debido a que, en primer lugar, no era un medicamento que estuviera necesitando de manera urgente debido a una enfermedad terminal. En segunda instancia, argumento que el medicamento Umeclidinio se encontraba agotado en Audifarma. Además, se le dijo a la señora Alicia que debido al alto costo de este medicamento era mucho más difícil que se lo autorizaran. Como consecuencia de lo anterior, la señora Alicia no ha recibido sus medicamentos y esto se está evidenciando en el deterioro de la calidad de vida, ya que en los últimos días ha tenido recaídas en su estado de salud.

5.      Además de la situación anteriormente mencionada, la señora Alicia Carvajal manifiesta que, en algunas ocasiones, aunque ya se haya autorizado por parte de la EPS la entrega de los medicamentos, en Audifarma se le dice que están agotados o que le pueden dar solamente uno y que el siguiente mes se le dará el otro de la misma referencia. Sin embargo, al siguiente mes, cuando ella vuelve a reclamar el medicamento faltante, se le informa que la autorización ha vencido y que no es posible entregarle el otro medicamento.

 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.

En base a lo anterior, se confirma que existe un fundamento legal que protege el derecho al acceso a la educación y a la no discriminación de la afectada y de los acudientes. En virtud de esto se solicita  respetuosamente que se concedan las siguientes:

 

Bajo la gravedad de juramento se manifiesta que no se ha promovido acción de tutela alguna por los mismos hechos y para ante otra autoridad judicial.

Se presenta una copia del paz y salvo del pago de inscripción del último colegio y otros documentos probatorios del histórico de aplicación a otras instituciones. 

El padre que realice la tutela añade su firma en este apartado.

Lectura, Escritura y Oralidad en español. (2022). ¿Cómo escribir una acción de tutela? – LEO. Recuperado de https://leo.uniandes.edu.co/como-escribir-una-accion-de-tutela/

Ministerio del Interior. (2022). Derechos fundamentales. Recuperado de https://www.mininterior.gov.co/direccion-de-derechos-humanos/derechos-fundamentales/

Personería de Bogotá. (2019). ABC de las acciones de tutela digital. Recuperado de https://www.personeriabogota.gov.co/images/libros/ABC_DE_LAS_ACCIONES_DE_TUTELA_DIGITAL-2.pdf

[2] Herrera, N. (2013, November 3). Eco de una pesadilla de petróleo | EL ESPECTADOR. El Espectador. Retrieved November 10, 2022, from https://www.elespectador.com/ambiente/eco-de-una-pesadilla-de-petroleo-article-456409/

[3] Martínez, Y. (2020, August 31). Fauna y flora en Meta, afectada por fuga de nafta. La FM. Retrieved November 10, 2022, from https://www.lafm.com.co/colombia/fauna-y-flora-en-meta-afectada-por-fuga-de-nafta

En la operación de desalojo participado aproximadamente 1.600 uniformados de la Policía Nacional y 2.000 funcionarios de la Alcaldía; sin embargo, a pesar de que había sido un acuerdo previamente consensuado se presentaron enfrentamientos entre la fuerza pública y los ciudadanos. Por ejemplo, se utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y habitantes del sector hicieron cadenas humanas con niños y mujeres embarazadas para evitar la diligencia.  

A pesar de lo dicho por las autoridades, los vecinos desmintieron esta versión. Diana Castro, vecina del corregimiento, explicó a los medios de comunicación que "es muy difícil porque no dijeron que iban a desbaratar las casas así". No obstante, los vecinos aseguran desconocer la decisión de desalojo, mientras que la Alcaldía asegura que esta decisión había sido comunicada desde el 26 de septiembre de 2022. Es importante resaltar que, de las 1.500 familias que vivían en este asentamiento, 480 eran víctimas del conflicto. Además, seis personas resultaron heridas por el proceso de desalojo. 

Caso (hechos)  

Nombre: Victoria Ortiz (Alias por el que reemplazamos el nombre de la agraviada para no revelar su identidad) 

Edad: 69 años. 

Estado civil: divorciada-soltera. 

Profesión: Licenciada en Lenguas Modernas. 

Ocupación Actual: Retirada- Pensionada. 

Ocupación Anterior: Maestra. 

Vive Sola. 

Hechos: 

 

Acción pública 

Acción de tutela: para este caso, se considera que la acción pública que conviene interponer es una acción de tutela, ya que este mecanismo se utiliza para acudir a las autoridades en busca de protección de uno o más derechos vulnerados hacia la persona solicitante. Además, la persona afectada (Victoria Ortiz) no dispone de otro medio de defensa judicial (Constitución 1991. Art 86). En este caso, entre los derechos vulnerados se encuentra el derecho a una vida digna, debido a que la persona afectada encuentra en la suministración del dispositivo una herramienta para poder vivir con el bienestar físico y mental que supone trabajar en óptimas condiciones y, por ende, vivir con dignidad. Considerar la salud mental de la persona afectada como un elemento esencial radica en que hace parte de la salud integral, así como reconoce la OMS cuando afirma que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1948). 

Además, se está vulnerando el derecho al trabajo, ya que la persona afectada manifiesta el deseo de trabajar, en aras de salvaguardar su bienestar físico y mental, y la suministración del dispositivo resulta cardinal para poder ejercer su derecho al trabajo de forma plena. De por sí, en el artículo 23 de la Declaración de los Derechos Humanos (1948), está escrito que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.”, por lo que, al no otorgar el dispositivo, no se le está permitiendo a la persona trabajar en condiciones equitativas y satisfactorias. 

Estructura 

5.   Entidad responsable de la vulneración de derechos. 

6.   Consecuencias inmediatas de no poder contar con el dispositivo requerido. 

7.   Copia de los documentos de salud física y mental. 

Referencias 

Asamblea General de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de Los Derechos Humanos. 

Constitucion Politica de Colombia. Articulo 86. 4 de julio de 1991(Colombia). https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf 

United Nations World Health Organization Interim Comission. Summary Report on Proceedings Minutes and Final Acts of the International Health Conference Held in New York from 19 June to 22 July 1946. June 1948. 

Requisitos de la demanda de acción de grupo: 

El artículo 52 de la ley 472 de 1998, señala que la demanda debe cumplir con los requisitos del código de procedimiento civil o administrativo, según la jurisdicción que corresponda, que como ya lo señalamos, puede ser la civil o la administrativa. 

A su vez, el articulo 52 de la ley 472 de 1998 la acción de grupo debe contener lo siguiente: 

Kenia Yepes - 202123991

Jesus David Alvernia Barona - 202225228

Laura Valentina Arteaga - 202214738

Emilio Rodriguez – 202123543

Según (Tiempo, 2022) el 15 de Octubre de 2022 se presentó el caso de una mujer que fue fuertemente agredida por su cónyuge Juan Fernando Barona,​ quien era un reconocido periodista de la cadena de televisión Noticias Uno. Los hechos ocurrieron en complicidad de otro hombre del cual al día de hoy se desconoce su identidad. La víctima acudió a la Fiscalía General de la Nación  y a la Comisaría de Familia con el fin de denunciar la violencia de género​ que padeció. Sin embargo, no ha recibido respuesta frente a su caso y  no se han presentado ningún tipo de medida preventiva, a pesar de la influencia y visibilidad mediática que el caso ha tenido en redes sociales. 

Posteriormente a las declaraciones de la víctima, el agresor declaró por medio de redes que la mujer había sido la primera en incurrir a la violencia y que él únicamente había actuado en defensa propia. El victimario mostró las heridas generadas por parte de la víctima, pero no logró demostrar la veracidad de su hipótesis. Además, dichos signos son daños superficiales que podrían asociarse al intento de la víctima de defenderse de la brutal golpiza generada por parte del periodista.

Ante dicha problemática, la mujer decide interponer la acción de tutela para salvaguardar su integridad. Para ello, alega que la falta de acciones por parte de las autoridades competentes ponen en riesgo su derecho a la vida, salud física y emocional, integridad personal, ambiente sano  y seguridad personal.(El derecho a la salud, s. f.) Lo anterior debido a que la mujer teme que su marido tome represalias en su contra por haber interpuesto la denuncia. Además, teme que los abusos físicos y emocionales  continú​en. En ese sentido, no tomar acciones rápidas para garantizar la protección de la víctima la ponen en una situación de alto riesgo que puede poner en peligro incluso su vida. 

Respecto a la estructura de la tutela, se aportará el nombre y dirección de la solicitante (datos personales de la mujer), información sobre la omisión que la motiva a interponerla (en este caso, negligencia por parte de las autoridades), los derechos que considera amenazados (vida, integridad y salud física y emocional, ambiente sano y seguridad personal), el nombre de la entidad responsable del agravio (Fiscalía por su desidia ante el caso de agresión padecido por la víctima), la descripción de las circunstancias expuestas con anterioridad (hechos, pruebas que demuestran la veracidad de la agresión, dictamen de medicina legal, entre otros) y finalmente las peticiones de la víctima en torno a su caso. La mujer presentará el documento de manera escrita ante un juez con jurisdicción en el lugar donde ocurrieron los hechos.

Esta emergencia ha traído consigo también afectaciones en viviendas, cultivos y se empiezan a registrar infecciones y enfermedades arraigadas a este fenómeno. 

Los damnificados piden encarecidamente a la alcaldía una solución en tanto a reubicación se refiere. Así mismo, los comerciantes independientes expresan verse profundamente afectados económicamente ya que vienen de cerrar sus comercios por la pandemia, la subida de precios consecuencia de la inflación y ahora se encuentran padeciendo un éxodo por las inundaciones y el cierre de sus negocios.  

 El “ARTÍCULO” 16 de la Constitución Política de Colombia. Determina que: Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”.

Respecto al derecho al libre desarrollo de la personalidad, la Corte Constitucional ha determinado en la sentencia C-336 del 2008 que :  “Como consecuencia lógica del respeto por la dignidad de la persona se encuentra el de libre desarrollo de la personalidad, cuyo núcleo esencial protege la libertad general de acción, involucrando el derecho a la propia imagen y la libertad sexual, entre otras manifestaciones de la personalidad merecedoras de protección”. Según la Corte, este derecho “busca proteger la potestad del individuo para autodeterminarse; esto es, la posibilidad de adoptar, sin intromisiones ni presiones de ninguna clase, un modelo de vida acorde con sus propios intereses, convicciones, inclinaciones y deseos, siempre, claro está, que se respeten los derechos ajenos y el orden constitucional”

Por lo anterior, este derecho se desconoce cuándo a una persona se le impide “alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de vida o valorar y escoger libremente las circunstancias que dan sentido a su existencia”, de manera arbitraria, irrazonable e injustificada, tal como se presenta con la menor de edad a la cual se le niega la entrada a la institución educativa, por no llevar las prendas que el colegio considera deseables por lo estipulado en sus normas, se le vulnera la posibilidad de adoptar sin presiones ni intromisiones de alguna clase un modelo de vida acorde con sus propios intereses, convicciones, inclinaciones y deseos.

La Constitución Política consagra en su artículo 67 el derecho a la educación en los siguientes términos:

 

“Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura […]” Por otro lado, el artículo 44 lo reconoce expresamente como un derecho de los niños, las niñas y los adolescentes.

1. A partir de lo anterior, es posible afirmar que la aproximación de cada persona al sistema educativo potencia al sujeto y, a través de él, a la humanidad. Es decir, el acceso a servicios educativos, contínuos y de calidad, fomenta el desarrollo íntegro del ser humano, lo abre al ejercicio de la ciudadanía y lo empodera para comparecer en el espacio público. Por el contrario, si no se garantiza el derecho, y no se estima un notable esfuerzo por parte de las instituciones educativas y el Estado para garantizarlo, las repercusiones no solo afectarán al individuo sino a la sociedad a largo plazo. En este sentido, al observar el caso se evidencia que la negación al acceso a la institución educativa que se le impuso a la niña, no va solo a repercutir en su vida y su oportunidad de educarse, sino también en su productividad a largo plazo para la sociedad. Asimismo, varias sentencias han destacado la forma en la que los límites al ejercicio del derecho a la educación forman un escenario propicio para que los menores de edad se vean, materialmente, inclinados a desarrollar labores o asumir roles asociados a la adultez.

2. Atendiendo a la importancia del derecho a la educación, y de su relevancia para el Estado, la sociedad, la familia y el individuo, su ejercicio es uno de los mecanismos más efectivos para materializar el principio y el derecho a la igualdad, desde el plano de las oportunidades y de la consolidación de relaciones más equitativas. Lo anterior, refleja que en el caso se presenta un hecho potencial de discriminación y que no atiende a ese principio de igualdad, por un motivo con poco peso como lo es no portar una prenda de un color específico.

 

Jaramillo, C. (s.f). ¿Cómo escribir una acción de tutela?: LEO. https://leo.uniandes.edu.co/como-escribir-una-accion-de-tutela/

Personería de Bogotá. (s.f). Orientación de tutela. https://www.personeriabogota.gov.co/promocion-de-derechos/orientacion-de-tutela

El pasado viernes 28 de octubre, el magnate Elon Musk tras comprar Twitter y hacerse dueño y director ejecutivo de este, tomó la decisión de despedir a un conjunto aproximado de 3000 empleados, quienes representaban casi un 50% de la compañía. La manera en la que se informó el despido masivo fue mediante un correo, en el cual le comunicaban a los empleados afectados, de manera repentina y sin previo aviso, el bloqueo al acceso de las diversas plataformas de la compañía, en un estimado de una semana. La razón, según un tweet del ahora dueño de la compañía, un déficit evaluado en cerca de 4 millones de dólares en pérdidas diarias. Como consecuencia del despido masivo se perdieron diferentes “rankings” que la compañía poseía, por lo cual Elon Musk intenta reanudar el contrato de muchos de los trabajadores afectados pasadas dos semanas.

Este es un acto ilícito según las leyes colombianas, ya que para realizar un despido colectivo la empresa debe estar ante alguna circunstancia operativa o económica que le haga imposible mantener contratados a todos sus empleados. En este caso no es así, pese a la pérdida de grandes sumas de dinero, era innecesario despedir a cerca del 50% de los empleados de la compañía. Además, es necesaria la aprobación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el despido colectivo con justa causa. 

Consideramos que la acción de grupo es la acción pública adecuada debido a que se violaron derechos colectivos no fundamentales. Esta acción es definida en el capítulo dos de la Constitución Política, en el artículo dos determinan las acciones populares como un medio para evitar la vulneración o agravio sobre los derechos o intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando es posible. Dada esta definición estimamos que es la acción que se debe tomar dado el número de personas, la manera en la que son afectadas por la misma causa y la necesidad de ser remuneradas económicamente.

En consecuencia, los derechos que identificamos que fueron vulnerados son el derecho al trabajo, dictado en el artículo 25 de la Constitución Política, el cual goza en todas sus modalidades de especial protección, y el derecho al debido proceso administrativo, dictado por el artículo 29, debido a que no se informó con antelación del despido, acción que es penada legalmente. Como se mencionó en el párrafo anterior, la acción busca una conciliación económica, cuyo monto estimado se impone de acuerdo a los perjuicios causados, en este caso a los trabajadores despedidos. De no llegarse a un acuerdo de pago de los perjuicios, el juez deberá valorar las pruebas presentadas para dimensionar el daño que generó, en este caso, el despido masivo de trabajadores, para decidir de qué forma y por qué monto deben ser indemnizadas las personas que promovieron la acción.

A manera de conclusión y tomando en cuenta las características de esta acción pública, determinamos que esta es actuación óptima por parte de los damnificados tomando en cuenta la situación, los derechos violentados y el tipo de solución requerida, no se procede con una acción popular debido a que no se resuelve monetariamente sino con otras acciones dado el peligro o vulneración y aunque se puede imponer una tutela de forma individual por cada persona perjudicada, consideramos que la acción de grupo tiene un mayor peso legal al no ser un caso aparte sino estar involucradas un gran número de personas, aun así la tutela de parte de un colectivo también puede ser efectiva.

http://www.oas.org/juridico/spanish/col_res16.htm#:~:text=Las%20acciones%20populares%20se%20ejercen,estado%20anterior%20cuando%20fuere%20posible. 

 

Durante el cambio constitucional, Carrasquilla permite que los préstamos se puedan pignorar, todo con la intención de que el dinero que entraba por las transferencias a los municipios pudiera usarse para pagar la deuda del préstamo, estos bonos se tomaron como préstamo para el estado, quiere decir que lo pagaban los colombianos con sus impuestos esencialmente, el problema de estos bonos es que caen 100% en firma de Carrasquilla quien monopolizo la situación con la modificación de constitución.

 

Se emiten bonos por Estados Unidos, los traslada a Panamá y por último los distribuye a los municipios con la opción de pignorar,con intereses del 13-15% durante la duración completa del préstamo, además del IPC de 5.90% y con fecha límite de pago inamovible para las cuotas, aquellos municipios pobres como Barranco Loba, Palmar de Valera, Susacón, Valledupar, etc.. no eran capaz de pagar dichos créditos de ninguna manera, empobreciéndolos todavía más.

 

El problema de los bonos es que los intereses y sus fechas de pago generaron declive en las economías de los municipios, quienes no han podido pagar los intereses hoy en día impidiéndoles tener acceso a un acueducto y agua potable.

 

Derechos vulnerados: El derecho al equilibrio económico del municipio por el declive que los intereses causaron, el derecho a construir infraestractura, ya que están endeudados con los bonos.

 

La acción a tomar será una grupal, por parte de los 40 municipios afectados.

Anexo lista de municipios: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2020-09/anexo-3-40-municipios-criticos-en-bonos-del-agua.pdf

 

Estructura de la acción Grupal:

 

Capítulo I: Una explicación de cuál es el caso a pedir una acción popular

 

Capítulo II: Una explicación de que es el derecho de equilibrio del municipio y su derecho a construir infraestructura básica. Subsecuente de el porqué estos derechos fueron quebrantados por el caso de los bonos de agua.

 

Capítulo II: Un cálculo que aproxime cuál es la cantidad de dinero que perdió el municipio por: 1. No tener un acueducto, 2. Los intereses elevados, 3. Derivados del declive económico que no pudieron ser pagados por el préstamo.

 

Capítulo III: Con dichos cálculos pedir una indemnización que otorgue el dinero perdido o cierto porcentaje de retorno.

 

Capítulo IV: Una explicación de donde se verá reflejado el retorno de dinero por indemnización. (construcción del acueducto, estabilizar economía del municipio)

 

 

Fuentes: 

 

-       A. Arellano. (2022). El caso de los bonos de agua: una gran estafa. Colombia Informa.

-       Ministerio de Vivienda. (2020). 40 municipios considerados como críticos en bonos de agua. Minvivienda.

-       O. Lucia, A. Uscátegui, Y. Gutiérrez, y A. Puentes.(2019). Los “Bonos Agua”, esquema de financiación para proyectos de inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico en las entidades territoriales. Instituciones Financieras.

 

 

Arnulfo Flaminio Santander decidió estudiar en la Universidad de los Andes con apoyo de los recursos económicos de su familia y de sus ahorros de toda la vida, así como el dinero que conseguía trabajando por la noche. 

Por lo anterior, Arnulfo Flaminio Santander decidió estudiar medicina cuando la matrícula valía 20 millones de pesos, pues la proyección financiera de él y su familia daba para estudiar 6 años con ese valor para poder graduarse efectivamente. Cabe señalar que una cuestión importante para tomar la decisión fue la posición institucional respecto a que el aumento de la matrícula sería del IPC +1, aumento que en momentos normales sin una crisis económica global sería totalmente razonable. De hecho el rector de la universidad, en su momento, afirmó que esta política implicaría en términos reales que la matrícula alcanzaría un techo relativo. 

Ahora bien, la Universidad de los Andes no consideró que la inflación significa que un aumento del IPC + 1 dado el presente contexto representa una carga excesiva que la gran mayoría de estudiantes no pueden pagar. El aumento más excesivo -debido a la inflación- fue el tomado de manera oficial por el consejo directivo de la Universidad de los Andes en noviembre del año 2022, lo que significa que para el año 2023 el estudiante accionante deberá pagar $33.000.000 de pesos para cursar un semestre. 

En virtud de lo anterior, el estudiante Arnulfo no podrá continuar sus estudios en el año 2023, pues en semestres pasado tuvo que recurrir a créditos ya que el dinero de su familia no era suficiente. Con la decisión de aumento de la matrícula del 2022, el estudiante tuvo que renunciar a su sueño de terminar su carrera en medicina. Adicionalmente, el estudiante aplicó a la beca Vamos Pa’ Lante! pero la Universidad no se la otorgó porque el estudiante no cumplía los requisitos ya que él no contaba con el promedio porque debido a la crisis económica actual, él y su familia han sufrido muchas cargas emocionales que le han impedido rendir al 100%. 

En una acción de tutela el estudiante Arnulfo pediría que el valor de su matrícula para el 2023 no aumente conforme a la regla de IPC + 1, de manera que se mantenga el precio anterior o se establezca una regla de reducción de matrícula que sea congruente con la situación del país. 

Adicionalmente, la Universidad de los Andes no sólo está violando el derecho a la educación del estudiante, sino que en conexidad está afectando su derecho al trabajo ya que él tenía la expectativa legítima de que las promesas de Alejando Gaviria significarían que él podría graduarse para poder trabajar y en algún punto de su vida recuperar la inversión de él y su familia, con el fin de mejorar su calidad de vida que ha estado marcada por las dificultades impuestas por el conflicto armado. En este orden de ideas, otra pretensión del estudiante puede consistir en que la Universidad le brinde una beca para continuar sus estudios como pretensión subsidiaria en caso que no reduzca la matrícula o cree una regla más equitativa.