Sin embargo, las amenazas a la vida no sólo provienen de ejecutores estatales, sino a veces del vecino o pareja, de bandas criminales y de grupos armados, y en estos casos los Estados tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos.

Es inexorable que el derecho a la vida figure a la cabeza de cualquier enumeración; ello, simplemente porque sin vida es imposible el ejercicio de ningún otro

El derecho a la vida y seguridad personal se ve amenazado por la violencia, la impunidad y la desconfianza en las instituciones, lo que deja a muchas personas en una situación de vulnerabilidad constante. La libertad de expresión, en lugar de estar protegida, es un riesgo para periodistas y ciudadanos que alzan la voz, enfrentándose a amenazas, censura e incluso asesinato.

Por su parte, el derecho a la educación, aunque ha avanzado, sigue marcado por desigualdades estructurales y sociales, afectando principalmente a mujeres y grupos marginados.

En conjunto, estas percepciones reflejan una brecha preocupante entre los derechos reconocidos en papel y la realidad cotidiana. Garantizar estos derechos no es solo una responsabilidad legal, sino una necesidad ética.